Fomento e incentivos a los emprendimientos y las microempresas

NÂ° 9998

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÃšBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS

Y LAS MICROEMPRESAS

TÃTULO I

CAPÃTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÃCULO 1- Ãmbito. La presente ley aplica a todos los individuos y grupos de personas que desean promover una o varias actividades econÃ³micas viables y factibles, que cumplan con los parÃ¡metros establecidos en esta ley y en el ordenamiento jurÃdico y a las instituciones pÃºblicas prestadoras de servicios y bienes necesarios para la creaciÃ³n, aceleraciÃ³n y consolidaciÃ³n de la cultura emprendedora y el emprendimiento.

ARTÃCULO 2- Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incentivar y fortalecer el emprendimiento mediante incentivos y apoyos al emprendedor, asÃ como agilizar el proceso de formalizaciÃ³n de los emprendimientos, ademÃ¡s de estimular la reincorporaciÃ³n de las microempresas a la economÃa nacional.

Como objetivos especÃficos la presente ley tiene:

a) Promover el espÃritu y la cultura emprendedora.

b) Crear una red de instrumentos de fomento productivo.

c) Fomentar el desarrollo productivo de las microempresas innovadoras, generando condiciones y estÃmulos que permitan la igualdad de oportunidades.

d) Eliminar las barreras burocrÃ¡ticas y de procedimientos innecesarios que limitan la creaciÃ³n de empresas, asÃ como su posterior funcionamiento.

ARTÃCULO 3- Definiciones

a) Cultura emprendedora: conjunto de valores, creencias, convicciones, ideas y competencias compartidos por la sociedad y los diferentes sectores, que los hace estar en mejores condiciones de responder positivamente a los cambios y nuevas oportunidades, para crear y poner en prÃ¡ctica nuevas ideas y formas de trabajar, que se traducen en beneficios econÃ³micos y sociales.

b) Microempresa: Unidades econÃ³micas que, medidas mediante los parÃ¡metros de la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las PequeÃ±as y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, y su reglamento, se ubican dentro de esta categorÃa.

c) Emprendedor: aquella persona o personas que tienen la motivaciÃ³n y la capacidad de detectar oportunidades o identificar necesidades, organizar recursos para su aprovechamiento y ejecutar acciones de forma tal que obtienen un beneficio econÃ³mico o social por ello.

El Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC) otorgarÃ¡ la condiciÃ³n de emprendedor a aquellas personas que se registren en el Sistema de InformaciÃ³n Empresarial Costarricense (SIEC) y que lleven a cabo proyectos de emprendimiento en Costa Rica con el propÃ³sito de contribuir en su proceso hacia la consolidaciÃ³n y formalizaciÃ³n como pyme. Para ello, deberÃ¡n cumplir con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.

d) Emprendimiento: actividad o grupo de actividades que emergen de la detecciÃ³n de oportunidades e identificaciÃ³n de necesidades y que se traducen en beneficios econÃ³micos y sociales. FenÃ³meno econÃ³mico o social que emerge en el desarrollo de la actividad emprendedora.

TÃTULO II

CAPÃTULO I

DISPOSICIÃ“N GENERAL:

REGÃMENES, ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE REDUCCIÃ“N

ESPECIAL

ARTÃCULO 4- AplicaciÃ³n general. Esta ley serÃ¡ aplicable a los emprendedores y microempresarios, asÃ como a sus personas trabajadoras, que podrÃ¡n acogerse a los beneficios de los regÃmenes especial de seguridad social y de reducciÃ³n especial, para las distintas contribuciones sociales que deben realizar las empresas sujetas a esta ley, si asÃ lo acuerda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de conformidad con la reglamentaciÃ³n emitida al efecto.

Este rÃ©gimen serÃ¡ aplicable a los emprendedores y las microempresas de cualquier naturaleza jurÃdica y sector econÃ³mico.

