Código de Trabajo - Digesto Tributario

CÃ³digo de Trabajo

LeyÂ NÂ°Â 2

( 27Â de agosto de 1943)

(Esta ley es reformada por el ArtÃculo 2Â° de la LeyÂ NÂ°Â 5089 del 18 de octubre de 1972, el cual modifica el Nombre del Ministerio)

CODIGO DE TRABAJO

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

ARTICULO 1Âº.-Â El presente CÃ³digo regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasiÃ³n del trabajo, de acuerdo con los principios cristianos de Justicia Social.

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ARTICULO 2Âº.-

Patrono es toda persona fÃsica o jurÃdica, particular o de Derecho PÃºblico, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implÃcito, verbal o escrito, individual o colectivo.

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ARTICULO 3Âº.-

Intermediario es toda persona que contrata los servicios de otra u otras para que ejecuten algÃºn trabajo en beneficio de un patrono.

Este quedarÃ¡ obligado solidariamente por la gestiÃ³n de aquÃ©l para los efectos legales que se deriven del presente CÃ³digo, de sus Reglamentos y de las disposiciones de previsiÃ³n social.

SerÃ¡n considerados como patronos de quienes trabajen -y no como intermediarios- los que se encarguen, por contrato, de trabajos que ejecuten con capitales propios.
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ARTICULO 4Âº.-

Trabajador es toda persona fÃsica que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos gÃ©neros en virtud de un contrato de trabajo expreso o implÃcito, verbal o escrito, individual o colectivo.

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ARTICULO 5Âº.-

Se considerarÃ¡n representantes de los patronos, y en tal concepto obligarÃ¡n a Ã©stos en sus relaciones con los trabajadores: los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de direcciÃ³n o de administraciÃ³n.
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ARTICULO 6Âº.-

En toda empresa, cualquiera que sea su naturaleza, las Ã³rdenes, instrucciones y disposiciones que se dirijan a los trabajadores de la misma, deberÃ¡n darse en idioma espaÃ±ol.

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ARTICULO 7Âº.-

A ningÃºn individuo se le coartarÃ¡ la libertad de ejercer el comercio en las zonas de trabajo, a menos que esa libertad resulte contraria a los intereses de los mismos trabajadores o de la colectividad; ni se cobrarÃ¡n por dicho ejercicio otras cuotas e impuestos que los autorizados por las leyes respectivas.
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ARTICULO 8Âº.-

A ningÃºn individuo se le coartarÃ¡ la libertad de trabajo, ni se le podrÃ¡ impedir que se dedique a la profesiÃ³n, industria o comercio que le plazca, siempre que cumpla las prescripciones de las leyes y reglamentos respectivos. Solamente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, podrÃ¡ impedirse el trabajo y ello mediante resoluciÃ³n de las autoridades competentes, dictada conforme a la ley.

No se entenderÃ¡ coartada la libertad de trabajo cuando se actÃºe en uso de las facultades que prescriban este CÃ³digo, sus Reglamentos y sus leyes conexas.
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ARTICULO 9Âº.-

Queda prohibido en todas las zonas de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas o drogas embriagantes, de juegos de azar y de prostÃbulos. Es entendido que esta prohibiciÃ³n se limita a un radio de tres kilÃ³metros de las zonas de trabajo establecidas fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas Ãºltimas rigen las disposiciones de las leyes respectivas.
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ARTICULO 10.-

Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurÃdicos, solicitudes y actuaciones de cualquier especie que se tramiten ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ante los funcionarios que actÃºen en su representaciÃ³n y ante los Tribunales de Trabajo, asÃ como para las legalizaciones que los trabajadores tuvieren que hacer en juicios de sucesiÃ³n, insolvencia, concurso oÂ quiebra(*)

(*)(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo Ãºnico de laÂ Â leyÂ NÂºÂ 3351 de 7 de agosto 1964)

(El nombre del Ministerio fue asÃ modificado por el artÃculo 2Â° de la leyÂ NÂºÂ 5089 de 18 de octubre de 1972)

Igual exoneraciÃ³n regirÃ¡ para los contratos y convenciones de trabajo, individuales oÂ colectivos, que se celebren y ejecuten en el territorio de la RepÃºblica.

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ARTICULO 11.-

SerÃ¡n absolutamente nulas, y se tendrÃ¡n por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este CÃ³digo y de sus leyes conexas que los favorezcan.
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ARTICULO 12.-

Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el propÃ³sito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicaciÃ³n del presente CÃ³digo, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.
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ARTICULO 13.-Â .-(AnuladoÂ Â por ResoluciÃ³n de la Sala Constitucional NÂº 616-99 de las 10:00 horas del 29 de enero de 1999.)

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ARTICULO 14.-

Esta ley es de orden pÃºblico y a sus disposiciones se sujetarÃ¡n todas las empresas, explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, pÃºblicos o privados, existentes o que en lo futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los habitantes de la RepÃºblica, sin distinciÃ³n de sexos ni de nacionalidades.

Se exceptÃºan:

a. Las disposiciones que el presente CÃ³digo declare sÃ³lo aplicables a determinadas personas o empresas;

b. Las empresas que en la actualidad trabajen en el paÃs en virtud de contratos o concesiones del Estado, en cuanto resulten indudablemente afectados los derechos adquiridos que emanen del texto de los mismos; pero el solo hecho de la prÃ³rroga de tales contratos o concesiones, o su novaciÃ³n, deja a los interesados sometidos a todas las clÃ¡usulas de este CÃ³digo y de sus Reglamentos, aun cuando se haga constancia escrita en contrario, y

c. (Las explotaciones propiamente agrÃcolas o ganaderas que ocupen permanentemente no mÃ¡s de cinco trabajadores. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrÃ¡ determinar mediante decretos cuÃ¡les reglas de este CÃ³digo les irÃ¡n siendo aplicadas. Al efecto, se empezarÃ¡ por las que no impliquen gravamen de carÃ¡cter econÃ³mico para los patronos.)

(El inciso c) destacado en este artÃculo fue considerado inaplicable medianteÂ resoluciÃ³n de la Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 1954)

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ARTICULO 15.-

Los casos no previstos en este CÃ³digo, en sus Reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas, se resolverÃ¡n de acuerdo con los principios generales de Derecho de Trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales; y en defecto de Ã©stos se aplicarÃ¡n, por su orden, las disposiciones contenidas en los Convenios y Recomendaciones adoptados por la OrganizaciÃ³n Internacional de Trabajo en cuanto no se opongan a las leyes del paÃs, y los principios y leyes de derecho comÃºn.
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ARTICULO 16.-

En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsiÃ³n social con las de cualquier otra Ãndole, predominarÃ¡n las primeras.
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ARTICULO 17.-

Para los efectos de interpretar el presente CÃ³digo, sus Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarÃ¡n en cuenta, fundamentalmente, el interÃ©s de los trabajadores y la conveniencia social.
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TITULO SEGUNDO

DE LOS CONTRATOS Y DE LAS CONVENCIONES DE TRABAJO

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales y del contrato individual de trabajo

ARTICULO 18.-

Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominaciÃ³n, es todo aquÃ©l en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y direcciÃ³n inmediata o delegada en Ã©sta, y por una remuneraciÃ³n de cualquier clase o forma.

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe.

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ARTICULO 19.-

El contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en Ã©l, como a las consecuencias que del mismo se deriven segÃºn la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley.

En los contratos de trabajos agrÃcolas, por precio diario, el patrono, en las Ã©pocas de recolecciÃ³n de cosechas, estÃ¡ autorizado a dedicar al trabajador a las tareas de recolecciÃ³n, retribuyÃ©ndole su esfuerzo a destajo con el precio corriente que se pago por esa labor. En tal caso, corren para el trabajador todos los tÃ©rminos que le favorecen, pues el contrato de trabajo no se interrumpe.

(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de laÂ Â leyÂ NÂ°Â 33 del 6 de diciembre deÂ 1944 )

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ARTICULO 20.-

Si en el contrato no se determina el servicio que debe prestarse, el trabajador estarÃ¡ obligado a desempeÃ±ar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condiciÃ³n, y que sea del mismo gÃ©nero de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique su patrono.

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ARTICULO 21.-

En todo contrato de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantÃas y derechos que otorgan a los trabajadores el presente CÃ³digo y sus leyes supletorias o conexas.
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ARTICULO 22.-

El contrato de trabajo podrÃ¡ ser verbal cuando se refiera:

a. A las labores propiamente agrÃcolas o ganaderas. Esta excepciÃ³n no comprende a las labores industriales que se realicen en el campo;

b.Â (Derogado por el artÃculo 2Â° de la leyÂ NÂ°Â 8726 del 2 de julio de 2009)

c. A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de noventa dÃas, no comprendidos en los dos incisos anteriores. En este caso el patrono queda obligado a expedir cada treinta dÃas, a peticiÃ³n del trabajador, una constancia escrita del nÃºmero de dÃas trabajados y de la retribuciÃ³n percibida, y

d. A la prestaciÃ³n de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de Ã©sta no exceda de doscientos cincuenta colones, aunque el plazo para concluirla sea mayor de noventa dÃas.

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ARTICULO 23.-

En los demÃ¡s casos el contrato de trabajo deberÃ¡ extenderse por escrito, en tres tantos: uno para cada parte y otro que el patrono harÃ¡ llegar a la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo o polÃtica respectiva, dentro de los quince dÃas posteriores a su celebraciÃ³n, modificaciÃ³n o novaciÃ³n.

(El nombre de la Oficina fue asÃ reformado por el artÃculo 1, inciso e) de la ley No.3372 de 6 de agosto de 1964. Igualmente, el nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 24.-

El contrato escrito de trabajo contendrÃ¡:

a. Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de los contratantes;

b. El nÃºmero de sus cÃ©dulas de identidad, si estuvieren obligados a portarlas;

c. La designaciÃ³n precisa de la residencia del trabajador cuando se le contratare para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto al de la que tiene habitualmente;

d. La duraciÃ³n del contrato o la expresiÃ³n de ser por tiempo indefinido, para obra determinada o a precio alzado;

e. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse Ã©ste;

f. El sueldo, salario, jornal o participaciÃ³n que habrÃ¡ de percibir el trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, perÃodo y lugar del pago.

En los contratos en que se estipule que el salario se pagarÃ¡ por unidad de obra, ademÃ¡s de especificarse la naturaleza de Ã©sta, se harÃ¡ constar la cantidad y calidad de material, el estado de la herramienta y Ãºtiles que el patrono, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrÃ¡ a disposiciÃ³n del trabajador, asÃ como la retribuciÃ³n correspondiente, sin que el patrono pueda exigir del mismo cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta, como consecuencia del trabajo;

g. El lugar o lugares donde deberÃ¡ prestarse el servicio o ejecutarse la obra;

h. Las demÃ¡s estipulaciones en que convengan las partes;

i. El lugar y fecha de la celebraciÃ³n del contrato, y

j. Las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos testigos podrÃ¡n sustituir vÃ¡lidamente la de quien no sepa o no pueda hacerlo.

El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrÃ¡ imprimir modelos de contrato para cada una de las categorÃas de trabajo, a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposiciÃ³n.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 25.-

La prueba plena del contrato escrito sÃ³lo podrÃ¡ hacerse con el documento respectivo. La falta de Ã©ste se imputarÃ¡ siempre al patrono; en este caso, dicha prueba se harÃ¡ de acuerdo con lo que dispone el pÃ¡rrafo siguiente.

El contrato verbal se probarÃ¡ por todos los medios generales de prueba; pero si se tratare de testigos al servicio del mismo patrono a cuyas Ã³rdenes trabaja el interesado, se necesitarÃ¡ la concurrencia de tres declarantes conformes de toda conformidad en los puntos esenciales del pacto. Sin embargo, si dicho patrono no ocupare a mÃ¡s de cuatro trabajadores bastarÃ¡ con el testimonio de dos de ellos.
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ARTICULO 26.-

El contrato de trabajo sÃ³lo podrÃ¡ estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que su celebraciÃ³n resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si vencido su tÃ©rmino subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se tendrÃ¡ como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquÃ©l en que es permanente la naturaleza de los trabajos.
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ARTICULO 27.-

No puede estipularse el contrato de trabajo por mÃ¡s de un aÃ±o en perjuicio del trabajador; pero si se tratare de servicios que requieran preparaciÃ³n tÃ©cnica especial, la duraciÃ³n podrÃ¡ ser, en las mismas condiciones, hasta de cinco aÃ±os.

No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prÃ³rroga, expresa o tÃ¡cita. Lo serÃ¡ de esta Ãºltima manera por el hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios con conocimiento del patrono.
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ARTICULO 28.-

En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle tÃ©rmino, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas:

DespuÃ©s de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mÃnimo de una semana de anticipaciÃ³n;
DespuÃ©s de un trabajo continuo queÂ Â exceda de seis meses y no sea mayor de un aÃ±o, con un mÃnimo de quince dÃas de anticipaciÃ³n, y
DespuÃ©s de un aÃ±o de trabajo continuo con un mÃnimo de un mes de anticipaciÃ³n.

Dichos avisos se darÃ¡n siempre por escrito, pero si el contrato fuere verbal, el trabajador podrÃ¡ darlo en igual forma en caso de que lo hiciere ante dos testigos; y pueden omitirse, sin perjuicio del auxilio de cesantÃa, por cualquiera de las dos partes, pagando a la otra una cantidad igual al salario correspondiente a los plazos anteriores.

Durante el tÃ©rmino del aviso el patrono estarÃ¡ obligado a conceder un dÃa de asueto al trabajador, cada semana, para que busque colocaciÃ³n.

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ArtÃculo 29.-

Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artÃculo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberÃ¡ pagarle un auxilio de cesantÃa de acuerdo con las siguientes reglas:

1. DespuÃ©s de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, un importe igual a siete dÃas de salario.

2. DespuÃ©s de un trabajo continuo mayor de seis meses pero menor de un aÃ±o, un importe igual a catorce dÃas de salario.

3. DespuÃ©s de un trabajo continuo mayor de un aÃ±o, con el importe de dÃas de salario indicado en la siguiente tabla:

a) AÃ‘O 1 19,5 dÃas por aÃ±o laborado.

b) AÃ‘O 2 20 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

c) AÃ‘O 3 20,5 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

d) AÃ‘O 4 21 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

e) AÃ‘O 5 21,24 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

f) AÃ‘O 6 21,5 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

g) AÃ‘O 7 22 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

h) AÃ‘O 8 22 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

i) AÃ‘O 9 22 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

j) AÃ‘O 10 21,5 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

k) AÃ‘O 11 21 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

l) AÃ‘O 12 20,5 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

m) AÃ‘O 13 y siguientes 20 dÃas por aÃ±o laborado o fracciÃ³n superior a seis meses.

4. En ningÃºn caso podrÃ¡ indemnizar dicho auxilio de cesantÃa mÃ¡s que los Ãºltimos ocho aÃ±os de relaciÃ³n laboral.

5. El auxilio de cesantÃa deberÃ¡ pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las Ã³rdenes de otro patrono.

(AsÃ reformado por el artÃculo 88 de la Ley de ProtecciÃ³n al TrabajadorÂ NÂ°Â 7983 del 16 de febrero del 2000)

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ARTICULO 30.-

El preaviso y el auxilio de cesantÃa se regirÃ¡n por las siguientes reglas comunes:

1. El importe de los mismos no podrÃ¡ ser objeto de compensaciÃ³n, venta o cesiÃ³n, ni podrÃ¡ ser embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias;

1. La indemnizaciÃ³n que corresponda se calcularÃ¡ tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los Ãºltimos seis meses que tenga de vigencia el contrato, o fracciÃ³n de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho tÃ©rmino;

1. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal y otras causas anÃ¡logas que, segÃºn este CÃ³digo, no rompen el contrato de trabajo, y

SerÃ¡ absolutamente nula la clÃ¡usula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse.

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ARTICULO 31.-

En los contratos a tiempo fijo y para obra determinada, cada una de las partes puede ponerles tÃ©rmino, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusiÃ³n de la obra, pagando a la otra los daÃ±os y perjuicios concretos que demuestre, en relaciÃ³n con el tiempo de duraciÃ³n del contrato resuelto, con la importancia de la funciÃ³n desempeÃ±ada y con la dificultad que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, o el patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los Tribunales de Trabajo.

Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en el pÃ¡rrafo anterior, ademÃ¡s deberÃ¡ pagar al trabajador, en el mismo momento de dar por concluido el contrato, el importe correspondiente a un dÃa de salario por cada siete dÃas de trabajo continuo ejecutado o fracciÃ³n de tiempo menor, si no se hubiera ajustado dicho tÃ©rmino; pero en ningÃºn caso esta suma podrÃ¡ ser inferior a tres dÃas de salario.

No obstante, si el contrato se ha estipulado por seis meses o mÃ¡s o la ejecuciÃ³n de la obra, por su naturaleza o importancia, deba durar este plazo u otro mayor, la referida indemnizaciÃ³n adicional nunca podrÃ¡ ser inferior a veintidÃ³s dÃas de salario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 88 de la Ley de ProtecciÃ³n al Trabajador NÂ° 7983 del 16 de febrero del 2000)

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ARTICULO 32.-

El patrono puede renunciar expresa o tÃ¡citamente los derechos que le otorgan los artÃculos 28 y 31. La renuncia se presumirÃ¡ de pleno derecho siempre que no formule su reclamo antes de treinta dÃas contados a partir de aquÃ©l en que el trabajador puso tÃ©rmino al contrato.
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ArtÃculo 33-

Las indemnizaciones previstas en los artÃculos 28, 29 y 31 procederÃ¡n tambiÃ©n cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no.

En caso de concurso, liquidaciÃ³n, embargo, sucesiÃ³n u otros similares, los crÃ©ditos e indemnizaciones que corresponden a los trabajadores se considerarÃ¡n un privilegio especial y gozarÃ¡n de un privilegio especialÃsimo sobre todos los demÃ¡s acreedores de la masa, excepto los hipotecarios, prendarios y alimentarios.

En los procesos concursales, o en los demÃ¡s casos, la persona deudora si se encuentra en administraciÃ³n de sus bienes, o quien la represente o los administre, estarÃ¡n obligadas a pagarlos dentro de los treinta dÃas siguientes al reconocimiento formal que ellos, los tribunales de justicia o autoridad competente, hagan de dichos crÃ©ditos, o en el momento que haya fondos, si al vencerse este plazo no los hubiera del todo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 74 de laÂ ley NÂ° 9957 del 14 de abril del 2021 «Ley Concursal de Costa Rica)

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ARTICULO 34.-

La falta de cumplimiento del contrato de trabajo sÃ³lo obligarÃ¡ a los que en ella incurran a la responsabilidad econÃ³mica respectiva, sin que en ningÃºn caso pueda hacerse coacciÃ³n contra las personas.

Cuando de los procedimientos seguidos aparezca que ha sido cometida una infracciÃ³n cuya importancia, a juicio del juzgador, amerite la aplicaciÃ³n de las sanciones que prevÃ©n los artÃculos 134, 608 o 612, podrÃ¡ ordenarse, en sentencia, testimoniar lo conducente para el correspondiente juzgamiento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la ley No. 668 de 14 de agosto de 1946)

(Nota: El artÃculo 612 que aquÃ se alude fue reformado expresamente por el artÃculo 5Âº de la ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993, el cual tiene ahora otro contenido, por lo que deja sin efecto la remisiÃ³n dicha)

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ArtÃculo 35.-Â A la expiraciÃ³n de todo contrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o trabajadora, deberÃ¡ darle un certificado que exprese:

a)Â La fecha de su entrada y de su salida.

b)Â La clase de trabajo ejecutado.

Si el trabajador o trabajadora lo desea, el certificado determinarÃ¡ tambiÃ©n:

c)Â La manera como trabajÃ³.

d)Â Las causas del retiro o de la cesaciÃ³n del contrato.

Si la expiraciÃ³n del contrato obedece a destituciÃ³n por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la carta de despido serÃ¡ obligatoria; en ella se deben describir, de forma puntual, detallada y clara, el hecho o los hechos en que se funda el despido. La entrega se harÃ¡ personalmente, en el acto del despido y deberÃ¡ documentarse el recibido. Si el trabajador o la trabajadora se negara a recibirla, la entrega deberÃ¡ hacerla la parte empleadora a la oficina del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social de la localidad y, si esta no existe, se entregarÃ¡ o enviarÃ¡ a la oficina mÃ¡s cercana de ese Ministerio por correo certificado, lo cual deberÃ¡ hacer a mÃ¡s tardar dentro de los diez dÃas naturales siguientes al despido. Los hechos causales seÃ±alados en la carta de despido serÃ¡n los Ãºnicos que se puedan alegar judicialmente, si se presentara contenciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ARTICULO 36.-

Salvo lo dicho en el artÃculo 173, las deudas que el trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados, familiares o dependientes, durante la vigencia del contrato o con anterioridad a la celebraciÃ³n de Ã©ste, sÃ³lo serÃ¡n compensables o amortizables, segÃºn el caso, en la proporciÃ³n en que sean embargables los respectivos salarios.
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ARTICULO 37.-

La sustituciÃ³n del patrono no afectarÃ¡ los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido serÃ¡ solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustituciÃ³n y hasta por el tÃ©rmino de seis meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsistirÃ¡ Ãºnicamente para el nuevo patrono.
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ARTICULO 38.-

Si se contrata al trabajador por servicio o ejecuciÃ³n de obra en lugar distinto al de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, el patrono sufragarÃ¡ diariamente los gastos razonables de ida y retorno, siempre que haya diez o mÃ¡s kilÃ³metros de separaciÃ³n entre ambos sitios.
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ARTICULO 39.-

Si se contrata al trabajador para servicio o ejecuciÃ³n de obra en lugar distinto al de su residencia habitual en el momento de celebrarse el contrato, y Ã©ste se ve compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono cumplirÃ¡ con sÃ³lo cubrir los gastos razonables de ida y retorno antes y despuÃ©s de la vigencia del contrato, siempre que haya diez o mÃ¡s kilÃ³metros de separaciÃ³n entre ambos puntos.

En los gastos de traslado del trabajador, se entenderÃ¡n comprendidos los de su familia que viviere con Ã©l, siempre que el lugar de trabajo quede separado de la residencia original por una distancia mayor de veinticinco kilÃ³metros y vayan los integrantes de la misma a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de Ã©ste.

El trabajador con familia que estÃ© en el caso del pÃ¡rrafo anterior, tendrÃ¡, ademÃ¡s, derecho a un dÃa de salario por cada dÃa de viaje que tenga que efectuar hasta llegar a su residencia inicial.

No regirÃ¡ lo dispuesto en este artÃculo si la terminaciÃ³n del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador, salvo que Ã©ste no haya podido o querido continuar en sus labores por mala salud, por no soportar de modo evidente las condiciones materiales del trabajo o por la crecida insalubridad de los lugares.
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ARTICULO 40.-

Lo dispuesto en el artÃculo anterior no impedirÃ¡ que el Poder Ejecutivo, una vez que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realice las investigaciones previas y libre la necesaria autorizaciÃ³n, extienda discrecionalmente pases gratuitos en las empresas de transportes del Estado, a los trabajadores que soliciten trasladarse en las regiones del paÃs en donde exista desocupaciÃ³n a aquÃ©llas en que escaseen brazos, y a todos los que, estando fuera de su domicilio, necesiten ser hospitalizados o devueltos a su hogar por causa de enfermedad comprobada.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 41.-

Queda absolutamente prohibido celebrar contratos con trabajadores costarricenses para la prestaciÃ³n de servicios o ejecuciÃ³n de obras en el exterior, sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, la cual no autorizarÃ¡ el reclutamiento, ni el embarque o salida de los mismos, mientras no se llenen a su entera satisfacciÃ³n los siguientes requisitos:

a) El Agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda, deberÃ¡ tener permanentemente, domiciliado en la capital de la RepÃºblica, y por todo el tiempo que estÃ©n en vigencia los contratos, unÂ Â apoderado generalÃsimo, con el cual pueda el mencionado Ministerio arreglar cualquier reclamaciÃ³n que se presente por parte de los trabajadores o de sus familiares en cuanto a la ejecuciÃ³n de lo convenido;

b) El Agente manifestarÃ¡ por escrito al mencionado Ministerio el lugar adonde serÃ¡n llevados los trabajadores; el gÃ©nero de labores que van a desempeÃ±ar; el nÃºmero de horas de trabajo diario a que quedan obligados; el tiempo del compromiso; el jornal o salario que se les pagarÃ¡; la alimentaciÃ³n y servicio mÃ©dico que se les habrÃ¡ de dar; la manera cÃ³mo van a ser alojados y trasportados; en quÃ© forma y condiciones se les va a repatriar y, en general, todos los detalles del contrato o contratos que van a celebrarse;

c) El Agente depositarÃ¡ en la AdministraciÃ³n Principal de Rentas, a la orden del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, la suma de cien colones por cada uno de los trabajadores que pretenda sacarÂ Â del paÃs. El conjunto de estos depÃ³sitos servirÃ¡ para responder a los reclamos que se presenten y justifiquen ante las autoridades de trabajo nacionales, quienes serÃ¡n las Ãºnicas competentes para ordenar el pago de las indemnizaciones que por tales conceptos procedan, y

d) El Agente garantizarÃ¡ con la firma y responsabilidad solidaria de un Banco o banquero de reconocida solvencia, o con un depÃ³sito en dinero efectivo o en valores de comercio, que los trabajadores que se pretenda sacar del paÃs serÃ¡n repatriados, junto con sus familias si las tuvieren, cuando dejen de surtir sus efectos el contrato o contratos, sin costo alguno para ellos y hasta el lugarÂ Â de su residencia de origen. El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social calcularÃ¡ prudencialmente el monto de la garantÃa para que Ã©sta cubra los anteriores gastos.

Una vez que el Agente compruebe haber cubierto dichos gastos al trabajador, ante la negativa formal de Ã©ste para volver a su paÃs, y que no le adeuda cantidad alguna por concepto de salario o indemnizaciÃ³n de cualquier clase a que tuviere derecho, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordenarÃ¡ la devoluciÃ³n del depÃ³sito o cancelarÃ¡ la fianza otorgada, total o parcialmente, segÃºn corresponda.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la ley No.3372 de 6 de agosto de 1964 y No.5989 del 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 42.-

Todos los contratos a que se refiere el artÃculo anterior deberÃ¡n celebrarse por escrito, y el Agente presentarÃ¡ al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, tambiÃ©n antes del embarque o salida de los trabajadores, dos copias de los mismos, de cuya autenticidad se harÃ¡ responsable.

El Poder Ejecutivo encargarÃ¡ al CÃ³nsul de la RepÃºblica en el lugar en donde vayan a prestar sus servicios los trabajadores o, en su defecto, al CÃ³nsul de una naciÃ³n amiga, la mayor vigilancia posible respecto del modo cÃ³mo se cumplen los contratos, de los cuales le trasmitirÃ¡ una de las copias a que alude el pÃ¡rrafo precedente. A dicho funcionario se le pedirÃ¡ tambiÃ©n que envÃe informes concretos cada mes y, extraordinariamente, siempre que fuere del caso.

En estos contratos se entenderÃ¡n incluidas las siguientes clÃ¡usulas irrenunciables, lo mismo que todas las de carÃ¡cter protector al trabajo que consigna el presente CÃ³digo:

Los gastos de transporte al exterior y alimentaciÃ³n del trabajador y de sus familiares, en su caso, y todos los que se originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migraciÃ³n o por cualquier otro concepto semejante, serÃ¡n de cuenta exclusiva al Agente, y
El trabajador percibirÃ¡ Ãntegro el salario convenido, sin que pueda descontÃ¡rsele cantidad alguna por cualquiera de los motivos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) del artÃculo 41.

Â (El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 43.-

En ningÃºn caso el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrÃ¡ permitir que realicen contratos para trabajar fuera del paÃs:

Los menores de dieciocho aÃ±os;
Los menores de edad, mayores de dieciocho aÃ±os, si el padre, madre o tutor, o en defecto de Ã©stos, el Patronato Nacional de la Infancia, no otorga su consentimiento por escrito. Queda a salvo el caso de los emancipados;
Los hombres casados, si no demuestran que dejan provisto lo necesario para el mantenimiento de sus mujeres e hijos, legÃtimos o naturales, o si el contrato no estipula que de los salarios habrÃ¡ de rebajarse una suma suficiente para ese objeto, que serÃ¡ remitida mensualmente o pagada aquÃ a dichos familiares, y
Los trabajadores que hayan sido obligados por autoridad competente a suministrar a alguna persona prestaciÃ³n alimenticia, si en el contrato no se garantiza a satisfacciÃ³n el cumplimiento de la misma.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 44.-

El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrÃ¡ negarse a otorgar el permiso y autorizaciÃ³n a que se refieren los artÃculo 41 y 42 cuando, a su juicio, haya carestÃa de brazos en el paÃs o sean imprescindibles los trabajadores de que se trate para el buen desenvolvimiento de la producciÃ³n nacional, o cuando se presenten otras circunstancias especiales anÃ¡logas.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 45.-

Es entendido que las restricciÃ³n contempladas en los cuatro artÃculos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos tÃ©cnicos cuyo trabajo requiera conocimientos muy calificados.

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ARTICULO 46.-

TendrÃ¡n capacidad para contratar su trabajo, para percibir la retribuciÃ³n convenida y, en general, para ejercer todos los derechos y acciones que nazcan del presente CÃ³digo, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, los menores de edad, de uno u otro sexo que tengan mÃ¡s de quince aÃ±os, los insolventes y fallidos, y las personas que no caigan dentro de las previsiones de los artÃculo 25 y 26 del CÃ³digo Civil Queda tambiÃ©n a salvo lo dispuesto en el CÃ³digo Penal sobre pena de interdicciÃ³n de derechos.

La libertad de contrataciÃ³n en materia de trabajo para los mayores de quince aÃ±os no implicarÃ¡ su emancipaciÃ³n.

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ARTICULO 47.-

Los contratos relativos al trabajo de los mayores de doce aÃ±os y menores de quince, deberÃ¡n celebrarse con el respectivo representante legal y, en defecto de Ã©ste, con el Patronato Nacional de la Infancia.
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ARTICULO 48.-

Todas las disposiciones de este CapÃtulo se aplicarÃ¡n a las modalidades que se regulan en los siguientes, salvo que en Ã©stos haya manifestaciÃ³n en contrario.
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CAPITULO SEGUNDO

De los contratos colectivos de trabajo

ARTICULO 49.-

Contrato colectivo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneraciÃ³n que debe ser ajustada individualmente para cada uno de Ã©stos y percibida en la misma forma.
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ARTICULO 50.-

El contrato colectivo se celebrarÃ¡ siempre por escrito, en tres ejemplares: uno para cada parte y otro que el patrono harÃ¡ llegar a la InspecciÃ³n General de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo o polÃtica respectiva, dentro de los cinco dÃas posteriores a su celebraciÃ³n, modificaciÃ³n o novaciÃ³n. Si el patrono no cumpliere con dicha obligaciÃ³n, se presumirÃ¡ la existencia del contrato colectivo de trabajo, en los tÃ©rminos del artÃculo 18, pÃ¡rrafo segundo, y sus estipulaciones podrÃ¡n probarse de acuerdo con lo dispuesto por el artÃculo 25 para el contrato verbal.

(El nombre de la InspecciÃ³n fue asÃ reformado por el artÃculo 1, inciso f) de la LeyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 51.-

Los representantes del sindicato o sindicatos justificarÃ¡n su personerÃa para celebrar el contrato colectivo por medio de sus estatutos legalmente inscritos y por el acta de la asamblea o asambleas que asÃ lo hayan acordado. La parte de los patronos no sindicalizados justificarÃ¡ su representaciÃ³n conforme al derecho comÃºn.
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ARTICULO 52.-

En el contrato colectivo se especificarÃ¡n:

1. La intensidad y calidad del trabajo que en cada caso deba prestarse;

1. La duraciÃ³n del contrato o la expresiÃ³n de ser por tiempo indefinido, para obra determinada o a precio alzado;

1. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deba ejecutarse Ã©ste;

1. Los sueldos, salarios, jornales o participaciÃ³n que habrÃ¡n de percibir individualmente los trabajadores y si deben ser calculados por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera;

1. La forma, perÃodo y lugar de pago;

1. El lugar o lugares donde deberÃ¡n prestarse los servicios o ejecutarse la obra;

1. Las demÃ¡s estipulaciones en que convengan las partes, y

El lugar y fecha de la celebraciÃ³n del contrato y las firmas de las partes o de los representantes de Ã©stas.

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ARTICULO 53.-

La disoluciÃ³n del sindicato no afecta las obligaciones y derechos emanados del contrato colectivo que correspondan a sus miembros.
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CAPITULO TERCERO

De las convenciones colectivas de trabajo

SECCION I

Disposiciones generales y de las convenciones colectivas en empresa o en centro

deÂ producciÃ³n determinado

ARTICULO 54.-

ConvenciÃ³n colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demÃ¡s materias relativas a Ã©ste.

La convenciÃ³n colectiva tiene carÃ¡cter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.

En toda convenciÃ³n colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas relativas a las garantÃas sindicales establecidas en los convenios de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro paÃs.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂºÂ 6771 de 5 de julio de 1982)

(Interpretado por la Sala Constitucional en el sentido que: «a) son inconstitucionales las convenciones colectivas reguladas por los artÃculos 54 y siguientes del CÃ³digo de Trabajo que se celebran en el sector pÃºblico, cuando se trata de personal regido por la relaciÃ³n de empleo de naturaleza pÃºblica (relaciÃ³n estatutaria); b) no son inconstitucionales las convenciones colectivas que se celebran en el sector pÃºblico, cuando las celebran obreros, trabajadores, funcionarios o empleados del sector pÃºblico, cuyas relaciones laborales se regulan por el Derecho comÃºn; c) igualmente son compatibles con el Derecho de la ConstituciÃ³n, los instrumentos colectivos que se han negociado y se han venido prorrogando o modificando, en aplicaciÃ³n de la polÃtica general sobre convenciones colectivas en el Sector PÃºblico, salvo que se trate de negociaciones con personal en relaciÃ³n de empleo de naturaleza pÃºblica, en cuyo caso esos instrumentos resultan inconstitucionales; d) corresponde a la administraciÃ³n y a los jueces que conocen en los juicios laborales, en su caso, de la aplicaciÃ³n de las convenciones colectivas, determinar si los trabajadores involucrados, dada la naturaleza de las funciones que cumplen o cumplÃan, estÃ¡n regulados por el Derecho pÃºblico o el comÃºn, a los efectos de definir si pueden o no ser sujetos activos en la aplicaciÃ³n de las convenciones colectivas». ResoluciÃ³n 4453-00 de las 14:56 horas del 24/05/2000, publicado en el BoletÃn JudicialÂ NÂ°124Â del 28/06/2000.)

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ARTICULO 55.-

Las estipulaciones de la convenciÃ³n colectiva tienen fuerza de ley para:

1. Las partes que la han suscrito, justificando su personerÃa de acuerdo con lo dispuesto por el artÃculo 51;

1. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa, empresas o centro de producciÃ³n a que el pacto se refiera, en lo que aquÃ©llas resulten favorecidas y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieren celebrado, y

Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa, empresas o centro de producciÃ³n afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no podrÃ¡n celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en la convenciÃ³n colectiva.

ARTICULO 56.-Todo patrono particular que emplee en su empresa, o en determinado centro de producciÃ³n si la empresa por la naturaleza de sus actividades tuviere que distribuir la ejecuciÃ³n de sus trabajos en varias zonas del paÃs, los servicios de mÃ¡s de la tercera parte de trabajadores sindicalizados, tendrÃ¡ obligaciÃ³n de celebrar con el respectivo sindicato, cuando Ã©ste lo solicite, una convenciÃ³n colectiva. Al efecto se observarÃ¡n las siguientes reglas:

a. El porcentaje a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior se calcularÃ¡ sobre la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en dicha empresa o centro de producciÃ³n determinado;

b. Si dentro de la misma empresa o centro de producciÃ³n existen varios sindicatos, la convenciÃ³n colectiva se celebrarÃ¡ con el que tenga mayor nÃºmero de trabajadores afectados directamente por la negociaciÃ³n, en el concepto de que el pacto no podrÃ¡ concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producciÃ³n;

c. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producciÃ³n que por la Ãndole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes diferentes profesiones u oficios, la convenciÃ³n colectiva deberÃ¡ celebrarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que Ã©stos se pongan de acuerdo entre sÃ. En el caso de que no se pusieren de acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesiÃ³n u oficio podrÃ¡ exigir que se celebre una convenciÃ³n colectiva con Ã©l, para determinar las condiciones relativas a dicha profesiÃ³n u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producciÃ³n, y

d. Si transcurridos treinta dÃas despuÃ©s de la solicitud hecha al patrono por el respectivo sindicato para la celebraciÃ³n de la convenciÃ³n colectiva, no hubieren llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrÃ¡ cualquiera de ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en discordia.

(Derogado el pÃ¡rrafo final de este numeral porÂ Â el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral». Dicho pÃ¡rrafo habÃa sidoÂ adicionado por el artÃculo 2 de la ley NÂ° 1842 del 24 de diciembre de 1954)

Â (Interpretado por la Sala Constitucional en el sentido que: «a) son inconstitucionales las convenciones colectivas reguladas por los artÃculos 54 y siguientes del CÃ³digo de Trabajo que se celebran en el sector pÃºblico, cuando se trata de personal regido por la relaciÃ³n de empleo de naturaleza pÃºblica (relaciÃ³n estatutaria); b) no son inconstitucionales las convenciones colectivas que se celebran en el sector pÃºblico, cuando las celebran obreros, trabajadores, funcionarios o empleados del sector pÃºblico, cuyas relaciones laborales se regulan por el Derecho comÃºn; c) igualmente son compatibles con el Derecho de la ConstituciÃ³n, los instrumentos colectivos que se han negociado y se han venido prorrogando o modificando, en aplicaciÃ³n de la polÃtica general sobre convenciones colectivas en el Sector PÃºblico, salvo que se trate de negociaciones con personal en relaciÃ³n de empleo de naturaleza pÃºblica, en cuyo caso esos instrumentos resultan inconstitucionales; d) corresponde a la administraciÃ³n y a los jueces que conocen en los juicios laborales, en su caso, de la aplicaciÃ³n de las convenciones colectivas, determinar si los trabajadores involucrados, dada la naturaleza de las funciones que cumplen o cumplÃan, estÃ¡n regulados por el Derecho pÃºblico o el comÃºn, a los efectos de definir si pueden o no ser sujetos activos en la aplicaciÃ³n de las convenciones colectivas». ResoluciÃ³n 4453-00 de las 14:56 horas del 24/05/2000, publicado en el BoletÃn Judicial NÂ°124 del 28/06/2000.)

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ARTICULO 57.-

La convenciÃ³n colectiva se extenderÃ¡ por escrito en tres ejemplares, bajo pena de nulidad absoluta. Cada una de las partes conservarÃ¡ un ejemplar y el tercero serÃ¡ depositado en la Oficina de Asuntos Gremiales y de ConciliaciÃ³n Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social directamente o por medio de la autoridad de trabajo o polÃtica respectiva. No tendrÃ¡ valor legal sino a partir de la fecha en que quede depositada la copia y, para este efecto, el funcionario a quien se entregue extenderÃ¡ un recibo a cada uno de los que la hayan suscrito.

Dicho depÃ³sito serÃ¡ comunicado inmediatamente a la Oficina de Asuntos Gremiales y de ConciliaciÃ³n Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que Ã©sta ordene a las partes ajustarse a los requisitos de ley en caso de que la convenciÃ³n contenga alguna violaciÃ³n de las disposiciones del presente CÃ³digo.

(Los nombres referidos fueron asÃ reformados por artÃculo 1, inciso h) de la LeyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964. El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por el artÃculo 2 de la ley No.5089 del 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 58.-

En la convenciÃ³n colectiva se especificarÃ¡ todo lo relativo a:

La intensidad y calidad del trabajo;
La jornada de trabajo, los descansos y las vacaciones;
Los salarios;
Los profesiones, oficios, actividades y lugares que comprenda;
La duraciÃ³n de la convenciÃ³n y el dÃa en que comenzarÃ¡ a regir. Es entendido que no podrÃ¡ fijarse su vigencia por un plazo menor de un aÃ±o ni mayor de tres, pero que en cada ocasiÃ³n se prorrogarÃ¡ automÃ¡ticamente durante un perÃodo igual al estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipaciÃ³n al respectivo vencimiento. Cuando la denuncia la hicieren los trabajadores, deberÃ¡n representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros que tenÃan el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los patronos, Ã©stos deberÃ¡n en ese momento tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los afectados por la convenciÃ³n.

Copia de dicha denuncia debe hacerse llegar a la Oficina de Asuntos Gremiales y de ConciliaciÃ³n Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de que se inicie el transcurso del mes a que alude el pÃ¡rrafo anterior;

Las demÃ¡s estipulaciones legales en que convengan las partes. No serÃ¡ vÃ¡lida la clÃ¡usula que obligue al patrono a renovar el personal a solicitud del sindicato de trabajadores, o cualquier otra que ponga en condiciones de manifiesta inferioridad a los no sindicalizados, y
El lugar y fecha de la celebraciÃ³n de la convenciÃ³n y las firmas de las partes o de los representantes de Ã©stas.

(Los nombres fueron asÃ reformados por las leyes No. 3372 de 6 de agosto de 1964 yÂ NÂºÂ 5089 del 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 59.-

Si firmada una convenciÃ³n colectiva el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que celebrÃ³ el pacto, Ã©ste regirÃ¡ siempre la relaciÃ³n de aquel patrono con el sindicato o sindicatos o grupo de sus trabajadores.

En caso de disoluciÃ³n del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos, se observarÃ¡ la regla del artÃculo 53.

ARTICULO 60.-

Al sindicato que hubiere suscrito una convenciÃ³n colectiva le corresponderÃ¡ responsabilidad por las obligaciones contraÃdas por cada uno de sus miembros y puede, con la anuencia expresa de Ã©stos, ejercer tambiÃ©n los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan.

Igualmente podrÃ¡ dicho sindicato ejercer los derechos y acciones que nazcan de la convenciÃ³n, para regir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de daÃ±os y perjuicios contra sus propios miembros, otros sindicatos que sean partes en la convenciÃ³n, los miembros de Ã©stos y cualquiera otra persona obligada por la misma.

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ARTICULO 61.-

Las personas obligadas por una convenciÃ³n colectiva, sÃ³lo podrÃ¡n ejercer los derechos y acciones que nazcan de la misma, para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de daÃ±os y perjuicios, contra otras personas o sindicatos obligados en la convenciÃ³n, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual.

ARTICULO 62.-

Cuando una acciÃ³n fundada en una convenciÃ³n colectiva haya sido intentada por un individuo o un sindicatos, los otros sindicatos afectados por ella podrÃ¡n apersonarse en el litigio en razÃ³n del interÃ©s colectivo que su soluciÃ³n tenga para sus miembros.

SECCION II

De las convenciones colectivas de industria, de actividad

econÃ³micaÂ o de regiÃ³n determinada:

ARTICULO 63.-

Para que la convenciÃ³n colectiva se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de la industria, actividad econÃ³mica o regiÃ³n del paÃs, serÃ¡ necesario:

Que se haga constar por escrito, en tres ejemplares, uno para cada parte y otro para acompaÃ±arlo junto con la solicitud de que habla el inciso d);
Que estÃ© suscrita por el sindicato o sindicatos o grupo de patronos que tengan a su servicio las dos terceras partes de los trabajadores que en ese momento se ocupen de ellas;
Que estÃ© suscrita por el sindicato o sindicatos que comprendan las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento en la rama de la industria, actividad econÃ³mica o regiÃ³n de que se trate;
Que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que, si el Poder Ejecutivo lo creyere conveniente, declare su obligatoriedad extensiva; la peticiÃ³n, si se reÃºnen los requisitos a que se refieren los incisos b) y c), serÃ¡ publicada inmediatamente en el Diario Oficial, concediendo un tÃ©rmino improrrogable de quince dÃas para que cualquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa e indudablemente afectado, formule oposiciÃ³n razonada contra la extensiÃ³n obligatoria del pacto, y
Que transcurrido dicho tÃ©rmino sin que se formule oposiciÃ³n o desechadas las que se hubieren presentado, el Poder Ejecutivo emita decreto declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interÃ©s pÃºblico y de carÃ¡cter social vigentes, y la circunscripciÃ³n territorial, empresas o industrias que habrÃ¡ de abarcar. Es entendido que la convenciÃ³n colectiva declarada de extensiÃ³n obligatoria se aplicarÃ¡, a pesar de cualquier disposiciÃ³n en contrario contenida en los contratos individuales o colectivos que las empresas que afecte tengan celebrados, salvo en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean mÃ¡s favorables a los trabajadores.