Entre las condiciones para la aplicaciÃ³n de este rÃ©gimen, los emprendedores o microempresarios deberÃ¡n acreditar la condiciÃ³n de microempresa certificada por el Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC) o el Ministerio de Agricultura y GanaderÃa (MAG), segÃºn corresponda, en los plazos que establezca el reglamento de esta ley. AdemÃ¡s, no mantener deudas pendientes con la CCSS, ni derivadas de la Ley 7983, Ley de ProtecciÃ³n al Trabajador, de 16 de febrero de 2000 y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) en su condiciÃ³n de patrono, ni como trabajador independiente y estar al dÃa con las obligaciones tributarias y laborales, asÃ como con sus obligaciones tributarias de carÃ¡cter municipal.

ARTÃCULO 5- RÃ©gimen especial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a crear, dentro del marco de sus funciones legales y autonomÃa constitucional, un rÃ©gimen especial para aquellos patronos considerados como emprendedores o microempresarios, sean fÃsicos o jurÃdicos, que cumplan con las condiciones y caracterÃsticas establecidas en la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las PequeÃ±as y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, y su reglamento y las que establezca esta ley y su reglamento y en esta ley. Se deberÃ¡ realizar un estudio tÃ©cnico previo que demuestre que el rÃ©gimen especial no va a generar un deterioro en las finanzas de la CCSS que conlleve la afectaciÃ³n de los servicios pÃºblicos que ella brinda.

CAPÃTULO II

ARTÃCULO 6- RÃ©gimen de reducciÃ³n especial. Aquellos patronos, sean personas fÃsicas o jurÃdicas, considerados como emprendedores o microempresarios con un mÃ¡ximo hasta de cinco trabajadores, que se inscriban o reanuden las actividades comerciales y econÃ³micas podrÃ¡n optar, por una Ãºnica vez durante un plazo de cuatro aÃ±os no prorrogables, por aplicar a este rÃ©gimen especial.

Los emprendedores y las microempresas que reÃºnan los requisitos previstos en esta ley deberÃ¡n realizar un aporte patronal sobre el salario de sus trabajadores, correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) del aporte establecido en el inciso a) del artÃculo 14 de la Ley 4760, de 4 de mayo de 1971 al Instituto Mixto de Ayuda Social y del inciso b) del artÃculo Â·15 de la Ley 5662, de 23 de diciembre de 1974 al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, durante un perÃodo de cuatro aÃ±os no prorrogables.

Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros para que otorgue una tarifa especial en el pago de las primas correspondientes a pÃ³lizas de riesgos del trabajo hasta por un cincuenta por ciento (50%) de la que fije la entidad de manera ordinaria al momento de la adquisiciÃ³n. Esta reducciÃ³n del cincuenta por ciento (50%) en la prima de la pÃ³liza de riesgos de trabajo no tendrÃ¡ incidencia en la atenciÃ³n, el pago y la indemnizaciÃ³n al trabajador en cuanto a la cobertura. Previo a aplicar esta reducciÃ³n especial, el Instituto Nacional ele Seguros deberÃ¡ constatar, mediante un estudio tÃ©cnico, que la medida no afecta la estabilidad del RÃ©gimen de Riesgos del Trabajo.

En caso de que el Instituto Nacional de Seguros constate, mediante estudios tÃ©cnicos, que la medida afecta la estabilidad del RÃ©gimen de Riesgos del Trabajo, la reducciÃ³n especial se suspenderÃ¡ inmediatamente, previa notificaciÃ³n a las personas afectadas.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÃCULO 7 – Sanciones

a) Las sanciones por infracciones administrativas son el resultado de incumplir las obligaciones establecidas por esta ley y su reglamento.

Se darÃ¡ la suspensiÃ³n temporal de los beneficios establecidos por:

I- No cumplir las disposiciones que emita la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sobre la obligaciÃ³n de actualizaciÃ³n de datos.

II- No renovar su condiciÃ³n de pyme ante el Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC).

III- No estar registrado ante la DirecciÃ³n General de TributaciÃ³n como contribuyente, o encontrarse moroso con el pago total de sus obligaciones fiscales o con su declaraciÃ³n correspondiente.

Esta suspensiÃ³n temporal serÃ¡ hasta tanto el beneficiario cumpla con las disposiciones de los incisos anteriores.

b) Se darÃ¡ la cancelaciÃ³n total de los beneficios establecidos, cuando se presente una de las siguientes condiciones:

I- No mantenerse al dÃa con sus obligaciones patronales de conformidad con el ordenamiento jurÃdico.

II- Cuando no estÃ© dentro de las caracterÃsticas para considerarla un emprendedor o una microempresa.

III- No cumplir con sus obligaciones tributarias.

IV- Encontrarse moroso o no cumplir con el pago total de sus cargas sociales.

V- Ocultar informaciÃ³n o proporcionar datos falsos o incompletos para obtener los beneficios contemplados en la presente ley.

VI- Declararse en quiebra o cualquier otro motivo de disoluciÃ³n de la sociedad, declaratoria de insolvencia o inhabilitaciÃ³n para el comercio de la persona fÃsica dueÃ±a de la microempresa.

VII- Cuando los servicios de inspecciÃ³n correspondientes registren procesos de investigaciÃ³n por eventuales incumplimientos en las obligaciones patronales o de trabajadores independientes, respecto del correcto aseguramiento y reporte a la CCSS de la totalidad de las remuneraciones o ingresos.

VIII- Cuando los servicios de inspecciÃ³n correspondientes determinen la existencia de una responsabilidad solidaria, de conformidad con los artÃculos 30 y 51 de la Ley 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943.

El rÃ©gimen sancionatorio aquÃ establecido se regularÃ¡ en sus aspectos por el procedimiento administrativo del libro segundo de la Ley 6227, Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica, de 2 de mayo de 1978.

CAPÃTULO III

ARTÃCULO 8- Normas supletorias. Los aspectos no contemplados en la presente ley se regirÃ¡n por lo dispuesto en la Ley 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943, el Reglamento de Seguro de Salud, el Reglamento para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Patronales y de Trabajadores Independientes, sÃ como cualquier otra normativa aplicable.

TÃTULO III

CAPÃTULO I

INCUBACIÃ“N Y ACELERACIÃ“N

ARTÃCULO 9-Red Nacional de IncubaciÃ³n y AceleraciÃ³n. La Red Nacional de IncubaciÃ³n y AceleraciÃ³n, establecida en el Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC), tendrÃ¡ a cargo la articulaciÃ³n de los elementos que componen el proceso de incubaciÃ³n y aceleraciÃ³n, ademÃ¡s del fomento de la cultura emprendedora, la articulaciÃ³n de las acciones del proceso de formaciÃ³n y consolidaciÃ³n de proyectos empresariales factibles y viables.

El objetivo general de la lô€‚¦ed serÃ¡ aumentar la productividad de los emprendedores, mediante acciones que favorezcan el acceso al financiamiento, el desarrollo de capital humano, el fortalecimiento de capacidades productivas, tecnolÃ³gicas y de innovaciÃ³n, su inserciÃ³n en encadenamientos productivos, asÃ como promover un entorno propicio para el emprendimiento y desarrollo empresarial y de negocios y a los programas pÃºblicos y privados que operan para su beneficio.

PodrÃ¡n promover mecanismos de innovaciÃ³n financiera que permitan diseÃ±ar nuevas alternativas para el acceô€‚o a fondos de los emprendimientos, en conjunto con las instituciones pertinentes.

ARTÃCULO 10 Programas de promociÃ³n y apoyo a la creaciÃ³n, formalizaciÃ³n, aceleraciÃ³n y sostenibilidad de emprendimientos

Con el objeto de cumplir con lo establecido en la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, el Instituto Nacional de AprendizajeÂ (INA)Â y las incubadoras de empresas desarrollarÃ¡n programas regionales de promociÃ³n del emprededurismo con procesos de orientaciÃ³n y formaciÃ³n, dirigidos a emprendedores y nuevos empresarios.

El INA, en conjunto con el Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC), dentro del Ã¡mbito de sus competencias, promoverÃ¡, mediante la aplicaciÃ³n de servicios especializados, la puesta en marcha de redes regionales de incubaciÃ³n y aceleraciÃ³n como recurso para la constituciÃ³n de las micro y pequeÃ±as empresas y emprendimientos productivos.

AdemÃ¡s, deberÃ¡ establecer mecanismos que permitan promover y crear pequeÃ±as unidades de producciÃ³n en las zonas rurales, con el objeto de apoyar a personas o grupos con iniciativa emprendedora.