Para los efectos de este inciso, cuando se presentare una oposiciÃ³n en tiempo, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social darÃ¡ audiencia por diez dÃas comunes a quien la hiciere y a los signatarios de la convenciÃ³n para que aleguen lo pertinente; este tÃ©rmino se empezarÃ¡ a contar desde el dÃa siguiente a aquÃ©l en que se practicÃ³ la Ãºltima notificaciÃ³n por un Inspector de Trabajo y, una vez transcurrido, el mencionado Ministerio emitirÃ¡ dictamen definitivo; caso de declarar con lugar la oposiciÃ³n, procurarÃ¡ avenir a las partes sometiÃ©ndoles un nuevo proyecto de convenciÃ³n, que si fuere aprobadoÂ porÂ Ã©stas, serÃ¡ declarado de extensiÃ³n obligatoria en los tÃ©rminos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 64.-

El Poder Ejecutivo fijarÃ¡ el plazo durante el cual debe regir la convenciÃ³n, que no excederÃ¡ de cinco aÃ±os ni bajarÃ¡ de uno.

Dicho plazo se prorrogarÃ¡ automÃ¡ticamente, en cada ocasiÃ³n, durante un perÃodo igual al fijado, si ninguna de las partes expresa en memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, con un mes de anticipaciÃ³n al respectivo vencimiento, su voluntad de dar por terminada la convenciÃ³n.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 65.-

Cualquier convenciÃ³n en vigor puede ser revisada por el Poder Ejecutivo si las partes de comÃºn acuerdo asÃ lo solicitaren por escrito ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.

El Poder Ejecutivo en este caso, y en el del pÃ¡rrafo segundo del artÃculo anterior, deberÃ¡ comprobar que los peticionarios reÃºnen la mayorÃa prevista en los incisos b) y c) del artÃculo 63, antes de proceder a la derogatoria formal del decreto que dio fuerza de ley a la convenciÃ³n y a la expediciÃ³n del nuevo que corresponda.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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CAPITULO CUARTO

De los reglamentos interiores de trabajo

ARTICULO 66.-

Reglamento de trabajo es el elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, decretos, convenciones y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar las condiciones obligatorias a que deben sujetarse Ã©l y sus trabajadores con motivo de la ejecuciÃ³n o prestaciÃ³n concreta del trabajo.

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ARTICULO 67.-

Todo reglamento de trabajo debe ser aprobado previamente por la Oficina Legal, de InformaciÃ³n y Relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serÃ¡ puesto en conocimiento de los trabajadores con quince dÃas de anticipaciÃ³n a la fecha en que comenzarÃ¡ a regir; se imprimirÃ¡ en caracteres fÃ¡cilmente legibles y se tendrÃ¡ constantemente colocado, por lo menos, en dos de los sitios mÃ¡s visibles del lugar de trabajo.

Las disposiciones anteriores se observarÃ¡n tambiÃ©n para toda modificaciÃ³n o derogatoria que haga el patrono del reglamento de trabajo.

(Los nombres fueron asÃ reformados por leyes No. 3372 de 6 de agosto de 1964 yÂ NÂºÂ 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 68.-

El reglamento de trabajo podrÃ¡ comprender el cuerpo de reglas de orden tÃ©cnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa; las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y, en general, todas aquellas otras que se estimen convenientes. AdemÃ¡s contendrÃ¡:

1. Las horas de entrada y de salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el perÃodo o perÃodos de descanso durante la jornada;

1. El lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;

1. Los diversos tipos de salarios y las categorÃas de trabajo a que correspondan;

1. El lugar, dÃa y hora de pago;

1. Las disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas. Es entendido que se prohÃbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa y que la suspensiÃ³n del trabajo, sin goce de sueldo, no podrÃ¡ decretarse por mÃ¡s de ocho dÃas ni antes de haber oÃdo al interesado y a los compaÃ±eros que Ã©ste indique;

1. La designaciÃ³n de las personas del establecimiento ante quienes deberÃ¡n presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general, y la manera de formular unas y otros, y

Las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores.

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CAPITULO QUINTO

De las obligaciones de los patronos y de los trabajadores

ARTICULO 69.-

Fuera de las contenidas en otros artÃculos de este CÃ³digo, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos:

a. Enviar dentro de los primeros quince dÃas de los meses de enero y julio de cada aÃ±o al Ministerio de Trabajo y de SeguridadÂ Social(*)Â directamente o por medio de las autoridades de trabajo o polÃticas del lugar donde se encuentre su negocio, industria o empresa, un informe que por lo menos deberÃ¡ contener:

(Nota: Mediante el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂºÂ 212 de 8 de octubre de 1948, se ordena suspender la obligaciÃ³n a cargo de los patronos estipulada en elÂ Â inciso anterior)

(*)El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por Ley No. 5089 de 18 de octubre deÂ 1972 ).

1.EgresosÂ totales que hubiere tenido por concepto de salarios durante el semestre anterior, con laÂ debida separaciÃ³n de las salidas por trabajos ordinarios y extraordinarios, y

2.NombreÂ y apellido de sus trabajadores, con expresiÃ³n de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupaciÃ³n y nÃºmero de dÃas que hubiere trabajado cada uno junto con el salario que individualmente les haya correspondido durante ese perÃodo, excepto en cuanto a los trabajadores que ocasionalmente se utilicen en las explotaciones agrÃcolas para la recolecciÃ³n de cosechas, paleas, macheteas y demÃ¡s trabajos agrÃcolas que no tengan carÃ¡cter permanente.

(AsÃ reformado el aparte anteriorÂ Â por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂ°Â Â 25 de 17 de noviembre de 1944)

En caso de renuencia en el suministro de dichos datos, el patrono serÃ¡ sancionado con multa de cincuenta a cien colones; y si se tratare de adulteraciÃ³n maliciosa de los mismos, las autoridades represivas le impondrÃ¡n la pena que expresa el artÃculo 426 del CÃ³digo Penal. Esta disposiciÃ³n no comprende al servicio domÃ©stico;

b. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los costarricenses sobre quienes no lo son, y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estÃ©n en ese caso;

c. Guardar a los trabajadores la debida consideraciÃ³n, absteniÃ©ndose de maltrato de palabra o de obra;

d. Dar oportunamente a los trabajadores los Ãºtiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquÃ©llos no usen herramienta propia;

e. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y Ãºtiles del trabajador, cuando Ã©stos necesariamente deban permanecer en el lugar donde se presten los servicios. En tal caso, el registro de herramientas deberÃ¡ hacerse siempre que el trabajador lo solicite;

f. Permitir la inspecciÃ³n y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente CÃ³digo, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, y darles los informes indispensables que con ese objeto soliciten. Los patronos podrÃ¡n exigir a estas autoridades que les muestren sus respectivas credenciales;

g. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que Ã©ste pierda cuando se vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono;

h. En los lugares donde existen enfermedades tropicales o endÃ©micas, proporcionar a los trabajadores no protegidos con el seguro correspondiente de la Caja Costarricense de Seguro Social, los medicamentos que determine la autoridad sanitaria respectiva;

i. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan tres o mÃ¡s meses de trabajo continuo, la leÃ±a indispensable para su consumo domÃ©stico, siempre que la finca de que se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la atenciÃ³n normal de su respectiva empresa; y permitir que todos los trabajadores tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua, la que necesiten para sus usos domÃ©sticos y los de sus animales, si los tuvieren. A efecto de cumplir la primera obligaciÃ³nÂ quedarÃ¡ aÂ elecciÃ³n del patrono dar la leÃ±a cortada o indicar a los trabajadores campesinos dÃ³nde pueden cortarla y con quÃ© cuidados deben hacerlo, a fin de evitar daÃ±os en las personas, cultivos o Ã¡rboles.

Estos suministros serÃ¡n gratuitos y no podrÃ¡n ser deducidos del salario ni tomados en cuenta para la fijaciÃ³n del salario mÃnimo;

j. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario, sin reducciÃ³n de salario, para el ejercicio del voto en las elecciones populares y consultas populares bajo la modalidad de referÃ©ndum.

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 35Â° de laÂ Ley sobre RegulaciÃ³n del ReferÃ©ndum,Â NÂ°Â 8492 del 09 de marzo del 2006)

(MedianteÂ Â resoluciÃ³n del Tribunal Supremo de EleccionesÂ NÂ°Â 1404 de 29 de julio del 2002,Â se interpretÃ³ deÂ forma exclusivaÂ y obligatoria el inciso anteriorÂ en elÂ sentido de que: «.el contenido del artÃculo 69 inciso j) del CÃ³digo de Trabajo contempla, entre otras, la obligaciÃ³n de los patronos de pagar el salario respectivo, sin rebaja alguna, a sus trabajadores que laboren como miembros de Junta Receptora de Votos el dÃa que haya una elecciÃ³n popular.»)

k. Deducir del salario del trabajador, las cuotas que Ã©ste se haya comprometido a pagar a la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de aceptaciÃ³n y durante el tiempo que a aquÃ©lla o a Ã©ste pertenezca y con elÂ consentimiento del interesado, siempre que lo solicite la respectiva organizaciÃ³n social, legalmente constituida. Deducir asimismo, las cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a las instituciones de crÃ©dito, legalmente constituidas, que se rijan por los mismos principios de las cooperativas, en concepto de prÃ©stamos o contratos de ahorro y crÃ©dito para la adquisiciÃ³n de vivienda propia, con la debida autorizaciÃ³n del interesado y a solicitud de la instituciÃ³n respectiva.

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂ°Â Â 4418 de 22 de setiembre de 1969)

La Cooperativa, Sindicato o instituciÃ³n de crÃ©dito que demande la retenciÃ³n respectiva, deberÃ¡ comprobar su personerÃa y que las cuotas cuyo descuento pide, son las autorizadas por los estatutos o contratos respectivos.Â Â

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ARTICULO 70.-Queda absolutamente prohibido a los patronos:

Inducir o exigir a sus trabajadores a que compren sus artÃculos de consumo a determinados establecimientos o personas;
Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificaciÃ³n para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesiÃ³n o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general;
Obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenezcan, o influir en sus decisiones polÃticas o convicciones religiosas;
Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador, sea a tÃtulo de indemnizaciÃ³n, garantÃa o de cualquier otro no traslativo de propiedad;
Hacer colectas o suscripciones obligatorias en los establecimientos de trabajo;
Portar armas en los lugares de trabajo, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por la ley. La sanciÃ³n en este caso serÃ¡ la que determina el artÃculo 154 del CÃ³digo de PolicÃa;
Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condiciÃ³n anÃ¡loga;
Omitir, en tratÃ¡ndose de fincas rurales, el plazo de que habla el artÃculo 691, pÃ¡rrafo final, del CÃ³digo de Procedimientos Civiles, en caso de desalojamiento por cesaciÃ³n del contrato de trabajo u otro motivo, e
Ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley.

j) Solicitar pruebas VIH para efectos de contrataciÃ³n laboral o permanencia en el trabajo. Cuando requiera pruebas de salud, podrÃ¡ incluir exÃ¡menes hematolÃ³gicos (pruebas de sangre) solamente en caso de que exista criterio mÃ©dico que demuestre su necesidad y Ãºnicamente para efectos de protecciÃ³n de la salud de la persona trabajadora.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo 49 de la Ley General de sobre el VIH Sida, NÂ° 9797 del 2 de diciembre de 2019)

k) Exigir una prueba mÃ©dica de embarazo para el ingreso o la permanencia en el trabajo.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo 2Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

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ARTICULO 71.-

Fuera de las contenidas en otros artÃculos de este CÃ³digo, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los trabajadores:

DesempeÃ±ar el servicio contratado bajo la direcciÃ³n del patrono o de su representante, a cuya autoridad estarÃ¡n sujetos en todo lo concerniente al trabajo;
Ejecutar Ã©ste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma, tiempo y lugar convenidos;
Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y Ãºtiles que se les faciliten para el trabajo; es entendido que no serÃ¡n responsables por deterioro normal ni del que ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcciÃ³n;
Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo;
Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono, o de algÃºn compaÃ±ero de trabajo estÃ©n en peligro, nada de lo cual le darÃ¡ derecho a remuneraciÃ³n adicional;
Someterse a reconocimiento mÃ©dico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante Ã©ste, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable; o a peticiÃ³n de un organismo oficial de Salubridad PÃºblica o de Seguridad Social, con cualquier motivo;

(El dictamenÂ C-040-2008 de 8 de febrero de 2008Â Â establece que la frase «alguna incapacidad permanente o» del presente inciso quedÃ³ tÃ¡citamente derogada por la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (NÂ°Â 7600 de 29 de mayo de 1996)

Guardar rigurosamente los secretos tÃ©cnicos, comerciales o de fabricaciÃ³n de los productos a cuya elaboraciÃ³n concurran directa o indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razÃ³n del trabajo que ejecutan; asÃ como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgaciÃ³n pueda causar perjuicios al patrono, y
Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protecciÃ³n personal de ellos o de sus compaÃ±eros de labores, o de los lugares donde trabajan.

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ARTICULO 72.-

Queda absolutamente prohibido a los trabajadores:

Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono;
Hacer durante el trabajo propaganda polÃtico- electoral o contrario a las instituciones democrÃ¡ticas del paÃs, o ejecutar cualquier acto que signifique coacciÃ³n de la libertad religiosa que establece la ConstituciÃ³n en vigor;
Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condiciÃ³n anÃ¡loga;
Usar los Ãºtiles y herramientas suministrados por el patrono, para objeto distinto de aquÃ©l a que estÃ¡n normalmente destinados, y
Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes, o cuando se tratare de instrumentos punzantes, cortantes o punzo- cortantes que formaren parte de las herramientas o Ãºtiles propios del trabajo. La infracciÃ³n de estas prohibiciones se sancionarÃ¡ Ãºnicamente en la forma prevista por el inciso i) del artÃculo 81, salvo el Ãºltimo caso en que tambiÃ©n se impondrÃ¡ la pena a que se refiere el artÃculo 154 del CÃ³digo de PolicÃa.

(Nota: VÃ©ase el artÃculo 398, inciso 3)(actualÂ 402), delÂ Â CÃ³digo Penal, leyÂ NÂºÂ 4573 del 4 de mayo de 1970, en cuanto a la referencia al CÃ³digo de PolicÃa)

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CAPITULO SEXTO

De la suspensiÃ³n y de la terminaciÃ³n de los contratos de trabajo

ARTICULO 73.-

La suspensiÃ³n total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminaciÃ³n ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos.

La suspensiÃ³n puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o sÃ³lo a parte de ellos.
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ARTICULO 74.-

Son causas de suspensiÃ³n temporal de los contratos de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:

La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono;
La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensiÃ³n del trabajo, y
La muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensiÃ³n del trabajo.

En los dos primeros casos el Poder Ejecutivo podrÃ¡ dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situaciÃ³n econÃ³mica de los trabajadores.

(Nota deÂ Sinalevi: De conformidad con elÂ Â artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 305 del 15 de diciembre de 1948, se estableciÃ³ lo siguiente; «ArtÃculo 1Âº.-Los contratos de Trabajo en que son parte personas que se han enrolado en las filas del EjÃ©rcito Nacional, o que prestan sus servicios en oficinas o instituciones que se han creado con motivo de la actual emergencia, se declaran suspendidos temporalmente, considerÃ¡ndose que la causal de suspensiÃ³n se encuentra comprendida en el artÃculo 74 del CÃ³digo de Trabajo»)

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ARTICULO 75.-

La suspensiÃ³n temporal de los contratos de trabajo surtirÃ¡ efecto desde la conclusiÃ³n del dÃa en que ocurriÃ³ el hecho que le dio origen, siempre que se inicie ante la InspecciÃ³n General de Trabajo o ante sus representantes debida y especialmente autorizados, la comprobaciÃ³n plena de la causa en que se funda, dentro de los tres dÃas posteriores al ya mencionado.

En los dos primeros casos previstos en el artÃculo anterior la prueba correrÃ¡ a cargo del patrono y en el tercero a cargo de los familiares o sucesores de Ã©ste, y se harÃ¡ por medio de todos los atestados e investigaciones que exijan las respectivas autoridades.

Si la InspecciÃ³n General de Trabajo o sus representantes llegaren al convencimiento de que no existe la causa alegada, o de que la suspensiÃ³n es injustificada, declararÃ¡n sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono.
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ARTICULO 76.-

Durante la suspensiÃ³n de los contratos de trabajo fundada en alguna de las tres causas a que se refiere el artÃculo 74, el patrono o sus sucesores pueden ponerles tÃ©rmino cubriendo a los trabajadores el importe del preaviso, el auxilio de cesantÃa y demÃ¡s indemnizaciones que pudieran corresponderles.

(Nota deÂ Sinalevi: El artÃculo 2Â° de la leyÂ NÂ°Â 305 del 15 de diciembre de 1948, establece que losÂ Â patronos no podrÃ¡n hacer uso, en perjuicio de los trabajadores, de la facultad que les otorgan los artÃculos 76, 78 y 81, inciso G), del CÃ³digo de Trabajo)

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ARTICULO 77.-

La reanudaciÃ³n de los trabajos deberÃ¡ ser notificada a la InspecciÃ³n General de Trabajo por el patrono o por sus sucesores, para el solo efecto de dar por terminados de pleno derecho, sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los quince dÃas siguientes a aquÃ©l en que la mencionada entidad recibiÃ³ el respectivo aviso escrito.

La InspecciÃ³n General de Trabajo se encargarÃ¡ de informar la reanudaciÃ³n de los trabajos a los trabajadores, y para facilitar su labor el patrono o sus sucesores deberÃ¡n dar todos los datos pertinentes que se les pidan.

Si por cualquier motivo el referido Despacho no lograre localizar dentro de tercero dÃa, contado desde que se recibiÃ³ todos los datos a que se alude en el pÃ¡rrafo anterior, a uno o a varios trabajadores, notificarÃ¡ a los interesados la reanudaciÃ³n de los trabajos por medio de un aviso que se insertarÃ¡ por tres veces consecutivas en el Diario Oficial. En este caso el tÃ©rmino de quince dÃas correrÃ¡ para dichos trabajadores a partir de aquÃ©l en que se hizo la primera publicaciÃ³n.

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ARTICULO 78.-

Es tambiÃ©n causa de suspensiÃ³n del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para el trabajador, el arresto que alguna autoridad judicial o administrativa le imponga a Ã©ste, o la prisiÃ³n preventiva que en su contra se decrete, siempre que sea seguida de sentencia absolutoria.

Es obligaciÃ³n del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo, dentro de los tres dÃas siguientes a aquÃ©l en que comenzÃ³ su arresto o prisiÃ³n; y reanudar su trabajo dentro de los dos dÃas siguientes a aquÃ©l en que cesaron dichas circunstancias. Si no lo hiciere se darÃ¡ por terminado el contrato, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad.

A solicitud del trabajador el Jefe de la CÃ¡rcel le extenderÃ¡ las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.

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ARTICULO 79.-

Igualmente es causa de suspensiÃ³n del contrato, sin responsabilidad para el trabajador, la enfermedad comprobada que lo incapacite para el normal desempeÃ±o de sus labores durante un perÃodo no mayor de tres meses.

Salvo lo dicho en disposiciones especiales o que se tratare de un caso protegido por la Ley de Seguro Social, la Ãºnica obligaciÃ³n del patrono es la de dar licencia al trabajador, hasta su total restablecimiento, siempre que Ã©ste se produzca dentro del lapso indicado, y de acuerdo con las reglas siguientes:

1. DespuÃ©s de un trabajo continuo no menor de tres meses, ni mayor de seis, le pagarÃ¡ medio salario durante un mes.

1. DespuÃ©s de un trabajo continuo mayor de seis meses pero no menor de nueve, le pagarÃ¡ medio salario durante dos meses, y

DespuÃ©s de un trabajo continuo mayor de nueve meses, le pagarÃ¡ medio salario durante tres meses.

Es entendido que a estos casos se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃculo 30 y que el patrono durante la suspensiÃ³n del contrato podrÃ¡ colocar interinamente a otro trabajador.

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ARTICULO 80.-(Anulado mediante resoluciÃ³n de la Sala Constitucional NÂ° 18356 del 2 de diciembre de 2009.)

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ARTICULO 81.-

Son causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo:

a.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vÃas de hecho contra su patrono;

b.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algÃºn compaÃ±ero, durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores;

c.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vÃas de hecho contra su patrono o contra los representantes de Ã©ste en la direcciÃ³n de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonÃa para la realizaciÃ³n del trabajo;

d.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador cometa algÃºn delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daÃ±o material en las mÃ¡quinas, herramientas, materias primas, productos y demÃ¡s objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo;

e.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del artÃculo 71;

f.Â Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allÃ se encuentren;

g.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa justificada durante dos dÃas consecutivos o durante mÃ¡s de dos dÃas alternos dentro del mismo mes- calendario.

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 1Â° de la Ley NÂ° Â 25 de 17 de noviembre de 1944 )

(Nota de Sinalevi: El artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 305 del 15 de diciembre de 1948, establece que losÂ Â patronos no podrÃ¡n hacer uso, en perjuicio de los trabajadores, de la facultad que les otorgan los artÃculos 76, 78 y 81, inciso G), del CÃ³digo de Trabajo)

h.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar, en perjuicio del patrono, las normas que Ã©ste o su representantes en la direcciÃ³n de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se estÃ¡n ejecutando;

i.Â Â Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador, despuÃ©s de que el patrono lo aperciba por una vez, incurra en las causales previstas por los incisos a), b), c), d) y e) del artÃculo 72;

j.Â Â Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentÃ¡ndole referencias o atestados personales cuya falsedad Ã©ste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realizaciÃ³n de las labores para las cuales ha sido contratado;

k.Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador sufra prisiÃ³n por sentencia ejecutoria; y

l.Â Â Â Â Â Â Â Â Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado tambiÃ©n por las leyes penales, quedarÃ¡ a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades represivas comunes.

(La Sala Constitucional mediante resoluciÃ³n NÂ° 563 del 29 de enero de 1997, declarÃ³Â que no es inconstitucional este inciso, en tanto «.resulta ilusorio y fuera de toda lÃ³gica normativa, el pretender que en la ley se especifique en detalle cada una de las obligaciones laborales derivadas de todas y cada una de las relaciones laborales de todos los empleados del paÃs, que se motiven en la tarea especÃfica que cada uno realiza en su trabajo, como causal de un despido sin responsabilidad laboral.» De tal manera, «debe tenerse presente que, aunque en la potestad sancionatoria disciplinaria debe respetarse el principio de tipicidad, Ã©ste no se aplica con el mismo rigor que en la materia penal. de allÃ que proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estÃ©n detalladas concretamente como hecho sancionatorio.»)

m) Cuando el trabajador o la trabajadora incumpla con el plan de servicios mÃnimos durante un perÃodo de huelga.

(AsÃ adicionado elÂ inciso anterior por el artÃculo 49 de la Ley General de sobre el VIH Sida, NÂ° 9797 del 2 de diciembre de 2019)

(AsÃ reformado el inciso m) anterior por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero de 2020)

n) Cuando la persona trabajadora incurra en conductas discriminatorias contra otra persona trabajadora con VIH.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 10090 del 15 de diciembre del 2021)

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ARTICULO 82.-

El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas enumeradas en el artÃculo anterior, no incurrirÃ¡ en responsabilidad.

Si con posterioridad al despido surgiere contenciÃ³n y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrÃ¡ derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantÃa que le pudieran corresponder y, a tÃtulo de daÃ±os y perjuicios, los salarios que habrÃa percibido desde la terminaciÃ³n del contrato hasta la fecha en que de acuerdo con los tÃ©rminos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono.

*(No obstante, en tratÃ¡ndose de explotaciones agrÃcolas o ganaderas, se reducirÃ¡ a la mitad el monto de los daÃ±os y perjuicios a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.) *(Por resoluciÃ³n de la Sala ConstitucionalÂ NÂ°0317Â de las 14:51 horas del 22 de enero del 2003 se anula de este artÃculo la frase del pÃ¡rrafo tercero encerrada entre parÃ©ntesis. Esta sentencia tiene efectos a futuro de manera que se preservan los efectos jurÃdicos de los actos de despido consolidados y de las sentencias ya firmes relacionadas con la norma anulada.)

Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones de que habla este artÃculo y el patrono pruebe la justa causa en que se fundÃ³ el despido y la circunstancia de haber notificado Ã©sta por escrito al trabajador en el momento de despedirlo, los Tribunales de Trabajo condenarÃ¡n al primero a pagar ambas costas del litigio y le impondrÃ¡n en la misma sentencia, como correcciÃ³n disciplinaria, una multa de cuatro a veinte colones, que se convertirÃ¡ forzosamente en arresto si el perdidos o no cubre su monto dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquÃ©lla en que quedÃ³ firme el respectivo fallo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â Â 668 de 14 de agosto de 1946)

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ARTICULO 83.-

Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo:

Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley;
Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma reÃ±ida con la moral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vÃas de hecho contra el trabajador;
Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven en casa de Ã©ste, cometa, con su autorizaciÃ³n expresa o tÃ¡cita, alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador;
Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes, cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o Ãºtiles de trabajo del trabajador;
Cuando el patrono o su representante en la direcciÃ³n de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vÃas de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonÃa para el cumplimiento del contrato;
Cuando el patrono, un miembro de su familia, o su representante en la direcciÃ³n de las labores u otro trabajador estÃ© atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate;
Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiÃ©nicas el lugar de trabajo, por la excesiva insalubridad de la regiÃ³n o porque el patrono no cumpla las medidas de prevenciÃ³n y seguridad que las disposiciones legales establezcan;
Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allÃ se encuentren;
Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artÃculo 70, y
Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato.

k) Cuando la parte patronal incurra en actos discriminatorios contra alguna persona trabajadora con VIH.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo 49 de la Ley General sobre el VIH SIDA, NÂ° 9797 del 2 de diciembre de 2019)

La regla que contiene el pÃ¡rrafo final del artÃculo 81 rige tambiÃ©n a favor de los trabajadores.

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ARTICULO 84.-

Por cualquiera de las causas que enumera el artÃculo anterior podrÃ¡ el trabajador separarse de su trabajo, conservando su derecho a las indemnizaciones y prestaciones legales. Tampoco incurrirÃ¡ en responsabilidad alguna, salvo la de pagar el importe del pre-aviso y la de carÃ¡cter civil que le corresponda, si posteriormente surgiere contenciÃ³n y se le probare que abandonÃ³ sus labores sin justa causa.
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ARTICULO 85.-Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajadorÂ y sin que extingan los derechos de Ã©ste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo ordenado por el CÃ³digo o por disposiciones especiales:

a. La muerte del trabajador;

b. La necesidad que tuviere Ã©ste de satisfacer obligaciones legales, como la del servicio militar u otras semejantes que conforme al derecho comÃºn equivalen a imposibilidad absoluta de cumplimiento;

c. La fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidaciÃ³n judicial o extrajudicial, la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla sÃ³lo rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesaciÃ³n definitiva de los trabajos, y cuando se haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores alimentarios del occiso, insolvente o fallido, y

d. La propia voluntad del patrono.

e. Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilaciÃ³n, pensiÃ³n de vejez, muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de Elecciones, por las instituciones autÃ³nomas, semiautÃ³nomas y las municipalidades.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ°Â Â 5173 de 10 de mayo de 1973)

Las prestaciones a que se refiere el aparte a) de este artÃculo, podrÃ¡n ser reclamadas por cualquiera de los parientes con interÃ©s que se indican posteriormente, ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda. Esas prestaciones serÃ¡n entregadas por aquella autoridad a quienes tuvieren derecho a ello, sin que haya necesidad de tramitar juicio sucesorio para ese efecto y sin pago de impuestos.

(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 2710 del 12 de diciembre de 1960)

(*)Esas prestaciones corresponderÃ¡n a los parientes del trabajador y la trabajadora, en el siguiente orden:

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 5Â° de la ley NÂ° 10166 del 30 de marzo de 2022, «Reforma varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza»)

1. El consorte y los hijos menores de edad o inhÃ¡biles;

2. Los hijos e hijas mayores de edad y los padres y madres, incluidos e incluidas los y las de crianza; y

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 5Â° de la ley NÂ° 10166 del 30 de marzo de 2022, «Reforma varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza»)

3. Las demÃ¡s personas que conforme a la ley civil tienen el carÃ¡cter de herederos.

(*)(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 2710 del 12 de diciembre de 1960)

Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho individual, y sÃ³lo en falta de las que indica el inciso anterior entran las que seÃ±ala el inciso siguiente.

(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 2710 del 12 de diciembre de 1960)

Para el pago de las prestaciones indicadas se estarÃ¡ al procedimiento en el tÃtulo dÃ©cimo de este mismo CÃ³digo.

Â (AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ°Â Â 3056 de 7 de noviembre 1962)

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Â (Nota: Mediante ResoluciÃ³n NÂ° 3340- 96 de la Sala Constitucional de las 9:00 horas del 5 de julio de 1996, se dispuso lo siguiente: » … Se evacua la consulta en el sentido de que el inciso 1), pÃ¡rrafo segundo del artÃculo 85 del CÃ³digo de Trabajo no es contrario a los artÃculos 33, 51 y 52 de la ConstituciÃ³n PolÃtica…»)

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ARTICULO 86.-

El contrato de trabajo terminarÃ¡ sin responsabilidad para ninguna de las partes por las siguientes causas:

1. Por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, salvo el caso de prÃ³rroga, y por la conclusiÃ³n de la obra en los contratos para obra determinada;

1. Por las causas expresamente estipuladas en Ã©l, y

Por mutuo consentimiento.

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CAPITULO SETIMO

Del trabajo de las mujeres y de los menores de edad

ARTICULO 87.-

Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las personas menores de dieciocho aÃ±os para desempeÃ±ar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los aspectos fÃsico o moral, segÃºn la determinaciÃ³n que de estos se harÃ¡ en el reglamento y mediante resoluciÃ³n del Consejo de Salud Ocupacional. Al efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomarÃ¡ en cuenta las disposiciones del artÃculo 199.

Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les ocurriera un accidente o enfermedad a las personas de que habla el pÃ¡rrafo anterior, y se comprobara que tiene su causa en la ejecuciÃ³n de las mencionadas labores prohibidas, el patrono culpable deberÃ¡ satisfacerle a la persona accidentada o enferma una cantidad equivalente al importe de tres meses de salario.

(AsÃ reformado por el artÃculo Ãºnico de la Ley Libertad de elecciÃ³n de empleo de las mujeres, Ley NÂ° 10131 del 10 de febrero del 2022)

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ArtÃculo 88- Queda absolutamente prohibido el trabajo nocturno de las personas menores de dieciocho aÃ±os y el diurno de estas en hosterÃas, clubes, cantinas, bares y en todos los expendios de bebidas con contenido alcohÃ³lico de consumo inmediato.

A dichos trabajos prohibidos se les aplicarÃ¡ lo dispuesto en el pÃ¡rrafo segundo del artÃculo 87 del presente CÃ³digo. A los efectos del presente artÃculo se considerarÃ¡ perÃodo nocturno el comprendido entre las diecinueve horas y las siete horas del dÃa siguiente, segÃºn lo establecido en el artÃculo 95 de la LeyÂ N.ÂºÂ 7739, CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.

(AsÃ reformado por el artÃculo Ãºnico de la Ley NÂ° 9758 del 29 de octubre del 2019, «RegulaciÃ³n de la jornada nocturna de las mujeres trabajadoras»)

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ARTICULO 89.-

Igualmente queda prohibido:

El trabajo durante mÃ¡s de siete horas diarias y cuarenta y dos semanales para los mayores de quince aÃ±os y menores de dieciocho;
El trabajo durante mÃ¡s de cinco horas diarias y treinta semanales para los menores de quince aÃ±os y mayores de doce;
El trabajo de los menores de doce aÃ±os, y
En general, la ocupaciÃ³n de menores comprendidos en la edad escolar que no hayan completado, o cuyo trabajo no les permita completar, la instrucciÃ³n obligatoria.

No obstante, en tratÃ¡ndose de explotaciones agrÃcolas o ganaderas, se permitirÃ¡ el trabajo diurno de los mayores de doce y menores de dieciocho aÃ±os, dentro de las limitaciones que establece el CapÃtulo Segundo del TÃtulo Tercero y siempre que en cada caso se cumplan las disposiciones del artÃculo 91, incisos b) y c)

(El CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia, LeyÂ NÂ°Â 7739 del 6 de febrero de 1998, estableciÃ³ una jornada diurna mÃ¡xima de seis horas diarias y de treinta y seis semanales para los trabajadores adolescentes (Quince AÃ±os))

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ARTICULO 90.-Las prohibiciones anteriores comprenderÃ¡n, asimismo, los siguientes casos:

a- El ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en las calles o sitios pÃºblicos, siempre que lo haga una persona menor de quince aÃ±os.

b- El trabajo de personas menores de quince aÃ±os en la venta de objetos en teatros y establecimientos anÃ¡logos o para que figuren como actores o de alguna otra manera en representaciones pÃºblicas, que tengan lugar en casas de diversiÃ³n de cualquier gÃ©nero, estaciones radiodifusoras o teatros, con excepciÃ³n de las que se verifiquen en fiestas escolares, veladas de beneficencia o reuniones dedicadas al culto religioso.

(AsÃ reformado por el artÃculo Ãºnico de la Ley libertad de elecciÃ³n de empleo de las mujeres, Ley NÂ° 10131 del 10 de febrero del 2022)

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ARTICULO 91.-

El Patronato Nacional de la Infancia, sus respectivas Juntas Provinciales de ProtecciÃ³n a la Infancia o sus representantes autorizados pueden otorgar, en casos muy calificados, autorizaciones escritas especiales para permitir el trabajo nocturno de los menores que hayan cumplido diecisÃ©is aÃ±os, a los efectos del aprendizaje o de la formaciÃ³n profesional, en aquellas industrias u ocupaciones en las que el trabajo deba efectuarse continuamente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â Â 5313 de 14 de agosto de 1973)

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ARTICULO 92.-

En las escuelas industriales y reformatorios el trabajo debe ser proporcionado a las fuerzas fÃsicas y mentales de los alumnos, a sus aptitudes, gustos e inclinaciones.

Se harÃ¡n acreedores a las sanciones legales que correspondan los directores que permitan en estos establecimientos el trabajo los domingos y demÃ¡s dÃas feriados.
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ARTICULO 93.-

Todo patrono que ocupe los servicios de menores de dieciocho aÃ±os llevarÃ¡ un registro en que conste:

1. La edad. Para este efecto, y el del trabajo de menores en general, el Registro del Estado Civil expedirÃ¡ libres de derecho fiscales las certificaciones que se le pidan:

1. El nombre y apellidos y los de sus padres o encargados, si los tuvieren;

1. La residencia;

1. la clase de trabajo a que se dedican;

1. La especificaciÃ³n del nÃºmero de horas que trabajan;

1. El salario que perciben, y

La constancia de que han cumplido los requisitos de la Ley General de EducaciÃ³n ComÃºn y, en su caso, lo dispuesto en el artÃculo 91.

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ArtÃculo 94-Queda prohibido a las personas empleadoras despedir a las trabajadoras que se encuentren en estado de embarazo o en perÃodo de lactancia, o bien, a las personas trabajadoras que gocen de las licencias especificadas en el artÃculo 95 de este CÃ³digo, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme a las causales establecidas en el artÃculo 81. En caso de que la trabajadora incurra en falta grave, la persona empleadora deberÃ¡ gestionar el despido ante la DirecciÃ³n Nacional y la InspecciÃ³n General de Trabajo, para lo cual deberÃ¡ comprobar la falta. Esta entidad tramitarÃ¡ y resolverÃ¡, de la forma mÃ¡s expedita posible, la solicitud, mediante un procedimiento sumario, resguardando el debido proceso, el equilibrio entre las partes, la objetividad y fundamentando su resoluciÃ³n en prueba recabada con su debido anÃ¡lisis. Excepcionalmente, la DirecciÃ³n podrÃ¡ dictar una medida cautelar provisional, inclusive la suspensiÃ³n de la trabajadora con goce de salario, mientras se resuelve la gestiÃ³n de despido.

Para gozar de la protecciÃ³n que aquÃ se establece, la trabajadora deberÃ¡ dar aviso de su estado de embarazo a la persona empleadora y podrÃ¡ aportar certificaciÃ³n mÃ©dica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social. La persona empleadora deberÃ¡ otorgarle a la trabajadora hasta un dÃa de licencia con goce salarial para la obtenciÃ³n de esta.

Una vez transcurrido el plazo de la licencia, la persona empleadora deberÃ¡ brindar permiso con goce de salario para asistir a servicios mÃ©dicos, tanto del niÃ±o o la niÃ±a reciÃ©n nacido, como de la madre o persona encargada, asÃ como para el retiro de constancias de lactancia en los centros de salud.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

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ArtÃculo 94 bis.-Â La trabajadora embarazada o en perÃodo de lactancia, que fuera despedida en contravenciÃ³n con lo dispuesto en el artÃculo anterior, podrÃ¡ gestionar ante el juzgado de trabajo su reinstalaciÃ³n inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el tÃtulo dÃ©cimo de este CÃ³digo.

La trabajadora podrÃ¡ optar por la reinstalaciÃ³n o dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Si opta por la reinstalaciÃ³n, esta se ejecutarÃ¡ de conformidad con las disposiciones de este CÃ³digo, garantizando que la trabajadora sea restituida en el pleno goce de sus derechos. En todo caso, el empleador o la empleadora deberÃ¡n pagarle, ademÃ¡s de la indemnizaciÃ³n a que tenga derecho y en concepto de daÃ±os y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de preparto y posparto, y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo.

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

Si se tratara de una trabajadora en perÃodo de lactancia, tendrÃ¡ derecho, ademÃ¡s de la cesantÃa, al concepto de daÃ±os y perjuicios causados, lo cual se fijarÃ¡ en sentencia.

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

Â (AsÃ adicionadoÂ por el artÃculo 32Â°Â (actual 35)Â Â Â Â de laÂ Ley de PromociÃ³n de la Igualdad Social de la Mujer,Â NÂº 7142 de 8 de marzo de 1990)

(AsÃ reformado por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 95- La trabajadora embarazada gozarÃ¡ obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a Ã©l. Estos tres meses tambiÃ©n se considerarÃ¡n como perÃodo mÃnimo de lactancia, el cual, por prescripciÃ³n mÃ©dica, podrÃ¡ ser prorrogado para los efectos del artÃculo anterior.

Se otorgarÃ¡ licencia especial en los siguientes supuestos:

a) En la adopciÃ³n individual se otorgarÃ¡ licencia especial de tres meses de forma remunerada al adoptante y en la adopciÃ³n conjunta se otorgarÃ¡ licencia especial de tres meses, divisible entre las personas adoptantes de comÃºn acuerdo, la cual podrÃ¡ tomarse de forma simultÃ¡nea o alterna, segÃºn decisiÃ³n de las partes. En estos casos de adopciÃ³n, de acuerdo con los parÃ¡metros establecidos en el CÃ³digo de Familia y regulaciÃ³n conexa, la licencia se iniciarÃ¡ el dÃa inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la persona adoptante deberÃ¡ presentar una certificaciÃ³n, extendida por el Patronato Nacional de la Infancia, el juzgado de familia correspondiente, o el notario pÃºblico en su caso, en la que consten los trÃ¡mites de adopciÃ³n y su resoluciÃ³n favorable.

b) A los padres biolÃ³gicos se les otorgarÃ¡ una licencia de paternidad de dos dÃas por semana durante las primeras cuatro semanas a partir del nacimiento de su hijo o hija; la persona empleadora estarÃ¡ en la obligaciÃ³n de conceder permiso al padre para compartir con su hijo o hija reciÃ©n nacido y contribuir con su cuidado dentro de los parÃ¡metros de dicha licencia. En caso de que esta disposiciÃ³n no se le respete al padre biolÃ³gico en su trabajo, la parte patronal incurrirÃ¡ en una falta grave al contrato laboral y, ademÃ¡s, deberÃ¡ retribuir al trabajador en todos los extremos laborales que corresponde segÃºn la ley, y agregar a la indemnizaciÃ³n la suma de seis salarios.

c) En el caso de muerte materna en el parto o durante la licencia, cuyo niÃ±o o niÃ±a haya sobrevivido, el padre biolÃ³gico tendrÃ¡ derecho a una licencia especial posparto, cuya beneficiaria era la madre fallecida. El padre del niÃ±o o niÃ±a reciÃ©n nacido deberÃ¡ comprometerse a hacerse cargo de la persona reciÃ©n nacida; en ausencia del padre o que este no se comprometa a hacerse cargo de la persona menor de edad, se concederÃ¡ esta licencia especial a la persona trabajadora que demuestre que se harÃ¡ cargo del niÃ±o o la niÃ±a reciÃ©n nacido. El PANI deberÃ¡ colaborar de forma expedita en este trÃ¡mite y otorgar una resoluciÃ³n certificada para estos efectos a la persona que se va a hacer cargo de la persona reciÃ©n nacida y asÃ lo solicite.

Durante la licencia, el sistema de pago de este subsidio se regirÃ¡ segÃºn lo dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social en su normativa sobre el «Riesgo de Maternidad», la licencia de maternidad y las licencias especiales contempladas en este artÃculo. El pago de esta licencia deberÃ¡ computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo.

El monto que corresponda, segÃºn el caso, al pago de esta licencia deberÃ¡ ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirÃ¡n, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y la parte patronal. Asimismo, para no interrumpir la cotizaciÃ³n durante ese perÃodo, la persona empleadora y la persona trabajadora deberÃ¡n aportar, a la Caja Costarricense de Seguro Social, sus respectivas contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la licencia.

Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley, a cargo de la persona empleadora, deberÃ¡n ser cancelados en su totalidad a la persona trabajadora. Para todos los efectos, las licencias especiales no interrumpen el contrato laboral.

El cÃ¡lculo de todos los derechos laborales establecidos en esta ley a cargo de la persona empleadora se realizarÃ¡ sobre la base del salario que tenÃa la persona trabajadora antes de dicha licencia.

LaÂ trabajadoraÂ embarazadaÂ adquirirÃ¡Â el derecho deÂ disfrutarÂ de laÂ licenciaÂ remunerada, soloÂ siÂ presentaÂ a la personaÂ empleadoraÂ unÂ certificadoÂ mÃ©dicoÂ en el queÂ consteÂ que elÂ partoÂ sobrevendrÃ¡,Â probablemente,Â dentroÂ de lasÂ cincoÂ semanasÂ posterioresÂ a laÂ fechaÂ deÂ expediciÃ³nÂ deÂ esteÂ documento. ParaÂ efectosÂ delÂ artÃculoÂ 96 deÂ esteÂ CÃ³digo, la personaÂ empleadoraÂ acusarÃ¡Â reciboÂ delÂ certificado.

Los mÃ©dicos que desempeÃ±en cargo remunerado por el Estado o sus instituciones deberÃ¡n expedir este certificado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

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ArtÃculo 96- Dicho descanso puede abonarse a las vacaciones de ley pagando a la trabajadora su salario completo. Si no se abonara a la persona a quien se le haya concedido, tendrÃ¡ derecho, por lo menos, a las dos terceras partes de su sueldo o a lo que falte para que lo reciba completo, si estuviera acogida a los beneficios de la Caja Costarricense de Seguro Social y a volver a su puesto una vez desaparecidas las circunstancias que la obligaron a abandonarlo o a otro puesto equivalente en remuneraciÃ³n, que guarde relaciÃ³n con sus aptitudes, capacidad y competencia.

Si se tratara de aborto no intencional o por causas biolÃ³gicas y naturales, o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados se reducirÃ¡n a la mitad. En el caso de que la mujer interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido, a consecuencia de enfermedad que segÃºn certificado mÃ©dico deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar, tendrÃ¡ tambiÃ©n derecho a las prestaciones de que habla el pÃ¡rrafo anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que este no exceda de tres meses.

Una vez transcurrida la licencia, la incapacidad o el disfrute de vacaciones, la persona trabajadora volverÃ¡ a su puesto y solamente en casos de excepciÃ³n, debidamente justificados, podrÃ¡ ser ubicada en otro puesto equivalente en remuneraciÃ³n, el cual guarde relaciÃ³n con sus aptitudes, capacidad y competencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

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ArtÃculo 97- Toda madre en perÃodo de lactancia deberÃ¡ disponer, en los lugares donde trabaje y durante sus horas laborales, de un intervalo, al dÃa a elegir, de:

a) Quince minutos cada tres horas.

b) Media hora dos veces al dÃa.

c) Una hora al inicio de su jornada.

d) Una hora antes de la finalizaciÃ³n de la jornada laboral.

e) O bien, podrÃ¡ escoger entrar una hora mÃ¡s tarde o salir una hora mÃ¡s temprano de su sitio de trabajo. Para cualquiera de estas dos opciones, la hora deberÃ¡ de ser remunerada.

Lo cual comunicarÃ¡ a la parte patronal y si es necesario podrÃan ponerse de acuerdo en alguna de las anteriores opciones.

Lo anterior, salvo el caso de que mediante un certificado mÃ©dico se pruebe que solo necesita un intervalo menor.

La persona empleadora se esforzarÃ¡ tambiÃ©n por procurar a la madre algÃºn medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores, que deberÃ¡ computarse como tiempo de trabajo efectivo, al igual que los intervalos mencionados anteriormente, para efectos de su remuneraciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

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ARTICULO 98.-

Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las prestaciones a que se refiere el artÃculo 96 se fijarÃ¡ sacando el promedio de salarios devengados durante los Ãºltimos ciento ochenta dÃas o fracciÃ³n de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho tÃ©rmino, contados a partir del momento en que la trabajadora dejÃ³ sus labores.

Cuando el trabajo se pague por unidad de obra, por tarea o a destajo, el valor del lapso destinado al descanso pre y post-natal se fijarÃ¡ de acuerdo con el salario devengado, durante los Ãºltimos noventa dÃas o fracciÃ³n de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho tÃ©rmino, contados a partir del momento en que la trabajadora dejÃ³ sus labores; y el valor del tiempo diario destinado a la lactancia se determinarÃ¡ dividiendo el salario devengado en el respectivo perÃodo de pago por el nÃºmero de horas efectivamente trabajadas, y estableciendo luego la equivalencia correspondiente.
Ficha articulo

ARTICULO 99.-

El subsidio durante los perÃodos inmediatamente anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora: podrÃ¡ suspendÃ©rsele si la autoridad administrativa de trabajo comprueba, a instancia del patrono, que Ã©sta, fuera de las labores domÃ©sticas compatibles con su estado, se dedica a otros trabajos remunerados.
Ficha articulo

ArtÃculo 100- Toda persona empleadora, que tenga en su establecimiento madres en perÃodo de lactancia, quedarÃ¡ obligada a acondicionar un espacio ideal, con el propÃ³sito de que las madres amamanten sin peligro a sus hijos y puedan extraerse la leche y almacenarla en un espacio adecuado en su lugar de trabajo.

Este acondicionamiento deberÃ¡ garantizar privacidad e higiene, dentro de las posibilidades econÃ³micas de la persona empleadora y deberÃ¡ contar con el visto bueno de la oficina de seguridad e higiene del trabajo.

DeberÃ¡ proporcionarse, igualmente, un espacio dentro de sus instalaciones que garantice poder extraerse la leche y almacenarla en un espacio adecuado en su lugar de trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para combatir la discriminaciÃ³n laboral contra las mujeres en condiciÃ³n de maternidad, NÂ° 10211 del 5 de mayo de 2022)

Ficha articulo

CAPÃTULO OCTAVO

Trabajo domÃ©stico remunerado

ArtÃculo 101.-

Las personas trabajadoras domÃ©sticas son las que brindan asistencia y bienestar a una familia o persona, en forma remunerada; se dedican, en forma habitual y sistemÃ¡tica, a labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demÃ¡s labores propias de un hogar, residencia o habitaciÃ³n particular, que no generan lucro para las personas empleadoras; tambiÃ©n pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, cuando asÃ se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida.

Las condiciones de trabajo, asÃ como las labores especÃficas por realizarse, independientemente de la jornada que se establezca, deberÃ¡n estipularse en un contrato de trabajo, por escrito, de conformidad con los requisitos estipulados en el artÃculo 24 del presente CÃ³digo y las leyes conexas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)
Ficha articulo

ArtÃculo 102.-

El perÃodo de prueba en el trabajo domÃ©stico serÃ¡ de tres meses, durante los cuales, sin responsabilidad, ambas partes podrÃ¡n ponerle tÃ©rmino a la relaciÃ³n laboral.Â Â Una vez concluido este perÃodo y durante nueve meses mÃ¡s, la parte que desee poner tÃ©rmino al contrato deberÃ¡ avisar a la otra con quince dÃas de anticipaciÃ³n.

DespuÃ©s de un aÃ±o de trabajo continuo, el preaviso serÃ¡ de un mes.Â Â En ambos casos, si no se cumple el preaviso referido en este artÃculo, la parte que incumpliÃ³ deberÃ¡ abonar a la otra parte el importe correspondiente a este tiempo.

Durante el perÃodo de preaviso, la persona empleadora le concederÃ¡ a la persona trabajadora, semanalmente, un dÃa completo remunerado para que busque colocaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)

Â
Ficha articulo

ARTICULO 103.-(Derogado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)

Ficha articulo

ArtÃculo 104.-

Las personas empleadoras del trabajo domÃ©stico remunerado estarÃ¡n obligadas a garantizar la seguridad social de las personas trabajadoras, y a inscribirlas en la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro de los ocho dÃas hÃ¡biles siguientes al inicio de sus labores, de conformidad con el artÃculo 44 de la Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus Reglamentos, asÃ como a otorgarle un seguro de riesgo de trabajo, de conformidad con los artÃculos 193, 201, siguientes y concordantes de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)
Ficha articulo

Â Â Â Â ArtÃculo 105.-

Las personas trabajadoras domÃ©sticas remuneradas se regirÃ¡n por las siguientes disposiciones especiales:

a)Â PercibirÃ¡n el salario en efectivo, el cual deberÃ¡ corresponder, al menos, al salario mÃnimo de ley correspondiente a la categorÃa establecida por el Consejo Nacional de Salarios.

AdemÃ¡s, salvo pacto o prÃ¡ctica en contrario, recibirÃ¡n alojamiento y alimentaciÃ³n adecuados, que se reputarÃ¡n como salario en especie para los efectos legales correspondientes, lo que deberÃ¡ estipularse expresamente en el contrato de trabajo, acorde con el artÃculo 166 de este CÃ³digo.Â Â En ninguna circunstancia, el salario en especie formarÃ¡ parte del rubro del salario mÃnimo de ley.

b)Â Â Â Â Â Â EstarÃ¡n sujetas a una jornada ordinaria efectiva, mÃ¡xima de ocho horas en jornada diurna y de seis horas en jornada nocturna, con una jornada semanal de cuarenta y ocho horas en jornada diurna y de treinta y seis horas en jornada nocturna. Sin embargo, podrÃ¡ estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una mixta hasta de ocho horas diarias, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas, de acuerdo con lo previsto en el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 136 de este CÃ³digo.Â Â En todos los casos, dentro del tiempo de trabajo efectivo, tendrÃ¡n derecho, como mÃnimo, a una hora de descanso.Â Â Cuando se trate de jornadas inferiores a ocho horas diarias, pero superiores a tres horas diarias, el derecho al descanso serÃ¡ proporcional a estas jornadas.Â Â Se podrÃ¡ pactar una jornada extraordinaria hasta de cuatro horas diarias, sin que esta, sumada a la ordinaria, sobrepase las doce horas diarias.Â Â Este tipo de acuerdos deberÃ¡ remunerarse segÃºn el artÃculo 139 de este CÃ³digo.Â Â La jornada extraordinaria que se convenga no podrÃ¡ ser de carÃ¡cter permanente.

c)Â Â Â Â Â Â Sin perjuicio de su salario, disfrutarÃ¡n de un dÃa de descanso a la semana, el cual deberÃ¡ ser fijado de comÃºn acuerdo entre las partes.Â Â Por lo menos dos veces al mes, dicho descanso serÃ¡ el dÃa domingo.

d)Â Â Â Â Â Â TendrÃ¡n derecho a quince dÃas de vacaciones anuales remuneradas, o a la proporciÃ³n correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las cincuenta semanas.

El derecho al pago remunerado y el disfrute de dÃas feriados y vacaciones se regirÃ¡ por lo dispuesto en los artÃculos 147, 148 y 159, siguientes y concordantes de este CÃ³digo.

e)Â Â Â Â Â Â En caso de incapacidad temporal originada por enfermedades, riesgo profesional u otra causa, tendrÃ¡n derecho a los beneficios establecidos en el artÃculo 79 de este CÃ³digo; sin embargo, la prestaciÃ³n referida en el inciso a) de dicho artÃculo, se reconocerÃ¡ a partir del primer mes de servicio.Â Â No obstante, si la enfermedad se debe a un contagio ocasionado por las personas que habitan en la casa, tendrÃ¡n derecho a percibir el salario completo hasta por tres meses en caso de incapacidad y a que, invariablemente, se les cubran los gastos razonables generados por la enfermedad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)
Ficha articulo

ArtÃculo 106.-

Si el contrato de las personas trabajadoras domÃ©sticas concluye por despido injustificado, por renuncia originada en faltas graves de las personas empleadoras o de las personas que habitan con ellos, por muerte o fuerza mayor, la persona trabajadora o, en su caso, los derecho-habientes a que se refiere el artÃculo 85 de este CÃ³digo tendrÃ¡n derecho a una indemnizaciÃ³n, de acuerdo con las reglas establecidas en el artÃculo 29 de esta Ley.Â Â En el caso de jornadas inferiores a la ordinaria, estos derechos se mantendrÃ¡n proporcionalmente, igualmente para las personas menores de edad, de acuerdo con el CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)
Ficha articulo

ArtÃculo 107.-

Las disposiciones de este CÃ³digo, asÃ como las leyes supletorias o conexas, se aplicarÃ¡n, salvo disposiciones en contrario, al rÃ©gimen del trabajo domÃ©stico remunerado en lo no previsto por el presente capÃtulo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)
Ficha articulo

ArtÃculo 108.-

No se podrÃ¡n contratar personas menores de quince aÃ±os para el desempeÃ±o del trabajo domÃ©stico remunerado, conforme lo establecido en el artÃculo 92 del CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia, asÃ como en la ConvenciÃ³n sobre los derechos del niÃ±o, Convenio 182 de la OrganizaciÃ³n del Trabajo, ratificado por la Ley N.Âº 8122-A, de 17 de agosto de 2001, y los demÃ¡s instrumentos jurÃdicos internacionales ratificados atinentes a esta materia.

Las personas de quince a diecisiete aÃ±os de edad que laboren como trabajadoras domÃ©sticas remuneradas se regirÃ¡n por lo establecido en el capÃtulo VII, denominado RÃ©gimen de protecciÃ³n especial al trabajador adolescente, del tÃtulo II del CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia, que en el artÃculo 95 estipula que la jornada laboral, en ninguna forma, podrÃ¡ exceder de treinta y seis horas semanales, asÃ como lo establecidoÂ Â enÂ Â laÂ Â LeyÂ Â generalÂ Â deÂ Â laÂ Â personaÂ Â joven, N.Âº 8261, respecto de los derechos de las personas jÃ³venes y su derecho al trabajo, la capacitaciÃ³n, la inserciÃ³n y la remuneraciÃ³n justa.

Asimismo, se regirÃ¡n por el Convenio 182, el Convenio 138 y la RecomendaciÃ³n 146 de la OIT, la ConvenciÃ³n sobre derechos del niÃ±o, asÃ como por lo dispuesto en los convenios atinentes a esta materia y ratificados por Costa Rica.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 8726 del 2 de julio de 2009)
Ficha articulo

CAPITULO NOVENO

De los trabajadores a domicilio

ARTICULO 109.-

Trabajadores a domicilio son los que elaboran artÃculos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la direcciÃ³n inmediata del patrono o del representante de Ã©ste.
Ficha articulo

ARTICULO 110.-

Todo patrono que ocupe los servicios de uno o mÃ¡s trabajadores a domicilio deberÃ¡ llevar un libro sellado y autorizado por la Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que anotarÃ¡ los nombres y apellidos de Ã©stos, sus residencias, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y el monto exacto de las respectivas remuneraciones.

AdemÃ¡s harÃ¡ imprimir comprobantes por duplicado, que le firmarÃ¡ el trabajador cada vez que reciba los materiales que deban entregÃ¡rsele o el salario que le corresponde; o que el patrono firmarÃ¡ y darÃ¡ al trabajador cada vez que Ã©ste le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificaciÃ³n o individualizaciÃ³n que proceda.

(El nombre de la Oficina fue asÃ reformado por el artÃculo 1, inciso k) de la ley No.3372 del 6 de agosto de 1964. El nombre de Ministerio fue asÃ reformado por el artÃculo 2 de la ley No.5089 del 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 111.-

Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan al patrono para retener hasta la dÃ©cima parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes.

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ARTICULO 112.-

Las retribuciones de los trabajadores a domicilio serÃ¡n canceladas por entregas de labor o por perÃodos no mayores de una semana.

En ningÃºn caso podrÃ¡n ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les corresponderÃan por igual rendimiento si trabajaran dentro del taller o fÃ¡brica del patrono.

El patrono que infrinja esta disposiciÃ³n serÃ¡ obligado en sentencia a cubrir a cada trabajador una indemnizaciÃ³n fija de cien colones.
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ARTICULO 113.-

Las autoridades sanitarias o de trabajo prohibirÃ¡n la ejecuciÃ³n de labores a domicilio, mediante notificaciÃ³n formal que harÃ¡n al patrono y al trabajador, cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiÃ©nicas, o se presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infecto-contagiosa. A la cesaciÃ³n comprobada de estas circunstancias, o a la salida o restablecimiento del enfermo y debida desinfecciÃ³n del lugar, se otorgarÃ¡ permiso de reanudar el trabajo.

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CAPITULO DECIMO

Del trabajo de los aprendices

ARTICULO 114.- .-(Derogado por el artÃculo 29Â° de laÂ Ley de Aprendizaje,Â NÂ°Â Â 4903 de 17 de noviembre de 1971)

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ARTICULO 115.-Â (Derogado por el artÃculo 29Â° de laÂ Ley de Aprendizaje,Â NÂ°Â Â 4903 de 17 de noviembre de 1971)

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ARTICULO 116.-Â (Derogado por el artÃculo 29Â° de laÂ Ley de Aprendizaje,Â NÂ°Â Â 4903 de 17 de noviembre de 1971)

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ARTICULO 117.-(Derogado por el artÃculo 29Â° de laÂ Ley de Aprendizaje,Â NÂ°Â Â 4903 de 17 de noviembre de 1971)

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CAPITULO UNDECIMO

Del trabajo en el mar y en las vÃas navegables

ARTICULO 118.-

Trabajadores del mar y de las vÃas navegables son los que prestan servicios propios de la navegaciÃ³n a bordo de una nave, bajo las ordenes del capitÃ¡n de Ã©sta y a cambio de la alimentaciÃ³n de buena calidad y del salario que se hubieren convenido.

Se entenderÃ¡n por servicios propios de la navegaciÃ³n todos aquÃ©llos necesarios para la direcciÃ³n, maniobras y servicio del barco.

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ARTICULO 119.-

El capitÃ¡n de la nave se considerarÃ¡, para todos los efectos legales, como representante del patrono, si Ã©l mismo no lo fuere; y gozarÃ¡ tambiÃ©n del carÃ¡cter de autoridad en los casos y con las facultades que las leyes comunes le atribuyan.
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ArtÃculo 120.-Todo pescador deberÃ¡ firmar un contrato de enrolamiento con el armador del barco de pesca o su representante legal autorizado. Se entenderÃ¡ como pescador toda persona que vaya a ser empleada o contratada a bordo de cualquier barco de pesca, en cualquier calidad, que figure en el rol de la tripulaciÃ³n.

El contrato de enrolamiento observarÃ¡ las formalidades apropiadas a su naturaleza jurÃdica y serÃ¡ redactado en tÃ©rminos comprensibles para garantizar que el pescador comprenda el sentido de las clÃ¡usulas del contrato.

El contrato de enrolamiento indicarÃ¡ el nombre del barco de pesca a bordo del cual servirÃ¡ el pescador, asÃ como el viaje o los viajes que deba emprender, si tal informaciÃ³n puede determinarse al celebrar el contrato o, en su defecto, el estimado de las fechas de salida y de regreso a puerto, las rutas de destino y la forma de remuneraciÃ³n. Si el pescador es remunerado a la parte de captura o destajo, el contrato de enrolamiento indicarÃ¡ el importe de su participaciÃ³n y el mÃ©todo adoptado para el cÃ¡lculo de ella; si es remunerado mediante una combinaciÃ³n de salario y a la parte de captura, se especificarÃ¡ su remuneraciÃ³n mÃnima en numerario, la cual no podrÃ¡ ser inferior al salario mÃnimo legal.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serÃ¡ responsable de proveer los modelos impresos en sus diversas modalidades. Dichos contratos deberÃ¡n extenderse en tres tantos: uno para cada parte y otro que el patrono deberÃ¡ hacer llegar a la DirecciÃ³n Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los quince dÃas posteriores a su celebraciÃ³n, modificaciÃ³n, ampliaciÃ³n o novaciÃ³n.

En el contrato de enrolamiento, el armador del barco de pesca o su representante legal autorizadoÂ declararÃ¡Â bajo juramento, estar al dÃa en sus obligaciones obrero patronales con la CCSS, lo cual deberÃ¡ acreditar ante la DirecciÃ³n Nacional de Empleo.

Asimismo, a la DirecciÃ³n Nacional de Empleo le corresponde diseÃ±ar y expedir un documento de identificaciÃ³n, que se denominarÃ¡ «documento de identidad para la gente del mar», el cual contendrÃ¡ los siguientes datos relativos a su titular: a) nombre completo, b) lugar y fecha de nacimiento, c) nacionalidad, d) lugar de domicilio actual, e) fotografÃa y f) firma e impresiÃ³n del dedo pulgar. Este documento se expedirÃ¡ a favor de quien lo solicite, indistintamente de su nacionalidad, y serÃ¡ condiciÃ³n necesaria para suscribir cada contrato de enrolamiento.Â Â De dichos contratos y de cada documento de identificaciÃ³n se llevarÃ¡ un registro por parte de la DirecciÃ³n Nacional de Empleo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 173 de la LeyÂ de Pesca y Acuicultura,Â NÂ°Â 8436 de 1Â° de marzo de 2005)

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ArtÃculo 120 bis.-La DirecciÃ³n Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinaciÃ³n con el Consejo de Salud Ocupacional, la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n de Trabajo, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la DirecciÃ³n de Seguridad MarÃtima y Portuaria del Ministerio de Obras PÃºblicas y Transportes, deberÃ¡n prever todas las demÃ¡s formalidades y garantÃas concernientes a la celebraciÃ³n del contrato de enrolamiento que se consideren necesarias para proteger los intereses del pescador y el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del armador del barco de pesca, en relaciÃ³n con esos contratos.

La DirecciÃ³n de la InspecciÃ³n General de Trabajo, en el ejercicio de su potestad de fiscalizaciÃ³n, estÃ¡ compelida a actuar de oficio o por denuncia de parte interesada, en la estricta aplicaciÃ³n y fiel cumplimiento de la normativa en menciÃ³n, procediendo a realizar a sus infractores las inspecciones y prevenciones que corresponda. Constatado el hecho infractor, otorgarÃ¡ el plazo de ley, a fin de que el empleador cese el acto prevenido y restituya las condiciones de normalidad que se extraÃ±an.Â Â En caso de desacato, reticencia o renuencia a cumplir lo exigido, se interpondrÃ¡ la acciÃ³n correspondiente ante los tribunales de trabajo competentes.

El armador del barco de pesca o su representante legal, antes de suscribir el contrato de enrolamiento, deberÃ¡ exigir al pescador el «documento de identidad para la gente del mar» y el certificado mÃ©dico que acredite su aptitud fÃsica para el trabajo marÃtimo para el cual va a ser empleado.

La autoridad portuaria llevarÃ¡ un registro permanente de navÃos de pesca y su matrÃcula, asÃ como de propietarios. Igualmente mantendrÃ¡ un registro de permisos y licencias de pesca por navÃo y su respectiva vigencia.

Para otorgar el permiso de zarpe, serÃ¡ necesario, ademÃ¡s del registro anterior, haber acreditado previamente ante la autoridad portuaria la lista completa de la tripulaciÃ³n y de las personas abordo en general, incluso al armador, e indicar sus respectivas calidades, asÃ como adjuntar unaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â copia de los documentos de identidad de cada uno.

ProhÃbese el empleo de niÃ±os menores de diecisÃ©is aÃ±os paraÂ Â Â Â Â Â prestar servicios de cualquier naturaleza a bordo de navÃos de pesca; seÂ Â Â Â Â Â Â entiende como tales todas las embarcaciones, los buques y los barcos, cualesquiera sean su clase o su propiedad, pÃºblica o privada, que se dediquen a la pesca marÃtima. De dicha prohibiciÃ³n se exceptÃºan los buques-escuela debidamente acreditados ante las autoridades educativas costarricenses yÂ reconocidosÂ en dicha condiciÃ³n.

(AsÃ adicionadoÂ por el artÃculo 173 de la LeyÂ de Pesca y Acuicultura,Â NÂ°Â 8436 de 1Â° de marzo de 2005)

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ARTICULO 121.-

SerÃ¡ siempre obligaciÃ³n del patrono restituir al trabajador al lugar o puerto que cada modalidad de contrato establece el artÃculo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptÃºa el caso de siniestro, pero si el de prisiÃ³n impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero y otros anÃ¡logos que denoten imposibilidad absoluta de cumplimiento.

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ARTICULO 122.-

Si una nave costarricense cambiare de nacionalidad o pereciere por naufragio, se tendrÃ¡n por concluidos todos los contratos de embarco a ella relativos en el momento en que se cumpla la obligaciÃ³n de que habla el artÃculo 121. En el primer caso, los trabajadores tendrÃ¡n derecho al importe de tres meses de salario, salvo que las indemnizaciones legales fueren mayores; y en el segundo caso, a un auxilio de cesantÃa equivalente a dos meses de salario, salvo que el artÃculo 29 les diere facultad de reclamar uno mayor.
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ARTICULO 123.-

No podrÃ¡n las partes dar por concluido ningÃºn contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave estÃ© en viaje. Se entenderÃ¡ que la nave estÃ¡ en viaje cuando permanece en el mar o en algÃºn puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artÃculo 120 para la restituciÃ³n del trabajador.

Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitÃ¡n encontrare sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, podrÃ¡ Ã©ste dar por concluido su contrato, ajustÃ¡ndose a las prescripciones legales.
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ARTICULO 124.-

El cambio de capitÃ¡n por otro que no sea garantÃa de seguridad, de aptitud y de acertada direcciÃ³n, o la variaciÃ³n del destino de la nave, serÃ¡n tambiÃ©n causas justas para que los trabajadores den por terminados sus contratos.

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ARTICULO 125.-

Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeÃ±e, la menor o mayor urgencia de Ã©stas en caso determinado, la circunstancia de estar la nave en el puerto o en el mar y los demÃ¡s factores anÃ¡logos que sean de su interÃ©s, las partes gozarÃ¡n, dentro de los lÃmites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras de Ãndole semejante.
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ARTICULO 126.-

Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongaciÃ³n o retardo del viaje, salvo que esto se debiere a fuerza mayor o a caso fortuito. No se harÃ¡ reducciÃ³n de salarios si el viaje se acortare, cualquiera que fuere la causa.

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ARTICULO 127.-

La nave con sus mÃ¡quinas, aparejos, pertrechos y fletes estarÃ¡ afectada a la responsabilidad del pago de los salarios e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores.
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ARTICULO 128.-

Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave estÃ© en viaje, perderÃ¡ el trabajador los salarios no percibidos a que tuviere derecho, aparte de las demÃ¡s responsabilidades legales en que incurriere. Queda a salvo el caso de que el capitÃ¡n encontrare sustituto conforme a lo dicho en el artÃculo 123.

El patrono repartirÃ¡ a prorrata entre los restantes trabajadores el monto de los referidos salarios, si no hubiere recargo de labores; y proporcionalmente entre los que hicieren las veces del cesante, en el caso contrario.

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ARTICULO 129.-

El trabajador que sufriere de alguna enfermedad mientras la nave estÃ© en viaje, tendrÃ¡ derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su sueldo, y a ser restituido cuando haya sanado, de acuerdo con lo dispuesto por los artÃculos 120 y 121, si asÃ lo pidiere.

Los casos comprendidos por la Ley de Seguro Social y las disposiciones sobre riesgos profesionales se regirÃ¡n de acuerdo con lo que ellas dispongan.

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ARTICULO 130.-

La liquidaciÃ³n de los salarios del trabajador que muera durante el viaje, se harÃ¡ de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Por unidades de tiempo devengadas si el ajuste se hubiere realizado en esta forma;

1. Si el contrato fue por viaje se considerarÃ¡ que ha ganado la mitad de su ajuste cuando falleciere durante el viaje de ida y la totalidad si muriere de regreso, y

Si el ajuste se hizo a la parte, se pagarÃ¡ toda la que corresponda al trabajador cuando la muerte de Ã©ste sucediere despuÃ©s de comenzado el viaje. El patrono no estarÃ¡ obligado a ningÃºn pago en el caso de que el fallecimiento ocurriere antes de la fecha en que normalmente debÃa salir el barco.

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ARTICULO 131.-

Si la muerte del trabajador ocurriere en defensa de la nave o si fuere apresado por el mismo motivo, se le considerarÃ¡ presente hasta que concluya el viaje para devengar los salarios a que tendrÃ¡ derecho conforme a su contrato.
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ARTICULO 132.-

SerÃ¡ ilÃcita la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcaciÃ³n se encontrare navegando o fondeada fuera del puerto.
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TITULO TERCERO

DE LAS JORNADAS, DE LOS DESCANSOS Y DE LOS SALARIOS

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

ARTICULO 133.-

Lo dispuesto en los siguientes artÃculos de este TÃtulo es de observancia general, pero no excluye las soluciones especiales que para ciertas modalidades de trabajo se dan en otros CapÃtulos del presente CÃ³digo, ni el convenio que con sujeciÃ³n a los lÃmites legales realicen las partes.
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ARTICULO 134.-Â (Derogado por el artÃculo 6Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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CAPITULO SEGUNDO

De la jornada de trabajo

ARTICULO 135.-

Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco horas.

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ARTICULO 136.-

La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrÃ¡ ser mayor de ocho horas en el dÃa, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana.

Sin embargo, en los trabajos que por su propia condiciÃ³n no sean insalubres o peligrosos, podrÃ¡ estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas.

Las partes podrÃ¡n contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales.

(Nota de Sinalevi: Mediante elÂ artÃculoÂ 4Â° de ley NÂ° 308 del 16 deÂ diciembreÂ de 1948, seÂ habÃanÂ suspendidoÂ losÂ efectosÂ delÂ presenteÂ artÃculoÂ y hasta laÂ terminaciÃ³nÂ deÂ losÂ conflictosÂ bÃ©licosÂ de laÂ Ã©poca. No obstante,Â dichaÂ suspensiÃ³nÂ quedÃ³Â sinÂ efectoÂ con laÂ celebraciÃ³nÂ de lasÂ eleccionesÂ nacionalesÂ deÂ losÂ aÃ±osÂ 1948 y 1949)

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ARTICULO 137.-

Tiempo de trabajo efectivo es aquÃ©l en que el trabajador permanezca a las Ã³rdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas.

En todo caso se considerarÃ¡ como tiempo de trabajo efectivo el descanso mÃnimo obligatorio que deberÃ¡ darse a los trabajadores durante media hora en la jornada, siempre que Ã©sta sea continua(*).

(*)(AsÃ adicionado la frase anterior por el artÃculo 1Â° inciso c) de la ley NÂ° 31 del 18 de noviembre de 1943)

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ARTICULO 138.-

Salvo lo dicho en el artÃculo 136, la jornada mixta en ningÃºn caso excederÃ¡ de siete horas, pero se calificarÃ¡ de nocturna cuando se trabajen tres horas y media o mÃ¡s entre las diecinueve y las cinco horas.
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ARTICULO 139.-

El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los lÃmites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a Ã©stos que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberÃ¡ ser remunerada con un cincuenta por ciento mÃ¡s de los salarios mÃnimos, o de los salarios superiores a Ã©stos que se hubieren estipulado.

No se considerarÃ¡n horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables sÃ³lo a Ã©l, cometidos durante la jornada ordinaria.

El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten voluntariamente los trabajadores en las explotaciones agrÃcolas o ganaderas, tampoco ameritarÃ¡ remuneraciÃ³n extraordinaria.

(AsÃ suprimido del pÃ¡rrafo anterior el vocablo «propiamente», por el artÃculo 1Â° inciso a) de la ley NÂº 56 de 7 de marzo de 1944)

(Nota de Sinalevi: Mediante el artÃculo 4Â° de ley NÂ° 308 del 16 de diciembre de 1948, se habÃan suspendido los efectos del presente artÃculo y hasta la terminaciÃ³n de los conflictos bÃ©licos de la Ã©poca. No obstante, dicha suspensiÃ³n quedÃ³ sin efecto con la celebraciÃ³n de las elecciones nacionales de los aÃ±os 1948 y 1949)

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ARTICULO 140.-

La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrÃ¡ exceder de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, las mÃ¡quinas o instalaciones, los plantÃos, los productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los que estÃ¡n trabajando.

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ARTICULO 141.-

En los trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres, no se permitirÃ¡ la jornada extraordinaria.

(Derogado el pÃ¡rrafo segundo original por el artÃculo 2Â° de la leyÂ NÂ°Â 25 del 17 de noviembre de 1944)

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ARTICULO 142.-

Los talleres de panaderÃa y fÃ¡bricas de masas que elaboren artÃculos para el consumo pÃºblico, estarÃ¡n obligados a ocupar tantos equipos formados por trabajadores distintos, como sea necesario para realizar el trabajo en jornadas que no excedan de los lÃmites que fija el artÃculo 136, sin que un mismo equipo repita su jornada a no ser alternando con la llevada a cabo por otro.

Los respectivos patronos estarÃ¡n obligados a llevar un libro sellado y autorizado por la InspecciÃ³n General de Trabajo, en el que se anotarÃ¡ cada semana la nÃ³mina de los equipos de operarios que trabajen a sus Ã³rdenes, durante los distintos lapsos diurnos, nocturnos o mixtos.

(El nombre de la InspecciÃ³n fue asÃ reformado por artÃculo 1, inciso f) de la Ley No.3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 143.-

QuedarÃ¡n excluidos de la limitaciÃ³n de la jornada de trabajo los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalizaciÃ³n superior inmediata: los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del establecimiento; los que desempeÃ±an funciones discontinuas o que requieran su sola presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no estÃ¡n sometidas a jornada de trabajo.

Sin embargo, estas personas no estarÃ¡n obligadas a permanecer mÃ¡s de doce horas diarias en su trabajo y tendrÃ¡n derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mÃnimo de una hora y media.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂ°Â 2378 de 29 de setiembre deÂ 1960 ).

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ARTICULO 144.-

Los patronos deberÃ¡n consignar en sus libros de salarios o planillas, debidamente separado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que a cada uno de sus trabajadores paguen por concepto de trabajo extraordinario.
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ARTICULO 145.-

El Poder Ejecutivo, si de los estudios que haga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resulta mÃ©rito para ello, podrÃ¡ fijar lÃmites inferiores a los del artÃculo 136 para los trabajos que se realicen en el interior de las minas, en las fÃ¡bricas de vidrios y demÃ¡s empresas anÃ¡logas.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972)

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ARTICULO 146.-Â (Derogado por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂ°Â 7679 de 17 de julio de 1997)

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CAPITULO TERCERO

De los dÃas feriados, de los descansos semanales y de las

vacaciones obligatorias

SECCION I

De los dÃas feriados y de los descansos semanales:

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ARTICULO 147.-

Son hÃ¡biles para el trabajo, todos los dÃas del aÃ±o, excepto los feriados y los dÃas de descanso semanal existentes por disposiciÃ³n legal o convenio entre las partes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la ley NÂ° 7619 de 24 de julio de 1996)

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ArtÃculo 148.-Â SeÂ considerarÃ¡nÂ dÃasÂ feriadosÂ y,Â porÂ loÂ tanto, deÂ pagoÂ obligatorioÂ losÂ siguientes: el 1Â° deÂ enero, el 11 deÂ abril, elÂ JuevesÂ y Viernes Santos, el 1Â° de mayo, el 25 deÂ julio, el 15 deÂ agosto, el 15 deÂ setiembreÂ y el 25 deÂ diciembre. LosÂ dÃasÂ 2 y 31 deÂ agostoÂ y el 1Â° deÂ diciembreÂ tambiÃ©nÂ seÂ considerarÃ¡nÂ dÃasÂ feriados,Â peroÂ suÂ pagoÂ noÂ serÃ¡Â obligatorio.

(AsÃÂ reformadoÂ elÂ pÃ¡rrafoÂ anteriorÂ porÂ elÂ artÃculoÂ 2Â° de la ley NÂ° 10050 del 25 deÂ octubreÂ de 2021, «DeclaraÂ elÂ mesÂ deÂ agostoÂ comoÂ elÂ mesÂ histÃ³ricoÂ de laÂ afrodescenciaÂ en Costa Rica»)

Con el fin de inculcar y preservar los valores patriÃ³ticos, las actividades cÃvicas y educativas del 12 de octubre serÃ¡n conmemoraciones obligatorias en el Ã¡mbito nacional, en todas las escuelas y los colegios el propio dÃa de la celebraciÃ³n y no regirÃ¡ como dÃa feriado.

El pago de los dÃas feriados se efectuarÃ¡ de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador gana por unidad de tiempo y, segÃºn el salario promedio devengado durante la semana inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas.

Los practicantes de religiones distintas de la catÃ³lica podrÃ¡n solicitar a su patrono el otorgamiento de los dÃas de celebraciÃ³n religiosa propios de su creencia como dÃas libres y el patrono estarÃ¡ obligado a concederlo. Cuando ello ocurra, el patrono y el trabajador acordarÃ¡n el dÃa de la reposiciÃ³n, el cual podrÃ¡ rebajarse de las vacaciones.

Los dÃas de cada religiÃ³n, que podrÃ¡ ser objeto de este derecho, serÃ¡n los que se registren en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre y cuando el nÃºmero no exceda al de los dÃas de precepto obligatorio, observados por la Iglesia catÃ³lica en Costa Rica. El Poder Ejecutivo reglamentarÃ¡ los alcances de esta disposiciÃ³n en los primeros sesenta dÃas despuÃ©s de la vigencia de esta ley.

Transitorio al artÃculo 148-Transitorio al artÃculo 148- Por Ãºnica vez, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas 25 de julio y 15 de agosto de 2020 se trasladarÃ¡ al dÃa lunes inmediato posterior; el correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1Â° de diciembre de 2020, al dÃa lunes inmediato anterior.

El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 1Â° de mayo y 25 de julio de 2021 se trasladarÃ¡ al lunes inmediato posterior y, el correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1Â° de diciembre de 2021, al lunes inmediatamente anterior.

El disfrute del feriado correspondiente a las fechas 15 de setiembre y 1Â° de diciembre de 2022 se trasladarÃ¡ al lunes inmediato posterior.

El disfrute del 31 de agosto de los aÃ±os 2021, 2022 y 2023 se trasladarÃ¡ al domingo posterior.

El disfrute de los dÃas feriados 11 de abril, 25 de julio y 15 de agosto de 2023 se trasladarÃ¡ al lunes inmediato precedente.

Por Ãºltimo, el disfrute del feriado correspondiente a las fechas 11 de abril, 25 julio y 15 de agosto de 2024 se trasladarÃ¡ al lunes inmediato siguiente.

Todo lo anterior, con el propÃ³sito de fomentar la visitaciÃ³n interna y la reactivaciÃ³n econÃ³mica en todas las regiones del paÃs, particularmente del sector turismo. Las actividades oficiales correspondientes a las conmemoraciones referidas para las fechas indicadas, cuanto asÃ proceda, se realizarÃ¡n el propio dÃa dispuesto.

(AsÃ adicionado el artÃculo transitorio anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 9875 del 16 de julio del 2020, «Traslado de los feriados a los lunes, con el fin de promover la visita interna y el turismo durante los aÃ±osÂ Â 2020 al 2024»)

(AsÃÂ reformadoÂ elÂ transitorioÂ anteriorÂ porÂ elÂ artÃculoÂ 3Â° de la ley NÂ° 10050 del 25 deÂ octubreÂ de 2021, «DeclaraÂ elÂ mesÂ deÂ agostoÂ comoÂ elÂ mesÂ histÃ³ricoÂ de laÂ afrodescenciaÂ en Costa Rica»)

(Este artÃculo se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo NÂ° 25570 del 7 de octubre de 1996)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9803 del 19 de mayo del 2020, «CelebraciÃ³n nacional del 1Â° de diciembre como dÃa de la aboliciÃ³n del ejÃ©rcito y dÃa feriado de pago no obligatorio»)

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ARTICULO 149.-

Queda absolutamente prohibido a los patronos ocupar a sus trabajadores durante los dÃas feriados; y el que lo hiciere sufrirÃ¡ la multa de ley y deberÃ¡ indemnizarlos en la forma que determina el pÃ¡rrafo segundo del artÃculo 152.
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ARTICULO 150.-

La regla que precede tiene las siguientes excepciones:

a) En cuanto a apertura y cierre de los establecimientos donde se expendan bebidas alcohÃ³licas al pÃºblico, regirÃ¡n las disposiciones de la ley respectiva;

b) Los hoteles, boticas, cantinas, cafeterÃas, refresquerÃas, panaderÃas, restaurantes, hosterÃas, fondas, teatros, cines, espectÃ¡culos pÃºblicos en general, cigarrerÃas, ventas de gasolina y expendios de verduras, frutas y leches, asÃ como las instituciones de beneficencia, podrÃ¡n permanecer abiertos durante todos los dÃas y horas que lo permitan las leyes vigentes o reglamentos especiales.

Estos Ãºltimos se dictarÃ¡n oyendo previamente a patronos y trabajadores.

(AsÃ reformado el inciso b) anterior por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 2416 del 23 de octubre de 1945)

c) Las barberÃas y peluquerÃas situadas en la capital, cerrarÃ¡n solamente los domingos, los Jueves y Viernes Santos.

El Poder Ejecutivo podrÃ¡ extender la aplicaciÃ³n de esta disposiciÃ³n a otras zonas del paÃs y otros dÃas feriados, oyendo de previo a patronos y trabajadores;

d) Todo establecimiento de comercio podrÃ¡ permanecer abierto hasta las doce horas los domingos y dÃas feriados, excepto los Jueves y Viernes Santos, dÃas en que el cierre serÃ¡ total.

En el CantÃ³n Central de San JosÃ©, solamente podrÃ¡n permanecer abiertos los domingos y dÃas feriados los negocios a que se refiere el inciso b) de este mismo artÃculo; las pulperÃas y expendios de licores cerrarÃ¡n conforme se dispone en el pÃ¡rrafo primero de este inciso. Los trabajadores en establecimientos de comercio en todo el paÃs no estarÃ¡n obligados a trabajar los domingos y dÃas feriados; si lo hicieren, puestos de acuerdo con sus patronos, Ã©stos deberÃ¡n remunerar su trabajo en la forma determinada en el pÃ¡rrafo final del artÃculo 152 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 2 del 10 de octubre de 1945)

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ARTICULO 151.-

TambiÃ©n se exceptÃºan de lo ordenado en el artÃculo 149 las personas que se ocupan exclusivamente:

a. En labores destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparaciÃ³n sea impostergable;

b. En labores que exigen continuidad por la Ãndole de las necesidades que satisfacen, por motivos de carÃ¡cter tÃ©cnico, o por razones fundadas en la conveniencia de evitar notables perjuicios al interÃ©s pÃºblico, a la agricultura, a la ganaderÃa, o a la industria;

c. En las obras que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones determinadas y que dependen de la acciÃ³n irregular de las fuerzas naturales, y

d. En los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de una empresa.

e. En las labores no comprendidas en el presente y el anterior artÃculos, siempre que el trabajador consienta voluntariamente en trabajar durante los siguientes dÃas feriados: el 19 de marzo, el 11 de abril, el dÃa de Corpus Christi, el 29 de junio, el 2 y el 15 de agosto, el 12 de octubre y el 8 de diciembre.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 1090 del 29 de agosto de 1947)

Â (Nota: Ver leyÂ NÂ°Â Â 7619 del 18 de julio de 1996, segÃºn la cual dejaron de ser dÃas feriados el 19 de marzo , el dÃa de Corpus Christi, el 29 de junio y el 8 de diciembre.)

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ARTICULO 152.-

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un dÃa de descansoÂ absoluto(*) (despuÃ©s de cada semana o de cada seis dÃas de trabajo continuo), que sÃ³lo serÃ¡ con goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en los demÃ¡s casos, asÃ se hubiere estipulado.

((*) NOTA:Â Interpretada la frase escrita entre parÃ©ntesis por resoluciÃ³n de la Sala Constitucional No. 10.842-2001Â de las 14:53 horas del 24 de octubre de 2001, en el sentido de que no contiene una alternativa u opciÃ³n para el patrono, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas).

El patrono que no otorgue el dÃa de descanso incurrirÃ¡ en las sanciones legales y en la obligaciÃ³n de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que ordinariamente les pague.

No obstante, se permitirÃ¡ trabajar, por convenio de las partes, durante el dÃa de descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al servicio de explotaciones agrÃcolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan continuidad en el trabajo por la Ãndole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de evidente interÃ©s pÃºblico o social.

En el primer caso, la remuneraciÃ³n serÃ¡ la establecida para la jornada extraordinaria en el pÃ¡rrafo primero del artÃculo 139; en los demÃ¡s casos, serÃ¡ la establecida en el aparte segundo del presente artÃculo.

Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el Ãºltimo caso del pÃ¡rrafo anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servicios durante los dÃas de descanso, el patrono podrÃ¡ gestionar ante el Ministerio de Trabajo autorizaciÃ³n para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a los trabajadores interesados por un tÃ©rmino que nunca serÃ¡ menor de tres dÃas, en cada caso y en resoluciÃ³n razonada, concederÃ¡ o denegarÃ¡ la autorizaciÃ³n solicitada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â Â 859 de 2 de mayo de 1947)

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por el artÃculo 1Â° de laÂ Â LeyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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SECCION II

De las vacaciones anuales:

ARTICULO 153.-

Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mÃnimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono.

En caso de terminaciÃ³n del contrato antes de cumplir el perÃodo de las cincuenta semanas, el trabajador tendrÃ¡ derecho, como mÃnimo, a un dÃa de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagarÃ¡ en el momento del retiro de su trabajo.

No interrumpirÃ¡n la continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente CÃ³digo, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prÃ³rroga o renovaciÃ³n inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa anÃ¡loga que no termine con Ã©ste.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 4302 de 16 de enero de 1969)

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ARTICULO 154.-

El trabajador tendrÃ¡ derecho a vacaciones aun cuando su contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los dÃas de la semana.
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ARTICULO 155.-

El patrono seÃ±alarÃ¡ la Ã©poca en que el trabajador gozarÃ¡ de sus vacaciones, pero deberÃ¡ hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al dÃa en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso.
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ArtÃculo 156.-Â Las vacaciones serÃ¡n absolutamente incompensables, salvo las siguientes excepciones:

a) Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrÃ¡ derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas.

b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo.

c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones, podrÃ¡ convenir con el patrono el pago del exceso del mÃnimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no supere el equivalente a tres perÃodos acumulados. Esta compensaciÃ³n no podrÃ¡ otorgarse, si el trabajador ha recibido este beneficio en los dos aÃ±os anteriores.

(Nota: En relaciÃ³n al inciso anterior ver decreto ejecutivoÂ NÂ°Â 28827 del 21 de julio de 2000, en cuanto a que los Ministros de Gobierno y jerarcas de las instituciones cuyas planillas se paguen con el cargo al presupuesto nacional para el aÃ±o 2001, no autorizarÃ¡n la compensaciÃ³n de vacaciones en los tÃ©rminos del inciso c), artÃculo 156 del CÃ³digo de Trabajo)

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono velarÃ¡ porque sus empleados gocen de las vacaciones a las cuales tengan derecho anualmente. En todo caso, se respetarÃ¡n los derechos adquiridos en materia de vacaciones.

(AsÃ reformado por el artÃculo Ãºnico de la leyÂ NÂ°Â Â 7989 del 16 de febrero del 2000) Â

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ARTICULO 157.-

Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus vacaciones, se tomarÃ¡ el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por Ã©l durante la Ãºltima semana o el tiempo mayor que determine el Reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en una explotaciÃ³n agrÃcola o ganadera; o durante las Ãºltimas cincuenta semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra Ãndole. Los respectivos tÃ©rminos se contarÃ¡n, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho al descanso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â Â 31 de 24 de noviembre de 1943).

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ARTICULO 158.-

Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su perÃodo de vacaciones. Estas se podrÃ¡n dividir en dos fracciones, como mÃ¡ximo, cuando asÃ lo convengan las partes, y siempre que se trate de labores de Ãndole especial, que no permitan una ausencia muy prolongada

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 2919 de 24 de noviembre de 1961)

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ARTICULO 159.-

Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrÃ¡n serlo por una sola vez cuando el trabajador desempeÃ±are labores tÃ©cnicas, de direcciÃ³n, de confianza u otras anÃ¡logas, que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare situada enÂ Â provincia distinta del lugar donde presta sus servicios. En este Ãºltimo caso, si el patrono fuere el interesado de la acumulaciÃ³n, deberÃ¡ sufragar al trabajador que desee pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos de traslado, en la ida y regreso respectivos.