Quienes se vinculen con proyectos de emprendimiento, a travÃ©s de la red, tendrÃ¡n como incentivo la prelaciÃ³n para acceder a programas presenciales y virtuales de formaciÃ³n acadÃ©mica y ocupacional que deberÃ¡ programar e impartir el INA. Lo anterior siempre y cuando el beneficiario cumpla con el Ã¡mbito de la herramienta o el instrumento que se genere.

ARTÃCULO 11- Articulaciones para la Red Nacional de IncubaciÃ³n y AceleraciÃ³n de Empresas. Con el fin de coordinar y realizar las correspondientes articulaciones para la Red Nacional de IncubaciÃ³n y AceleraciÃ³n, el Consejo Asesor Mixto de la PequeÃ±a y Mediana Empresa, establecida en el artÃculo 4 de la Ley 8262, Fortalecimiento de las PequeÃ±as y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002, el artÃculo 44 de la Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008 y segÃºn la perspectiva de desarrollo de las polÃticas pÃºblicas en materia de emprendimientos, incubaciÃ³n y aceleraciÃ³n de las micro y pequeÃ±as empresas, para ello deberÃ¡:

a) Vincular y promover mecanismos de coordinaciÃ³n entre esta Red y la Red de Apoyo a la Pyme y Emprendedores y aquellas instituciones pÃºblicas u organizaciones privadas que desarrollen acciones, programas y proyectos tendientes a mejorar los niveles de competitividad y productividad.

b) Fortalecer polÃticas pÃºblicas orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento.

c) Desarrollar acciones conjuntas con diversas organizaciones e instituciones para potenciar esfuerzos, con la finalidad de impulsar emprendimientos empresariales.

d) Proponer instrumentos para evaluar la calidad de los programas y las acciones orientados al fomento de los emprendimientos.

e) Monitorear y evaluar el desarrollo de la PolÃtica Nacional de Emprendimiento.

f) Analizar, estudiar y proponer, a las instancias correspondientes, mecanismos e instrumentos de apoyo al desarrollo de emprendedores.

g) Proponer al Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC) indicadores que permitan generar insumos para evaluar el impacto de las polÃticas pÃºblicas en materia de emprendimiento.

h) Coordinar, con las universidades pÃºblicas y privadas, la promociÃ³n e implementaciÃ³n de programas de enseÃ±anza sobre los procesos y de actitudes de emprendimiento.

ARTÃCULO 12- Se adiciona a la Ley 7794, CÃ³digo Municipal, de 30 de abril de 1998, un nuevo tÃtulo IX, titulado TrÃ¡mites Municipales Simplificados.

TÃTULO IX

CAPÃTULO I

TRÃMITES MUNICIPALES SIMPLIFICADOS

ArtÃculo 191- Se establece el RÃ©gimen de TrÃ¡mites Municipales Simplificado con el objeto de fortalecer el emprendimiento, a partir de la reducciÃ³n de tiempos y costos relacionados con la creaciÃ³n de empresas emprendedoras y microempresas, asÃ como establecer uniformidad en los requisitos que exigen las municipalidades.

Este rÃ©gimen responderÃ¡ a los principios de mejora regulatoria y simplificaciÃ³n de trÃ¡mites, con especial observancia a los principios de economÃa procesal, racionalizaciÃ³n de trÃ¡mites, celeridad, silencio positivo y estandarizaciÃ³n de trÃ¡mites.

Las municipalidades, con la colaboraciÃ³n del Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio (MEIC) y la UniÃ³n Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en los casos que corresponda para municipalidades miembros de esta organizaciÃ³n, para la implementaciÃ³n de este rÃ©gimen deberÃ¡n:

b) DiseÃ±ar e implementar un formulario Ãºnico que solicite la informaciÃ³n indispensable y necesaria para la adquisiciÃ³n del permiso correspondiente.

c) Identificar modificaciones reglamentarias necesarias para cumplir los objetivos de este capÃtulo; dichas reformas serÃ¡n propuestas al Poder Ejecutivo para que se presenten como iniciativas de leyes.