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ARTICULO 160.-

Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo sÃ³lo podrÃ¡n descontarse del perÃodo de vacaciones cuando se hubieren pagado al trabajador.
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ARTICULO 161.-

De la concesiÃ³n de vacaciones, asÃ como de las acumulaciones que se pacten dentro de las previsiones del artÃculo 159, se dejarÃ¡ testimonio escrito a peticiÃ³n de patronos o de trabajadores.

TratÃ¡ndose de empresas particulares se presumirÃ¡, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia firmada directamente por el interesado, o a su ruego por dos compaÃ±eros de labores, en el caso de que Ã©ste no supiere o no pudiere hacerlo.
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CAPITULO CUARTO

Del salario y de las medidas que lo protegen

ARTICULO 162.-

Salario o sueldo es la retribuciÃ³n que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo.

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ARTICULO 163.-

El salario se estipularÃ¡ libremente, pero no podrÃ¡ ser inferior al que se fije como mÃnimo, de acuerdo con las prescripciones de esta ley.

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ARTICULO 164.-

El salario puede pagarse por unidad de tiempo (mes, quincena, semana, dÃa u hora); por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y en especie; y por participaciÃ³n en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono.

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ARTICULO 165.-

El salario deberÃ¡ pagarse en moneda de curso legal siempre que se estipule en dinero. Queda absolutamente prohibido hacerlo en mercaderÃas, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda.

Se exceptÃºan de la prohibiciÃ³n anterior las fincas dedicadas al cultivo del cafÃ© donde en la Ã©poca de la recolecciÃ³n de las cosechas se acostumbre entregar a los trabajadores dedicados a esa faena, cualquiera de los signos representativos a que se refiere este artÃculo, siempre que su conversiÃ³n por dinero se verifique necesariamente dentro de la semana de su entrega.

(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 31 de 24 de noviembre de 1943).

Las sanciones legales se aplicarÃ¡n en su mÃ¡ximum cuando las Ã³rdenes de pago sÃ³lo fueren canjeables por mercaderÃas en determinados establecimientos.

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ARTICULO 166.-

Por salario en especie se entiende Ãºnicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitaciÃ³n, vestidos y demÃ¡s artÃculos destinados a su consumo personal inmediato.

En las explotaciones agrÃcolas o ganaderas se considerarÃ¡ tambiÃ©n remuneraciÃ³n en especie el terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos.

Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneraciÃ³n en especie, se estimarÃ¡ Ã©sta equivalente al cincuenta por ciento del salario que perciba en dinero el trabajador.

No obstante lo dispuesto en los tres pÃ¡rrafos anteriores, no se computarÃ¡n como salario en especie los suministros de carÃ¡cter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podrÃ¡n ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para la fijaciÃ³n del salario mÃnimo.

(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 31 de 24 de noviembre de 1943).

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ARTICULO 167.-

Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrÃ¡n en cuenta la cantidad y calidad del mismo.

A trabajo igual, desempeÃ±ado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendido en este tanto los pagos por cuota diaria, cuanto las percepciones, servicios como el de habitaciÃ³n y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria;

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂ°Â 25 de 17 de noviembre de 1944).

No podrÃ¡n establecerse diferencias por consideraciÃ³n a edad, sexo o nacionalidad.

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ARTICULO 168.-

Las partes fijarÃ¡n el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo nunca podrÃ¡ ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servidores domÃ©sticos.

Si el salario consistiere en participaciÃ³n en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se seÃ±alarÃ¡ una suma quincenal o mensual que debe recibir el trabajador, la cual serÃ¡ proporcionada a las necesidades de Ã©ste y al monto probable de las ganancias que le correspondieren. La liquidaciÃ³n definitiva se harÃ¡ por lo menos anualmente.

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ARTICULO 169.-

Salvo lo dicho en el pÃ¡rrafo segundo del artÃculo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada perÃodo de pago. Para este efecto, y para el cÃ³mputo de todas las indemnizaciones que otorga este CÃ³digo, se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinaria y extraordinaria.
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ARTICULO 170.-

Salvo convenio escrito en contrario, los pagos se verificarÃ¡n en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios.

PodrÃ¡ pagarse durante el trabajo o inmediatamente que Ã©ste cese, pero no en centros de vicio ni en lugares de recreo, venta de mercaderÃas o expendio de bebidas alcohÃ³licas, a no ser que se trate del establecimiento donde se hace el pago.
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ARTICULO 171.-

El salario se pagarÃ¡ directamente al trabajador o a la persona de su familia que Ã©l indique por escrito, una vez hechas las deducciones y retenciones autorizadas por el presente CÃ³digo y sus leyes conexas.
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ARTICULO 172.-

Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mÃnimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicarÃ¡ su monto por veintisÃ©is para obtener el salario mensual.

Los salarios que excedan de ese lÃmite son embargables hasta en una octava parte de la porciÃ³n que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto.

Sin embargo, todo salario serÃ¡ embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensiÃ³n alimenticia.

Por salario se entenderÃ¡ la suma lÃquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artÃculo las dietas se consideran salario.

Aunque se tratare de causas diferentes, no podrÃ¡ embargarse respecto a un mismo sueldo sino Ãºnicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones.

En caso de simulaciÃ³n de embargo se podrÃ¡ demostrara la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarÃ¡n la prueba en conciencia sin sujeciÃ³n a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulaciÃ³n se revocarÃ¡ el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂ°Â Â 6159 de 25 de noviembre de 1977).

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ARTICULO 173.-

El anticipo que haga el Patrono al trabajador para inducirlo a aceptar el empleo se limitarÃ¡, respecto a su cuantÃa, a una cuarta parte del salario mensual convenido; cuando exceda del lÃmite fijado serÃ¡ legalmente incobrable y no podrÃ¡ ser recuperado posteriormente compensÃ¡ndolo con las cantidades que se adeuden al trabajador.

Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso, se amortizarÃ¡n durante la vigencia del contrato en un mÃnimo de cuatro perÃodos de pago y no devengarÃ¡n intereses. Es entendido que al terminar el contrato el Patrono podrÃ¡ hacer la liquidaciÃ³n definitiva que proceda.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la leyÂ NÂ°Â Â 3636 de 16 de diciembre de 1965, «Ratifica Convenio OITÂ NÂºÂ 117 Sobre Normas de PolÃtica Social»)

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ARTICULO 174.-

Los salarios sÃ³lo podrÃ¡n cederse, venderse o gravarse a favor de terceras personas, en la proporciÃ³n en que sean embargables.

Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crÃ©dito legalmente constituidas, que se rijan por los mismos principios de aquÃ©llas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂ°Â Â 4418 de 22 de setiembre de 1969)

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ARTICULO 175.-

En los casos a que se refiere el concepto segundo del artÃculo 33, se harÃ¡ extensivo el privilegio que ahÃ se establece a los crÃ©ditos por salarios devengados, sin limitaciÃ³n de suma ni de tiempo trabajado, ya sea que el trabajador continÃºe o no prestando sus servicios.

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ARTICULO 176.-

Todo patrono que ocupe permanentemente a diez o mÃ¡s trabajadores deberÃ¡ llevar un Libro de Salarios autorizado y sellado por la Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encargarÃ¡ de suministrar modelos y normas para su debida impresiÃ³n.

Todo patrono que ocupe permanentemente a tres o mÃ¡s trabajadores, sin llegar al lÃmite de diez, estÃ¡ obligado a llevar planillas de conformidad con los modelos adoptados por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros.

(Los nombres fueron asÃ reformados por las leyes NÂº 3372 de 6 de agosto de 1964 y NÂº 5089 de 18 de octubre de 1972).

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CAPITULO QUINTO

Del salario mÃnimo

ARTICULO 177.-

Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mÃnimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijarÃ¡ periÃ³dicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada regiÃ³n y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrÃcola
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ARTICULO 178.-

Los salarios mÃnimos que se fijen conforme a la ley regirÃ¡n desde la fecha de vigencia del Decreto respectivo para todos los trabajadores, con excepciÃ³n de los que sirven al Estado, sus Instituciones y Corporaciones Municipales y cuya remuneraciÃ³n estÃ© especÃficamente determinada en el correspondiente presupuesto pÃºblico. Sin embargo, aquÃ©l y Ã©stas harÃ¡n anualmente, al elaborar sus respectivos presupuestos ordinarios, las rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue salario inferior al mÃnimo que le corresponda.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la leyÂ NÂ°Â Â 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 179.-

La fijaciÃ³n del salario mÃnimo modifica automÃ¡ticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado uno inferior, y no implica renuncia del trabajador ni abandono del patrono de convenios preexistentes favorables al primero, relativos a remuneraciÃ³n mayor, a viviendas, tierras de cultivo, herramientas para el trabajo, servicio de mÃ©dico, suministro de medicinas, hospitalizaciÃ³n y otros beneficios semejantes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de laÂ Â leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964,Â Â que primero lo deroga y luego traslada el 191 al presente numeral 179)

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ARTICULO 180.-Â (Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 181.-Â (Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 182.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 183.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 184.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 185.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 186.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 187.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 188.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 189.-(Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 190.-Â (Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 191.-Â (Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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ARTICULO 192.-Â (Derogado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

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TITULO CUARTO

DE LA PROTECCION A LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO

CAPITULO PRIMERO

(Nota: El artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982, sustituyÃ³ totalmente el antiguo Titulo Cuarto del presente CÃ³digo, que abarcaba los artÃculos 193 inclusive al 261 inclusive, y le adicionÃ³ nuevas disposiciones. Por ello este nuevo TÃtulo Cuarto abarca del artÃculo 193 al 331, corriendo la numeraciÃ³n correspondiente, y pasando a ser el antiguo artÃculo 262 el 332, etc., hasta el 362 inclusive.)

(Este TÃtulo IV se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo NÂ° 13466 del 24 de marzo de 1982)

ARTICULO 193.-

Todo patrono, sea persona de Derecho PÃºblico o de Derecho Privado, estÃ¡ obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, segÃºn los artÃculos 4Âº y 18 del CÃ³digo de Trabajo.

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aun en el caso de que el trabajador estÃ© bajo la direcciÃ³n de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecuciÃ³n o realizaciÃ³n de los trabajos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 194.-

Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se pueda expedir el seguro contra riesgos del trabajo, estarÃ¡n excluidos de las disposiciones de este TÃtulo:

La actividad laboral familiar de personas fÃsicas, entendida Ã©sta como la que se ejecuta entre los cÃ³nyuges, o los que viven como tales, entre Ã©stos y sus ascendientes y descendientes, en beneficio comÃºn, cuando en forma indudable no exista relaciÃ³n de trabajo.
Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan salario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTÃCULO 194 bis- El Instituto Nacional de Seguros emitirÃ¡ un seguro de riesgos del trabajo especial, que cubra Ãºnicamente los siniestros por envenenamiento por mordeduras de serpiente, sufridos con ocasiÃ³n o por consecuencia de las labores que realicen las personas trabajadoras agrÃcolas independientes y que no tengan suscrito el seguro de riesgos del trabajo.

Este seguro, serÃ¡ al costo, funcionarÃ¡ bajo las condiciones, coberturas y requisitos indemnizatorios, que tÃ©cnicamente se definan por el Instituto Nacional de Seguros y que hayan sido aprobados por laÂ Sugese, y tendrÃ¡ las siguientes caracterÃsticas:

1. El Consejo de Salud Ocupacional serÃ¡ el tomador de la pÃ³liza y el encargado de cumplir con las obligaciones dispuestas en los incisos a), b) y c) del artÃculo 214 del CÃ³digo de Trabajo respecto a los trabajadores independientes indicados.

2. No serÃ¡ necesario presentar planillas ni reportar de previo al siniestro al trabajador para el aseguramiento; no obstante, el Consejo de Salud Ocupacional deberÃ¡ llevar los controles o registros necesarios para verificar que los reportes de accidente que remita sean procedentes.

3. Su financiamiento serÃ¡ de la siguiente forma:

3.1 La prima serÃ¡ deducida por el Instituto Nacional de Seguros del traslado de excedentes que efectÃºe al Consejo de Salud Ocupacional conforme al pÃ¡rrafo segundo del artÃculo 205 del CÃ³digo de Trabajo.

3.2 En aquellos aÃ±os en que el seguro de riesgos del trabajo no genere excedentes correspondientes al Consejo de Salud Ocupacional que sean suficientes para el pago de la prima, ese Consejo asumirÃ¡ el costo de la prima o la parte de ella al descubierto, de los recursos que mantenga acumulados. En caso de que esos recursos sean administrados o invertidos por el INS, este puede deducir de ellos la prima.

3.3 En caso de que la prima no pueda ser pagada total o parcialmente mediante los mecanismos dispuestos en los puntos 3.1 y 3.2 de este artÃculo, el INS asumirÃ¡ la prima, o la parte de ella que quede al descubierto, y ese costo serÃ¡ deducible del impuesto sobre la renta que deba pagar.

(AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la Ley para garantizar la cobertura universal del seguro de riesgos del trabajo a las personas trabajadoras independientes afectadas por mordeduras de serpientes, NÂ° 10150 del 16 de marzo de 2022)

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ARTICULO 195.-

Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasiÃ³n o por consecuencia del trabajo que desempeÃ±en en forma subordinada y remunerada, asÃ como la agravaciÃ³n o reagravaciÃ³n que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 196.-

Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de Ã©sta, durante el tiempo que permanece bajo la direcciÃ³n y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pÃ©rdida o reducciÃ³n, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo.

TambiÃ©n se calificarÃ¡ de accidente de trabajo, el que ocurra al trabajador en las siguientes circunstancias:

En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que efectÃºa no haya sido interrumpido o variado, por motivo de su interÃ©s personal, siempre que el patrono proporcione directamente o pague el transporte, igualmente cuando en el acceso al centro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza especial, que se consideren inherentes al trabajo mismo. En todos los demÃ¡s casos de accidente en el trayecto, cuando el recorrido que efectÃºe el trabajador no haya sido variado por interÃ©s personal de Ã©ste, las prestaciones que se cubran serÃ¡n aquellas estipuladas en este CÃ³digo y que no hayan sido otorgadas por otros regÃmenes de seguridad social, parcial o totalmente.
En el cumplimiento de Ã³rdenes del patrono, o en la prestaciÃ³n de un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y despuÃ©s de finalizar la jornada.
En el curso de una interrupciÃ³n del trabajo, antes de empezarlo o despuÃ©s de terminarlo, si el trabajador se encontrare en el lugar de trabajo o en el local de la empresa, establecimiento o explotaciÃ³n, con el consentimiento expreso o tÃ¡cito del patrono o de sus representantes.

ch) En cualquiera de los eventos que define el inciso e) del articulo 71 del presente CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 197.-

Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patolÃ³gico, que resulte de la acciÃ³n continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que Ã©stos han sido la causa de la enfermedad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 198.-

Cuando el trabajo que se ejecuta actÃºe directamente como factor desencadenante, acelerante o agravante de un riesgo del trabajo, ni la predisposiciÃ³n patolÃ³gica, orgÃ¡nica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, serÃ¡n motivos que permitan la disminuciÃ³n del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que medie, en forma clara, relaciÃ³n de casualidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial o total permanente.

En los demÃ¡s casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial o total permanente. La incapacidad resultante se valorarÃ¡ de acuerdo con el dictamen mÃ©dico sobre las consecuencias que, presumiblemente, el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que resulte, hasta en un diez por ciento de la capacidad general.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ArtÃculo 198 bis.-Compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo tÃ©cnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecer los manuales, los catÃ¡logos, las listas de dispositivos de seguridad, el equipo de protecciÃ³n y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general.

Con dicho propÃ³sito, el Consejo de Seguridad Ocupacional, en el Ã¡mbito de sus atribuciones y competencias, considerarÃ¡ las condiciones de seguridad de instalaciones elÃ©ctricas y fuentes de energÃa de emergencia para los navÃos de pesca, segÃºn sus caracterÃsticas fÃsicas, asÃ como tambiÃ©n en cuanto a los componentes de los mecanismos de tracciÃ³n, de carga-descarga y otros afines, como tambiÃ©n aquellos otros relacionados con los sistemas y equipos de radiocomunicaciÃ³n, de detecciÃ³n y de lucha contra incendios, y de las condiciones de los lugares de trabajo, de alojamiento, servicios sanitarios, cocina y comedor, lugares de almacenamiento de la captura y sistemas de refrigeraciÃ³n y ventilaciÃ³n, sin omitir salidas de emergencia, vÃas de circulaciÃ³n y zonas peligrosas, calidad de pisos, mamparas, techos y puertas, control de ruido y primeros auxilios, asÃ como todos aquellos otros extremos que contribuyan con la seguridad y mejores condiciones laborales a bordo de los navÃos de pesca.

Todo armador o propietario de navÃos de pesca estarÃ¡ obligado a adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme con los tÃ©rminos del CÃ³digo de Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional en general y los especÃficos que se promulguen, y las recomendaciones que formulen, en esta materia, tanto el Consejo de Salud Ocupacional como las autoridades de inspecciÃ³n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Seguros.

Los propietarios y armadores de las naves dedicadas a la pesca marÃtima con fines de lucro, en aguas territoriales costarricenses y sobre los mares adyacentes a su territorio, en una extensiÃ³n de doscientas millas a partir de la misma lÃnea y en aguas internacionales, deberÃ¡n velar porque la navegaciÃ³n y la actividad pesquera se desarrollen sin poner en peligro la seguridad y la salud de los pescadores.

Para la navegaciÃ³n y para realizar las actividades pesqueras, serÃ¡ imprescindible que las naves o embarcaciones se mantengan en Ã³ptimas condiciones de seguridad y operatividad, y estÃ©n dotadas del equipo apropiado para los propÃ³sitos de destino y uso.Â Corresponde al Ministerio de Obras PÃºblicas y Transportes la responsabilidad en materia de navegaciÃ³n y seguridad.

SerÃ¡ responsabilidad de INCOPESCA verificar que las normas deÂ seguridad nacionales e internacionalesÂ hayan sido certificadas por ese Ministerio, previo a todo trÃ¡mite de solicitud inicial o de renovaciÃ³n de una licencia de pesca.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 174 de la LeyÂ de Pesca y Acuicultura,Â NÂ°Â 8436 de 1Â° de marzo de 2005)

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ARTICULO 199.-

No constituyen riesgos del trabajo cubiertos por este TÃtulo, los que se produzcan en las siguientes circunstancias, previa la comprobaciÃ³n correspondiente:

Los provocados intencionalmente, o que fueren el resultado o la consecuencia de un hecho doloso del trabajador.
Los debidos a embriaguez del trabajador o al uso, imputable a Ã©ste, de narcÃ³ticos, drogasÂ hipnÃ³genas, tranquilizantes, excitantes;

Salvo que exista prescripciÃ³n mÃ©dica y siempre que haya una relaciÃ³n de causalidad entre el estado del trabajador, por la ebriedad o uso de drogas, y el riesgo ocurrido.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 200.-

Para los efectos de este TÃtulo, se consideran trabajadores los aprendices y otras personas semejantes aunque, en razÃ³n de su falta de pericia, no reciban salario.

Las prestaciones en dinero de estos trabajadores, se calcularÃ¡n sobre la base del salario mÃnimo de la ocupaciÃ³n que aprenden. Los patronos incluirÃ¡n tales cantidades en las planillas que deban reportar que deban al Instituto.

Los trabajadores extranjeros, y sus derecho habientes, gozarÃ¡n de los beneficios que prevÃ© este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ArtÃculo 200 bis- TendrÃ¡n derecho a la protecciÃ³n del seguro dispuesto en este tÃtulo, los estudiantes de los programas de educaciÃ³n y formaciÃ³n tÃ©cnica dual.

Dicho seguro serÃ¡ con cargo a las empresas o centros de formaciÃ³n para la empleabilidad de tal programa y se denominarÃ¡, para efectos de la protecciÃ³n dispuesta en este artÃculo, Seguro de Riesgos de Trabajo Especial para FormaciÃ³n TÃ©cnica Dual.

Es entendido que el derecho referido no configura relaciÃ³n laboral entre el estudiante y el tomador del seguro.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 32 de la ley NÂ° 9728 del 12 se setiembre del 2019, «EducaciÃ³n y FormaciÃ³n TÃ©cnica Dual»)

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CAPITULO SEGUNDO

ARTICULO 201.-

En beneficio de los trabajadores, declÃ¡rase obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, responderÃ¡ ante Ã©stos y el ente asegurador, por todas las prestaciones mÃ©dico-sanitarias, de rehabilitaciÃ³n y en dinero, que este TÃtulo seÃ±ala y que dicho ente asegurador haya otorgado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 202.-

ProhÃbese a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realizaciÃ³n de trabajos, sin la previa presentaciÃ³n, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 203.-

Los inspectores, con autoridad, de las municipalidades, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguros, sin ningÃºn trÃ¡mite especial, previa constataciÃ³n de que un trabajo se realiza sin la existencia del seguro contra riesgos del trabajo, podrÃ¡n ordenar su paralizaciÃ³n y cierre, conforme lo disponga el reglamento respectivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 204.-

Los riesgos del trabajo serÃ¡n asegurados, exclusivamente, por el Instituto Nacional de Seguros, a cargo del patrono, y a favor de sus trabajadores. Se autoriza el Instituto Nacional de seguros a emitir recibos pÃ³lizas, para acreditar la existencia de este seguro.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 205.-

El seguro de riesgos del trabajo serÃ¡ administrado sobre las bases tÃ©cnicas que el Instituto Nacional de Seguros establezca, para garantizar el otorgamiento de las prestaciones en dinero, mÃ©dico-sanitarias y de rehabilitaciÃ³n, asÃ como la solidez financiera del rÃ©gimen.

La instituciÃ³n aseguradora harÃ¡ liquidaciones anuales, que incluyan la formaciÃ³n de las reservas tÃ©cnicamente necesarias, para establecer los resultados del ejercicio econÃ³mico transcurrido. Si se presentaren excedentes, Ã©stos pasarÃ¡n a ser parte de una reserva de reparto, que se destinarÃ¡, en un 50%, a financiar los programas que desarrolle el Consejo de Salud Ocupacional y el resto a incorporar mejoras al rÃ©gimen.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 206.-

Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, en ente asegurador responderÃ¡ ante el trabajador por el suministro y pago de todas las prestaciones mÃ©dico- sanitarias, de rehabilitaciÃ³n y en dinero, que se establezcan en este CÃ³digo, subrogando al patrono en los derechos y obligaciones que le corresponden. La responsabilidad de la instituciÃ³n aseguradora, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinarÃ¡ sobre la base del monto de los salarios informados por el patrono, como devengados por el trabajador, con anterioridad a que ocurra el riesgo. Para este efecto, servirÃ¡n de prueba las planillas presentadas por el patrono a la instituciÃ³n o cualesquiera otros documentos, que permitan establecer el monto verdaderamente percibido por el trabajador.

Si los salarios declarados en planillas fueren menores de los que el trabajador realmente devengÃ³, la instituciÃ³n aseguradora pagarÃ¡, al trabajador o a sus causahabientes, las sumas correctas que en derecho correspondan y conservarÃ¡ la acciÃ³n contra el patrono, por las sumas pagadas en exceso, mÃ¡s los intereses del caso.

El trabajador podrÃ¡ plantear administrativamente, cualquier disconformidad, en relaciÃ³n con el suministro que la instituciÃ³n aseguradora haga de las prestaciones seÃ±aladas en este artÃculo, y Ã©staÂ Â deberÃ¡ pronunciarse al respecto, en el tÃ©rmino mÃ¡ximo de quince dÃas hÃ¡biles, contados a partir de la interposiciÃ³n de la manifestaciÃ³n por escrito del trabajador. En cuanto al cÃ¡lculo y fijaciÃ³n de las prestaciones en dinero, el trabajador o sus causahabientes podrÃ¡n aportar o seÃ±alar cualesquiera medios de pruebas que lo favorezcan.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 207.-

Ãšnicamente para los efectos de poder delimitarse la responsabilidad subrogada por la instituciÃ³n aseguradora, en virtud del seguro de riesgos del trabajo, se entenderÃ¡ que la vigencia de Ã©ste se inicia al ser pagada la prima provisional o definitiva que se fije, extendiÃ©ndose la cobertura hasta el dÃa de la expiraciÃ³n del seguro. Sin embargo, esta vigencia cesarÃ¡, en forma automÃ¡tica, en los siguientes casos:

Por la terminaciÃ³n de los trabajos asegurados, en el momento en que se dÃ© el aviso respectivo a la InstituciÃ³n aseguradora.
Por la falta de pago de cualquier prima o fracciÃ³n de las misma.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 208.-

El sistema tarifario y las modalidades de pago del seguro de riesgos del trabajo serÃ¡n establecidos sobre la base tÃ©cnica que disponga el Instituto Nacional de Seguros. El Instituto publicarÃ¡, anualmente, en el Diario Oficial, las normas de aseguramiento, costo promedio de la estancia hospitalaria y la estructura de las prestaciones vigentes, asÃ como los balances y estados del Ãºltimo ejercicio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 209.-

Se impondrÃ¡n las sanciones legales correspondientes, al patrono que omita el envÃo regular de planillas al Instituto Nacional de Seguros.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 210.-

Las declaraciones hechas por el patrono, en la solicitud del seguro contra los riesgos del trabajo, se tendrÃ¡n por incorporadas y formarÃ¡n parte integrante del contrato de seguro correspondiente.

El patrono garantiza la veracidad de las declaraciones y responderÃ¡ por las consecuencias de declaraciones falsas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 211.-

Cualquier cambio o variaciÃ³n en la naturaleza, condiciones o lugar de los trabajos, cubiertos por seguro asumido por el Instituto Nacional de Seguros, que agraven las condiciones de riesgos, deberÃ¡ ser puesto en conocimiento del Instituto, el cual podrÃ¡ aplicar la prima que corresponda, de acuerdo con la variante que se produzca.

No tendrÃ¡ validez ningÃºn cambio, alteraciÃ³n o traspaso de los tÃ©rminos del seguro que se consignan en el recibo- pÃ³liza, sin el consentimiento escrito del Instituto Nacional de Seguros.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 212.-

El seguro contra riesgos del trabajo serÃ¡ renovado por el patrono, para cada nuevo perÃodo de vigencia, mediante el pago de la prima que corresponda. Las condiciones del contrato de seguro podrÃ¡n ser modificadas, considerando la frecuencia y gravedad de los infortunios ocurridos, y cualesquiera otras circunstancias prevalecientes en el momento de la renovaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 213.-

El seguro ampara los riesgos del trabajo, que ocurran dentro del territorio nacional, que comprende, ademÃ¡s del natural o geogrÃ¡fico, el mar territorial, el espacio aÃ©reo que los cubre y la plataforma continental. No obstante, el Instituto Nacional de Seguros extenderÃ¡ la cobertura fuera del paÃs, cuando se tratare de empresas o actividades que, por su Ãndole, deban realizarse, ocasional o permanentemente, fuera del Ã¡mbito geogrÃ¡fico de la RepÃºblica.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 214.-

Sin perjuicio de otras obligaciones que este CÃ³digo impone, en relaciÃ³n con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda tambiÃ©n obligado a:

Indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios, referentes a los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores, y remitirlos al Instituto Nacional de Seguros, en los formularios que este suministre.
Denunciar al Instituto Nacional de Seguros todo riesgo del trabajo que ocurra, dentro de los ocho dÃas hÃ¡biles siguientes a su acaecimiento. La denuncia extemporÃ¡nea originarÃ¡ responsabilidad del patrono ante el Instituto -la cual serÃ¡ exigible por la vÃa ejecutiva-, por las agravaciones o complicaciones sobrevenidas como consecuencia de la falla de atenciÃ³n oportuna.
Cooperar con el Instituto Nacional de Seguros, a solicitud de Ã©ste, en la obtenciÃ³n de toda clase de pruebas, detalles y pormenores que tengan relaciÃ³n directa o indirecta con el seguro y con el riesgo cubierto, con el propÃ³sito de facilitar, por todos los medios a su alcance, la investigaciÃ³n que el Instituto asegurador crea conveniente realizar.

ch) Remitir al Instituto Nacional de Seguros, cada mes como mÃ¡ximo, un estado de planillas en el que se indique el nombre y apellidos completos de los trabajadores de su empresa, dÃas y horas laborados, salarios pagados y cualesquiera otros datos que se soliciten.

Adoptar las medidas preventivas que seÃ±alen las autoridades competentes, conforme a los reglamentos en vigor, en materia de salud ocupacional.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 215.-Â Cuando el patrono se negare, injustificadamente, a cumplir lo dispuesto en el inciso d) del artÃculo anterior, el Instituto Nacional de Seguros podrÃ¡ recargar el monto de la prima del seguro, hasta en un 50%, en la forma y condiciones que determine el reglamento de la ley.

Â ( AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982.)

Ficha articulo

ARTICULO 216.-Â Sin perjuicio de lo seÃ±alado en los artÃculos 201, 206, 221, 231 y 232, el seguro contra los riesgos del trabajo cubrirÃ¡ sÃ³lo a los trabajadores del patrono asegurado que se indican en la solicitud del seguro, o a los que se incluyan en las planillas presentadas antes de que ocurra el riesgo y a los que se informaron por escrito como tales de previo al infortunio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 217.-Â PodrÃ¡n ser asegurados contra los riesgos del trabajo, los trabajadores a quienes en oportunidad precedente se les haya fijado algÃºn tipo de incapacidad permanente, como consecuencia de un infortunio laboral, en el entendido de que el porcentaje de incapacidad permanente anterior, quedarÃ¡ excluido de la fijaciÃ³n de impedimento, sobre el mismo Ã³rgano o funciÃ³n, por cualquier riesgo sobreviviente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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CAPITULO TERCERO

ARTICULO 218.-Â El trabajador al que le ocurra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones:

Asistencia mÃ©dico- quirÃºrgica, hospitalaria, farmacÃ©utica y de rehabilitaciÃ³n.
PrÃ³tesis y aparatos mÃ©dicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales.
Prestaciones en dinero que, como indemnizaciÃ³n por incapacidad temporal, permanente o por la muerte, se fijan en este CÃ³digo.

ch) Gastos de traslado, en los tÃ©rminos y condiciones que establezca el reglamento de este CÃ³digo.

Gastos de hospedaje y alimentaciÃ³n, cuando el trabajador, con motivo del suministro de las prestaciones mÃ©dico-sanitarias o de rehabilitaciÃ³n, deba trasladarse a un lugar distinto de la residencia habitual o lugar de trabajo. Por vÃa de reglamento, se fijarÃ¡ la suma diaria que por estos conceptos debe entregarse al trabajador, la que serÃ¡ revisada cada aÃ±o.

Cuando la instituciÃ³n aseguradora disponga de centros propios, destinados a ese efecto, o contrate dichos servicios en lugares adecuados para ello, podrÃ¡ sustituir esta prestaciÃ³n en dinero, ubicando a los trabajadores en ellos. En ambos casos, el trabajador deberÃ¡ someterse a los requisitos de conducta que su estado exige. Si no lo hiciere, justificadamente, la instituciÃ³n no tendrÃ¡ responsabilidad por las agravaciones que puedan surgir como consecuencia directa de la conducta del trabajador.

ReadaptaciÃ³n, reubicaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n laboral que sea factible otorgar, por medio de las instituciones pÃºblicas nacionales especializadas en esta materia, o extranjeras, cuando asÃ lo determine el ente asegurador o, en su caso, lo ordene una sentencia de los tribunales.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 219.-Â Cuando el riesgo del trabajo ocasionare la muerte al trabajador se reconocerÃ¡ una suma global para cubrir gastos de entierro, que se determinarÃ¡ en el reglamento de la ley.

Si la muerte ocurriera en el lugar distinto al de la residencia habitual del trabajador, se reconocerÃ¡, para gastos de traslado del cadÃ¡ver, una suma que se fijarÃ¡ en el reglamento de la ley. Para gastos de entierro, la suma no serÃ¡ menor de tres mil colones, para gastos de traslado del cadÃ¡ver, no serÃ¡ inferior a un mil colones. Ambas sumas serÃ¡n revisadas por vÃa reglamentaria, cuando las circunstancias asÃ lo exijan, en un plazo no mayor de dos aÃ±os.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 220.-Â Cuando ocurra un riesgo del trabajo, todo patrono estÃ¡ obligado a procurar al trabajador, de inmediato, el suministro de las prestaciones mÃ©dico-sanitarias que su estado requiera, sin perjuicio de la obligaciÃ³n que tiene de brindarle los primeros auxilios, para lo cual, en cada centro de trabajo deberÃ¡ instalarse un botiquÃn de emergencia, con los artÃculos y medicamentos que disponga el reglamento de esta ley.

Para el cumplimiento de esta disposiciÃ³n, el patrono deberÃ¡ utilizar, preferentemente, los servicios que se brindan en los lugares concertados por el Instituto en sus centros propios destinados a ese efecto, salvo en aquellos casos de emergencia calificada, en que podrÃ¡ recurrir al centro mÃ©dico mÃ¡s cercano, hecho que deberÃ¡ hacer del conocimiento inmediato del Instituto.

Excepto en lo referente al botiquÃn de emergencia, y siempre que se le comunique esa circunstancia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia del riesgo, el Instituto reembolsarÃ¡ al patrono el monto de los gastos en que incurra, segÃºn lo dispuesto en este artÃculo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 221.-Â Todo patrono estÃ¡ obligado a notificar, al Instituto Nacional de Seguros, los riesgos del trabajo que ocurran a los trabajadores bajo su direcciÃ³n y dependencia. La notificaciÃ³n deberÃ¡ realizarla en un plazo no mayor de ocho dÃas hÃ¡biles, contados a partir del momento en que ocurra el riesgo.

Si el trabajador no estuviera asegurado contra los riesgos del trabajo, el Instituto le otorgarÃ¡ todas las prestaciones que le hubiesen correspondido de haber estado asegurado. El Instituto conservarÃ¡ el derecho de accionar contra el patrono, por el cobro de los gastos en que haya incurrido ante esa eventualidad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 222.-Â La notificaciÃ³n, a que se refiere el artÃculo anterior, contendrÃ¡ los siguientes datos:

Nombre completo del patrono, domicilio e indicaciÃ³n de la persona que lo representa en la direcciÃ³n de los trabajos.
Nombre y apellidos completos del trabajador al que le ocurriÃ³ el riesgo, nÃºmero de cÃ©dula de identidad o permiso de patronato, domicilio, fecha de ingreso al trabajo, empleo que ocupa y salario diario y mensual- promedio de los Ãºltimos tres meses.
DescripciÃ³n clara del riesgo, con indicaciÃ³n del lugar, fecha y hora en que ocurriÃ³.

ch) Nombre y apellidos de las personas que presenciaron la ocurrencia del riesgo, asÃ como su domicilio.

Nombre y apellidos de los parientes mÃ¡s cercanos o dependientes del trabajador, al que ocurriÃ³ el infortunio.
Cualesquiera otros datos que se consideren de interÃ©s.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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CAPITULO CUARTO

ARTICULO 223.-Â Los riesgos del trabajo pueden producir al trabajador:

a. Incapacidad temporal, la constituida por la pÃ©rdida de facultades o aptitudes que imposibilita al trabajador para desempeÃ±ar el trabajo por algÃºn tiempo. Esta incapacidad finaliza por alguna de las siguientes circunstancias:

Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento.
Por haber transcurrido el plazo que seÃ±ala el artÃculo 237.
Por abandono injustificado de las prestaciones mÃ©dico-sanitarias que se le suministran.
Por la muerte del trabajador.

b. Incapacidad menor permanente, es la que causa una disminuciÃ³n de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pÃ©rdida de capacidad general, orgÃ¡nica o funcional, que va del 0.5% al 50% inclusive.

c. Incapacidad parcial permanente, es la que causa una disminuciÃ³n de facultades o aptitudes para el trabajo, consistentes en una pÃ©rdida de capacidad general, orgÃ¡nica o funcional, igual o mayor al 50% pero inferior al 67%.

ch. Incapacidad total permanente, es la que causa una disminuciÃ³n de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pÃ©rdida de capacidad general, orgÃ¡nica o funcional, igual o superior al 67%.

d. Gran invalidez; ocurre cuando el trabajador ha quedado con incapacidad total permanente y ademÃ¡s requiere de la asistencia de otra persona, para realizar los actos esenciales de la vida: Caminar, vestirse y comer.

e. La muerte.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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CAPITULO QUINTO

ARTICULO 224.-Â Para los efectos de este CÃ³digo, se adopta la siguiente tabla de impedimentos fÃsicos.

Los porcentajes de impedimento que se seÃ±alan en los incisos de esta tabla, del 1 al 38, inclusive, se refieren a pÃ©rdidas totales o parciales, y se establecen de manera tal que el porcentaje superior corresponde al miembro mÃ¡s Ãºtil y el inferior al menos Ãºtil. Los porcentajes corresponden a pÃ©rdida o disminuciÃ³n de la capacidad general, con las excepciones indicadas. En los demÃ¡s incisos de la tabla de valoraciÃ³n de los porcentajes superior e inferior, se terminan con base en la gravedad de las consecuencias del riesgo ocurrido.

EXTREMIDADES SUPERIORES

Â PÃ©rdidas:

1) Por la desarticulaciÃ³n interescapulotorÃ¡xica

70-80

2) Por la desarticulaciÃ³n del hombro

65-75

3) Por la amputaciÃ³n del brazo, entre el hombro y el codo

60-70

4) Por la desarticulaciÃ³n del codo

60-70

5) Por la amputaciÃ³n del antebrazo entre el codo y la muÃ±eca

55-65

6) Por la pÃ©rdida total de la mano

55-65

7) Por la pÃ©rdida total o parcial de los 5 metacarpianos

55-65

8) Por la pÃ©rdida de los 5 dedos

50-60

9) Por la pÃ©rdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, segÃºn la movilidad del dedo restante

45-55

10) Por la pÃ©rdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar y los metacarpianos correspondientes, aunque la pÃ©rdida de Ã©stos no sea completa

50-60

11) Por la pÃ©rdida de 4 dedos de la mano, conservando el pulgar funcional

35-45

12) Conservando el pulgar inmÃ³vil

40-50

13) Por la pÃ©rdida del pulgar, Ãndice y medio

40-50

14) Por la pÃ©rdida del pulgar y el Ãndice

35-45

15) Por la pÃ©rdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente

30-35

16) Por la pÃ©rdida del Ãndice, medio y anular conservando pulgar y el meÃ±ique

28-35

17) Por la pÃ©rdida del Ãndice y medio, conservando el pulgar, anular y meÃ±ique

17-25

18) Por la pÃ©rdida del medio, anular y meÃ±ique, conservando el pulgar y el Ãndice

24-30

19) Por la pÃ©rdida del medio y meÃ±ique, conservando el pulgar, Ãndice anular.

La pÃ©rdida de parte de la falange distal de cualquier dedo sÃ³lo se asimilarÃ¡ a la pÃ©rdida total de la misma cuando se produzca a nivel de la raÃz de la uÃ±a, y su correspondiente amputaciÃ³n de partes blandas y Ã³seas.

La pÃ©rdida a nivel de la falange intermedia de cualquier dedo se asimilarÃ¡ al 75% del valor del dedo cuando haya quedado flexiÃ³n activa de la parte. Cuando no haya quedado flexiÃ³n activa se asimilarÃ¡ al 100% del dedo respectivo.

15-18

20) Por la pÃ©rdida del pulgar solo

25-30

21) Por la pÃ©rdida de la falange distal del pulgar

1.8,75-22,50

22) Por la pÃ©rdida de parte de la primera falange del pulgar conservando flexiÃ³n activa

12,5-15

23) Por la pÃ©rdida del Ãndice con el metacarpiano o parte de Ã©ste

14-17

24) Por la pÃ©rdida del dedo Ãndice solo

12-15

25) Por la pÃ©rdida de la falange distal y pÃ©rdida parcial de la segunda falange del Ãndice, conservando flexiÃ³n activa

9-11,25

26) Por la pÃ©rdida de la falange distal del Ãndice

6-7,5

27) Por la pÃ©rdida de dedo medio con mutilaciÃ³n o pÃ©rdida de su metacarpiano o parte de Ã©ste

10-12

28) Por la pÃ©rdida del dedo medio solo

8-10

29) Por la pÃ©rdida de la falange distal y pÃ©rdida parcial de la segunda falange del dedo medio, conservando flexiÃ³n activa

6-7,5

30) Por la pÃ©rdida de la falange distal del dedo medio

4-5

31) Por la pÃ©rdida del dedo anular con mutilaciÃ³n o pÃ©rdida de su metacarpiano o parte de Ã©ste

10-12

32) Por la pÃ©rdida del dedo anular solo

8-10

33) Por la pÃ©rdida de la falange distal y pÃ©rdida parcial de la segunda falange del anular, conservando flexiÃ³n activa

6-7,5

34) Por la pÃ©rdida de la falange distal del anular

4-5

35) Por la pÃ©rdida del dedo meÃ±ique con mutilaciÃ³n o pÃ©rdida de su metacarpiano o parte de Ã©ste

9-10

36) Por la pÃ©rdida del dedo meÃ±ique solo

7-8

37) Por la pÃ©rdida de la falange distal y pÃ©rdida parcial de la segunda falange del meÃ±ique, conservando flexiÃ³n activa

5,25-6

38) Por la pÃ©rdida de la falange distal del meÃ±ique

3,5-4

UÃ±as

39) Crecimiento irregular de la uÃ±a o perdida parcial o total de la misma del 1 al 5% del valor del dedo.

Anquilosis

PÃ©rdida completa de la movilidad articular.

40) EscÃ¡pulo humeral en posiciÃ³n funcional con movilidad del omoplato

26-30

41) EscÃ¡pulo humeral con fijaciÃ³n e inmovilidad del omoplato en posiciÃ³n funcional

31-35

42) Del codo en posiciÃ³n funcional o favorable

30-35

43) Del codo en posiciÃ³n no funcional

45-50

44) SupresiÃ³n de los movimientos de pronaciÃ³n y supinaciÃ³n

15-20

45) De la muÃ±eca en posiciÃ³n funcional

20-30

46) De la muÃ±eca en flexiÃ³n o en extensiÃ³n no funcional

30-40

47) De todas las articulaciones de los dedos de la mano en

flexiÃ³n (mano en garra) o extensiÃ³n (mano extendida)

50-60

48) Carpo-metacarpiana del pulgar

10-12

49) Metacarpo-falÃ¡ngica del pulgar, posiciÃ³n funcional

7,5-9

50) InterfalÃ¡ngica del pulgar posiciÃ³n funcional

3,75-4,5

51) De las dos articulaciones del pulgar posiciÃ³n funcional

10-12

52) De las dos articulaciones del pulgar y carpo-metacarpiana del primer dedo, posiciÃ³n funcional

20-24

53) ArticulaciÃ³n metacarpo-falÃ¡ngica del Ãndice posiciÃ³n funcional

5-6

54) ArticulaciÃ³n interfalÃ¡ngica proximal del indice posiciÃ³n funcional

6-7,5

55) ArticulaciÃ³n interfalÃ¡ngica distal del Ãndice, posiciÃ³n funcional

3,6-4,5

56) De las dos Ãºltimas articulaciones del Ãndice, posiciÃ³n funcional

8-10

57) De las tres articulaciones del Ãndice, posiciÃ³n funcional

10-12

58) ArticulaciÃ³n metacarpo-falÃ¡ngica del dedo medio o anular, posiciÃ³n funcional

4-5

59) ArticulaciÃ³n interfalÃ¡ngica proximal del dedo medio o anular, posiciÃ³n funcional

4-5

60) ArticulaciÃ³n interfalÃ¡ngica distal del dedo medio o anular, posiciÃ³n funcional

2,4-3

61) De las dos Ãºltimas articulaciones del dedo medio o anular, posiciÃ³n funcional

6-7,5

62) De las tres articulaciones del dedo medio o anular, posiciÃ³n funcional

6,4-8

63) ArticulaciÃ³n metacarpo-falÃ¡ngica del meÃ±ique, posiciÃ³n funcional

2,1-2,4

64) ArticulaciÃ³n interfalÃ¡ngica proximal, del meÃ±ique, posiciÃ³n funcional

3,5-4

65) ArticulaciÃ³n interfalÃ¡ngica distal del meÃ±ique, posiciÃ³n funcional

2,1-2,4

66) De las dos Ãºltimas articulaciones del meÃ±ique, posiciÃ³n funcional

5,25-6

67) De las tres articulaciones del meÃ±ique, posiciÃ³n funcion al

Rigideces articulares

DisminuciÃ³n de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares.

5,6-6,4

68) Por bursitis del hombro

2-5

69) Del hombro, afectando principalmente la flexiÃ³n anterior y la abducciÃ³n

5-30

70) Del codo, con conservaciÃ³n del movimiento entre 20 grados y noventa grados

26-30

71) Del codo, con conservaciÃ³n del movimiento entre 20 grados y 110 grados

10-20

72) Con limitaciÃ³n de los movimientos de pronaciÃ³n y supinaciÃ³n

5-15

73) De la muÃ±eca

10-15

74) Metacarpo-falÃ¡ngica del pulgar

2-4

75) InterfalÃ¡ngica del pulgar

3-5

76) De las dos articulaciones del pulgar

5-10

77) Metacarpo-falÃ¡ngica del Ãndice

2-3

78) De la primera o de la segunda articulaciÃ³n interfalÃ¡ngica del Ãndice

4-6

79) De las tres articulaciones del Ãndice

8-12

80) De una sola articulaciÃ³n del dedo medio

81) De las tres

5-8

82) De una sola articulaciÃ³n del anular articulaciones del dedo medio

83) De las tres articulaciones del anular

5-8

84) De una sola articulaciÃ³n del meÃ±ique

1-6

85) De las tres articulaciones del meÃ±ique

5-6

Pseudoartrosis

86) Del hombro, consecutiva a resecciones amplias o pÃ©rdida considerable de sustancia Ã³sea

40-50

87) Del hÃºmero, firme

12-25

88) Del hÃºmero, laxa

30-40

89) Del codo, consecutiva a resecciones amplias o pÃ©rdidas considerables de sustancia Ã³sea

35-45

90) Del antebrazo de un solo hueso, firme

5-10

91) Del antebrazo de un solo hueso, laxa

15-30

92) Del antebrazo de los dos huesos, firme

15-30

93) Del antebrazo de los dos huesos, laxa

30-40

94) De la muÃ±eca, consecutiva a resecciones amplias o pÃ©rdidas considerables de sustancia Ã³sea

30-40

95) De todos los huesos del metacarpo

30-40

96) De un solo metacarpiano

5-6

97) De la falange distal del pulgar

4-5

98) De la falange distal de los otros dedos

1-2

99) De la primera falange del pulgar

7,5-9

100) De las otras falanges del Ãndice

4-5

101) De las otras falanges de los demÃ¡s dedos

1-2

Cicatrices retrÃ¡ctiles que no pueden ser resueltas quirÃºrgicamente

Para que las cicatrices den lugar al reconocimiento de impedimentos es necesario que exista un verdadero perjuicio estÃ©tico por desfiguraciÃ³n, o que se compruebe la alteraciÃ³n de la fisiologÃa del miembro a consecuencia de rugosidades, queloides, adherencias, retracciones que engloben tendones o comprometan la circulaciÃ³n, cuando se trate de trabajadores a los que esa eventualidad les signifique una disminuciÃ³n salarial o les dificulte encontrar empleo. En este caso la fijaciÃ³n del impedimento se establecerÃ¡ de acuerdo con la gravedad y caracterÃsticas de la cicatriz:

102) De la axila, segÃºn el grado de limitaciÃ³n de los movimientos del brazo

15-40

103) Del codo, con limitaciÃ³n de la extensiÃ³n del antebrazo hasta los 45 grados

10-30

104) Del codo en flexiÃ³n aguda del antebrazo, de mÃ¡s de 135 grados

35-40

105) De la aponeurosis palmar o antebrazo que afecte, flexiÃ³n, extensiÃ³n, pronaciÃ³n, supinaciÃ³n, o que produzca rigideces combinadas

10-30

Trastornos funcionales de los dedos consecutivos a lesiones no articulares, sino a secciÃ³n o pÃ©rdida de los tendones extensores o flexores, adherencias o cicatrices.

LimitaciÃ³n de movimientos de cada uno de los dedos, inclusive el pulgar.

106) Leve. (FlexiÃ³n completa con discreta limitaciÃ³n a la extensiÃ³n), 10- 20% del valor del dedo.

107) Moderada. (LimitaciÃ³n parcial moderada para la flexiÃ³n y para la extensiÃ³n) 20-50% del valor del dedo.

108) Severa. (Marcada limitaciÃ³n para la flexiÃ³n y extensiÃ³n) 50-75% del valor del dedo.

109) SecciÃ³n del tendÃ³n flexor superficial, no reparable quirÃºrgicamente, 25-50% del valor del dedo.

110) SecciÃ³n del tendÃ³n flexor profundo solamente (no reparable quirÃºrgicamente) 50-75% del valor del dedo.

111) SecciÃ³n de ambos tendones flexores, no reparable quirÃºrgicamente75-90% del valor del dedo.

FlexiÃ³n permanente de uno o varios dedos

112) Pulgar

10-25

113) Indice

8-15

114) Medio o anular

6-10

115) MeÃ±ique

4-8

116) FlexiÃ³n permanente de toso los dedos de la mano

50-60

117) FlexiÃ³n permanente de 4 dedos de la mano excluido el pulgar

35-40

ExtensiÃ³n permanente de uno o varios dedos

118) Pulgar

15-20

119) Indice

7-15

120) Medio o anular

6-10

121) MeÃ±ique

5-8

122) ExtensiÃ³n permanente de todos los dedos de la mano

50-60

123) ExtensiÃ³n permanente de 4 dedos de la mano, excluido el pulgar

35-40

Secuelas de fracturas

124) De la clavÃcula, trazo Ãºnico, cuando produzca rigidez del hombro

5-15

125) De la clavÃcula, de trazo doble, con callo saliente y rigidez del hombro

5-30

126) Del hÃºmero, con deformaciÃ³n del callo de consolidaciÃ³n y atrofia muscular

8-20

127) Del olÃ©crano, con callo Ã³seo o fibroso y con limitaciÃ³n moderada de la flexiÃ³n

5-10

128) Del olÃ©crano, con callo Ã³seo o fibroso y trastornos moderados de los movimientos de flexiÃ³n y extensiÃ³n

7-12

129) Del olÃ©crano, con callo fibroso y trastornos acentuados de la movilidad y atrofia del trÃceps

8-20

130) De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entorpecimientos de los movimientos de la mano

5-10

131) De los huesos del antebrazo, cuando produzca limitaciones de los movimientos de pronaciÃ³n o supinaciÃ³n

5-10

132) Con limitaciÃ³n de movimientos de la muÃ±eca

10-15

133) Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviaciÃ³n secundaria de la mano y entorpecimiento de los movimientos de los dedos

5-20

ParÃ¡lisis completas o incompletas (paresias) por lesiones de nervios perifÃ©ricos.

En caso de la parÃ¡lisis incompleta o parcial (paresia) los porcentajes serÃ¡n reducidos proporcionalmente de acuerdo con el grado de impotencia funcional.

134) ParÃ¡lisis total del miembro superior

65-75

135) ParÃ¡lisis radicular superior

32,5-37,5

136) ParÃ¡lisis radicular inferior

48,75-56,25

137) ParÃ¡lisis del nervio subescapular

6,5-7,5

138) ParÃ¡lisis del nervio circunflejo

10-20

139) ParÃ¡lisis del nervio mÃºsculo-cutÃ¡neo

15-30

140) ParÃ¡lisis del nervio mediano lesionado a nivel del brazo

30-40

141) ParÃ¡lisis del nervio mediano lesionado a nivel de la muÃ±eca.

15-20

142) ParÃ¡lisis alta del nervio mediano con causalgia

30-75-21

143) ParÃ¡lisis del nervio cubital lesionado a nivel del codo

144) ParÃ¡lisis del nervio cubital lesionado a nivel de la muÃ±eca

15-18

145) ParÃ¡lisis del nervio radial lesionado arriba de la rama del trÃceps

30-42

146) ParÃ¡lisis del nervio radial lesionado distal a la rama del trÃceps

20-35

MÃºsculos

147) Hipotrofia del hombro, sin anquilosis ni rigidez articular

5-15

148) Hipotrofia del brazo o del antebrazo, sin anquilosis ni rigidez articular

5-10

149) Hipotrofia de la mano, sin anquilosis ni rigidez articular

3-8

Vasos

150) Las secuelas y lesiones arteriales y venosas se valuarÃ¡n de acuerdo con la magnitud de las alteraciones orgÃ¡nicas y los trastornos funcionales que produzcan (amputaciones, rigideces articulares, lesiones de los nervios perifÃ©ricos, atrofia de masas musculares, etc).

Extremidades inferiores

151) Por la desarticulaciÃ³n de la cadera

152) Por amputaciÃ³n a nivel del muslo

153) Por la desarticulaciÃ³n de la rodilla

57,5

154) Por la extirpaciÃ³n de la rÃ³tula, con movilidad anormal de la rodilla e hipotrofia del trÃceps

10-20

155) Por la amputaciÃ³n de la pierna, entre la rodilla y el cuello del pie

156) Por la amputaciÃ³n total del pie

157) Por la mutilaciÃ³n del pie con conservaciÃ³n del talÃ³n

158) Por la pÃ©rdida parcial o total del calcÃ¡neo

10-25

159) Por la desarticulaciÃ³n medio-tarsiana

160) Por la desarticulaciÃ³n tarso-metatarsiana

161) Por la pÃ©rdida de los cinco ortejos

162) Por la pÃ©rdida del primer ortejo con pÃ©rdida o mutilaciÃ³n de sus metatarsianos

163) Por la pÃ©rdida del primer ortejo

164) Por la pÃ©rdida de la falange distal del primer ortejo

165) Por la pÃ©rdida del segundo o el tercer ortejo

166) Por la pÃ©rdida del cuarto o el quinto ortejo

167) Por la pÃ©rdida de las dos Ãºltimas falanges del 2Âº Ã³ 3Âº ortejo

2,25

168) Por la pÃ©rdida de las dos Ãºltimas falanges del 4Âº Ã³ 5Âº ortejo

1,50

169) Por la pÃ©rdida de la falange distal del 2Âº Ã³ 3Âº ortejo

1,50

170) Por la pÃ©rdida de la falange distal de 4Âº Ã³ 5Âº ortejo

171) Por la pÃ©rdida del quinto ortejo con mutilaciÃ³n o pÃ©rdida de su metatarsiano

Anquilosis

172) Completa de la articulaciÃ³n coxo-femoral, posiciÃ³n funcional

173) De la articulaciÃ³n coxo-femoral en mala posiciÃ³n (FlexiÃ³n aducciÃ³n, abducciÃ³n, rotaciÃ³n)

45-55

174) De las dos articulaciones coxo-femorales

80-100

175) De la rodilla en posiciÃ³n funcional

176) De la rodilla en posiciÃ³n de flexiÃ³n no funcional

40-50

177) De la rodilla en genuvalgun o genovarun

40-50

178) Del cuello del pie en Ã¡ngulo recto

10-15

179) Del cuello del pie en actitud viciosa

30-40

180) Del primer ortejo en posiciÃ³n funcional

181) Del primer ortejo en posiciÃ³n viciosa

5-10

182) De los demÃ¡s ortejos en posiciÃ³n funcional

1-1,5

183) De los demÃ¡s ortejos en posiciÃ³n viciosa

1-3

Rigideces articulares

DisminuciÃ³n de los movimientos por lesiones articulares tendinosas o musculares.

184) De la cadera, con Ã¡ngulo de movilidad favorable

10-15

185) De la cadera, con Ã¡ngulo de movilidad desfavorable

20-25

186) De la rodilla, que permita la extensiÃ³n completa, segÃºn el Ã¡ngulo de flexiÃ³n

3-20

187) De la rodilla que no permita la extensiÃ³n completa o casi completa, segÃºn el Ã¡ngulo de flexiÃ³n

10-25

188) Del tobillo con Ã¡ngulo de movilidad favorable

5-10

189) Del tobillo con Ã¡ngulo de movilidad desfavorable

10-20

190) De cualquier ortejo

1-3

Pseudoartrosis

191) De la cadera, consecutiva a resecciones amplias con pÃ©rdida considerable de sustancia Ã³sea

30-50

192) Del fÃ©mur

30-50

193) De la rodilla con pierna suelta (consecutiva a resecciones de rodilla)

30-50

194) De la rÃ³tula con callo fibroso, flexiÃ³n poco limitada

8-12

195) De la rÃ³tula con callo fibroso, extensiÃ³n activa dÃ©bil o flexiÃ³n poco limitada

10-15

196) De la rÃ³tula con callo fibroso, extensiÃ³n activa casi nula y amiotrofia del muslo

10-20

197) De la tibia y el peronÃ©

30-50

198) De la tibia sola

20-40

199) Del peronÃ© solo

2-3

200) Del primero o del Ãºltimo metatarsiano

5-10

Cicatrices retrÃ¡ctiles que no puedan ser resultas quirÃºrgicamente

Para que las cicatrices den lugar al reconocimiento de impedimento es necesario que exista un verdadero perjuicio estÃ©tico por desfiguraciÃ³n, o que se compruebe la alteraciÃ³n de la fisiologÃa del miembro a consecuencia de rubosidades, queloides, adherencias, retracciones que engloben tendones o comprometan la circulaciÃ³n, o que se trate de trabajadores a los que esa eventualidad les signifique una disminuciÃ³n salarial o les dificulte encontrar empleo.

En este caso la fijaciÃ³n del impedimento se establecerÃ¡ de acuerdo a la gravedad y caracterÃsticas de la cicatriz.

201) Del Hueco poplÃteo que limite la extensiÃ³n de la rodilla de 60Â° a 10Â°

12-18

202) Del Hueco poplÃteo que limite la extensiÃ³n de la rodilla de 90Â° a 60Â°…

20-40

203) Del hueco poplÃteo, que limite la extensiÃ³n de la rodilla a menos de 90Â°

40-50

204) De la planta del pie con retracciÃ³n y desviaciÃ³n distal interna o externa del pie

15-30

Secuelas de facturas

205) Doble vertical de la pelvis con dolores persistentes y dificultad moderada para la marcha y los esfuerzos

15-20

206) Doble vertical de la pelvis con acortamiento o desviaciÃ³n del miembro inferior

20-30

207) De la cavidad cotiloidea con hundimiento

15-40

208) De la rama horizontal del pubis con ligeros dolores persistentes y moderada dificultad para la marcha o los esfuerzos

8- 12

209) De la rama isquiopÃºbica con moderada dificultad para la marcha o los esfuerzos

8-12

210) De la rama horizontal y de la rama isquiopÃºbica, con dolores persistentes, trastornos vesicales y acentuada dificultad para la marcha y los esfuerzos

40-60

211) Del cuello del fÃ©mur y regiÃ³n trocantÃ©rea, con impotencia moderada por claudicaciÃ³n y dolor

20-30

212) Del cuello del fÃ©mur y regiÃ³n trocantÃ©rea, con impotencia funcional acentuada, gran acortamiento, rigideces articulares y desviaciones angulares

50-75

213) De la diÃ¡ficis femoral, con acortamiento deÂ 1 aÂ 5 centÃmetros, sin lesiones articulares ni atrofia muscular

3-12

214) De la diÃ¡fisis femoral, con acortamiento deÂ 3 aÂ 6 centÃmetros, atrofia muscular sin rigidez articular

6-20

215) De la diÃ¡fisis femoral, con acortamiento deÂ 3 aÂ 6 centÃmetros, atrofia muscular y rigideces articulares

12-30

216) De la diÃ¡fisis femoral, con acortamiento deÂ 6 aÂ 12 centÃmetros, atrofia muscular y rigideces articulares

12-40

217) De la diÃ¡fisis femoral, con acortamiento deÂ 6 aÂ 12 centÃmetros, desviaciÃ³n angular externa, atrofia muscular avanzada y flexiÃ³n de la rodilla que no pase de 45Â°

40-60

218) De los cÃ³ndilos femorales y tuberosidades tibiales, con rigideces articulares, desviaciones, aumento de volumen de la rodilla, claudicaciÃ³n

20-40

219) De la rÃ³tula con callo Ã³seo, extensiÃ³n completa y flexiÃ³n poco limitada

4-8

220) De la tibia y el peronÃ© con acortamiento deÂ 2 aÂ 4 centÃmetros, callo grande y saliente y atrofia muscular

11-20

221) De la tibia y el peronÃ© con acortamiento de mÃ¡s deÂ 4 centÃmetros, consolidaciÃ³n angular, desviaciÃ³n de la pierna hacia afuera o hacia adentro, desviaciÃ³n secundaria del pie, marcha posible

30-45

222) De la tibia y el peronÃ© con acortamiento considerable o consolidaciÃ³n angular, marcha imposible

40-55

223) De la tibia con dolor, atrofia muscular y rigidez articular..

5,5-15

224) Del peronÃ© con dolor y ligera atrofia muscular

2-5

225) Maleolares con subluxaciÃ³n del pie hacia dentro

20-30

226) Maleolares con subluxaciÃ³n del pie hacia afuera

20-30

227) Del tarso, con pie plano postraumÃ¡tico doloroso

15-20

228) Del tarso, con desviaciÃ³n del pie hacia adentro o hacia afuera

15-20

229) Del tarso, con deformaciÃ³n considerable, inmovilidad de los ortejos y atrofia de la pierna

25-40

230) Del metatarso con dolor, desviaciones o impotencia funcional

8-12

Rodilla

231) MeniscectomÃa interna o externa, sin complicaciones

2-5

232) MeniscectomÃa doble, ligamentos cruzados intactos

5-10

233) Ruptura de ligamentos cruzados, reparados con moderada laxitud

10-30

234) Sin reparar marcada laxitud

20-30

ParÃ¡lisis completas o incompletas (paresias) por lesiones de nervios perifÃ©ricos

En caso de parÃ¡lisis incompleta o parcial (paresias), los porcentajes serÃ¡n reducidos proporcionalmente de acuerdo con el grado de impotencia funcional.

235) ParÃ¡lisis total del miembro inferior

236) ParÃ¡lisis completa del nervio ciÃ¡tico mayor

237) ParÃ¡lisis del ciÃ¡tico poplÃteo externo

20-30

238) ParÃ¡lisis del ciÃ¡tico poplÃteo interno

20-25

239) ParÃ¡lisis combinada del ciÃ¡tico poplÃteo interno y del ciÃ¡tico poplÃteo externo

30-35

240) ParÃ¡lisis del nervio crural

20-30

241) Con reacciÃ³n causÃ¡lgica de los nervios antes citados, aumento de

10-20

Luxaciones que no pueden ser resueltas quirÃºrgicamente

242) Del pubis, irreductible o irreducida o relajaciÃ³n externa de la sÃnfise

20-30

MÃºsculos

243) Atrofia parcial del muslo, sin anquilosis ni rigidez articular

5-20

244) Atrofia del recto anterior del muslo sin anquilosis ni rigidez articular

5-10

245) Atrofia de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular

5-10

246) Atrofia del recto antero-externo de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular

5-10

247) Atrofia total del miembro inferior

20-40

Tendones

248) SecciÃ³n de tendones extensores de los ortejos, excepto el primero

2-5

249) SecciÃ³n de tendones extensores del primer ortejo

3-6

Vasos

250) Las secuelas de lesiones arteriales o venosas se valuarÃ¡n de acuerdo con la magnitud de las alteraciones orgÃ¡nicas y los trastornos funcionales que provoquen (amputaciones, rigideces articulares, lesiones de los nervios perifÃ©ricos, atrofia de masas musculares, etc.).

251) Flebitis debidamente comprobada

5-20

252) Ulcera varicosa recidivante, segÃºn su extensiÃ³n

5-20

Acortamientos

Extremidad inferior.

253) DeÂ 1 aÂ 2 centÃmetros, 5% del valor de la extremidad.

254) DeÂ 2 aÂ 3 centÃmetros, 10% del valor de la extremidad.

255) DeÂ 3 aÂ 4 centÃmetros, 15% del valor de la extremidad.

256) DeÂ 4 aÂ 5 centÃmetros, 20% del valor de la extremidad.

Columna cervical

257) Esguince y contusiÃ³n:

SÃntomas subjetivos de dolor no confirmados por alteraciones estructurales patolÃ³gicas
Contractura muscular dolorosa, persistente, rigidez y dolor confirmados por pÃ©rdida de lordosis en las radiografÃas, aunque no exista patologÃa estructural moderada cervico-branquialgÃa referida
Igual que b), con cambios gruesos degenerativos que consisten en estrechamiento del disco intervertebral o afinamiento artrÃ³sico de los rebordes vertebrales

5-10

5-15

258) Fractura:

Hundimiento de un 25% de uno o dos cuerpos vertebrales adyacentes sin fragmentaciÃ³n, sin compromiso del arco posterior, sin compromiso de las raÃces medulares, moderada rigidez del cuello y dolor persistente
Desplazamiento parcial moderado del arco posterior evidente en la radiografÃa:

b.1) Sin compromiso de las raÃces nerviosas, consolidada

b.2) Con dolor persistente, con ligeras manifestaciones motoras y sensitivas

b.3) Con funciÃ³n consolidada, sin alteraciones permanentes sensitivas o motoras

c) LuxaciÃ³n severa, entre buena y regular reducciÃ³n mediante fusiÃ³n quirÃºrgica.

c.1) Sin secuelas sensitivas o motoras

c.2) Mala reducciÃ³n mediante fusiÃ³n, dolor radicular, persistente, con compromiso motor, apenas ligera debilidad y entorpecimiento

c.3) Igual que c.2) con parÃ¡lisis parcial: El impedimento se determina con base en la pÃ©rdida adicional de funciÃ³n de las extremidades.

5-10

5-15

10-20

5-20

15-25

20-35

Disco intervertebral cervical

259) EscisiÃ³n de un disco con Ã©xito, desapariciÃ³n del dolor agudo, sin necesidad de fusiÃ³n, sin secuelas neurolÃ³gicas

5-10

260) Igual al anterior pero con manifestaciones neurolÃ³gicas, dolor persistente, entorpecimiento, debilidad o adormecimiento de los dedos

10-20

TÃ³rax y columna dorso lumbar

261) ContusiÃ³n o compresiÃ³n severa costo-vertebral relacionada directamente con traumatismo, con dolor persistente, con cambios degenerativos, con afinamiento de rebordes, sin evidencia de lesiÃ³n estructural en la radiografÃa

5-10

262) Fractura:

Hundimiento de un 25% en uno o dos cuerpos vertebrales, ligera, sin fragmentaciÃ³n, consolidada, sin manifestaciones neurolÃ³gicas
Hundimiento de un 50% con compromiso de los elementos del acto posterior, consolidada sin manifestaciones neurolÃ³gicas, dolor persistente, con indicaciÃ³n de fusiÃ³n
Igual que b), con fusiÃ³n, dolor sÃ³lo cuando usa exageradamente la columna vertebral

ch) ParaplejÃa completa

d) Paresia (parÃ¡lisis parcial) con o sin fusiÃ³n, por lesiÃ³n de los arcos posteriores, debe valorarse de acuerdo con la pÃ©rdida del uso de las extremidades inferiores o de los esfÃnteres.

5-10

10-20

100

Columna lumbar baja

263) ContusiÃ³n o esguince:

Ausencia de contractura dolorosa involuntaria, sÃntomas subjetivos de dolor no confirmados por alteraciones estructurales patolÃ³gicas
Contractura muscular persistente, rigidez y dolor, con cambios leves por factores preexistentes degenerativos
Igual que b), con osteofitos mÃ¡s grandes

ch) Igual que b), con espondilÃ³lisis o espondilolÃstesis grado I o grado II, demostrables en las radiografÃas, sin cirugÃa adicional, combinaciÃ³n de trauma y anomalÃas preexistentes

Igual que ch), con espondilolÃstesis grado III o IV, dolor persistente, sin fusiÃ³n, agravado por traumatismo
Igual que b), o c), con lamicectomÃa y fusiÃ³n, dolor moderado

5-10

5-15

10-20

15-30

10-20

264) Fractura:

Hundimiento del 25% de uno o dos cuerpos vertebrados adyacentes, sin lesiones neurolÃ³gicas
Hundimiento y fragmentaciÃ³n del arco posterior, dolor persistente, debilidad y rigidez, consolidaciÃ³n sin fusiÃ³n, imposibilidad para ejercer esfuerzos moderados
c) Igual que b), consolidaciÃ³n con fusiÃ³n, dolor leve

ch) Igual que b), con compromiso radicular en miembros inferiores:

El impedimento se determina con base en la pÃ©rdida adicional de funciÃ³n de las extremidades.

Igual que c), con fragmentaciÃ³n del arco posterior, con dolor persistente despuÃ©s de la fusiÃ³n, sin signologÃa neurolÃ³gica
Igual que c), con compromiso radicular en los miembros inferiores: El impedimento se determina con base en la pÃ©rdida adicional de funciÃ³n de las extremidades.
f) ParaplejÃa, hemiplejÃa, cuadriplejÃa
Paresia (ParÃ¡lisis parcial) por lesiÃ³n del arco posterior, con o sin fusiÃ³n. El impedimento se determina con base en la pÃ©rdida adicional de funciÃ³n de las extremidades y de los esfÃnteres.

5-10

20-40

10-20

15-30

100

265) Lumbalgia neurogÃ©nica, de lesiones del disco:

Episodios agudos periÃ³dicos con dolor intenso, pruebas de dolor ciÃ¡tico positivas, recuperaciÃ³n temporal entre cinco y ocho semanas
EscisiÃ³n quirÃºrgica de disco, sin fusiÃ³n, buenos resultados, sin dolor ciÃ¡tico persistente y rigidez

EscisiÃ³n quirÃºrgica de disco, sin fusiÃ³n, dolor moderado persistente, agravado por levantamiento de objetos pesados, con modificaciÃ³n de actividades necesarias

ch) EscisiÃ³n quirÃºrgica de un disco con fusiÃ³n, levantamiento de objetos, moderadamente modificado

d) EscisiÃ³n quirÃºrgica de un disco con fusiÃ³n, dolor y rigidez persistente, agravados por el levantamiento de objetos pesados, que necesita la modificaciÃ³n de todas las actividades que requieren levantamiento de objetos pesados

2-5

5-10

10-20

5-15

10-20

Cabeza

CrÃ¡neo:

266) SÃndrome crÃ¡neo-encefÃ¡lico tardÃo posconmocional discreto

5-15

267) SÃndrome crÃ¡neo-encefÃ¡lico tardÃo posconmocional moderado

10-20

268) SÃndrome crÃ¡neo-encefÃ¡lico tardÃo posconmocional acentuado

20-40

269) Escalpe o pÃ©rdida considerable del cuero cabelludo

10-30

270) PÃ©rdida Ã³sea del crÃ¡neo hasta de cinco centÃmetros de diÃ¡metro

5-10

271) PÃ©rdida Ã³sea mas extensa

10-20

272) Epilepsia traumÃ¡tica, no curable quirÃºrgicamente, cuando la crisis pueda ser controlada mÃ©dicamente y permita trabajar

20-40

273) Por epilepsia traumÃ¡tica no curable quirÃºrgicamente, cuando la crisis pueda ser controlada mÃ©dicamente y no permita el desempeÃ±o de ningÃºn trabajo

100

274) Epilepsia jacksoniana

10-20

275) PÃ©rdida del olfato (anosmÃa o hiposmÃa)

2-5

276) PÃ©rdida del gusto (ageusÃa)

277) Por lesiÃ³n del nervio trigÃ©mino

10-20

278) Por lesiÃ³n del nervio facial

10-30

279) Por lesiÃ³n del neumogÃ¡strico (segÃºn el grado de trastornos funcionales comprobados)

5-40

280) Por lesiÃ³n del nervio espinal

5-30

281) Por lesiÃ³n del nervio hipogloso, cuando es unilateral

282) Por lesiÃ³n del nervio hipogloso, cuando es bilateral

283) MonoplejÃa superior

65-75

284) Monoparesia superior

15-40

285) MonoplejÃa inferior, marcha espasmÃ³dica

25-40

286) Monoparesia inferior, marcha posible

10-25

287) ParaplejÃa

100

288) Paraparesia, marcha posible

40-60

289) HemiplejÃa

70-100

290) Hemiparesia

20-50

291) Afasia discreta

15-25

292) Afasia acentuada, aislada

30-70

293) Afasia con hemiplejÃa

100

294) Agrafia

15-30

295) Demencia crÃ³nica

100

296) EnajenaciÃ³n mental postrauma

100

OÃdos

297) MutilaciÃ³n completa o amputaciÃ³n de una oreja

298) DeformaciÃ³n excesiva del pabellÃ³n auricular unilateral .

5-10

299) Bilateral

10-15

300) VÃ©rtigo laberÃntico traumÃ¡tico debidamente comprobado

10-50

301) Cofosis o sordera absoluta bilateral

302) Sorderas o hipoacusÃa

Se valuarÃ¡n siguiendo las normas de la tabla siguiente:

% de hipoacusÃa Bilateral combinada	% de impedimento Permanente
10	4,50
15	8,00
20	11,50
25	15,00
30	18,50
35	22,00
40	25,50
45	29,00
50	32,50
55	36,00
60	39,50
65	43,00
70	46,50
75-100	50,00

Ojos

303) PÃ©rdida total de un ojo

304) Ceguera total en ambos ojos, conservando los globos oculares, o con la perdida de Ã©stos

PÃ©rdida o disminuciÃ³n permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de la agudeza visual, en trabajadores cuya actividad sea de exigencia visual mediana o baja (visiÃ³n restante con correcciÃ³n Ã³ptica), de acuerdo a la siguiente Tabla NÂº 1.

Tabla NÂº 1

A.v	1Âª 0.8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0	E.c/p*	E.p/i**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 AÂ 0,8	0	4	6	8	12	18	25	30	33	35	40	45
0,7	4	9	11	13	17	23	30	35	38	40	45	50
0,6	6	11	13	15	19	25	32	37	40	45	50	55
0,5	8	13	15	17	21	27	35	45	50	55	60	65
0,4	12	17	19	21	25	35	45	55	60	65	70	75
0,3	18	23	25	27	35	45	55	65	70	75	80	85
0,2	25	30	32	35	45	55	65	75	80	85	90	95
0,1	30	35	37	45	55	65	75	85	90	95	98	100
0,05	33	38	40	50	60	70	80	90	95	100	100	100
0	35	40	45	55	65	75	85	95	100	100	100	100
E.c/p*	40	45	50	60	70	80	90	98	100	100	100	100
E.p/i**	45	50	55	65	75	85	95	100	100	100	100	100

* EnucleaciÃ³n con prÃ³tesis.

** EnucleaciÃ³n, prÃ³tesis imposible

En los casos de pÃ©rdida o disminuciÃ³n de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro sano, debajo de la primera lÃnea horizontal en la que estÃ¡n seÃ±alados los diversos grados indemnizables de pÃ©rdida o disminuciÃ³n, aparecen insertos los porcentajes de incapacidad correspondientes a cada grado (segunda lÃnea horizontal).

En los casos de pÃ©rdida o disminuciÃ³n de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro enfermo por afecciÃ³n ajena al trabajo, si la visiÃ³n restante en uno o ambos ojos es superior al 0,2, el porcentaje de incapacidad indemnizable deberÃ¡ calcularse de acuerdo con la primera lÃnea horizontal o vertical de la Tabla NÂº 1 tal como lo especifica el pÃ¡rrafo anterior. Si la agudeza visual de ambos es de 0,2 o inferior, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersecciÃ³n de la columna horizontal con la vertical, leyendo una de estas columnas la agudeza visual del ojo derecho y en la otra la agudeza visual del ojo izquierdo, como lo especifica el pÃ¡rrafo siguiente.

En los casos de pÃ©rdida o disminuciÃ³n bilateral de la agudeza visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersecciÃ³n de la columna vertical y de la lÃnea horizontal correspondiente.

100

305) PÃ©rdida o disminuciÃ³n permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de la agudeza visual, en trabajadores cuya actividad sea de elevada exigencia visual (visiÃ³n restante con correcciÃ³n Ã³ptica), segÃºn la Tabla NÂº 2.

Tabla NÂº 2

A.v	1Âª 0.8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0	E.c/p*	E.p/i**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1 AÂ 0,8	0	6	9	12	15	20	30	35	35	35	40	45
0,7	6	13	16	19	22	27	37	42	42	42	47	52
0,6	9	16	19	22	25	30	40	45	45	45	52	57
0,5	12	19	22	25	28	33	43	50	50	50	57	62
0,4	15	22	25	28	31	40	50	60	60	60	65	67
0,3	20	27	30	33	40	50	60	70	70	70	75	77
0,2	30	37	40	43	50	60	70	77	77	77	85	87
0,1	35	42	45	50	60	70	77	90	90	90	95	97
0,05	35	42	45	50	60	70	77	90	95	95	100	100
0	35	42	45	50	60	70	77	90	95	98	100	100
E.c/p*	40	47	52	57	65	75	85	95	100	100	100	100
E.p/i**	45	52	57	62	67	77	87	97	100	100	100	100

* EnucleaciÃ³n con prÃ³tesis.

** EnucleaciÃ³n, prÃ³tesis imposible

En los casos de pÃ©rdida o disminuciÃ³n de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro sano debajo de la primera lÃnea horizontal, en la que estÃ¡n seÃ±alados dos diversos grados indemnizables de pÃ©rdida o disminuciÃ³n aparecen insertos los porcentajes de incapacidad correspondientes a cada grado (segunda lÃnea horizontal). En los casos de pÃ©rdida o disminuciÃ³n de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro enfermo por afecciÃ³n ajena al trabajo, si la visiÃ³n restante en uno o ambos ojos es superior a 0,2 el porcentaje de incapacidad indemnizable debe de calcularse de acuerdo con la primera lÃnea horizontal o vertical de la Tabla NÂº 2 tal como lo especifica el pÃ¡rrafo anterior.

Si la agudeza visual de ambos es de 0,2 o inferior, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersecciÃ³n de la columna horizontal con la vertical, leyendo una de estas columnas de agudeza visual del ojo derecho y en la otra agudeza visual del ojo izquierdo, como lo especifica el pÃ¡rrafo siguiente. En los casos de pÃ©rdida o disminuciÃ³n bilateral de la agudeza visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersecciÃ³n de la columna vertical y de la lÃnea horizontal correspondiente.

306) PÃ©rdida o disminuciÃ³n permanente de la agudeza visual en sujetos monoculares (ceguera o visiÃ³n inferior a 0.05 en el ojo contra lateral) (visiÃ³n restante con correcciÃ³n Ã³ptica). De acuerdo con la siguiente Tabla NÂº 3

Tabla NÂº 3

Agudeza visual	Incapacidad en trabajadores cuya actividad sea de exigencia visual mediana o baja	Incapacidades en trabajadores cuya actividad sea de elevada exigencia visual
0,7	9	13
0,6	13	19
0,5	17	25
0,4	25	31
0,3	45	50
0,2	65	70
0,1	85	90
0,05	95	100
0	100	100

307) ExtracciÃ³n o atrofia de un globo ocular con deformaciÃ³n ostensible que permita el uso de prÃ³tesis

308) Con lesiones cicatrizantes o modificaciones anatÃ³micas que impidan el uso de prÃ³tesis

309) Al aceptarse el servicio de los trabajadores, se considerarÃ¡, para reclamos posteriores, por pÃ©rdida de la agudeza visual, la que tiene la unidad aunque tuvieran 0.8(ocho dÃ©cimos en cada ojo).

310) Los escotomas centrales se evalÃºan segÃºn la determinaciÃ³n de la agudeza visual, aplicando las tablas anteriores.

311) Estrechez del campo visual (*), conservando un campo de 30Â° a partir del punto de fijaciÃ³n en un solo ojo

Para la evaluaciÃ³n del campo visual, la extensiÃ³n del campo visual debe ser evaluada en un perÃmetro utilizando un objetivo blanco deÂ 3 mmÂ de diÃ¡metro a una distancia deÂ 330 mmÂ bajo iluminaciÃ³n adecuada.

En afaquÃa no corregida el objetivo debe ser blanco y de6 mm de diÃ¡metro.

En objetivo debe ser traÃdo de la parte ciega del campo visual a la vidente.

Por lo menos dos evaluaciones del campo visual deben ser hechas, y Ã©stas deben de coincidir con diferencias no mayores de 15Â° en cada uno de los ocho puntos de los meridianos principales separados entre sÃ por 45Â°.

La variaciÃ³n en el porcentaje de incapacidad debe ser de acuerdo a las exigencias visuales de la ocupaciÃ³n de cada trabajador.

312) En ambos ojos

15-30

313) Estrechez del campo visual conservando un campo de menos de 30Â° en un solo ojo

15-35

314) En ambos ojos

40-90

Hemianopsias verticales

315) HomÃ³nimas, derecho o izquierdo

20-35

316) HeterÃ³nimas binasales

10-15

317) HeterÃ³nimas bitemporales

40-60

Hemianopsias horizontales

318) Superiores

10-25

319) Inferiores

30-50

320) En cuadrante superior

321) En cuadrante inferior

20-25

Hemianopsia en sujetos monoculares (visiÃ³n conservada en un ojo y abolida o menor de 0,05 en el contralateral), con visiÃ³n central.

322) Nasal

60-70

323) Inferior

70-80

324) Temporal

En los casos de hemianopsia con pÃ©rdida de la visiÃ³n central uni o bilateral se agregarÃ¡ al porcentaje de valuaciÃ³n correspondiente.

80-90

Trastornos de la movilidad ocular

325) Estrabismo por lesiÃ³n muscular o alteraciÃ³n nerviosa correspondiente sin diplopÃa, en pacientes que previamente carecÃan de fusiÃ³n

5-10

326) DiplopÃa susceptible de correcciÃ³n con prismas o posiciÃ³n compensadora de la cabeza

5-20

327) DiplopÃa en la parte inferior del campo

10-25

328) DiplopÃa no susceptible de correcciÃ³n con prismas o posiciÃ³n compensadora de la cabeza, acompaÃ±ada Ã©sta de ptosis palpebral con o sin oftalmoplegÃa interna, que amerite la oclusiÃ³n de un ojo

329) DiplopÃa no susceptible de corregirse con prismas o mediante posiciÃ³n compensadora de la cabeza, por lesiÃ³n nerviosa bilateral que limite los movimientos de ambos ojos y reduzca el campo visual por la desviaciÃ³n, originando desviaciÃ³n de la cabeza para fijar, ademÃ¡s de la oclusiÃ³n de un ojo

40-50

Otras lesiones

330) AfaquÃa unilateral corregible con lente de contacto:

Agregar 10% de incapacidad al porcentaje correspondiente a la disminuciÃ³n de la agudeza visual, sin que la suma sobrepase de

331) AfaquÃa bilateral corregible con anteojos o lentes de contacto:

Agregar 25% de incapacidad al porcentaje correspondiente a la disminuciÃ³n de la agudeza visual, sin que la suma sobrepase al 100%.

332) Catarata traumÃ¡tica uni o bilateral inoperable, serÃ¡ indemnizada de acuerdo con la disminuciÃ³n de la agudeza visual.

333) OftalmoplejÃa interna total unilateral

10-15

334) Bilateral

15-30

335) Midriasis, iridodiÃ¡lisis, iridectomÃa en sector o cicatrices, cuando ocasionan trastornos funcionales, en un ojo

336) En ambos ojos

337) Ptosis palpebral parcial unilateral, pupila descubierta

338) Ptosis palpebral o blefaro-espasmo unilaterales, no resueltos quirÃºrgicamente, cuando cubren el Ã¡rea pupilar, serÃ¡n indemnizados de acuerdo con la disminuciÃ³n de la agudeza visual.

339) Ptosis palpebral bilateral

10-70

Estas incapacidades se basan en el grado de la visiÃ³n, en posiciÃ³n primaria (mirada horizontal de frente).

340) DesviaciÃ³n de los bordes palpebrales (entropiÃ³n, triquiasis, cicatrices deformantes, simblefarÃ³n, anquiloblefarÃ³n unilateral)

5-15

341) Bilateral

10-25

AlteraciÃ³n de las vÃas lagrimales o epÃfora

342) EpÃfora (lagrimeo) por extropiÃ³n cicatricial o paralÃtico unilateral

5-10

343) Bilateral

10-15

344) EpÃfora

5-15

345) FÃstulas lagrimales

10-15

Cara, nariz, boca y Ã³rganos anexos

Cicatrices del rostro que ocasionan desfiguraciÃ³n facial y que alteran la presentaciÃ³n fÃsica personal, se valoran segÃºn la desfiguraciÃ³n y las caracterÃsticas de las lesiones como: leve, moderada o grave

1-50

346) PÃ©rdida de olfato (anosmÃa y hiposmÃa)

2-5

347) MutilaciÃ³n parcial de la nariz, sin estenosis, no corregible, plÃ¡sticamente

10-20

348) PÃ©rdida total de la nariz sin estenosis, no reparable plÃ¡sticamente

349) Cuando haya sido reparada plÃ¡sticamente … … … …

5-50

350) Cuando la nariz quede reducida a un muÃ±Ã³n cicatrizal con estenosis

30-40

351) Mutilaciones extensas, cuando comprendan los dos maxilares superiores y la nariz, segÃºn la pÃ©rdida de sustancias de las partes blandas

20-50

352) Mutilaciones extensas cuando comprendan los dos maxilares superiores, huesos molares, la nariz, segÃºn la pÃ©rdida de sustancias

30-50

353) Mutilaciones extensas cuando comprendan los maxilares superiores, sin compromiso de otros tejidos u Ã³rganos, con conservaciÃ³n de la mandÃbula

10-30

354) Mutilaciones de las apÃ³fisis horizontales del maxilar superior, con penetraciÃ³n a fosas nasales o antros maxilares a reconstruir con prÃ³tesis

15-30

355) PÃ©rdida unilateral del maxilar superior en pacientes dentados

15-30

356) PÃ©rdida unilateral del maxilar superior del lado correspondiente, en pacientes edentados

10-20

357) PÃ©rdida del hueso mandibular total, con conservaciÃ³n de los maxilares superiores

30-50

358) PÃ©rdida total de las apÃ³fisis alveolares superiores e inferiores que involucran los procesos alveolo-dentario con posibilidad de prÃ³tesis

10-20

359) PÃ©rdida total de las apÃ³fisis alveolares superiores e inferiores sin el complejo alveolo dentario, sea en pacientes edentados totales o parciales sin posibilidad de rehabilitaciÃ³n protÃ©sica

30-40

360) Mutilaciones que comprendan un maxilar superior y el inferior

30-35

361) MutilaciÃ³n de la rama horizontal del maxilar inferior sin prÃ³tesis posible, o del maxilar en su totalidad

20-35

362) Pseudoartrosis del maxilar superior con masticaciÃ³n imposible

20-40

363) Pseudoartrosis del maxilar superior con masticaciÃ³n posible pero limitada

10-30

364) Pseudoartrosis del maxilar superior con mejorÃa comprobada de la masticaciÃ³n con prÃ³tesis de fijaciÃ³n dentaria

5-20

365) PÃ©rdida de sustancias en la bÃ³veda palatina no resueltas quirÃºrgicamente, segÃºn el sitio y la extensiÃ³n

10-25

366) PÃ©rdida de la bÃ³veda palatina resuelta quirÃºrgicamente con fines protÃ©sicos, con mejorÃa funcional fonÃ©tica y masticatoria comprobada

5-20

367) Pseudoartrosis del maxilar inferior pero con masticaciÃ³n posible, imposible de resolver la pseudoartrosis por medios quirÃºrgicos

15-30

368) Pseudoartrosis mandibular, sea la rama ascendente u horizontal con capacidad funcional de la mandÃbula con impedimento para el uso de la prÃ³tesis

20-40

369) Pseudoartrosis del maxilar inferior, con o sin pÃ©rdida de sustancia, no resuelta quirÃºrgicamente, con masticaciÃ³n insuficiente o abolida

20-40

370) Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que dificulten la articulaciÃ³n de los arcos dentarios y limiten la masticaciÃ³n

10-25

371) Cuando la dificultad de la oclusiÃ³n dentaria sea parcial

5-10

372) PÃ©rdida de todas las piezas dentarias, prÃ³tesis tolerada.

373) PÃ©rdida de una o varias piezas con prÃ³tesis:

Â Tolerada % No tolerada %

Cap. General Cap. General

de un incisivo 0,2 0,3

del canino 0,4 0,6

del primer premolar 0,6 0,9

del segundo premolar 0,9 1,35

del primer molar 1,3 1,95

del segundo molar 1,3 1,95

del tercer molar 0,1 0,15

374) PÃ©rdida total de las piezas dentarias, prÃ³tesis no tolerada

375) PÃ©rdida completa de un arco dentario, prÃ³tesis no tolerada

376) PÃ©rdida completa de un arco dentario, prÃ³tesis tolerada .