El trÃ¡mite simplificado del formulario Ãºnico, los documentos y requisitos aquÃ expresados reglamentariamente serÃ¡n para emprendedores y microempresas que se apliquen tanto para la solicitud de inicio de operaciones como para la renovaciÃ³n de las autorizaciones correspondientes.

Cuando las municipalidades emitan nuevos reglamentos o reformas, los existentes que contengan procedimientos o trÃ¡mites requeridos para otorgar los permisos de operaciones o la renovaciÃ³n de los emprendedores y microempresas, consultarÃ¡n su criterio al Ministerio de EconomÃa, Industria y Comercio; el criterio fundamentado que vierta el Ministerio para estos casos deberÃ¡ ser incorporado.

ArtÃculo 192- Requisitos documentales para el trÃ¡mite.Â Los requisitos que se exigirÃ¡n para el trÃ¡mite simplificado de inicio y renovaciÃ³nÂ serÃ¡n establecidos vÃa reglamento.

La municipalidad no podrÃ¡ exigirle al administrado la presentaciÃ³n de ninguna constancia, fotocopia, certificaciÃ³n o cualquier informaciÃ³n que emita de conformidad con el artÃculo 8 de la Ley 8220, ProtecciÃ³n al Ciudadano del Exceso de Requisitos y TrÃ¡mites Administrativos, de 4 de marzo de 2002. AdemÃ¡s, verificarÃ¡ de forma interna si cumple con los requerimientos siguientes:

b) Que el solicitante de la licencia comercial o la empresa, asÃ como el dueÃ±o del inmueble donde se va a desarrollar la actividad, estÃ©n al dÃa en el pago de impuestos y tarifas municipales.

c) Los comprobantes de pago a favor del Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y GanaderÃa (MAG) o a favor del Ministerio de Salud, segÃºn corresponda, o bien, el comprobante de exoneraciÃ³n del pago extendido por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

En caso de no existir una plataforma electrÃ³nica donde se pueda constatar la informaciÃ³n, sin perjuicio de que el solicitante aporte la informaciÃ³n por su cuenta,Â la municipalidad podrÃ¡ solicitar y verificar vÃa correo electrÃ³nico o por otro medio que sea de igual o de mayor efectividad:

a) Que el solicitante se encuentre al dÃa en los pagos correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y no encontrarse moroso en el Registro de Infractores contemplado en el artÃculo 35 de la Ley 9028, Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012.

ArtÃculo 193- PublicaciÃ³n de trÃ¡mites, requisitos y procedimientos. La solicitud de nuevos requisitos, trÃ¡mites y procedimientos, por parte de las municipalidades que conforman el trÃ¡mite, deberÃ¡ estar antecedida de su debida publicaciÃ³n conforme al artÃculo 4 de la Ley 8220, ProtecciÃ³n al Ciudadano del Exceso de Requisitos y TrÃ¡mites Administrativos, de 4 de marzo de 2002 y luego podrÃ¡ ser exigida al solicitante.

ArtÃculo 194- Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resoluciÃ³n otorgado establecido por el ordenamiento jurÃdico a la administraciÃ³n, sin que esta se haya pronunciado, se establecerÃ¡ lo estipulado en el artÃculo 7 de la Ley 8220, ProtecciÃ³n al Ciudadano del Exceso de Requisitos y TrÃ¡mites Administrativos de 4 de marzo de 2002.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Se autoriza, por una Ãºnica vez, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que concedan moratorias, a partir de la publicaciÃ³n ele esta ley y hasta por un plazo de seis meses, sobre los intereses, las multas, los recargos y otras multas por sanciones, por concepto de las deudas correspondientes a las obligaciones de los Ãºltimos cuatro aÃ±os de los patronos considerados como emprendedores o microempresas que cumplan con los requerimientos y las condiciones para acceder a los beneficios establecidos en esta ley.

TRANSITORIO II- Los estudios tÃ©cnicos previos que se indican en los artÃculos 5 y 6 de esta ley deberÃ¡n estar finalizados a mÃ¡s tardar tres meses despuÃ©s de la entrada en vigencia de la presente ley, por parte de las instituciones indicadas en dichos artÃculos.

Rige a partir de su publicaciÃ³n.