377) PÃ©rdida de la mitad de un arco dentario, prÃ³tesis no tolerada

378) PÃ©rdida de la mitad de un arco dentario, prÃ³tesis tolerada

379) PÃ©rdida total del aparato masticatorio, tanto maxilar superior como mandibular, sin posibilidad de reconstrucciÃ³n

20-40

380) Bridas cicatrizales que limiten la apertura de la boca, impidiendo la higiene bucal, la pronunciaciÃ³n, y la masticaciÃ³n, con o sin sialorrea

10-25

381) LuxaciÃ³n irreductible de la articulaciÃ³n tÃ©mporo-maxilar, segÃºn el grado de entorpecimiento funcional

20-40

382) AmputaciÃ³n mÃ¡s o menos extensa de la lengua, con adherencias y segÃºn el entorpecimiento de las palabras y de la degluciÃ³n

10-30

383) FÃstula salival cutÃ¡nea, no resuelta quirÃºrgicamente

2-10

384) PÃ©rdida de la relaciÃ³n cÃ©ntrica por luxaciÃ³n dentaria u otras etiologÃas traumÃ¡ticas

10-30

385) OclusiÃ³n cÃ©ntrica no funcional por factores etiolÃ³gicos de carÃ¡cter traumÃ¡tico inmediato

10-30

386) Anquilosis de la articulaciÃ³n tÃ©mporo-mandibular por etiologÃa traumÃ¡tica que afecta los centros de crecimiento mandibular (niÃ±os)

15-40

387) Anquilosis de la articulaciÃ³n tÃ©mporo-mandibular por fractura de los cÃ³ndilos mandibulales. DeberÃ¡ valorarse en grado de apertura bucal total con el grado de imposibilidad de su apertura en relaciÃ³n al desplazamiento condilar

15-40

388) Trismus de la articulaciÃ³n tÃ©mporo-mandibular segÃºn sea el o los mÃºsculos de la masticaciÃ³n afectados

5-20

389) DisminuciÃ³n de los movimientos mandibulares, ya sea de tipo esquelÃ©tico, articular o muscular

5-20

390) DesfiguraciÃ³n facial por pÃ©rdida de sustancia total o parcial de uno de los labios

15-30

391) AsimetrÃa facial de carÃ¡cter cosmÃ©tico por parÃ¡lisis traumÃ¡tica del nervio facial

15-30

392) Parestesias mÃ¡xilo-mandibulares por lesiÃ³n perifÃ©rica de las ramas terminales dentarias del nervio trigÃ©mino

10-30

393) PÃ©rdida de la vitalidad pulpar de origen traumÃ¡tico comprobable de los incisivos superiores

5-10

394) PÃ©rdida de la vitalidad pulpar de origen traumÃ¡tico comparable de los incisivos inferiores

5-10

395) PÃ©rdida de la vitalidad pulpar de origen traumÃ¡tico comparable de cualquier otra pieza dentaria no incluida en los artÃculos anteriores

2-10

396) Fracturas coronarias con conservaciÃ³n de la porciÃ³n radicular del diente para prÃ³tesis de tipo fijo con conservaciÃ³n vital

5-10

397) Fractura coronaria con conservaciÃ³n de la porciÃ³n radicular del diente, para prÃ³tesis de tipo fijo, pero con pÃ©rdida de la vitalidad, susceptible a tratamientos endodÃ³cicos

5-10

Cuello

398) DesviaciÃ³n (tortÃcolis) por retracciÃ³n muscular o amplia cicatriz

10-25

399) FlexiÃ³n anterior cicatrizal, estando el mentÃ³n en contacto con el esternÃ³n

20-50

400) Estrechamientos cicatrizales de la laringe que produzcan disfonÃa

5-15

401) Que produzcan afonÃa sin disnea

10-30

402) Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos

5-10

403) Cuando produzcan disnea de medianos o pequeÃ±os esfuerzos

10-50

404) Cuando produzcan disnea de reposo

50-80

405) Cuando por disnea se requiera el uso de cÃ¡nula traqueal a permanencia de

70-90

406) Cuando por disfonÃa (o afonÃa) y disnea

20-70

407) Estrechamiento cicatrizal de la faringe con perturbaciÃ³n de la degluciÃ³n

20-40

TÃ³rax y su contenido

408) Secuelas discretas de fractura aislada del esternÃ³n

3-5

409) Con hundimiento o desviaciÃ³n sin complicaciones profundas

10-20

410) Secuelas de fractura de una a tres costillas, con dolores permanentes ante el esfuerzo

3-10

411) De fracturas costales con callo deforme, doloroso y dificultad al esfuerzo torÃ¡cico o abdominal

5-15

412) Con hundimiento y trastornos funcionales mÃ¡s acentuados

10-30

413) Adherencias y retracciones cicatrizales pleurales consecutivas a traumatismo

10-30

414) Secuelas postraumÃ¡ticas con lesiones bronco-pulmonares segÃºn el grado de lesiÃ³n orgÃ¡nica y de los trastornos funcionales residuales

5-80

415) Fibrosis neumoconiÃ³tica (radiolÃ³gicamente con opacidades lineales o reticulares generalizadas, u opacidades puntiformes, grados 1 Ã³ 2, u opacidades miliares grado 1, habitualmente), con funciÃ³n cardiorrespiratoria, sensiblemente normal

5-10

416) Fibrosis neumonomiÃ³tica (radiolÃ³gicamente con opacidades puntiformes grados 2 Ã³ 3, u opacidades miliares grados 1 Ã³ 2, u opacidades nodulares grado 1, habitualmente), con insuficiencia cardiorrespiratoria ligera, parcial o completa

5-20

417) Fibrosis neumoconiÃ³tica (radiolÃ³gicamente con opacidades puntiformes grado 3, u opacidades miliares grados 2 Ã³ 3, u opacidades nodulares grados 1, 2 Ã³ 3, u opacidades confluentes grados A o B, habitualmente), con insuficiencia cardiorrespiratoria media

30-50

418) Fibrosis neumoconiÃ³tica (radiolÃ³gicamente con opacidades miliares grado 3, y opacidades nodulares grado 2 Ã³ 3, u opacidades confluentes grados B o C, habitualmente) con insuficiencia cardiorrespiratoria acentuada o grave .

60-100

419) Fibrosis neumocÃ³niÃ³tica infectada de tubÃ©rculos, clÃnica y bacteriolÃ³gicamente curada; agregar 20% al monto de las incapacidades consignadas en las fracciones anteriores relativas, sin exceder del 100%.

420) Fibrosis neumoconiÃ³tica infectada de tuberculosis, no curada clÃnica ni bacteriolÃ³gicamente abierta

100

421) Las neumoconiosis no fibrÃ³ticas y el enfisema pulmonar se valuarÃ¡n segÃºn el grado de insuficiencia cardiorrespiratoria, de acuerdo con los porcentajes seÃ±alados en las fracciones relativas anteriores.

422) Hernia diafragmÃ¡tica postraumÃ¡tica no resuelta quirÃºrgicamente

10-30

423) Estrechamiento del esÃ³fago no resuelto quirÃºrgicamente

10-60

424) Adherencias pericÃ¡rdicas postraumÃ¡ticas sin insuficiencia cardÃaca

5-20

425) Con insuficiencia cardÃaca, segÃºn su gravedad

20-100

Abdomen

Unicamente se considerarÃ¡n hernias que dan derecho a indemnizaciÃ³n:

Las que aparezcan bruscamente a raÃz de un traumatismo violento sufrido en el trabajo, que ocasione roturas o desgarramientos de la pared abdominal o diafragma y se acompaÃ±en con un sÃndrome abdominal agudo y bien manifiesto.
Las que sobrevengan a los trabajadores predispuestos como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo, siempre que Ã©ste sea violento, imprevisto y anormal en relaciÃ³n con el trabajo que habitualmente ejecuta la vÃctima.

426) Hernia inguinal, crural o epigÃ¡strica inoperables

15-20

427) Las mismas, reproducidas despuÃ©s de tratamiento quirÃºrgico

10-20

428) Cicatrices viciosas de la pared abdominal que produzcan alguna incapacidad

5-20

429) Cicatrices con eventraciÃ³n inoperables o no resueltas quirÃºrgicamente

10-40

430) FÃstulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables o que produzcan alguna incapacidad

10-40

431) Otras lesiones de los Ã³rganos contenidos en el abdomen, que produzcan como consecuencia alguna incapacidad probada

5-70

432) EsplenectomÃa postrauma

433) LaparatomÃa simple

Aparato genÃ©tico-urinario

434) PÃ©rdida o atrofia de un testÃculo

435) De los dos testÃculos, tomando en consideraciÃ³n la edad

40-100

436) PÃ©rdida total o parcial del pene

30-100

437) Con estrechamiento del orificio uretal perineal o hipogÃ¡strico

50-100

438) Por la pÃ©rdida de un seno

10-25

439) De los dos senos

20-40

440) PÃ©rdida orgÃ¡nica o funcional de un riÃ±Ã³n estando normal el contra-lateral, tomando en cuanta el estado de la cicatriz parietal y la edad

0-40

441) Con perturbaciÃ³n funcional del riÃ±Ã³n contra-lateral tomando en cuenta el estado de la cicatriz parietal y la edad

40-90

442) Incontenencia de la orina, permanente

20-40

443) Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no resuelto quirÃºrgicamente

20-40

444) Estrechamiento franqueable por lesiÃ³n incompleta de la uretra posterior, no resuelto quirÃºrgicamente

30-60

445) Estrechamiento infranqueable de la uretra postraumÃ¡tico no resuelto quirÃºrgicamente, que obligue a efectuar micciÃ³n por un meato perineal o hipogÃ¡strico

40-80

Clasificaciones diversas

446) Por enajenaciÃ³n mental que sea resultado de algÃºn accidente o riesgo del trabajo

100

447) Por lesiones producidas por la acciÃ³n de la energÃa radiante, serÃ¡n indemnizadas de acuerdo con las modalidades especiales de la incapacidad

10-100

448) Las cicatrices producidas por amplias quemaduras de los tegumentos serÃ¡n indemnizadas tomando en cuenta la extensiÃ³n y la profundidad de las zonas cicatrices, independientemente de las perturbaciones funcionales que acarreen en los segmentos adyacentes.

449) Lesiones que provoquen grave mutilaciÃ³n o desfiguraciÃ³n notable al trabajador, segÃºn el grado de mutilaciÃ³n o desfiguraciÃ³n

El Poder Ejecutivo podrÃ¡, por vÃa de decreto, habiendo oÃdo previamente el criterio de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, modificar o ampliar la tabla de impedimentos fÃsicos, Ãºnicamente en forma tal que mejore los porcentajes que corresponden a pÃ©rdida de la capacidad general, en beneficio de los trabajadores.

Para los efectos de esta ley, se adopta la siguiente tabla de enfermedades de trabajo:

10-100

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiraciÃ³n de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral

Afecciones ocasionadas por la inhalaciÃ³n de polvos de lana.
Afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, pelo y seda.
Afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de madera.
Tabacosis, afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de tabaco.
Bagazosis: afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de bagazo, como en la industria azucarera.
Suberosis: afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de corcho.
Afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de cereales, harinas, heno, paja, yute, ixtle y henequÃ©n.
Bisinosis en: afecciones ocasionadas por hilados y tejidos de algodÃ³n.
Canabiosis: afecciones producidas por inhalaciÃ³n de polvos de cÃ¡Ã±amo.
Linosis: afecciones producidas por inhalaciÃ³n de polvo de lino.
Asma de los impresores causada por la goma arÃ¡biga.
Antracosis: causada por afecciones del polvo del carbÃ³n.
Sinderosis: causada por afecciones del polvo de hierro.
Calcicosis: causada por afecciones de sales cÃ¡lcicas.
Baritosis: afecciones producidas por polvo de bario.
EstaÃ±osis: afecciones producidas por polvo de estaÃ±o.
Silicatosis: afecciones producidas por silicatos.
Afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de abrasivos sintÃ©ticos, esmeril, carborundo y aloxita utilizados en la preparaciÃ³n de muelas, papeles abrasivos y pulidores.
Silicosis.,
Asbestosis o amiantosis.
Beriliosis o gluciniosis: afecciones ocasionadas por inhalaciÃ³n de polvos de berilio o glucinio.
Afecciones causadas por inhalaciÃ³n de polvo de cadmio.
Afecciones causadas por inhalaciÃ³n de polvos de vanio.
Afecciones causadas por inhalaciÃ³n de polvos de uranio.
Afe cciones causadas por inhalaciÃ³n de polvos de manganeso (neumonÃa manganÃ©sica).
Afecciones causadas por inhalaciÃ³n de polvos de cobalto.
Talcosis o esteatosis.
Aluminosis o «pulmÃ³n de aluminio».
Afecciones causadas por inhalaciÃ³n de polvos de mica.
Afecciones causadas por inhalaciÃ³n de tierra de diatomeas (tierra de infusorios, diatomita, trÃpoli, kieselgur).

Enfermedades de las vÃas respiratorias producidas por inhalaciÃ³n de gases y vapores

Afecciones provocadas por sustancias quÃmicas inorgÃ¡nicas u orgÃ¡nicas, que determinen acciÃ³n asfixiante simple o irritante de las vÃas respiratorias superiores, o irritante de los pulmones.

Asfixia producida por el Ã¡zoe o nitrÃ³geno.
Por el anhÃdrido carbÃ³nico o biÃ³xido de carbono.
Por el metano, etano, propano y butano.
Por el acetileno.
AcciÃ³n irritante de las vÃas respiratorias superiores, producida por el amonÃaco.
Por el anhÃdro sulforoso.
Por el formaldehÃdo o formol.
Por aldehÃdos, acrÃdina, acroleÃna, furtural, acetato de metilo, formiato de metilo, compuestos de selenio, estireno y cloruro de azufre.
AcciÃ³n irritante sobre los pulmones, producida por el cloro.
Por el fosgeno o cloruro de carbonilo.
Por los Ã³xidos de Ã¡zoe o vapores nitrosos.
Por el anhÃdro sulfÃºrico.
Por el ozono.
Por el bromo.
Por el flÃºor y sus compuestos.
Por el sulfato de metilo.

Asma bronquial producida por los alcaloides y Ã©ter dietÃlico, diclorato, poli-isocianatos y di-isocianato de tolueno.

Dermatosis

Enfermedades de la piel provocadas por agentes mecÃ¡nicos, fÃsicos, quÃmicos inorgÃ¡nicos u orgÃ¡nicos, que actÃºan como irritantes primarios o sensibilizantes, o que provocan quemaduras quÃmicas, que se presentan generalmente bajo las formas eritematosa, edemotosa, vesiculosa, eczematosa o costrosa.

Dermatosis por acciÃ³n del calor.
Dermatosis por exposiciÃ³n a bajas temperaturas.
Dermatosis por acciÃ³n de la luz solar y rayos ultravioleta.
Dermatosis producidas por Ã¡cidos clorhÃdrico, sulfÃºrico, nÃtrico, fluorhÃdrico, fluosilÃcico, clorosulfÃ³nico.
Dermatosis por acciÃ³n de soda cÃ¡ustica, potasa cÃ¡ustica y carbonato de sodio.
Dermatosis, ulceraciones cutÃ¡neas y perforaciÃ³n del tabique nasal por acciÃ³n de cromatos y bicromatos.
Dermatosis y queratosis arsenical, perforaciÃ³n del tabique nasal.
Dermatosis por acciÃ³n del nÃquel y oxicloruro del selenio.
Dermatosis por acciÃ³n de la cal y Ã³xido de calcio.
Dermatosis por acciÃ³n de sustancias orgÃ¡nicas, Ã¡cido acÃ©tico, Ã¡cido oxÃ¡lico, Ã¡cido de etileno, fulminato de mercurio, tetril, anhÃdrido itÃ¡lico de trinitrotolueno, parafinas, alquitrÃ¡n, brea, dinitrobenceno.
Dermatosis producida por benzol y demÃ¡s solventes orgÃ¡nicos.
Dermatosis por acciÃ³n de derivados de hidrocarburos; hexametilenotetranina, formaldehÃdo, cianamida cÃ¡lcica, anilinas, parafenilonediamina, dinitroclorobenceno, etc.
Dermatosis, por acciÃ³n de aceites de engrase de corte(botÃ³n de aceite o elaioconiosos), petrÃ³leo crudo.
Dermatosis por contacto.
Lesiones ungueales y periunguales. Onicodistrofias, onicÃ³lisis y paraniquia por exposiciÃ³n a solventes, humedad.
Otros padecimientos cutÃ¡neos de tipo reaccional no incluidos en los grupos anteriores, producidos por agentes quÃmicos orgÃ¡nicos (melanodermias, acromias, leucomelanodermias, lÃquen plano).
Blefaroconiosis (polvos minerales, vegetales o animales).
Dermatosis palpebral de contacto y eczema palpebral(polvos, gases y vapores de diversos orÃgenes).
Conjuntivitis y querato-conjuntivitis (por agentes fÃsicos- calor, quÃmicos o alergizantes).
Conjuntivitis y querato-conjuntivitis por radiaciones ( rayos actÃnicos, infrarrojos, de onda corta y rayos X).
PterigiÃ³n. Por irritaciÃ³n conjuntival permanente, por factores mecÃ¡nicos (polvos); fÃsicos rayos infrarrojos, calÃ³rica
Queratoconiosis: incrustaciÃ³n en la cÃ³rnea de partÃculas duras (mÃ¡rmol, piedra, polvos abrasivos y metales).
Argirosis ocular (sales de plata).
Catarata por radiaciones (rayos infrarrojos, calÃ³ricos, de onda corta, rayos X).
Catarata tÃ³xica (naftalina y sus derivados).
ParÃ¡lisis oculomotoras (intoxicaciones por sulfuro de carbono, plomo).

OftalmoplejÃa interna (intoxicaciÃ³n por sulfuro de carbono).
Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis(intoxicaciÃ³n por naftalina y benzol).
Neuritis y lesiÃ³n de la rama sensitiva del trigÃ©mino(intoxicaciÃ³n por tricloretileno).
Neuritis Ã³ptica y ambliopÃa o amaurosis tÃ³xica(intoxicaciÃ³n producida por plomo, sulfuro de carbono, benzol, tricloretileno, Ã³xido de carbono, alcohol metÃlico, nicotina, mercurio).
OftalmÃa y catarata elÃ©ctrica.

Intoxicaciones

Enfermedades producidas por absorciÃ³n de polvos, lÃquidos, humos, gases o vapores tÃ³xicos de origen quÃmico, orgÃ¡nico o inorgÃ¡nico, por la vÃa respiratoria, digestiva o cutÃ¡nea.

Fosforismo e intoxicaciÃ³n producidos por hidrÃ³geno fosforado.
Saturnismo o intoxicaciÃ³n plÃºmbica.
Hidrargirismo o mercurialismo.
Arsenisismo e intoxicaciÃ³n producida por hidrÃ³geno arseniado.
Manganesismo.
Fiebre de fundidores de zinc o temblor de los soldadores de zinc.
Oxicarbonismo.
IntoxicaciÃ³n ciÃ¡nica.
IntoxicaciÃ³n producida por alcoholes metÃlico, etÃlico, propilÃco y butÃlico.
Hidrocarburismo producido por derivados del petrÃ³leo y carbÃ³n de hulla.
IntoxicaciÃ³n producida por el tolueno y el xileno.
IntoxicaciÃ³n producida por el cloruro de metilo y el cloruro de metileno.
Intoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de carbono y clorobromo-metanos.
Intoxicaciones causadas por el bromuro de metilo y freones (derivados fluorados de hidrocarburos alogenados).
IntoxicaciÃ³n causada por el di-cloretano y tetra-cloretano.
IntoxicaciÃ³n causada por el hexa-cloretano.
IntoxicaciÃ³n causada por el cloruro de vinilo o monocloretileno.
IntoxicaciÃ³n causada por la mono-clorhidrina del glicol.
Intoxicaciones producidas por el tri-cloretileno y peri-cloretileno.
Intoxicaciones producidas por insecticidas clorados.
Intoxicaciones producidas por los naftalenos clorados y difenilos clorados.
Sulfo-carbonismo.
Sulfhidrismo o intoxicaciÃ³n causada por hidrÃ³geno sulfurado.
IntoxicaciÃ³n causada por el bioxido de dietileno(dioxÃ¡n).
Benzolismo.
IntoxicaciÃ³n causada por tetra-hidro-furano.
Intoxicaciones causadas por la anilina (anilismo) y compuestos.
Intoxicaciones causadas por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas.
Intoxicaciones producidas por trinitrotolueno y nitroglicerina.
IntoxicaciÃ³n producida por el tetra-etilo de plomo.
IntoxicaciÃ³n causada por insecticidas orgÃ¡nico-fosforados.
Intoxicaciones producidas por el dinifrofenol, dinitroortocreso, fenol y pentaclorofenol.
intoxicaciones producidas por la vencidina, naftilamina alfa, naftilamina beta y para-difenilamina.
Intoxicaciones producidas por carbamatos, ditiocarbamatos, derivados de clorofenoxhidroxicumarina, talio, insecticidas de origen vegetal.
Intoxicaciones producidas por la piridina, clorpromaxina y quimioterÃ¡picos en general.
Enfermedades producidas por combustibles de alta potencia (hidrocarburos de boro, oxÃgeno, lÃquido, etc.).

Si la enfermedad incapacita para el trabajo especÃfico y existen posibilidades de rehabilitaciÃ³n profesional, el porcentaje de incapacidad general que se fije debe ser del treinta por ciento (30%).

Si la enfermedad incapacita para cualquier trabajo, se declararÃ¡ la incapacidad total permanente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 225.-Â Toda enfermedad del trabajo debe tratarse y curarse cuantas veces sea necesario, antes de establecerse incapacidad permanente. En caso de llegarse a determinar la imposibilidad de curaciÃ³n, o cuando el trabajador se haya sensibilizado al agente que le produjo la enfermedad, se procederÃ¡ a establecer incapacidad permanente.

El Poder Ejecutivo, habiendo oÃdo de previo a la Junta Directiva del Instituto asegurador, podrÃ¡ dictar, por vÃas de reglamento, las tablas de enfermedades profesionales que darÃ¡n derecho a una indemnizaciÃ³n, sin perjuicio de que los tribunales de trabajo conceptÃºen otras enfermedades no enumeradas en el decreto o decretos respectivos, comprendidas dentro de las previsiones del pÃ¡rrafo anterior.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 226.-Â Las lesiones que sin producir impedimentos acarreen alguna mutilaciÃ³n, cicatriz o desfiguraciÃ³n de la vÃctima, se equipararÃ¡n para los efectos de las prestaciones en dinero, segÃºn su gravedad, a la incapacidad permanente, sin perjuicio de lo establecido en el artÃculo 224 para las cicatrices retrÃ¡ctiles que no pueden ser resueltas quirÃºrgicamente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 227.-Â Se considerarÃ¡n hernias del trabajo aquellas relacionadas con un traumatismo violento sufrido en el trabajo, que ocasione las dolencias tÃpicas que mÃ©dicamente les son atribuibles.

TambiÃ©n constituyen hernias del trabajo las que sobrevengan a trabajadores predispuestos, como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo imprevisto, superior al que habitualmente se acostumbra en el trabajo, sin perjuicio de lo seÃ±alado en el artÃculo 224, sobre el abdomen.

Para la calificaciÃ³n concreta, en cada caso, se tomarÃ¡n en cuenta los antecedentes personales del sujeto observado, su historial clÃnico, las circunstancias del accidente, la naturaleza del trabajo, los sÃntomas observados y las caracterÃsticas propias de la hernia producida.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

CAPITULO SEXTO

ArtÃculo 228.-Â Las instituciones pÃºblicas suministrarÃ¡n al Instituto Nacional de Seguros la atenciÃ³n mÃ©dico-quirÃºrgica-hospitalaria y de rehabilitaciÃ³n que este requiera para la administraciÃ³n del rÃ©gimen de riesgos del trabajo. La fijaciÃ³n de los costos se harÃ¡ con base en los informes presentados por las instituciones pÃºblicas, tomando en cuenta el criterio del ente asegurador. En caso de discrepancia se aplicarÃ¡n las reglas establecidas en la Ley general de la AdministraciÃ³n PÃºblica, para determinar el costo definitivo de los servicios.

El pago de los servicios asistenciales que el Instituto asegurador solicite se harÃ¡ conforme al reglamento de la ley.

Â (AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la leyÂ NÂ°Â 8823 del 5 de mayo de 2010, «Reforma varias leyes sobre la participaciÃ³n de la ContralorÃa General de la RepÃºblica para la simplificaciÃ³n y el Fortalecimiento de la GestiÃ³n PÃºblica»)

Ficha articulo

ARTICULO 229.-Â El trabajador que sufra un riesgo del trabajo deberÃ¡ someterse a las prestaciones mÃ©dico-sanitarias y de rehabilitaciÃ³n que disponga y le suministre el Instituto Nacional de Seguros.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 230.-Â En caso de emergencia, el trabajador que haya sufrido un riesgo cubierto por el seguro a que se refiere esta ley, podrÃ¡ ser atendido por cualquier profesional o centro de salud, pÃºblico o privado, por cuenta del ente asegurador, segÃºn la tarifa establecida. Tan pronto como sea posible el trabajador sometido a tratamiento serÃ¡ trasladado a donde corresponda, segÃºn los reglamentos o disposiciones del ente asegurador.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 231.-Â Si el patrono no hubiere asegurado al trabajador contra los riesgos del trabajo, el pago de todas las prestaciones seÃ±aladas en los artÃculos 218 y 219, que el ente asegurador haya suministrado al trabajador vÃctima de un riesgo del trabajo, o a sus causahabientes, estarÃ¡ exclusivamente a cargo del patrono.

En todo caso, el instituto asegurador atenderÃ¡ todas las prestaciones seÃ±aladas en este CÃ³digo para el trabajador vÃctima de un infortunio laboral, o sus causahabientes, y acudirÃ¡ a los tribunales para cobrar al patrono las sumas erogadas, con los intereses del caso, todo sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley para el patrono remiso.

De igual modo actuarÃ¡ el ente asegurador, cuando se presentaren discrepancias con el patrono, en relaciÃ³n con la interpretaciÃ³n y aplicaciÃ³n del seguro, su vigencia y cobertura.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 232.-Â Cuando un trabajador que no estÃ© asegurado sufra un riesgo del trabajo, y acuda al Instituto Nacional de Seguros, o a cualquier hospital, clÃnica o centro de salud, pÃºblico o privado, en demanda de las prestaciones mÃ©dico-sanitarias y de rehabilitaciÃ³n que establece este TÃtulo, tendrÃ¡ derecho a que se le suministren de inmediato los servicios que su caso requiera. En este caso el patrono podrÃ¡ nombrar un mÃ©dico, para queÂ controloÂ el curso del tratamiento que se le suministre al trabajador.

Las instituciones prestatarias de esa asistencia cobrarÃ¡n el costo de Ã©sta al patrono, para el cual el trabajador prestaba sus servicios al ocurrir el riesgo.

Para los efectos del cobro, constituirÃ¡n tÃtulo ejecutivo, de acuerdo con los tÃ©rminos del artÃculo 425 del CÃ³digo de Procedimientos Civiles, las certificaciones expedidas por el Jefe del Departamento de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros, por la Subgerencia MÃ©dica de la Caja Costarricense de Seguro Social, o por directores de las instituciones privadas.

Igual procedimiento seguirÃ¡ el Instituto Nacional de Seguros para el cobro de cualquier suma que se le adeude, derivada de la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen de riesgos del trabajo que establece este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 233.-Â El trabajador que hiciere abandono de la asistencia mÃ©dico- sanitaria o de rehabilitaciÃ³n que se le otorga, o que se negare, sin causa justificada, a seguir las prescripciones mÃ©dicas, perderÃ¡ el derecho a las prestaciones que dispone este CÃ³digo, salvo el contemplado en el inciso c) del artÃculo 218.

Para tales efectos se observarÃ¡ y agotarÃ¡ el siguiente procedimiento: El Instituto asegurador, administrativamente, impondrÃ¡ al trabajador acerca de las posibles consecuencias legales y perjudiciales que podrÃa ocasionarle esa conducta, en detrimento de su propia salud y situaciÃ³n jurÃdica.

Si el trabajador persistiera en su abandono injustificado, el Instituto darÃ¡ aviso inmediato de ello a un juez de trabajo, a fin de que Ã©ste, directamente o por medio de la autoridad de la localidad en que el trabajador resida, notifique al trabajador la situaciÃ³n planteada, para que manifieste su voluntad de someterse de nuevo al tratamiento prescrito, o para que seÃ±ale los motivos que tuvo para renunciar al mismo, asÃ como cualesquiera otras disconformidades o peticiones adicionales que crea conveniente hacer o manifestar. En cualquier caso, el juzgado de trabajo podrÃ¡ solicitar la intervenciÃ³n del Departamento de Medicina Legal del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial, o del Consejo MÃ©dico Forense, a fin de que se determine en definitiva la asistencia mÃ©dico- sanitaria, quirÃºrgica o de rehabilitaciÃ³n, y las prescripciones mÃ©dicas que el caso verdaderamente requiera.

En el mismo auto de notificaciÃ³n, el juzgado de trabajo apercibirÃ¡ al trabajador de las posibles consecuencias legales que su rebeldÃa o silencio podrÃan ocasionarle.

En caso de que el trabajador no compareciera sin causa justificada, ante el juzgado de trabajo, dentro de diez dÃas hÃ¡biles contados a partir de la notificaciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, o ante el Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial, dentro del mismo tÃ©rmino, una vez avisado por Ã©ste por dos veces, el juzgado, en fallo razonado, absolverÃ¡ al ente asegurador de toda responsabilidad en cuanto a las prestaciones a que se refiere este CÃ³digo, sin que pueda luego el trabajador invocar al Instituto su suministro o el costo de las mismas.

De igual manera, el juez de trabajo impondrÃ¡ al ente asegurador de la obligaciÃ³n de suministrar al trabajador la asistencia mÃ©dico- sanitaria, quirÃºrgica y de rehabilitaciÃ³n que la dependencia del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial determine.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 234.-Â Cuando el trabajador no reciba las prestaciones seÃ±aladas en el artÃculo 218, podrÃ¡ demandar el suministro o el costo de Ã©stas, los intereses legales correspondientes, mÃ¡s las costas procesales y personales que implique su acciÃ³n ante el juez de trabajo. En concordancia con los procedimientos seÃ±alados en el artÃculo 233, el juez de trabajo apercibirÃ¡ al obligado para que demuestre, dentro del quinto dÃa, haber cumplido con las mismas. En caso contrario, ya sea porque no conteste dentro del tÃ©rmino, o porque no demuestre del todo, o lo haga insuficientemente, haber cumplido con dichas prestaciones, o bien porque el Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial hubiese dictaminado prestaciones superiores a las otorgadas, el juez, en el fallo correspondiente, impondrÃ¡ al obligado en cuanto a su obligaciÃ³n de preceder a su suministro o pago, asÃ como de las accesorias de la acciÃ³n.

Igual procedimientos seguirÃ¡n, en su caso, los causahabientes del trabajador que falleciere a consecuencia de un riesgo del trabajo, para obtener las prestaciones a que se refieren los artÃculos 219 y 243, o el reembolso que a ellas corresponda.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artÃculo 303.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 235.-Â Para los efectos de este CÃ³digo, el cÃ¡lculo de salario de los trabajadores se determinarÃ¡ de la siguiente manera:

Salario diario es la remuneraciÃ³n, en dinero y en especie, cualquiera que sea su forma o denominaciÃ³n, que el trabajador perciba por jornada diaria de trabajo.

Si el salario del trabajador fuere mensual, quincenal, semanal en comercio, o salario base de cotizaciÃ³n establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para efectos de este seguro, el salario diario se determinarÃ¡ dividiendo la remuneraciÃ³n declarada en las planillas presentadas por el patrono en los tres meses anteriores al acaecimiento del riesgo, o durante un tiempo inferior a ese plazo que el trabajador haya laborado para el patrono, entre el nÃºmero de dÃas naturales existentes en ese perÃodo.

Para otras formas de remuneraciÃ³n no incluidas en el pÃ¡rrafo anterior, el salario diario se calcularÃ¡ dividiendo la remuneraciÃ³n declarada en las planillas presentadas por el patrono durante los tres meses anteriores al acaecimiento del riesgo, o durante un tiempo inferior a ese plazo que el trabajo haya laborado para el patrono, entre el nÃºmero de dÃas efectivamente trabajados en ese perÃodo.

Los salarios de los trabajadores que tengan carÃ¡cter eminentemente transitorio, ocasional, o de temporada, o con jornadas de trabajo intermitentes, serÃ¡n determinados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud expresa del Instituto Nacional de Seguros.

Este Ministerio determinarÃ¡ el salario mensual base de cotizaciÃ³n para el seguro contra riesgos del trabajo, en los casos seÃ±alados en este inciso.

El salario anual serÃ¡ el resultado de multiplicar el salario diario por los factores que de inmediato se seÃ±alan:

c.1) Para los salarios mensuales, quincenales, semanales en comercio, o fijados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salario diario multiplicado por trescientos sesenta.

c.2) Para los demÃ¡s salarios diarios, el mismo, multiplicando por el factor de proporcionalidad que resulte de comparar los dÃas efectivamente trabajados en el perÃodo de los tres meses anteriores al infortunio o durante un tiempo inferior a ese plazo que el trabajador haya laborado para el patrono, y los dÃas hÃ¡biles transcurridos, multiplicados por trescientos doce; sea salario diario por dÃas efectivamente trabajados, por trescientos doce, entre los dÃas hÃ¡biles laborables existentes en el perÃodo computado.

ch) En ningÃºn caso el salario que se use para el cÃ¡lculo de las prestaciones en dinero derivadas de este TÃtulo, serÃ¡ menor al salario mÃnimo de la ocupaciÃ³n que desempeÃ±aba el trabajador al ocurrir el riesgo. El Instituto Nacional de Seguros determinarÃ¡ las prestaciones en dinero que deba hacer efectivas, con base en los reportes de planillas que el patrono haya presentado antes de la ocurrencia del riesgo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo 206.

Salvo estipulaciÃ³n contractual mÃ¡s beneficiosa para los intereses del trabajador, el salario anual de los aprendices o similares se fijarÃ¡ tomando como base el producto de multiplicar por trescientos doce el salario diario menor que establezca el Decreto de Salarios MÃnimos para los trabajadores de la actividad de que se trate; y
Para los efectos de este artÃculo, servirÃ¡n de prueba preferente para la fijaciÃ³n del verdadero monto del salario las planillas, y demÃ¡s constancias de pago de salario, asÃ como las respectivas declaraciones del Impuesto sobre la Renta que haya presentado el trabajador.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 236.-Â Durante la incapacidad temporal, el trabajador tendrÃ¡ derecho a un subsidio igual al 60% de su salario diario durante los primeros cuarenta y cinco dÃas de incapacidad. Transcurrido ese plazo, el subsidio que se reconocerÃ¡ al trabajador serÃ¡ equivalente al 100% del salario diario, si percibiere una remuneraciÃ³n diaria igual o inferior a cien colones. Si el sueldo fuere superior a cien colones por dÃa, sobre el exceso se pagarÃ¡ un subsidio igual al 67%. La suma mÃ¡xima sobre la cual se aplicarÃ¡ el 100% podrÃ¡ ser modificada reglamentariamente.

Cuando la remuneraciÃ³n del trabajador sea pagada en forma mensual, quincenal o semanal en comercio, y cuando se trate de trabajadores con salario base fijado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el subsidio serÃ¡ pagado a partir de la fecha en que ocurriÃ³ el riesgo del trabajo, hasta cuando se dÃ© el alta mÃ©dica al trabajador, con o sin fijaciÃ³n del impedimento, o hasta que transcurra el plazo de dos aÃ±os que seÃ±ala el artÃculo 237.

Si la forma de contrataciÃ³n fuere por salario diario, el subsidio se pagarÃ¡ considerando los dÃas laborales existentes en el perÃodo de incapacidad, conforme a la jornada de trabajo semanal del trabajador. Para esos efectos se considerarÃ¡n hÃ¡biles para el trabajo los dÃas feriados, excluyendo los domingos.

ServirÃ¡n de referencia las planillas presentadas en el perÃodo de los tres meses anteriores al de la ocurrencia del infortunio, o un tiempo menor, si no hubiere trabajado durante ese perÃodo al servicio del patrono con quien le ocurriÃ³ el riesgo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃculos 16 y 206.

Cuando los trabajadores estÃ©n asegurados en el Instituto Nacional de Seguros, los pagos de subsidios se harÃ¡n semanalmente, segÃºn las disposiciones internas que para efectos de tramitaciÃ³n se establezcan en el reglamento de la ley.

El monto del subsidio diario, en los casos de trabajadores que laboren jornada ordinaria de trabajo completa, no podrÃ¡ ser inferior al salario que establece el Decreto de Salarios MÃnimos para todos los trabajos no contemplados en las disposiciones generales en las cuales se establece el salario por actividades, o en otras leyes de la RepÃºblica

En los casos de trabajadores que laboran una jornada de trabajo inferior a la ordinaria, el subsidio mÃnimo se calcularÃ¡ con base en el salario indicado, pero en forma proporcional a las horas que trabajen siempre que laboren menos de la mitad de la jornada mÃ¡xima ordinaria.

Cuando el trabajador preste servicios a mÃ¡s de un patrono, el subsidio se calcularÃ¡ tomando en cuanta los salarios que perciba con cada patrono.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 237.-Â Si transcurrido un plazo de dos aÃ±os a partir de la ocurrencia del riesgo, no hubiere cesado la incapacidad temporal del trabajador, se procederÃ¡ a establecer el porcentaje de incapacidad permanente, y se suspenderÃ¡ el pago del subsidio, sin perjuicio de que se puedan continuar suministrando las prestaciones mÃ©dico-sanitarias y de rehabilitaciÃ³n al trabajador.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 238.-Â La declaraciÃ³n de incapacidad menor permanente establece para el trabajador el derecho a percibirÂ unÂ renta anual, pagadera en dozavos, durante un plazo de cinco aÃ±os, la cual se calcularÃ¡ aplicando el porcentaje de incapacidad que se le ha fijado, conforme a los tÃ©rminos de los artÃculos 224 y 225, al salario anual que se determine.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Â (Nota: Ver Reglamento sobre Botiquines de Emergencia, Decreto EjecutivoÂ NÂ°Â 12 del 28 de setiembre de 1951)

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ARTICULO 239.-Â La declaratoria de incapacidad parcial permanente determina para el trabajador el derecho a percibir una renta anual, pagadera un dozavos, durante un plazo de diez aÃ±os, equivalente al 67% del salario anual que se determine.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 240.-Â La declaratoria de incapacidad total permanente determina para el trabajador el derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al 100% del salario anual, hasta un lÃmite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el exceso de esa suma.

Por vÃa reglamentaria se podrÃ¡ aumentar el salario anual mÃ¡ximo sobre el cual se aplica el 100%.

Ninguna renta mensual que se fije por incapacidad total permanente serÃ¡ inferior a mil quinientos colones o a la suma mayor que reglamentariamente se fije.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 241.-Â La declaratoria de gran invalidez determina para el trabajador, el derecho a percibir una renta anual vitalicia, pagadera en dozavos, igual al 100% del salario anual hasta un lÃmite de treinta y seis mil colones y el 67% sobre el exceso de esa suma.

Por vÃa reglamentaria se podrÃ¡ aumentar el salario anual mÃ¡ximo sobre el cual se aplica el 100%.

Ninguna renta mensual que se fije por gran invalidez serÃ¡ inferior a mil quinientos colones y en todos los casos, adicionalmente, se reconocerÃ¡ una suma mensual fija de quinientos colones. La cuantÃa bÃ¡sica podrÃ¡ aumentarse reglamentariamente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULOÂ 242.-Â A juicio del Instituto Nacional de Seguros se podrÃ¡ otorgar una asignaciÃ³n global, por un monto mÃ¡ximo de cuarenta mil colones, a los trabajadores con gran invalidez que se encuentren en precaria situaciÃ³n econÃ³mica, la cual se destinarÃ¡ a los siguientes fines:

Para construir cualquier tipo de obra que mejore el espacio habitacional, y sea de beneficio para el trabajador, segÃºn recomendaciÃ³n de personal especializado del Instituto Nacional de Seguros.

La obra deberÃ¡ constituirse en propiedad inscrita a nombre del trabajador invÃ¡lido, o en la que se constituya debidamente el derecho de uso y habitaciÃ³n a su favor;

Al pago de primas para la adquisiciÃ³n de viviendas, por medio de instituciones pÃºblicas sujetas a las regulaciones que el Instituto Nacional de Seguros dispondrÃ¡ en cada caso, las cuales deberÃ¡n contemplar como mÃnimo, limitaciones para la venta, traspaso o enajenaciÃ³n de las propiedades que sean adquiridas por medio de este beneficio; y
La asignaciÃ³n a que se refiere este artÃculo podrÃ¡ ser girada mediante un solo pago, o por sumas parciales hasta agotar ese mÃ¡ximo, segÃºn sean las necesidades del caso.

El trabajador deberÃ¡ gestionar y justificar por escrito ante el Instituto Nacional de Seguros, la solicitud de este beneficio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ArtÃculo 243- Cuando un riesgo del trabajo produzca la muerte al trabajador o la trabajadora, las personas que a continuaciÃ³n se seÃ±alan tendrÃ¡n derecho a una renta anual, pagadera en dozavos, a partir de la fecha de defunciÃ³n del trabajador 0 la trabajadora, o bien, a partir del nacimiento del hijo 0 la hija pÃ³stumo derechohabientes, calculada sobre el salario anual que se determine que percibiÃ³ el occiso, en el siguiente orden y condiciones:

Â (AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 5Â° de la ley NÂ° 10166 del 30 de marzo de 2022, «Reforma varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza»)

a. Una renta equivalente al 30% del salario establecido, durante un plazo de diez aÃ±os, para el cÃ³nyuge supÃ©rstite que convivÃa con aquÃ©l, o que por causas imputables al fallecido estuviere divorciado, o separado judicialmente o de hecho, siempre que en estos casos el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurriÃ³ el riesgo y siempre que se compruebe que el cÃ³nyuge supÃ©rstite dependÃa econÃ³micamente del trabajador fallecido.

Esta renta se elevarÃ¡ al 40% del salario anual, si no existieran los beneficiarios comprendidos en el inciso b) siguiente.

Si el cÃ³nyuge no hubiere contraÃdo nupcias, y demostrare una definitiva dependencia econÃ³mica de la renta para su manutenciÃ³n, a juicio del Instituto Nacional de Seguros, el pago de la renta podrÃ¡ ser prorrogado por perÃodos sucesivos de cinco aÃ±os al vencimiento de los mismos.

(Mediante resoluciÃ³n de la Sala Constitucional NÂ° 238 del 9 de enero del 2019, se declarÃ³ inconstitucional el pÃ¡rrafo final del inciso a) anterior,Â por infringir el principio de igualdad, asÃ como el derecho a la igualdad de derechos de los cÃ³nyuges contenido en el artÃculo 52 de la ConstituciÃ³n PolÃtica y el principio de razonabilidad de las normas. )

b. Una renta que se determinarÃ¡ con base en las disposiciones que luego se enumeran, para los menores de dieciocho aÃ±os, que dependÃan econÃ³micamente del trabajador fallecido.

No serÃ¡ necesario comprobar la dependencia econÃ³mica, cuando los menores sean hijos de matrimonio del occiso, o extramatrimoniales reconocidos antes de la ocurrencia del riesgo.

En todos los demÃ¡s casos se deberÃ¡ comprobar fehacientemente la dependencia econÃ³mica. La renta de estos menores serÃ¡ del 20%, si hubiera sÃ³lo uno; del 30% si hubieran dos; y del 40% si hubieran tres o mÃ¡s. Cuando no haya beneficiario con derecho a renta, de acuerdo con los tÃ©rminos del inciso a) inmediato anterior, la renta de los menores se elevarÃ¡ al 35%, su hubiera sÃ³lo uno y al 20% para cada uno de ellos si fueran dos o mÃ¡s, con limitaciÃ³n que se seÃ±ala en el artÃculo 245.

Estas rentas se pagarÃ¡n a los menores hasta que cumplan dieciocho aÃ±os de edad, salvo que al llegar a esta edad demuestren que estÃ¡n cursando estudios a nivel de cuarto ciclo en alguna instituciÃ³n de enseÃ±anza secundaria, o de enseÃ±anza superior, en cuyo caso las rentas se harÃ¡n efectivas hasta que cumplan veinticinco aÃ±os de edad.

Para los efectos de la extensiÃ³n del pago de rentas de los dieciocho a veinticinco aÃ±os de edad, los interesados deberÃ¡n presentar al Instituto Nacional de Seguros, una certificaciÃ³n trimestral del centro de enseÃ±anza en donde cursan estudios, en la que se harÃ¡ constar su condiciÃ³n de alumno regular y permanente, lo mismo que su rendimiento acadÃ©mico. Es entendido que la suspensiÃ³n de estudios, o un notorio bajo rendimiento en los mismos harÃ¡n perder el derecho a las rentas en forma definitiva, excepto en los casos en que el beneficiario pueda demostrar incapacidad fÃsica prolongada por mÃ¡s de un mes, eventualidad en la que se podrÃ¡n continuar pagando las rentas, si se comprueba la reanudaciÃ³n de los estudios.

La extensiÃ³n en el pago de las rentas se perderÃ¡ definitivamente si el beneficiario estudiante tuviera cualquier tipo de ingresos, suficientes para su manutenciÃ³n;

c. Si no hubiera esposa en los tÃ©rminos del inciso a), la compaÃ±era del trabajador fallecido, que tuviere hijos con Ã©l, o que sin hijos haya convivido con Ã©ste por un plazo mÃnimo ininterrumpido de cinco aÃ±os, tendrÃ¡ derecho a una renta equivalente al 30% del salario indicado, durante el tÃ©rmino de diez aÃ±os, que se elevarÃ¡ al 40% si no hubiere beneficiarios de los enumerados en el inciso b) de este artÃculo. Para ello deberÃ¡ aportar las pruebas que demuestren su convivencia con el occiso. PerderÃ¡ el derecho a esa renta la compaÃ±era que contraiga matrimonio, o entre en uniÃ³n libre;

ch)Â (Eliminado por el artÃculo 5Â° de la ley NÂ° 10166 del 30 de marzo de 2022, «Reforma varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza»)

d) Una renta del veinte por ciento (20%) del salario dicho, durante un plazo de diez aÃ±os, para la madre y el padre del occiso, o la madre y el padre de crianza. Ambas rentas se elevarÃ¡n al treinta por ciento (30%) cuando no haya beneficiarios de los que se enumeran en el inciso b) de este artÃculo;

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 5Â° de la ley NÂ° 10166 del 30 de marzo de 2022, «Reforma varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza»)

e. Una renta del 10% del referido sueldo, durante un plazo de diez aÃ±os, para cada uno de los ascendientes, descendientes y colaterales del occiso, hasta tercer grado inclusive, sexagenarioso incapacitados para trabajar, que vivÃan bajo su dependencia econÃ³mica, sin que el total de estas rentas pueda exceder del 30% de ese salario.

Se presumirÃ¡ que estas personas vivÃan a cargo del trabajador fallecido, si habitaban su misma casa de habitaciÃ³n, y si carecen del todo o en parte, de recursos propios para su manutenciÃ³n;

f. La renta que se fije a cada beneficiario no serÃ¡ inferior al resultado de la siguiente relaciÃ³n: mil quinientos por el porcentaje de renta que le corresponda al causahabiente, dividido entre setenta y cinco.

Si al momento de la muerte del trabajador sÃ³lo hubiera uno o dos causahabientes, la renta conjunta que perciban no podrÃ¡ ser inferior a quinientos colones; y

g. Las rentas que se fijen con base en este artÃculo tendrÃ¡n el carÃ¡cter de provisionales durante los dos primeros aÃ±os de pago, y no podrÃ¡n ser conmutadas durante ese plazo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 244.-Â La caducidad de la renta, por muerte de un beneficiario de los comprendidos en el artÃculo 243, o por cualquier otra causa, no configura derecho a favor de ninguno otro.

Una sola persona no podrÃ¡ disfrutar de dos rentas simultÃ¡neas, por razÃ³n de un mismo riesgo del trabajo, ocurrido a un mismo trabajador.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 245.-Â La suma de las rentas que se acuerde con arreglo al artÃculo 243 no podrÃ¡ exceder del 75% del salario anual del trabajador fallecido que se determine.

Si las rentas excedieren de ese 75% se reducirÃ¡n proporcionalmente, sin perjuicio de las que se hayan establecido segÃºn el orden de los incisos, antes de agotar ese mÃ¡ximo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 246.-Â La renta a que se refiere este capÃtulo es anual, y se pagarÃ¡ en cuotas mensuales adelantadas, a partir del dÃa en que cese la incapacidad temporal del trabajador, u ocurra su muerte, a consecuencia del infortunio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 247.-Â Si a consecuencia de un riesgo del trabajo desapareciera un trabajador sin que haya certidumbre de su fallecimiento, y no se volviera a tener noticias de Ã©l dentro de los treinta dÃas posteriores al suceso, se presumirÃ¡ su muerte, a afecto de que los causahabientes perciban las prestaciones en dinero que dispone este CÃ³digo, sin perjuicio de la devoluciÃ³n que procediere posteriormente, en caso de que se pruebe que el trabajador no habÃa fallecido.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 248.-Â Cuando el trabajador, al que se le hubiere fijado incapacidad permanente, falleciere, y su muerte se produjera como consecuencia y por efecto directo de ese mismo riesgo, deberÃ¡n pagarse las prestaciones en dinero, por muerte, que establece esta ley, fijÃ¡ndose las rentas a partir de su muerte.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 249.-Â La prestaciones en dinero, que conforme a este CÃ³digo correspondan por incapacidad permanente o por muerte, se otorgarÃ¡n sin perjuicio de las que haya percibido el trabajador afectado por un riesgo, desde el acaecimiento del mismo hasta el establecimiento de la incapacidad permanente, o en su caso, la muerte.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 250.-Â Si como consecuencia de un riesgo del trabajo, el trabajador quedare con enajenaciÃ³n mental, las prestaciones en dinero que le correspondan serÃ¡n pagadas a la persona que conforme al CÃ³digo Civil o de Familia lo represente. Igual regla regirÃ¡ para los causahabientes del trabajador que falleciere, que sean menores de edad o enajenados mentales.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 251.-Â Los trabajadores a quienes se les haya otorgado incapacidad total permanente, y los derecho habientes del trabajador que falleciere a causa de un riesgo del trabajo, tendrÃ¡n derecho al pago de una renta adicional en diciembre, equivalente al monto de la indemnizaciÃ³n que estuvieran percibiendo, mensualmente, pero sin que la misma pueda exceder de la suma de mil quinientos colones. Esta suma, a solicitud del Instituto, podrÃ¡ ser modificada reglamentariamente.

El pago de esta renta adicional queda sujeto a que las rentas de las personas indicadas en este artÃculo se hayan comenzado a pagar antes del 1Âº de agosto, y a que su pago no concluya antes del 1Âº de diciembre de cada aÃ±o.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 252.-Â Las prestaciones en dinero reconocidas al amparo de este TÃtulo, no excluyen ni suspenden el giro de ninguno de los beneficios establecidos en las leyes de jubilaciones, pensiones y subsidios de carÃ¡cter general o especial.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 253.-Â Las prestaciones mÃ©dico- sanitarias de rehabilitaciÃ³n y en dinero que otorga el presente CÃ³digo no podrÃ¡n renunciarse, transarse, cederse, compensarse, ni gravarse, ni serÃ¡n susceptibles de embargo, salvo las prestaciones en dinero, en un 50%, por concepto de pensiÃ³n alimenticia.

Para este efecto, los tribunales denegarÃ¡n de plano toda reclamaciÃ³n que en ese sentido se plantee.

Si por falta de aviso oportuno de la muerte de una de las personas que se hubieran hecho acreedoras a prestaciones en dinero, de acuerdo con los tÃ©rminos de este CÃ³digo, o por cualquier otra ocultaciÃ³n hecha por el trabajador, o sus causahabientes, se hubieran pagado prestaciones no debidas, el Instituto Nacional de Seguros podrÃ¡ cobrar o compensar lo que haya entregado indebidamente a los responsables, deduciendo las sumas de las prestaciones en dinero que se les adeuden a Ã©stos, o mediante las gestiones cobratorias que correspondan, todo lo cual deberÃ¡ comprobarse ante un juzgado de trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 254.-Â El patrono estÃ¡ obligado a reponer en su trabajo habitual al trabajador que haya sufrido un riesgo del trabajo, cuando estÃ© en capacidad de laborar.

Si de conformidad con el criterio mÃ©dico, el trabajador no pudiera desempeÃ±ar normalmente el trabajo que realizaba cuando le aconteciÃ³ el riesgo, pero si otro diferente en la misma empresa, el patrono estarÃ¡ obligado a proporcionÃ¡rselo, siempre que ello sea factible, para lo cual podrÃ¡ realizar los movimientos de personas que sean necesarios.

En casos en que la reinstalaciÃ³n ocasione perjuicio objetivo al trabajador, ya sea por la Ãndole personal del puesto, por el salario percibido, o porque afecta negativamente su proceso de rehabilitaciÃ³n, o bien porque incluso el trabajador se encuentra en contacto con las causas generativas del riesgo ocurrido, el patrono procederÃ¡ a efectuar el pago de sus prestaciones legales correspondientes, extremos que serÃ¡n procedentes si no es posible lograr la reubicaciÃ³n del trabajador en la empresa.

Para los efectos antes seÃ±alados, el trabajador podrÃ¡ solicitar, administrativamente, al ente asegurador, de previo, o una vez que se le haya dado de alta provisional o definitiva para trabajar, que adjunte a la orden de alta una copia del dictamen mÃ©dico, en la que, sin perjuicio de otros datos se seÃ±ale claramente la situaciÃ³n real del trabajador, en relaciÃ³n con el medio de trabajo que se recomienda para Ã©l, segÃºn su capacidad laboral.

El trabajador podrÃ¡ reclamar, por la vÃa jurisdiccional, este derecho, siempre que no hayan transcurrido dos meses desde que se le dio de alta, con o sin fijaciÃ³n de impedimento, y siempre que no se le haya seÃ±alado incapacidad total permanente.

El Poder Ejecutivo, por la vÃa reglamentaria, habiendo oÃdo de previo a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, al Consejo de Salud Ocupacional y al Consejo Nacional de RehabilitaciÃ³n y EducaciÃ³n Especial, fijarÃ¡ las condiciones de trabajo de los minusvÃ¡lidos, en tanto no se emita una ley especial, y establecerÃ¡ las cuotas de colocaciÃ³n selectiva de minusvÃ¡lidos a que estarÃ¡n obligadas las empresas pÃºblicas y privadas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 255.-Â En el caso de trabajadores que estÃ©n cubiertos por las disposiciones de este CÃ³digo, el Instituto Nacional de Seguros procederÃ¡ a la conmutaciÃ³n de rentas, en casos calificados de excepciÃ³n, siempre que no se haya fijado incapacidad total permanente.

El interesado presentarÃ¡ la solicitud de conmutaciÃ³n de rentas al Instituto Nacional de Seguros, en forma escrita, expresando con claridad el motivo por el cual pide la conmutaciÃ³n y el uso que le darÃ¡ al dinero.

El Instituto tramitarÃ¡ esas solicitudes en forma gratuita y rÃ¡pida, pero deberÃ¡ efectuar todos los estudios que a su juicio sean necesarios para resolver la gestiÃ³n. Con base en esos estudios procederÃ¡ a acoger o a rechazar la gestiÃ³n de conmutaciÃ³n de rentas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 256.-Â En casos calificados, en que por excepciÃ³n el Instituto Nacional de Seguros resuelva a coger la solicitud de conmutaciÃ³n de rentas, entregarÃ¡ a quien corresponda, en lugar de las prestaciones en dinero que se adeudan, una suma global que se pagarÃ¡ de inmediato, la cual se calcularÃ¡ de acuerdo con las tablas actuariales que el Instituto Nacional de Seguros utiliza.

Los cÃ¡lculos que no merezcan conformidad del interesado deberÃ¡n ser remitidos al Tribunal Superior de Trabajo, a efecto de que Ã©ste los revise y apruebe, o los devuelva con observaciones, en caso de que la suma que va a ser entregada al trabajador, o a sus causahabientes, sea diferente a la que les corresponde

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 257.-Â TratÃ¡ndose de menores de edad, la conmutaciÃ³n de rentas sÃ³lo procederÃ¡ por vÃa de excepciÃ³n cuando sea recomendada por el Instituto Nacional de Seguros, en cuyo caso se pondrÃ¡n todos los antecedentes en conocimiento del Tribunal Superior de Trabajo que corresponda, para que resuelva. El Tribunal solicitarÃ¡ el criterio del Patronato Nacional de la Infancia sobre su utilidad y necesidad. Este criterio deberÃ¡ rendirse en un plazo no mayor de ocho dÃas hÃ¡biles.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 258.-Â Si el Tribunal Superior de Trabajo aprobarÃ¡ la conmutaciÃ³n, el Instituto Nacional de Seguros depositarÃ¡ la suma que corresponda a la orden del juzgado de trabajo de la jurisdicciÃ³n de donde residen los menores, dentro del tercer dÃa, para que Ã©ste la gire a quienes corresponda.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 259.-Â Todo arreglo referente a conmutaciÃ³n de rentas, que se realice sin la observancia de los artÃculos de este capÃtulo, serÃ¡ absolutamente nulo, y quien hubiere pagado cualquier suma, no podrÃ¡ repetir, compensar, ni reclamar en ninguna otra forma, al trabajador, o a sus causahabientes, las sumas que les hubiere entregado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 260.-Â Establecida por parte del Instituto Nacional de seguros el alta del trabajador al que le ocurriÃ³ un riesgo del trabajo, con fijaciÃ³n de incapacidad permanente, la InstituciÃ³n aseguradora, de oficio, fijarÃ¡ las rentas que le corresponden, las que deberÃ¡n empezarse a girar en un plazo no mayor de diez dÃas hÃ¡biles a partir de la fecha del alta.

Si el Instituto tramitÃ³ el riesgo como no asegurado, con base en el dictamen mÃ©dico final en que se fijÃ³ la incapacidad permanente y fueron determinadas las rentas, el Instituto Nacional de Seguros solicitarÃ¡ al juez de trabajo que corresponda que conmine al patrono a depositar el monto de las rentas en la expresada instituciÃ³n, en un plazo no mayor de diez dÃas hÃ¡biles, contados a partir de la notificaciÃ³n de esa resoluciÃ³n. Si el patrono no lo hiciere, el Instituto procederÃ¡ al cobro de las sumas correspondientes por la vÃa ejecutiva.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 261.-Â Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo 260, si el trabajador no estuviere conforme con el dictamen mÃ©dico final, gestionarÃ¡, verbalmente o por escrito, ante la Junta MÃ©dica calificadora de la incapacidad para el trabajo, la revisiÃ³n de ese dictamen.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 262.-Â CrÃ©ase la junta mÃ©dica calificadora de la incapacidad para el trabajo, con independencia funcional, la cual estarÃ¡ integrada por cinco miembros, en la que deberÃ¡n estar representados los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, el Colegio de MÃ©dicos y Cirujanos, el Instituto Nacional de Seguros y los trabajadores. Las instituciones mencionadas nombrarÃ¡n directamente sus representantes.

El Poder Ejecutivo designarÃ¡, en forma rotativa, al representante de los trabajadores, de las ternas que le sean sometidas por las confederaciones legalmente constituidas. En la primera oportunidad, en la designaciÃ³n se harÃ¡ el sorteo correspondiente para establecer el orden respectivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULOÂ 263.-Â Para ser miembro integrante de la junta mÃ©dica calificadora de la incapacidad para el trabajo se requieren los siguientes requisitos

Ser mÃ©dico inscrito en el Colegio de MÃ©dicos y Cirujanos;
Ser ciudadano en ejercicio;
Tener experiencia suficiente en la materia que se relacione con la medicina del trabajo;

ch) No desempeÃ±ar puestos pÃºblicos de elecciÃ³n popular, ni ser candidato a ocuparlos;

No tener cargo de direcciÃ³n en partidos polÃticos;
No ser empleado del Instituto Nacional de Seguros, excepto cuando se trate del representante de esta InstituciÃ³n ante la junta mÃ©dica.

La junta serÃ¡ integrada por decreto. El Poder Ejecutivo velarÃ¡ porque en ella formen parte un mÃ©dico general, un ortopedista y un fisiatra.

Los miembros de la junta mÃ©dica calificadora de la incapacidad para el trabajo serÃ¡n designados por perÃodos de cinco aÃ±os, y podrÃ¡n ser reelectos.

CelebrarÃ¡n un mÃ¡ximo de ocho sesiones remuneradas por mes, y recibirÃ¡n dietas de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta ley.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 264.-Â Aunque se hubieren conmutado las rentas, y a solicitud del trabajador, del patrono, o del ente asegurador, podrÃ¡n revisarse los dictÃ¡menes que determinen el alta del trabajador, con o sin fijaciÃ³n de impedimento, cuando pueda presumirse que ha sobrevenido alguna modificaciÃ³n agravante en las condiciones fÃsicas o mentales de Ã©ste. En caso de que se determine tal modificaciÃ³n, se fijarÃ¡ la readecuaciÃ³n en beneficio del trabajador.

La revisiÃ³n serÃ¡ admisible dentro de los dos aÃ±os posteriores a la orden de alta, y asÃ sucesivamente a partir de la fecha del Ãºltimo informe mÃ©dico, sin exceder un tÃ©rmino de cinco aÃ±os a partir del primer dictamen final.*

En esos casos, las prestaciones en dinero a que tenga derecho el trabajador, se calcularÃ¡n con base en el salario devengado en los Ãºltimos tres meses, o, en su caso, el que resulte mÃ¡s favorable a sus intereses.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

*(Mediante resoluciÃ³n de la Sala ConstitucionalÂ NÂ°Â 7727-00, de las 14:44 horas delÂ 30/08/2000, se dispuso declarar inconstitucional la prescripciÃ³n de dos aÃ±os prevista por este artÃculo.)

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ARTICULO 265.-Â Cuando se hubiere presentado recurso de revisiÃ³n ante la junta mÃ©dica calificadora, en los tÃ©rminos del artÃculo 261, de este CÃ³digo, la misma se pronunciarÃ¡ sobre el dictamen mÃ©dico extendido por el ente asegurador, en un plazo no mayor de quince dÃas, en el entendido de que se pronunciarÃ¡ exclusivamente sobre la disconformidad del trabajador.

El interesado podrÃ¡ acudir ante el juzgado de trabajo de la jurisdicciÃ³n donde acaeciÃ³ el riesgo, o de cualquier otra que le resultare mÃ¡s favorable, si estuviere en desacuerdo con el pronunciamiento de la junta mÃ©dica calificadora, ya sea en cuanto al impedimento fijado, o cualquiera de los demÃ¡s extremos en Ã©l contenidos. Todo ello dentro del tÃ©rmino de un mes, a partir de la notificaciÃ³n del dictamen de la junta mÃ©dica calificadora.

Accesoriamente, si fuere conveniente a sus intereses, el trabajador podrÃ¡ acumular al presente procedimiento, los derechos y acciones seÃ±alados en los artÃculos 233 y 234, en lo que fuere conducente. El juzgado que conozca del asunto solicitarÃ¡ a la junta mÃ©dica calificadora y al ente asegurador, toda la documentaciÃ³n del caso, y concederÃ¡ a los interesados una audiencia de ocho dÃas para que se apersonen a hacer valer sus derechos, manifiesten los motivos de su disconformidad, informen sobre sus pretensiones y seÃ±alen lugar para atender notificaciones.

Vencido el tÃ©rmino indicado, el juzgado remitirÃ¡ los autos o las piezas que interesen al Departamento de Medicina Legal del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial, con la prevenciÃ³n hecha al trabajador de que debe presentarse ante el citado departamento dentro de los quince dÃas hÃ¡biles siguientes al de la citaciÃ³n. Este departamento, deberÃ¡ girar tres comunicaciones alternas al trabajador, citÃ¡ndolo a comparecer al respectivo examen. El Departamento de Medicina Legal rendirÃ¡ su dictamen en un plazo mÃ¡ximo de diez dÃas, a partir de la fecha del reconocimiento practicado al trabajador.

Si el trabajador fuere el recurrente y sin justa causa no se presentare al reconocimiento hecho, el juzgado dispondrÃ¡ archivar provisionalmente el caso pendiente.

Si en un tÃ©rmino de dos aÃ±os, a partir de esa resoluciÃ³n el trabajador no solicitara de nuevo su tramitaciÃ³n, el caso se archivarÃ¡ definitivamente.

Recibido en su caso el dictamen del Departamento de Medicina Legal, Ã©ste podrÃ¡ ser apelado dentro del tÃ©rmino de ocho dÃas hÃ¡biles ante el Consejo MÃ©dico Forense del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial, para que sea esa dependencia, en un plazo de diez dÃas, la que en definitiva determine la incapacidad laboral del trabajador.

Con vista en los dictÃ¡menes mÃ©dicos del ente asegurador, de la junta mÃ©dica calificadora y del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial; y de la prueba documental del caso aportada a los autos, el juez dictarÃ¡ sentencia en un tÃ©rmino no mayor de treinta dÃas, resolviendo el fondo del asunto

En la sentencia tambiÃ©n se resolverÃ¡ sobre el pago, por parte del ente asegurador, de los gastos de traslado y permanencia del trabajador y sus acompaÃ±antes, si su estado asÃ lo exige, independientemente del resultado del juicio en sentencia.

Para los efectos de la condenatoria en costa se presume la buena fe del trabajador litigante.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 266.-Â A partir del primer dictamen mÃ©dico que determine algÃºn tipo de incapacidad permanente y sin perjuicio de los recursos de apelaciÃ³n que este TÃtulo establezca, el Instituto Nacional de Seguros procederÃ¡, de oficio, a la fijaciÃ³n de las rentas que correspondan las cuales serÃ¡n provisionales hasta tanto no se establezca la valoraciÃ³n definitiva. Estas rentas se ajustarÃ¡n a los tÃ©rminos finales, de forma que el ente asegurador recupere cualquier suma pagada en exceso, por motivo de simulaciÃ³n o fraude imputable al trabajador, descontando la misma de las rentas no percibidas; o en caso contrario, harÃ¡ un sÃ³lo pago de las diferencias no cubiertas, a favor del trabajador.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 267.-Â Los recursos correspondientes al funcionamiento de la junta mÃ©dica serÃ¡n consignados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La junta mÃ©dica podrÃ¡ requerir de las instituciones mÃ©dicas, hospitalarias y de rehabilitaciÃ³n, las facilidades que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su cometido.

El Poder Ejecutivo reglamentarÃ¡ todo lo relativo al funcionamiento de la junta mÃ©dica calificadora de la incapacidad para el trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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CAPITULO SÃ‰TIMO

ARTICULO 268.-Â Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a crear un cuerpo de inspectores que velarÃ¡ por el estricto cumplimiento de este TÃtulo y los reglamentos que se promulguen. Estos inspectores tendrÃ¡n la autoridad, el derecho, las facultades, las obligaciones y los deberes suficientes para el cumplimiento de su labor.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 269.-Â Los inspectores del Instituto Nacional de Seguros y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrÃ¡n ordenar la suspensiÃ³n o cierre de los centros de trabajo, donde se cometan infracciones al presente TÃtulo, que ameriten tal sanciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 270.-Â Todo patrono estÃ¡ obligado a acatar, de inmediato, las Ã³rdenes de suspensiÃ³n o cierre de los centros de trabajo; pero dentro del tercer dÃa podrÃ¡ impugnarlas ante el Juzgado de Trabajo de la jurisdicciÃ³n donde se realizan las labores, aportando toda la prueba de descargo que sea del caso.

El Juez darÃ¡ audiencia a la autoridad que ordenÃ³ la suspensiÃ³n o cierre del trabajo por un plazo de dos dÃas. LevantarÃ¡ una informaciÃ³n sumaria, para la cual recibirÃ¡ la prueba que estime necesaria para la decisiÃ³n que deba tomar.

En un plazo mÃ¡ximo de diez dÃas hÃ¡biles, contados a partir de la presentaciÃ³n de la impugnaciÃ³n del patrono, el juez deberÃ¡ decidir si mantiene la orden o si la levanta.

Contra la resoluciÃ³n que se tome, no cabrÃ¡ recurso alguno. Se presume la responsabilidad del patrono, por la orden de suspensiÃ³n o cierre del trabajo; por ello, los salarios de los trabajadores afectados por esa orden correrÃ¡n a su cargo, durante el perÃodo en que no presten servicio por ese motivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 271.-Â El patrono al que se le ordene la suspensiÃ³n de los trabajos o el cierre de los centros de trabajo, conforme a lo establecido en este CÃ³digo, e incumpla esa decisiÃ³n, se harÃ¡ acreedor a las siguientes sanciones:

A la multa comprendida en el numeral dos del artÃculo 614 de este CÃ³digo.
Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por un mes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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ARTICULO 272.-Â CorresponderÃ¡ al juzgado de trabajo de la jurisdicciÃ³n donde estÃ¡ ubicado el centro de trabajo, la imposiciÃ³n de las sanciones que se indican en el artÃculo 271, lo que harÃ¡ de oficio o a gestiÃ³n de las autoridades de inspecciÃ³n, indicadas en el artÃculo 269, o de los propios trabajadores.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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CAPITULO OCTAVO

ARTICULO 273.-Â DeclÃ¡rase de interÃ©s pÃºblico todo lo referente a salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el mÃ¡s alto nivel de bienestar fÃsico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daÃ±o causado a la salud de Ã©ste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiolÃ³gicas y sicolÃ³gicas y, en sÃntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 274.-Â CrÃ©ase el Consejo de Salud Ocupacional como organismo tÃ©cnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con las siguientes funciones:

a. Promover las mejores condiciones de salud ocupacional, en todos los centros de trabajo del paÃs;

b. Realizar estudios e investigaciones en el campo de su competencia;

c. Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo centro de trabajo, condiciones Ã³ptimas de salud ocupacional;

ch. Promover, por todos los medios posibles, la formaciÃ³n de personal tÃ©cnicoÂ subprofesional, especializado en las diversas ramas de la salud ocupacional y la capacitaciÃ³n de patronos y trabajadores, en cuanto a salud ocupacional;

d. Llevar a cabo la difusiÃ³n de todos los mÃ©todos y sistemas tÃ©cnicos de prevenciÃ³n de riesgos del trabajo;

e. Preparar manuales, catÃ¡logos y listas de dispositivos de seguridad y de equipo de protecciÃ³n personal de los trabajadores, para las diferentes actividades;

f. Preparar proyectos de ley y de reglamentos sobre su especialidad orgÃ¡nica, asÃ como emitir criterios indispensables sobre las leyes que se tramiten relativas a salud ocupacional;

g. Proponer al Poder Ejecutivo la lista del equipo y enseres de protecciÃ³n personal de los trabajadores, que puedan ser importados e internados al paÃs con exenciÃ³n de impuestos, tasa y sobretasas;

h. Llevar a cabo o coordinar campaÃ±as nacionales o locales de salud ocupacional, por iniciativa propia o en colaboraciÃ³n con entidades pÃºblicas o privadas;

i. Efectuar toda clase de estudios estadÃsticos y econÃ³micos relacionados con la materia de su competencia; y

j. Cualesquiera otras actividades propias de la materia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 275.-Â El Consejo de Salud Ocupacional estarÃ¡ integrado por ocho miembros propietarios. Uno representarÃ¡ al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y serÃ¡ quien lo presida, uno al Ministerio de Salud, uno al Instituto Nacional de Seguros, uno a la Caja Costarricense de Seguro Social, dos a los patronos y dos a los trabajadores.

El Poder Ejecutivo designarÃ¡ a los representantesÂ de los patrono, escogidos de ternas enviadas por las cÃ¡maras patronales. Y escogerÃ¡, en forma rotativa, a los dos representantes de los trabajadores, de las ternas enviadas por las confederaciones de trabajadores.

En la oportunidad de la primera designaciÃ³n, se harÃ¡ el sorteo correspondiente para establecer el orden respectivo.

Los ministerios dichos designarÃ¡n a sus representantes y las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, a los suyos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 276.-Â Los miembros del Consejo de Salud Ocupacional serÃ¡n electos por perÃodos de tres aÃ±os y podrÃ¡n ser reelectos. El consejo sesionarÃ¡ ordinariamente cuatro veces al mes y extraordinariamente cuando asÃ lo acuerden, o sea convocado por el Presidente para atender asuntos de urgencia.

El quÃ³rum para las sesiones del Consejo lo formarÃ¡n cinco de sus miembros.

Las dietas las determinarÃ¡ el reglamento respectivo. En ningÃºn caso se remunerarÃ¡n mÃ¡s de seis sesiones por mes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 277.-Â El consejo contarÃ¡ con los servicios de un director ejecutivo, quien actuarÃ¡ como su secretario y asistirÃ¡ a todas las sesiones con derecho a voz.

Todo lo relativo a estructura administrativa del consejo, sus dependencias y el personal tÃ©cnico necesario serÃ¡ determinado en el reglamento de la ley, el cual deberÃ¡ contener previsiones especiales relativas a la contrataciÃ³n temporal o permanente, del personal profesional especializado nacional o extranjero, que el Consejo estime pertinente para el mejor desempeÃ±o de sus funciones.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 278.-Â Los recursos del Consejo de Salud Ocupacional estarÃ¡n constituidos por:

La suma global que se le asigne el en presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
El aporte del Instituto Nacional de Seguros conforme al artÃculo 205;
Por las donaciones que le hagan las personas fÃsicas y jurÃdicas;
Por las sumas que, en virtud de convenios con organismos nacionales e internacionales, se destinen a programas especÃficos para engrosar sus recursos de cualquier ejercicio. Para los fines del inciso c) de este artÃculo, todas las instituciones del Estado quedan autorizadas para hacer donaciones al Consejo de Salud Ocupacional.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 279.-Â Con los recursos a que se refiere el artÃculo anterior, el Consejo de Salud Ocupacional prepararÃ¡ en cada ejercicio, su presupuesto ordinario, el cual deberÃ¡ ser sometido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la aprobaciÃ³n de la ContralorÃa General de la RepÃºblica.

Igual trÃ¡mite se seguirÃ¡ en lo referente al presupuesto extraordinario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 280.-Â La administraciÃ³n financiera de los recursos del Consejo de Salud Ocupacional, estarÃ¡ a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de sus dependencias, conforme a las normas de la Ley de la AdministraciÃ³n Financiera de la RepÃºblica, sin que pueda destinarse suma alguna a fines diferentes del trabajo que compete al consejo expresado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 281.-Â El consejo prepararÃ¡, en coordinaciÃ³n con la Oficina de PlanificaciÃ³n Nacional y PolÃtica EconÃ³mica, un plan nacional de salud ocupacional para corto, mediano y largo plazo, al cual deberÃ¡ ajustar sus planes anuales de trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 282.-Â Corre a cargo de todo patrono la obligaciÃ³n de adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a los tÃ©rminos de este CÃ³digo, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el Consejo de Salud Ocupacional, como las autoridades de inspecciÃ³n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 283.-Â El Poder Ejecutivo, en un plazo no superior a un aÃ±o, contado a partir de la vigencia de la presente modificaciÃ³n, promulgarÃ¡ los reglamentos de salud ocupacional que sean necesarios y que tengan por objetivo directo

La protecciÃ³n de la salud y la preservaciÃ³n de la integridad fÃsica, moral y social de los trabajadores; y
La prevenciÃ³n y control de los riesgos del trabajo. La reglamentaciÃ³n deberÃ¡ contemplar los siguientes aspectos:

1.- PlanificaciÃ³n, edificaciÃ³n, acondicionamiento, ampliaciÃ³n, mantenimiento y traslado de los centros de trabajo e instalaciones accesorias

2.- MÃ©todo, operaciÃ³n y procesos de trabajo.

3.- Condiciones ambientales y sanitarias que garanticen:

La prevenciÃ³n y el control de las causas quÃmicas, fÃsicas, biolÃ³gicas yÂ sicosocialesÂ capaces de provocar riesgos en el trabajo;
El mantenimiento en buen estado de conservaciÃ³n, uso y funcionamiento de las instalaciones sanitarias, lavabos, duchas y surtidores de agua potable;
El mantenimiento en buen estado de conservaciÃ³n, uso, distribuciÃ³n y funcionamiento de las instalaciones elÃ©ctricas y sus respectivos equipos;

ch) El control, tratamiento y eliminaciÃ³n de desechos y residuos, de forma tal que no representen riesgos para la salud del trabajador y la comunidad en general; y

Los depÃ³sitos y el control, en condiciones de seguridad, de sustancias peligrosas.

4.- Suministros, uso y mantenimiento de quipos de seguridad en el trabajo, referidos a mÃ¡quinas, motores materiales, artefactos, equipos, Ãºtiles y herramientas, materias primas, productos, vehÃculos, escaleras, superficies de trabajo, plataformas, equipo contra incendio y cualquier otro siniestro, calderas, instalaciones elÃ©ctricas o mecÃ¡nicas y cualesquiera otros equipos, dispositivos y maquinaria que pueda usarse.

5.- IdentificaciÃ³n, distribuciÃ³n, manejo y control de sustancias y productos peligrosos, asÃ como su control en cuanto a importaciones.

6.- SeÃ±alamiento y advertencias de condiciones peligrosas, en los centros de trabajo e instalaciones accesorias.

7.- CaracterÃsticas generales y dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo de importaciÃ³n.

8.- CaracterÃsticas generales de comodidad y distribuciÃ³n de Ã¡reas de trabajo.

9.- Manejo, carga y descarga de bultos y materiales.

10.- DeterminaciÃ³n de jornadas, horarios, ritmos y turnos de trabajo.

11.- CreaciÃ³n de los servicios de salud ocupacional, que permitan el desarrollo de las normas y disposiciones reglamentarias contempladas en la presente ley.

12.- Disposiciones en los centros de trabajo de recursos humanos y materiales, para el suministro de primeros auxilios.

13.- Disposiciones relacionadas con edad y sexo de los trabajadores.

14.- CaracterÃsticas y condiciones de trabajo del minusvÃ¡lido.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 284.-Â Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este CÃ³digo, serÃ¡ obligaciÃ³n del patrono:

Permitir a las autoridades competentes la inspecciÃ³n periÃ³dica de los centros de trabajo y la colocaciÃ³n de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, referentes a salud ocupacional;
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitaciÃ³n y adiestramiento de los trabajadores, en materia de salud ocupacional;
Cumplir con las normas, y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional;
Proporcionar el equipo y elemento de protecciÃ³n personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 285.-Â Todo trabajador deberÃ¡ acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable, con los tÃ©rminos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se promulguen y las recomendaciones que, en esta materia, les formulen las autoridades competentes.

SerÃ¡n obligaciones del trabajador, ademÃ¡s de las que seÃ±alan otras disposiciones de esta ley, las siguientes:

Someterse a los exÃ¡menes mÃ©dicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberÃ¡ ser informado;
Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitaciÃ³n, en materia de salud ocupacional;
Participar en la elaboraciÃ³n, planificaciÃ³n y ejecuciÃ³n de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo; y

ch) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protecciÃ³n personal y de seguridad en el trabajo, que se le suministren.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 286.-Â NingÃºn trabajador debe:

Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional;
Remover, sin autorizaciÃ³n, los resguardos y protecciones de las mÃ¡quinas, Ãºtiles de trabajo e instalaciones;
Alterar, daÃ±ar o destruir los equipos y elementos de protecciÃ³n personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos, sin motivo justificado;

ch) Alterar, daÃ±ar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos;

Hacer juegos o dar bromas, que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal de los compaÃ±eros de trabajo o de terceros; y
Manejar, operar o hacer uso de equipo y herramientas de trabajo para los cuales no cuenta con autorizaciÃ³n y conocimientos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 287.-Â Los trabajadores que no estÃ¡n amparados por este TÃtulo, conforme al artÃculo 194, quedan sometidos a las disposiciones de este CapÃtulo, pero las obligaciones correspondientes al patrono, recaerÃ¡n, segÃºn el caso, sobre el jefe de familia o los propios trabajadores.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 288.-Â En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o mÃ¡s trabajadores, se establecerÃ¡n las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberÃ¡n estar integradas con igual nÃºmero de representantes del patrono y de los trabajadores, y tendrÃ¡n como finalidad especÃfica investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que, en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.

La constituciÃ³n de estas comisiones se realizarÃ¡ conforme a las disposiciones que establezca el reglamento de la ley y su cometido serÃ¡ desempeÃ±ado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador.

El Consejo de Salud Ocupacional, en coordinaciÃ³n con el Instituto Nacional de Seguros, pondrÃ¡ en vigencia un catÃ¡logo de mecanismos y demÃ¡s medidas que tiendan a lograr la prevenciÃ³n de los riesgos del trabajo, por medio de estas comisiones.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 289.-Â Todo centro de trabajo que se instale, amplÃe, modifique, traslade o varÃe instalaciones, con posteridad a la vigencia de la presente ley, deberÃ¡ ajustarse a sus disposiciones, en cuanto a salud ocupacional.

Los centros de trabajo que ya estuvieran operando deberÃ¡n conformarse a ley, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento respectivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 290.-Â La licencia de construcciÃ³n, reforma, traslado, o ampliaciÃ³n de un centro de trabajo deberÃ¡ contar con la aprobaciÃ³n del Consejo de Salud Ocupacional.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 291.-Â Los equipos y elementos destinados a la protecciÃ³n personal del trabajador, a la seguridad en el trabajo y a la prevenciÃ³n de los riesgos del trabajo, podrÃ¡n ser importados e internados exentos del pago de impuestos, tasas y sobretasas, siempre que su uso y caracterÃsticas hayan sido aprobados y autorizados por el Consejo de Salud Ocupacional. El Poder Ejecutivo establecerÃ¡, por medio de decreto, el precio mÃ¡ximo de venta de estos artÃculos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 292.-Â El Instituto Nacional de Seguros deberÃ¡ llevar, permanentemente, un sistema de estadÃsticas sobre riesgos del trabajo, que asegure su comparabilidad con otras instituciones tanto nacionales como extranjeras.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 293.-Â Se prohÃbe la introducciÃ³n, venta o uso de bebidas alcohÃ³licas, drogas, enervantes y estimulantes, en los centros de trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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ARTICULO 294.-Â Son trabajos o centros de trabajos insalubres los que, por su naturaleza, pueden originar condiciones capaces de amenazar o daÃ±ar la salud de los trabajadores o vecinos, por causa de materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos, sÃ³lidos, lÃquidos o gaseosos.

Son trabajos o centros de trabajo peligrosos los que daÃ±an o puedan daÃ±ar, de modo grave, la vida de los trabajadores o vecinos, sea por su propia naturaleza o por los materiales empleados, desprendidos o de desecho, sÃ³lidos, lÃquidos o gaseosos, o por el almacenamiento de sustancias tÃ³xicas, corrosivas, inflamables o explosivas.

El Consejo de Salud Ocupacional determinarÃ¡ cuÃ¡les trabajos o centros de trabajo son insalubres y cuÃ¡les son peligrosos; ademÃ¡s, establecerÃ¡ de cuÃ¡l tipo o clase de sustancias queda prohibida la elaboraciÃ³n o distribuciÃ³n, o si Ã©stas se restringen o se someten a determinados requisitos especiales.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 295.-Â Si, por la Ãndole del trabajo, los trabajadores deben dormir en los centros de trabajo o en instalaciones accesorias, el patrono deberÃ¡ instalar locales especÃficos e higiÃ©nicos para tal efecto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 296.-Â Si, por la Ãndole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde prestan los servicios, el patrono deberÃ¡ instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrÃ¡ en buenas condiciones de limpieza.

AdemÃ¡s deberÃ¡n reunir los requisitos de iluminaciÃ³n, ventilaciÃ³n y ubicaciÃ³n, estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 297.-Â Las casas de habitaciÃ³n que el patrono suministre a los trabajadores dependientes de Ã©l, deberÃ¡n llenar todos lo requisitos que se establezcan en el reglamento de la ley.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 298.-Â Todas las autoridades de inspecciÃ³n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Seguros colaborarÃ¡n a fin de obtener el cumplimiento exacto de las disposiciones de este CapÃtulo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

(ElÂ Â pÃ¡rrafo segundoÂ Â fue derogado por el artÃculo 6Âº de la leyÂ NÂºÂ 7360 del 4 de noviembre de 1993)

Ficha articulo

ARTICULO 299.-Â Toda empresa, pÃºblica o privada, estÃ¡ obligada a permitir el acceso a sus instalaciones, a cualquier hora del dÃa o de la noche en que se efectÃºe el trabajo, a los miembros del consejo o a los funcionarios de su dependencia, para el examen de las condiciones de salud ocupacional, la toma de muestras, mediciones, colocaciÃ³n de detectores y cualesquiera otras actividades similares.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

(ElÂ Â pÃ¡rrafo segundoÂ Â fue derogado por el artÃculo 6Âº de la leyÂ NÂºÂ 7360 del 4 de noviembre de 1993)

Ficha articulo

ARTICULO 300.-Â Toda empresa que ocupe, permanentemente, mÃ¡s de cincuenta trabajadores estÃ¡ obligada a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional.

Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se establecerÃ¡n los requisitos de formaciÃ³n profesional que deben tener las personas encargadas de tal oficina o departamento, para lo cual se tomarÃ¡ en cuenta el nÃºmero de trabajadores de la empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de recursos humanos especializados en salud ocupacional en el mercado de trabajo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 301.-Â Todas las dependencias pÃºblicas o instituciones del Estado estÃ¡n obligadas a prestar la colaboraciÃ³n que solicite el Consejo de Salud Ocupacional, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 302.-Â Para ser miembro del Consejo de Salud Ocupacional se requiere:

Ser ciudadano costarricense en ejercicio;
Ser tÃ©cnico en salud ocupacional o tener conocimientos teÃ³ricos o prÃ¡cticos suficientes sobre aspectos de la misma materia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

CAPITULO NOVENO

ArtÃculo 303.-Â Los reclamos por riesgos de trabajo se tramitarÃ¡n ante el juzgado competente y segÃºn el procedimiento indicado en el tÃtulo dÃ©cimo de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 304.-Los derechos y las acciones para reclamar las prestaciones conforme este tÃtulo prescribirÃ¡n en un plazo de tres aÃ±os, contado desde la fecha en que ocurriÃ³ el riesgo o de la fecha en que el trabajador o sus causahabientes estÃ©n en capacidad de gestionar su reconocimiento; y en caso de muerte, el plazo correrÃ¡ a partir del deceso.

La prescripciÃ³n no correrÃ¡ para los casos de enfermedades ocasionadas como consecuencia de riesgos del trabajo y que no hayan causado la muerte del trabajador.

La prescripciÃ³n no correrÃ¡ para el trabajador no asegurado en el Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando siga trabajando a las Ã³rdenes del mismo patrono, sin haber obtenido el pago correspondiente o cuando el patrono continÃºe reconociÃ©ndole el total o la parte del salario al trabajador o a sus causahabientes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la LeyÂ NÂ°Â 8520 del 20 de junio del 2006)

(La Sala Constitucional mediante resoluciÃ³nÂ NÂ°Â 15674-06, de las 11:31 horas, del dÃa 27-10-06, dispuso queÂ no es inconstitucional la prescripciÃ³n de dos aÃ±os prevista porÂ este artÃculo antes de la reforma dispuesta por Ley No. 8520 del 20 de junio del 2006, siempre y cuando se interprete el supuesto: «.en que el trabajador estÃ© en capacidad de gestionar su reconocimiento», que, si el trabajador descubre posteriormente alguna secuela producto de un riesgo laboral, es a partir de ese momento que nuevamente se abre el plazo de los dos aÃ±os.)

Ficha articulo

ARTICULO 305.-Â Si el riesgo de trabajo fuere causado por dolo, negligencia o imprudencia, que constituya delito atribuible al patrono o falta inexcusable del mismo, el trabajador o sus causahabientes podrÃ¡n recurrir, simultÃ¡neamente, ante los tribunales comunes y ante los de trabajo; en caso de que se satisfagan las prestaciones correspondientes en dinero, en virtud de lo expuesto en este CÃ³digo, los tribunales comunes le rebajarÃ¡n el monto de Ã©stos, en el supuesto de que dictaren sentencia contra dicho patrono.

Si las acciones previstas en el pÃ¡rrafo anterior se entablaran sÃ³lo ante los tribunales de trabajo, Ã©stos podrÃ¡n, de oficio, en conocimiento de los tribunales comunes lo que corresponda.

Si la vÃctima estuviere asegurada, el Instituto Nacional de Seguros pagarÃ¡ inmediatamente la respectiva indemnizaciÃ³n al trabajador o a sus causahabientes, en los casos en que se refiere este artÃculo, pero si el patrono fuere condenado por los tribunales comunes deberÃ¡ reintegrar a esa instituciÃ³n la suma o sumas que Ã©sta haya pagado, junto con los intereses legales. Al efecto, la sentencia correspondiente servirÃ¡ de tÃtulo ejecutivo para el Instituto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 306.-Â Si el riesgo del trabajo fuere causado por dolo, falta, negligencia o imprudencia, que constituya delito atribuible a terceros, el trabajador y sus causahabientes podrÃ¡n reclamar a Ã©stos, lo daÃ±os y perjuicios que correspondan, de acuerdo con las leyes de orden comÃºn ante los tribunales respectivos, simultÃ¡neamente y sin menoscabo de los derechos y acciones que pueden interponerse en virtud de las disposiciones de este TÃtulo.

Los daÃ±os y perjuicios que deben satisfacer dichos terceros comprenderÃ¡n tambiÃ©n la totalidad de las prestaciones en dinero que se concedan en esta ley, siempre que el trabajador o sus causahabientes no hayan obtenido el pago de Ã©stas. Si el trabajador o sus causahabientes reclamaren de los referidos terceros, una vez que se les hayan satisfecho las prestaciones que otorga este TÃtulo, los tribunales comunes ordenarÃ¡n el pago de los daÃ±os y perjuicios que procedan, pero rebajados en la suma o sumas percibidas o que efectivamente puedan percibir el trabajador o sus causahabientes. En tal caso, el patrono que no estuviese asegurado y que depositare a la orden del trabajador o de sus derecho habientes, en el Instituto Nacional de Seguros, la suma necesaria para satisfacer las prestaciones previstas en este TÃtulo, tendrÃ¡ acciÃ³n subrogatoria hasta por el monto de su desembolso, contra los responsables del riesgo ocurrido, la que se ejercerÃ¡ ante los tribunales comunes. Si el patrono estuviese asegurado, esa acciÃ³n subrogatoria competerÃ¡ sÃ³lo al mencionado Instituto.

Para los efectos de este artÃculo, se entiende por terceros a toda persona con exclusiÃ³n del patrono, sus representantes en la direcciÃ³n del trabajo o los trabajadores de Ã©l dependientes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 307.-Â Si el patrono no hubiere asegurado al trabajador estarÃ¡ obligado a depositar, en el Instituto Nacional de Seguros el capital correspondiente a la suma de prestaciones debidas, las cuales se calcularÃ¡n conforme a las bases actuariales que el Instituto utilice segÃºn este TÃtulo, ademÃ¡s de lo que por cualquier otro concepto adeudare, dentro de los diez dÃas siguientes a la notificaciÃ³n correspondiente, realizada por el Instituto asegurador. Vencido este tÃ©rmino, el depÃ³sito del capital podrÃ¡ exigirse por la vÃa ejecutiva.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 308.-Â Cuando el trabajador al que le haya ocurrido un riesgo de trabajo tuviere que recurrir a los Tribunales de Trabajo o a la junta mÃ©dica calificadora de incapacidad para el trabajo por llamamiento de Ã©stos, el patrono deberÃ¡ conceder el permiso con goce de salario correspondiente, y el trabajador tendrÃ¡ derecho a que se le reconozcan los gastos de traslado y de permanencia en que incurra y, si su estado lo exige, los de sus acompaÃ±antes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

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CAPITULO DECIMO

ArtÃculo 309.-Â Las faltas e infracciones que disponen esta ley y sus reglamentos, y cuyas sanciones no estÃ©n expresamente contempladas en normas especiales, independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se sancionarÃ¡n de acuerdo con lo dispuesto en el tÃtulo sÃ©timo de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 310.-Â Se impondrÃ¡ al empleador o empleadora una multa de acuerdo con lo previsto en el artÃculo 398 de este CÃ³digo, en los siguientes casos.

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

a) Cuando no tenga asegurados contra riesgos del trabajo, a los trabajadores bajo su direcciÃ³n y dependencia;

b) Cuando no declare el salario total devengado por los trabajadores, para efectos del seguro contra riesgos del trabajo;

c) Cuando el informe de planillas sea presentado en forma extemporÃ¡nea;

ch) Cuando no cumpla con la obligaciÃ³n de presentar, en forma oportuna, la denuncia por la ocurrencia de cualquier riesgo del trabajo;

d)Â Cuando alterare, la forma, circunstancia y hechos de cÃ³mo ocurriÃ³ un riesgo del trabajo;

e)Â Cuando incumpla las disposiciones referentes a salud ocupacional;

f)Â Cuando ocurra un riesgo del trabajo por falta inexcusable, en los siguientes casos:

1.- Incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias referentes a salud ocupacional.

2.- Incumplimiento de las recomendaciones que, sobre salud ocupacional, le hayan formulado las autoridades administrativas de inspecciÃ³n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto Nacional de Seguros.

g) Cuando incurra en cualquier falta, infracciÃ³n o violaciÃ³n de las disposiciones que contiene este TÃtulo o sus reglamentos que le sean aplicables.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ArtÃculo 311.-Â Se impondrÃ¡ una multa de acuerdo con lo seÃ±alado en el artÃculo 398 a la persona trabajadora de cualquier ministerio o instituciÃ³n, municipalidad u otro organismo integrante de la AdministraciÃ³n PÃºblica que autorice la celebraciÃ³n de actos, contratos o trabajos en contravenciÃ³n de las disposiciones de este tÃtulo o de sus reglamentos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 3Â° aparte a) de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 312.-Â La reincidencia especÃfica, en un plazo de un aÃ±o, en cuanto a faltas e infracciones a las disposiciones de este TÃtulo y sus reglamentos, se sancionarÃ¡ con la aplicaciÃ³n del doble de la multa que inicialmente se haya impuesto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 313.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 314.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 315.-Â Los juzgados de trabajo impondrÃ¡n las sanciones que corresponden, dentro de los lÃmites de este TÃtulo, conforme a su prudente y discrecional arbitrio. Para esos efectos, tomarÃ¡n en consideraciÃ³n factores tales como la gravedad de la falta, nÃºmero de trabajadores directa o potencialmente afectados, daÃ±os causados, condiciones personales y antecedentes del inculpado y demÃ¡s circunstancias que estimen oportuno ponderar, para las imposiciones de la sanciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 316.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 317.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 318.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 319.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 320.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 321.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 322.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ARTICULO 323.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 324.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 325.-Â Las sanciones se aplicarÃ¡n a quien resulte ser responsable de la falta o infracciÃ³n. En el caso de que los responsables fueren varios, las sanciones se impondrÃ¡n, separadamente, a cada infractor.

Si la falta o infracciÃ³n hubiera sido cometida por una empresa, compaÃ±Ãa, sociedad o instituciÃ³n pÃºblica o privada, las sanciones se aplicarÃ¡n contra quien figura como patrono, representante legal o jefe superior del lugar en donde el trabajo se presta; pero la respectiva persona jurÃdica quedarÃ¡ obligada, en forma solidaria con Ã©stos, a cubrir toda clase de responsabilidades de orden pecuniario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 326.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 327.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ARTICULO 328.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ARTICULO 329.-Â (Derogado por el artÃculo 4Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPITULO DECIMO PRIMERO

ARTICULO 330.-Â La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros nombrarÃ¡n, cada uno, dos funcionarios para que, dentro de una polÃtica de coordinaciÃ³n interinstitucional y para la mejor aplicaciÃ³n del presente TÃtulo en orden a los servicios mÃ©dicos hospitalarios y de rehabilitaciÃ³n, estudien y propongan ante los respectivos Ã³rganos ejecutivos, soluciones a los problemas que se presenten y que afecten a los trabajadores y las dos entidades, en lo que a riesgos del trabajo se refiere.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

Ficha articulo

ARTICULO 331.-Â El sistema de tarifas que se aplicarÃ¡ al caso del Estado, instituciones pÃºblicas y municipalidades se basarÃ¡ en primas retrospectivas, fundamentado en el costo real que anualmente se determine para los grupos de empleados pÃºblicos asegurados.

En cada presupuesto ordinario que apruebe la Asamblea Legislativa, deberÃ¡ consignarse siempre la partida que ampare las primas retrospectivas correspondientes a cada ejercicio econÃ³mico.

La ContralorÃa General de la RepÃºblica modificarÃ¡ los presupuestos anuales de las instituciones pÃºblicas y municipalidades, que no incluyan la asignaciÃ³n presupuestaria suficiente para cubrir dichas primas.

El Instituto Nacional de Seguros determinarÃ¡, para el caso del Estado, instituciones pÃºblicas y municipalidades, el monto anual de esas primas retrospectivas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982)

ARTICULOS TRANSITORIOS

Transitorio I.-Â Las actividades que estaban cubiertas por el Seguro de Riesgos Profesionales, conforme al artÃculo 251 del CÃ³digo de Trabajo que por esta ley se reforma, mantienen la obligatoriedad de asegurarse contra los riesgos del trabajo.

Se faculta al Instituto nacional de Seguros para realizar la universalizaciÃ³n del Seguro contra Riesgos del Trabajo, que se establece en este TÃtulo, en forma paulatina, por etapas, conforme a actividades econÃ³micas o zonas geogrÃ¡ficas, de acuerdo con la experiencia, de manera que despuÃ©s de cuatro aÃ±os a partir de la promulgaciÃ³n de la presente ley, como mÃ¡ximo, todos los trabajadores del paÃs se encuentren cubiertos por este rÃ©gimen de seguridad social.

Transitorio II.-Â Mientras no se cumpla la universalizaciÃ³n de los seguros contra los riesgos del trabajo, de conformidad con el Transitorio I de esta ley, la responsabilidad mÃ¡xima del Instituto Nacional de Seguros, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinarÃ¡ sobre la base del monto de los salarios reportados por el patrono a este Instituto, como devengados por el trabajador con anterioridad a la ocurrencia del riesgo, de forma que el patrono responderÃ¡, en forma directa y exclusiva, ante el trabajador o sus causahabientes por diferencias que se determinen, y no se aplicarÃ¡ al respecto lo dispuesto en el artÃculo 206. De la misma forma, mientras no se cumpla la referida universalizaciÃ³n, si el trabajador no estuviere asegurado contra los riesgos del trabajo, el instituto asegurador pondrÃ¡ el caso en conocimiento del juzgado de trabajo en cuya jurisdicciÃ³n ocurriÃ³ el riesgo y correrÃ¡ a cuenta del patrono, exclusivamente tanto el pago de las prestaciones en dinero, como todos los gastos de las prestaciones mÃ©dico-sanitarias y de rehabilitaciÃ³n que demande el tratamiento del trabajador, para lo cual no se aplicarÃ¡n en la forma prevista en esta ley, los artÃculos 221 y 231; asimismo, hasta tanto no se logre la precitada universalizaciÃ³n y si el riesgo de tramitare como no asegurado, no se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃculo 260 de esta ley, en su lugar, el trabajador solicitarÃ¡ al Juzgado que corresponda que, sobre la base del dictamen final en que se fije la incapacidad permanente, le determine las rentas del caso y conmine al patrono a depositar el monto de las mismas en la referida instituciÃ³n, en un plazo no mayor de diez dÃas hÃ¡biles, contado a partir de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n. Igualmente, mientras la referida universalizaciÃ³n no se haga efectiva no se aplicarÃ¡ el artÃculo 306 en la forma prevista en esta ley, cuando el patrono no hubiese asegurado al trabajador, de modo que aquÃ©l estarÃ¡ obligado a depositar en esas circunstancias en el Instituto Nacional de Seguros, el capital correspondiente a la suma de prestaciones debidas, ademÃ¡s de lo que por cualquier otro concepto adeudare, dentro de los diez dÃas siguientes a la notificaciÃ³n de la firmeza del fallo de los tribunales de trabajo realizada por el instituto asegurador, para que esa instituciÃ³n haga los pagos respectivos, en lo entendido de que una vez que hubiere vencido ese tÃ©rmino, el depÃ³sito de capital podrÃ¡ exigirse por cualquier interesado o por sus representantes legales, siguiendo los trÃ¡mites de ejecuciÃ³n de sentencia.

Transitorio III.-Â Para los efectos del Transitorio II, se considerarÃ¡ universalizaciÃ³n el seguro cuando el mismo sea obligatorio y forzoso para una zona geogrÃ¡fica especÃfica del paÃs o para una actividad econÃ³mica particular, segÃºn sea la programaciÃ³n que disponga el instituto, para cumplir con lo dispuesto en el Transitorio I de esta ley.

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TITULO QUINTO

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

CAPITULO PRIMERO

(Nota: SegÃºn el artÃculo 2Â° de la Ley de Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, los siguientes artÃculos, que comprendÃan originalmente los nÃºmeros 262 al 292 inclusive, pasan a numerarse del 332 al 362 inclusive.)

Disposiciones generales

ARTICULO 332.-Â Declarase de interÃ©s pÃºblico la constituciÃ³n legal de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios mÃ¡s eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y deÂ la democracia costarricenses.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo. 2Âº, trasladÃ³ el original artÃculo 262 al presente)

(La palabra «Cooperativa», fue suprimida del referido artÃculo 262 por el artÃculo 116 de la LeyÂ de Asociaciones Cooperativas,Â Â NÂ°Â 4179 de 22 de marzo de 1968)

Ficha articulo

ARTICULO 333.-Â Queda absolutamente prohibido a toda organizaciÃ³n social realizar cualquier actividad que no se concrete al fomento de sus intereses econÃ³mico- sociales.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo.2Âº, trasladÃ³ el original artÃculo 263 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 334.-Â Las organizaciones sociales no podrÃ¡n conceder privilegios ni ventajas especiales a sus fundadores y directores, salvo las que sean inherentes al desempeÃ±o de un cargo; invariablemente se regirÃ¡n por los principios democrÃ¡ticos del predominio de las mayorÃas, del voto secreto y de un voto por persona, sin que pueda acordarse preferencia alguna en virtud del nÃºmero de acciones, cuotas o capital que sus socios hayan aportado.

(Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original artÃculo 264 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 335.-Â Los socios de las cooperativas no podrÃ¡n sindicalizarse para defender sus intereses ante ellas, pero sÃ podrÃ¡n formarse sindicatos de trabajadores dentro de las cooperativas cuando Ã©stas actÃºen como patronos.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo. 2Â°, trasladÃ³ el original artÃculo 265 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 336.-Â Las organizaciones sociales que se constituyan legalmente estarÃ¡n exentas de cubrir los impuestos nacionales o municipales que pesen sobre sus bienes y serÃ¡n personas jurÃdicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones.

No podrÃ¡n utilizar las ventajas de la personalidad jurÃdica con Ã¡nimo de lucro, pero sÃ podrÃ¡n hacerlo en todo lo que contribuya a llenar su finalidad esencial de obtener los mayores beneficios comunes para sus asociados.

(La exenciÃ³n a que se refiere este artÃculo fue derogada por la LeyÂ NÂ°Â 641 del 23 de agosto de 1964, «Deroga Varias Exoneraciones de Impuestos a Nuevas Industrias»)

Â (Ver artÃculo 3Â° incisoÂ ch) de la Ley de Impuesto sobre la Renta. LeyÂ NÂ°Â 7092, modificado por LeyÂ NÂ°Â 7293, Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Exoneraciones, con relaciÃ³n a la exenciÃ³n de las organizaciones sindicales como entidades no sujetas al impuesto sobre la renta.)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº,Â Â trasladÃ³ el original artÃculo 266 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 337.-Â CorresponderÃ¡ al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevar a cabo, por medio de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la mÃ¡s estricta vigilancia sobre las organizaciones sociales, con el exclusivo propÃ³sito de que Ã©stas funcionen ajustadas a las prescripciones de ley.

Al efecto cumplirÃ¡n las obligaciones y ejercerÃ¡n el derecho de que habla el inciso f) del artÃculo 69.

(El nombre de la instituciÃ³n fue cambiado por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo. 2Âº, trasladÃ³ el original 267 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 338.-Â Las Ãºnicas penas que se impondrÃ¡n a las organizaciones sociales son la de multa, siempre que de conformidad con el presente CÃ³digo se hagan acreedoras a ella, y la de disoluciÃ³n, en los casos expresamente seÃ±alados en ese TÃtulo.

No obstante, sus directores serÃ¡n responsables conforme a las leyes de trabajo y a las de orden comÃºn de todas las infracciones o abusos que cometan en el desempeÃ±o de sus cargos.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº,Â Â trasladÃ³ el original 268 al presente)

Ficha articulo

CAPITULO SEGUNDO

De los Sindicatos

ARTICULO 339.-Â Sindicato es toda asociaciÃ³n permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesiÃ³n u oficio independiente, constituida exclusivamente par el estudio, mejoramiento y protecciÃ³n de sus respectivos intereses econÃ³micos y sociales, comunes.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo. 2Âº ,Â trasladÃ³ el original 269 al presente)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 340.-Â Son actividades principales de los sindicatos:

Celebrar convenciones y contratos colectivos;
Participar en la formaciÃ³n de los organismos estatales que les indique la ley;
Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras sociales de utilidad comÃºn, tales como cooperativas, entidades deportivas, culturales, educacionales, de asistencia y de previsiÃ³n, y
En general, todas aquellas que no estÃ©n reÃ±idas con sus fines esenciales ni con las leyes.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, trasladÃ³ el original 270 al presente)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 341.-Â A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de Ã©l.

El ejercicio de la facultad de libre separaciÃ³n no exonera a la persona saliente de cubrir las obligaciones de carÃ¡cter econÃ³mico que tenga pendientes con el sindicato.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo .2Âº, trasladÃ³ el original 271 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 342.-Â Los sindicatos son:

Gremiales: los formados por individuos de una misma profesiÃ³n, oficio o especialidad;
De Empresa: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que presten sus servicios en una misma empresa;
Industriales: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que presten sus servicios en dos o mÃ¡s empresas de la misma clase, y
Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores que se ocupen en actividades diversas o inconexas. Estos sindicatos sÃ³lo podrÃ¡n constituirse cuando en determinado cantÃ³n o empresa el nÃºmero de trabajadores de un mismo gremio no alcance elÂ mÃnimumÂ legal.

La Junta Directiva de todo Sindicato podrÃ¡ estar integrada por personas que no reÃºnan las condiciones que este artÃculo establece.

(AsÃ adicionado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley No. 731 de 2 de setiembre 1946)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo.2Âº,Â Â trasladÃ³ el original 272 al presente)Â Â Â Â Â Â Â

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ARTICULOÂ 343.-Â Se reconoce a los patronos y a los trabajadores el derecho de formar sindicatos sin autorizaciÃ³n previa, pero dentro de los treinta dÃas siguientes deberÃ¡n iniciar los trÃ¡mites a que se refiere el artÃculo siguiente:

Sin embargo, no podrÃ¡ constituirse ninguno con menos de doce miembros si se trata de un sindicato, ni con menos de cinco patronos de la misma actividad, cuando se trate de sindicatos patronales.

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

(AsÃ reformado por la Ley sobre Riesgos del TrabajoÂ NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, que reubicÃ³ el antiguo artÃculo 273 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 344.-Â Para que se considere legalmente constituido un sindicato, en el pleno goce de su personerÃa jurÃdica, es indispensable que se formule una solicitud suscrita por su presidente o secretario general y que se envÃe a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo o polÃticas del lugar, junto con copias autÃ©nticas de su acta constitutiva y de sus estatutos. El acta constitutiva forzosamente expresarÃ¡ el nÃºmero de miembros, la clase de sindicato y los nombres y apellidos de las personas que componen su directiva.

El Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social examinarÃ¡, bajo su responsabilidad, dentro de los quince dÃas posteriores a su recibo, si los mencionados documentos se ajustan a las prescripciones de ley; en caso afirmativo librarÃ¡ informe favorable al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que Ã©ste ordene con la mayor brevedad su inscripciÃ³n en registros pÃºblicos llevados al efecto, a lo cual no podrÃ¡ negarse si se hubiesen satisfecho los anteriores requisitos; en caso negativo, dicho funcionario seÃ±alarÃ¡ a los interesados los errores o deficiencias que a su juicio existan, para que Ã©stos los subsanen si les fuere posible, o para que interpongan, en cualquier tiempo, recurso de apelaciÃ³n ante el mencionado Ministerio, el cual dictarÃ¡ resoluciÃ³n en un plazo de diez dÃas. Si dentro de la primera hipÃ³tesis el Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace la referida inscripciÃ³n, extenderÃ¡ certificaciÃ³n de ella a solicitud de los interesados y ordenarÃ¡ que se publique gratuitamente un extracto de la misma, por tres veces consecutivas en el Diario Oficial.

La certificaciÃ³n que extienda la mencionada Oficina tendrÃ¡ fe pÃºblica y los patronos estÃ¡n obligados, con vista de ella, a reconocer la personerÃa del sindicato para todos los efectos legales. La negativa patronal a reconocer la personerÃa del sindicato, legalmente acreditada mediante la certificaciÃ³n referida, darÃ¡ lugar, en su caso, si el sindicato lo solicitara, a que los tribunales declaren legal una huelga; todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo 373 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂ°Â Â 6771 del 5 de julio de 1982)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 274 al presente)

(El artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993,Â Â corriÃ³ la antigua numeraciÃ³n del articulado. Por ello, el antiguo artÃculo 366 pasÃ³ a ser el actual 373)

Ficha articulo

ARTICULO 345.-Â Los estatutos de un sindicato expresarÃ¡n:

(AsÃ reformado el pÃ¡rrafo anterior por el artÃculo 38 de laÂ Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la PolÃtica, NÂ° 10235 del 3 de mayo de 2022)

a)Â La denominaciÃ³n que los distinga de otros.

b)Â Su domicilio.

c)Â Su objeto.

d)Â Las obligaciones y los derechos de las personas integrantes. La trabajadora o el trabajador no podrÃ¡ perder sus derechos, por el solo hecho de su cesantÃa obligada.

e)Â El modo de elecciÃ³n de la Junta Directiva deberÃ¡ garantizar la representaciÃ³n paritaria de ambos sexos. Sus integrantes deberÃ¡n ser costarricenses o personas extranjeras casadas con costarricenses y por lo menos con cinco aÃ±os de residencia permanente en el paÃs; conforme el derecho comÃºn.

(Mediante resoluciÃ³n de la Sala Constitucional NÂ° 017697 del 24 de octubre de 2018, se anulÃ³ del inciso anterior la frase que indicaba: «en todo caso, mayores de edad». Esta declaratoria de inconstitucionalidad no comprende la capacidad de actuar de los menores de edad establecida en el ordenamiento jurÃdico, que no fue objeto de esta acciÃ³n. De conformidad con lo dispuesto en el artÃculo 91 de la Ley de la JurisdicciÃ³n Constitucional, se dimensionan los efectos en el sentido de que, esta sentencia tiene efectos a partir de la fecha de la primera publicaciÃ³n de los edictos de esta acciÃ³n.

Para los efectos de este inciso, las personas centroamericanas de origen se equipararÃ¡n a las personas costarricenses. En toda nÃ³mina u Ã³rgano impar la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrÃ¡ ser superior a uno.

f)Â Las condiciones de admisiÃ³n de nuevas personas integrantes.

g)Â Las causas y los procedimientos de expulsiÃ³n y las correcciones disciplinarias. Las personas integrantes del sindicato solo podrÃ¡n ser expulsadas de Ã©l con la aprobaciÃ³n de las dos terceras partes de las personas presentes en una Asamblea General.

h)Â La frecuencia mÃnima con que se reunirÃ¡ ordinariamente la Asamblea General y el modo de convocarla. Esta podrÃ¡ reunirse vÃ¡lidamente con las dos terceras partes de las personas integrantes, a quienes en ningÃºn caso se les permitirÃ¡ representar a otras. No obstante, si por cualquier motivo no hubiera quÃ³rum, las personas asistentes podrÃ¡n acordar nueva reuniÃ³n dentro de los diez dÃas siguientes, que se verificarÃ¡ legalmente con una mayorÃa de la mitad mÃ¡s uno de los integrantes. Si por falta de la indicada mayorÃa tampoco puede celebrarse en esta segunda ocasiÃ³n la Asamblea General, las personas socias asistentes tendrÃ¡n facultad de convocar en el mismo acto otra reuniÃ³n, que se verificarÃ¡ vÃ¡lidamente en cualquier tiempo y sea cual sea el nÃºmero de personas integrantes que a ella concurran.

i)Â La forma de pagar las cuotas, el monto, el modo de cobrarlas y a quÃ© personas miembros u organismos compete su administraciÃ³n.

j)Â La Ã©poca de presentaciÃ³n de cuentas, con detalle del ingreso y egreso de los fondos, que deberÃ¡ hacerse ante la Asamblea General por lo menos cada seis meses. Inmediatamente despuÃ©s de verificada esta, la directiva queda en la ineludible obligaciÃ³n de enviar copia autÃ©ntica del informe de rendiciÃ³n de cuentas a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

k)Â Las causas de disoluciÃ³n voluntaria del sindicato y el modo de efectuar su liquidaciÃ³n.

l)Â Las demÃ¡s estipulaciones legales que se crea necesario hacer.

(Este Ãºltimo inciso le compete Ãºnicamente al Ministerio de Trabajo y no al patrono de acuerdo al Voto de la Sala Constitucional NÂ° 133- 82)

m) La normativa en la cual se establezcan procedimientos internos y las sanciones administrativas correspondientes por violencia contra las mujeres en la polÃtica. Deben establecer un procedimiento interno para conocer y tramitar las denuncias administrativas, de conformidad con la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la PolÃtica. Si la persona denunciada ocupa un cargo por designaciÃ³n se deberÃ¡ remitir, en el plazo de tres dÃas naturales, copia del expediente al Ã³rgano correspondiente que lo designÃ³ para anular su nombramiento y su sustituciÃ³n y al Ministerio PÃºblico segÃºn corresponda el hecho.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo 38 de laÂ Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la PolÃtica, NÂ° 10235 del 3 de mayo de 2022)

n) Las acciones permanentes dirigidas a garantizar y promover el libre ejercicio de los derechos polÃticos de las mujeres. y erradicar toda forma de discriminaciÃ³n, sexismo,. segregaciÃ³n, estereotipos de gÃ©nero y violencia por razones gÃ©nero, de conformidad con la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la PolÃtica y los convenios internacionales de derechos humanos vigentes.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original artÃculo 275 al presente)

(AsÃ reformado por el artÃculo 3Â° de la ley NÂ° 8901Â Â del 18 de noviembre de 2010, «Porcentaje mÃnimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas»)

(Nota de Sinalevi:Â Mediante resoluciÃ³n de la Sala Constitucional NÂ° 4630 del 02 de abril de 2014, se interpretÃ³ la ley NÂ° 8901 del 18 de noviembre de 2010,Â «Porcentaje mÃnimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaritas», la cual reformÃ³ este numeral, en el sentido de que, los Ã“rganos Directivos de las Asociaciones Civiles, Asociaciones Solidaritas, Asociaciones Comunales y Sindicatos, deben estar integrados respetando la paridad de gÃ©nero, de forma progresiva y siempre que ello sea posible conforme a la libertad ideolÃ³gica, el derecho de asociaciÃ³n y segÃºn la conformaciÃ³n fÃ¡ctica y proporcional que cada uno de los gÃ©neros lo permita en la asociaciÃ³n en cuestiÃ³n.)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 346.-Â Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General:

Nombren cada aÃ±o a la Junta Directiva, cuyos miembros podrÃ¡n ser reelectos.

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂ°Â Â 25 del 17 de noviembre deÂ 1944 )

Aprobar la confecciÃ³n inicial y las reformas posteriores de los estatutos;
Dar la aprobaciÃ³n definitiva, en lo que se refiere al sindicato, a las convenciones y contratos colectivos que la Junta Directiva celebre;
Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias;
Declarar las huelgas o paros legales;
Acordar la uniÃ³n o la fusiÃ³n con otros sindicatos;
Aprobar o improbar los presupuestos anuales que deberÃ¡ elaborar la Junta Directiva;
Autorizar toda clase de inversiones mayores de cien colones, e
Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o este CÃ³digo, o que sean propias de su carÃ¡cter de suprema autoridad del sindicato.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculoÂ Â 2Âº,Â Â trasladÃ³ el original 276 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 347.-Â La Junta Directiva tendrÃ¡ la representaciÃ³n legal del sindicato y podrÃ¡ delegarla en la presidencia o secretarÃa general; serÃ¡ responsable para con el sindicato y terceras personas en los mismos tÃ©rminos en que lo son los mandatarios en el CÃ³digo Civil. Dicha responsabilidad serÃ¡ solidaria entre las personas integrantes de la Junta Directiva, a menos que alguno de ellos salve su voto, haciÃ©ndolo constar asÃ en el libro de actas.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº trasladÃ³ el original 277 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 348.-Â Las obligaciones civiles contraÃdas por los directores de un sindicato obligan a Ã©ste, siempre que aquÃ©llos obren dentro de sus facultades.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculoÂ Â 2Âº trasladÃ³ el original 278 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 349.- Los sindicatos estÃ¡n obligados:

a. A llevar libros de actas, de socios y de contabilidad debidamente sellados y autorizados por la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

(El nombre del Instituto fue asÃ reformado por la Ley NÂ°Â Â 3372 del 6 de agosto de 1964 )

b. A suministrar los informes que les pidan las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuaciÃ³n como tales sindicatos;

c. A comunicar a la InspecciÃ³n General de Trabajo, dentro de los diez dÃas siguientes a su elecciÃ³n, los cambios ocurridos en su Junta Directiva;

d. A enviar cada aÃ±o, al mismo Departamento, una nÃ³mina completa de sus miembros y seÃ±alar un medio electrÃ³nico para atender notificaciones. Dicha direcciÃ³n electrÃ³nica debe estar debidamente registrada y actualizada ante el Ministerio de Trabajo y serÃ¡ utilizada exclusivamente para recibir notificaciones en los trÃ¡mites de calificaciÃ³n de movimientos huelguÃsticos regulados en este CÃ³digo y para los efectos del trÃ¡mite del artÃculo 375 bis de este CÃ³digo. El Ministerio de Trabajo brindarÃ¡ acceso pÃºblico y en lÃnea a la lista de medios electrÃ³nicos establecidos por cada una de las organizaciones sindicales registradas. En caso de incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrÃ¡n por notificadas de forma automÃ¡tica.

Transitorio- Para el cumplimiento de la obligaciÃ³n establecida en el inciso d) de este artÃculo se establece el plazo de treinta dÃas, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

(AsÃ reformado el inciso d) anterior por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

e. A iniciar dentro de los quince dÃas siguientes a la celebraciÃ³n de la Asamblea General, que acordÃ³ reformar los estatutos, los trÃ¡mites necesarios para su aprobaciÃ³n legal, de acuerdo con lo dispuesto por el artÃculo 274.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 279 al presente)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 350.-Â A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo ordenarÃ¡n la disoluciÃ³n de los sindicatos, siempre que se les pruebe en juicio:

(El nombre de la entidad fue asÃ modificado por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964. )

Que intervienen en asuntos polÃtico- electorales, que inician o fomentan luchas religiosas, que mantienen actividades contrarias al rÃ©gimen democrÃ¡tico que establece la ConstituciÃ³n del paÃs, o que en alguna otra forma infringen la prohibiciÃ³n del artÃculo 263(*);

(*)(Debido a la reforma introducida a Ã©ste CÃ³digo por la Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, en la que se corriÃ³ la numeraciÃ³n de varios artÃculos, la referencia al artÃculo 263 contenida en este inciso debe entenderse a artÃculoÂ NÂºÂ 333 actual.)

Que ejercen el comercio con Ã¡nimo de lucro, o que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de la personalidad jurÃdica y las franquicias fiscales que el presente CÃ³digo les concede, para establecer o mantener cantinas, salas de juego u otras actividades reÃ±idas con los fines sindicales;
Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legÃtimo trabajo;
Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades, y
Que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo.

En los tres Ãºltimos casos queda a salvo la acciÃ³n que cualquier perjudicado entable para que las autoridades represivas impongan a los responsables las sanciones previstas por el artÃculo 257 del CÃ³digo Penal u otros aplicables al hecho ilÃcito que se haya cometido.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 280 al presente).

Ficha articulo

ARTICULO 351.-Â El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tambiÃ©n solicitarÃ¡ a los Tribunales de Trabajo la disoluciÃ³n de los sindicatos que, a su juicio, dejen de llenar los requisitos que para su constituciÃ³n seÃ±alan los artÃculos 273(*), pÃ¡rrafo segundo y 275(*), inciso c).

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Âº de la leyÂ NÂºÂ 2561 de 11 de mayo de 1960, «Convenios OIT Nos. 29, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95,96, 98, 99 yÂ 100″)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 281 al presente, debido a la reforma introducida a Ã©ste CÃ³digo por la Ley Sobre Riesgos del Trabajo, en la que se corriÃ³ la numeraciÃ³n de varios artÃculos)

(La referencia a los artÃculos 273 y 275 debe entenderse: artÃculos 343 y 345 actuales)

Ficha articulo

ARTICULO 352.-Â Los sindicatos podrÃ¡n acordar su disoluciÃ³n:

a.Â Â Â Â Â Â Â Por realizaciÃ³n del objeto para que fueron constituidos, y

b.Â Â Â Â Â Â Â Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos en Asamblea General.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 282 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 353.-Â En todo caso de disoluciÃ³n la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cancelarÃ¡ la respectiva inscripciÃ³n por nota marginal y ordenarÃ¡ que se publique por tres veces consecutivas en el Diario Oficial un extracto de la resoluciÃ³n judicial, administrativa o de la Asamblea del sindicato, que asÃ lo haya acordado.

(El nombre de la InstituciÃ³n fue asÃ reformado por la Ley No. 3372 del 6 de agosto deÂ 1964 )

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 283 al presente)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 354.-Â SerÃ¡n absolutamente nulos los actos o contratos celebrados o ejecutados por el sindicato despuÃ©s de disuelto, salvo los que se refieran exclusivamente a su liquidaciÃ³n.

Es entendido que aun despuÃ©s de disuelto un sindicato se reputarÃ¡ existente sÃ³lo en lo que afecte a su liquidaciÃ³n.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 284 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 355.-Â En todo caso de disoluciÃ³n corresponde al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social nombrar una Junta Liquidadora, integrada por tres personas honorables y competentes, una de las cuales actuarÃ¡ como Presidente y serÃ¡ el Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los liquidadores, en conjunto, se reputarÃ¡n mandatarios de la asociaciÃ³n; seguirÃ¡n para cumplir su cometido el procedimiento indicado por los estatutos o por el respectivo Ministerio y, subsidiariamente, se sujetarÃ¡n al que establecen las leyes comunes, en lo que fuere aplicable.

(El nombre de la entidad fue asÃ reformado por el artÃculo 1Âº de la leyÂ NÂºÂ 3372 de 6 de agosto de 1964)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 285 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 356.-Â Sea cual fuere la causa de la disoluciÃ³n de un sindicato, su activo lÃquido pasarÃ¡ a la FederaciÃ³n a que pertenezca y, en forma subsidiaria, se distribuirÃ¡ en porciones iguales entre todos los de su misma clase existentes en el paÃs.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 286 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 357.-Â Dos o mÃ¡s sindicatos podrÃ¡n fusionarse entre sÃ, una vez que acuerden sus respectivas disoluciones y firmen uno nuevo.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº trasladÃ³ el original 287 al presente)

Ficha articulo

ARTICULO 358.-Â Dos o mÃ¡s sindicatos podrÃ¡n formar federaciones y dos o mÃ¡s federaciones podrÃ¡n formar confederaciones, que se regirÃ¡n por las disposiciones de este capÃtulo, en lo que les sea aplicable, excepto en lo relacionado con el perÃodo legal de sus respectivas juntas directivas, el cual podrÃ¡ ser hasta de dos aÃ±os, con derecho de reelecciÃ³n para las personas integrantes. Las juntas directivas deben garantizar la representaciÃ³n paritaria de ambos gÃ©neros.

Los sindicatos, las federaciones y las confederaciones tendrÃ¡n el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales, de trabajadores y trabajadoras o patronales.

Los estatutos de las federaciones determinarÃ¡n, ademÃ¡s de lo dispuesto en el artÃculo 345, la forma en que los sindicatos que las componen serÃ¡n representados en la Asamblea General; el acta constitutiva expresarÃ¡ los nombres y domicilios de todos los sindicatos que la integran.Â Esta lista deberÃ¡ repetirse cada seis meses para los efectos del inciso d) del artÃculo 349.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo, NÂº 6727 de 9 de marzo de 1982 artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 288 al presente.)

Ficha articulo

ARTICULO 359.-Â Todo sindicato afiliado puede retirarse deÂ unÂ federaciÃ³n o confederaciÃ³n en cualquier tiempo, cuando la mayorÃa de sus miembros asÃ lo dispusiere. SerÃ¡ absolutamente nula la disposiciÃ³n en contrario que se adopte en los respectivos estatutos.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 289 al presente)

Ficha articulo

ARTICULOÂ 360.-Â La Junta Directiva de todo sindicato, federaciÃ³n o confederaciÃ³n de sindicatos de trabajadores, tiene personerÃa para representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de sus afiliados en la defensa de sus intereses individuales de carÃ¡cter econÃ³mico- social, siempre que ellos expresamente lo soliciten. La Junta Directiva podrÃ¡ delegar esa personerÃa en cualquiera de sus miembros; y la delegaciÃ³n se comprobarÃ¡ con certificaciÃ³n del correspondiente acuerdo.

(AsÃ reformado por el artÃculo Ãºnico de la leyÂ NÂ°Â 642 del 7 de agosto de 1946)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 290 al presente)

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ARTICULO 361.-Â El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social se encargarÃ¡ de fomentar el desarrollo del movimiento sindical en forma armÃ³nica y ordenada, por todos los medios legales que juzgue convenientes. Al efecto, dictarÃ¡ por medio de decretos ejecutivos todas las disposiciones que sean necesarias, en los casos ocurrentes, para garantizar la efectividad del derecho de sindicalizaciÃ³n.

(El nombre de la entidad fue asÃ reformado por el artÃculo 1Âº la Ley No. 3372 del 6 de agosto de 1964 y tambiÃ©n la leyÂ NÂºÂ 5089 del 18 de octubre de 1972 modificÃ³ su nombre)

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 291 al presente)

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ARTICULO 362.-Â En caso de que un sindicato incumpla, despuÃ©s de percibido por una sola vez, las obligaciones de que hablan los artÃculos 273, pÃ¡rrafo primero, 275, inciso j) y 279, le serÃ¡ impuesta una multa de ochenta a ciento veinte colones.

Igual pena se les aplicarÃ¡, sin necesidad de advertencia previa, cada vez que infrinjan alguna disposiciÃ³n prohibitiva del presente CÃ³digo, no sancionada en otra forma.

(La Ley Sobre Riesgos del Trabajo,Â NÂºÂ 6727 de 9 de marzo de 1982, artÃculo 2Âº, trasladÃ³ el original 292 al presente)

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CAPITULO TERCERO

De la protecciÃ³n de los derechos sindicales

(Nota: Este CapÃtulo fue adicionado en su totalidad por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993 e indicando que se corra la numeraciÃ³n de los artÃculos subsiguientes; es asÃ como el antiguo artÃculo 364 pasa a ser el 371 y asÃ sucesivamente hasta el 579, que pasa a ser el actual 586. El CapÃtulo III original, titulado «De las Cooperativas», artÃculo 363, ya habÃa sido derogado en su totalidad por la Ley de Asociaciones CooperativasÂ NÂºÂ 4179 del 22 de agosto de 1968)

ARTICULO 363.-Â ProhÃbense las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreÃ±ir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores.

Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionarÃ¡, en la forma y en las condiciones seÃ±aladas en el CÃ³digo de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracciÃ³n de disposiciones prohibitivas.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

Ficha articulo

ARTICULO 364.-Â Toda persona o sindicato con interÃ©s puede acudir, ante la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n de Trabajo, a denunciar por escrito la comisiÃ³n de prÃ¡cticas laborales desleales; pero esas prÃ¡cticas tambiÃ©n podrÃ¡n ser investigadas de oficio.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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ARTICULO 365.-Â La DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n de Trabajo investigarÃ¡, por los medios que estime conveniente, los hechos violatorios de que tenga conocimiento. Si determina que existe mÃ©rito para conocer sobre el fondo del asunto, convocarÃ¡ a las partes involucradas o, si los tienen, a sus representantes legales, a una audiencia en la que se recibirÃ¡n todas las pruebas que se estimen necesarias.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

Ficha articulo

ARTICULO 366.-Â Sin perjuicio del resultado de la audiencia indicada en el artÃculo anterior, si se constata la existencia de prÃ¡cticas laborales desleales, se levantarÃ¡ un acta y el Director Nacional e Inspector General de Trabajo entablarÃ¡ la demanda judicial correspondiente, con prioridad respecto de cualquier otro asunto. Con el propÃ³sito de salvaguardar los derechos protegidos por esta Ley solicitarÃ¡ imponer las sanciones previstas en la legislaciÃ³n laboral vigente, sin perjuicio de cualquier otra medida judicial que pueda ordenarse.

Si no hay mÃ©rito para conocer sobre el fondo del asunto o no se constata la existencia de prÃ¡cticas laborales desleales, se ordenarÃ¡ archivar el expediente, mediante resoluciÃ³n fundada. Esta resoluciÃ³n tendrÃ¡ los recursos ordinarios de revocatoria y de apelaciÃ³n; este Ãºltimo se interpondrÃ¡ para ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien agota la vÃa administrativa para todos los efectos.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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ARTICULO 367.-Â Sin perjuicio de disposiciones mÃ¡s favorables, establecidas en virtud de convenciones colectivas de trabajo, las personas que se enumeran a continuaciÃ³n gozarÃ¡n de estabilidad laboral, para garantizar la defensa del interÃ©s colectivo y la autonomÃa en el ejercicio de las funciones sindicales como mÃnimo y por los plazos que se indican:

Los trabajadores miembros de un sindicato en formaciÃ³n, hasta un nÃºmero de veinte que se sumen al proceso de constituciÃ³n. Esta protecciÃ³n es de dos meses, contados desde la notificaciÃ³n de la lista al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la forma que aquÃ se indica y hasta dos meses despuÃ©s de presentada la respectiva solicitud de inscripciÃ³n. En todo caso, este plazo no puede sobrepasar de cuatro meses. A fin de gozar de esta protecciÃ³n, los interesados deberÃ¡n notificar, por un medio fehaciente, al Departamento mencionado y al empleador, su intenciÃ³n de constituir un sindicato, el nombre y las calidades de quienes, a su entender, deben beneficiarse de la protecciÃ³n.
Un dirigente por los primeros veinte trabajadores sindicalizados en la respectiva empresa y uno por cada veinticinco trabajadores sindicalizados adicionales, hasta un mÃ¡ximo de cuatro. Esta protecciÃ³n se brindarÃ¡ mientras ejerzan sus cargos y hasta seis meses despuÃ©s del vencimiento de sus respectivos perÃodos.
Los afiliados que, de conformidad con lo previsto en los estatutos del respectivo sindicato, presenten su candidatura para ser miembros de su junta directiva. Esta protecciÃ³n serÃ¡ de tres meses, a partir del momento en que comuniquen su candidatura al Departamento de Organizaciones Sociales.

ch) En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los representantes libremente elegidos por sus trabajadores, gozarÃ¡n de la misma protecciÃ³n acordada, en la proporciÃ³n y por igual plazo a lo establecido en el inciso b) de este artÃculo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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ARTICULO 368.-Â Al despido sin justa causa de un trabajador amparado en virtud de la protecciÃ³n que establece la presente Ley, no le serÃ¡ aplicable lo dispuesto en el artÃculo 28 de este CÃ³digo. El juez laboral competente declararÃ¡ nulo e ineficaz ese despido y, consecuentemente, ordenarÃ¡ la reinstalaciÃ³n del trabajador y el pago de los salarios caÃdos, ademÃ¡s de las sanciones que corresponda imponer al empleador, de acuerdo con este CÃ³digo y sus leyes supletorias y conexas. Si el trabajador manifiesta expresamente su deseo de no ser reinstalado, se le deberÃ¡ reconocer, ademÃ¡s de los derechos laborales correspondientes a un despido sin justa causa, una indemnizaciÃ³n equivalente a los salarios que le hubiesen correspondido durante el plazo de la protecciÃ³n no disfrutada, de conformidad con el artÃculo anterior.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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ARTICULOÂ 369.-Â AdemÃ¡s de las mencionadas en el artÃculo 81 de este CÃ³digo, tambiÃ©n son causas justas, que facultan al empleador a dar por terminado el contrato de trabajo de los trabajadores protegidos en virtud de la presente Ley, las siguientes:

Cometer actos de coacciÃ³n o de violencia, sobre las personas o las cosas, o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carÃ¡cter pacÃfico.
Atentar contra los bienes de la empresa.
Incitar a actos que produzcan destrucciÃ³n de materiales, instrumentos o productos de trabajo o de mercaderÃas o que disminuyan su valor o causen su deterioro o participar en ellos.

ch) Incitar, dirigir o participar en la reducciÃ³n intencional del rendimiento, en la interrupciÃ³n o en el entorpecimiento ilegal de actividades de trabajo.

Retener indebidamente a personas o bienes o usar Ã©stos de manera indebida, en movilizaciones o piquetes.
Incitar a destruir, a inutilizar o interrumpir instalaciones pÃºblicas o privadas, o a participar en hechos que las daÃ±en

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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ARTICULOÂ 370.-Â Cuando en una empresa exista un sindicato al que estÃ©n afiliados, al menos la mitad mÃ¡s uno de sus trabajadores, al empleador le estarÃ¡ prohibida la negociaciÃ³n colectiva, cualquiera que sea su denominaciÃ³n, cuando esa negociaciÃ³n no sea con el sindicato.

Los acuerdos que se tomen en contra de lo dispuesto en este artÃculo, no serÃ¡n registrados ni homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni podrÃ¡n ser opuestos, a los sindicatos.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 3Âº de la leyÂ NÂ°Â 7360 del 4 de noviembre de 1993)

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TÃTULO SEXTO

MEDIDAS DE PRESIÃ“N

(AsÃ reformado el tÃtulo anterior por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(Nota: La numeraciÃ³n de este TÃtulo fue modificada en su totalidad por el artÃculo 3Âº de la ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993. Por ello, el antiguo 364 pasa a ser el actual 371 y asÃ sucesivamente hasta el 384, que pasa a ser el 391).

CAPÃTULO PRIMERO

Huelgas legales e ilegales

ArtÃculo 371- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensiÃ³n concertada y pacÃfica del trabajo, en una empresa, instituciÃ³n, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mÃnimo, que represente mÃ¡s de la mitad de los votos emitidos conforme al artÃculo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:

a) La defensa y promociÃ³n de sus intereses econÃ³micos y sociales.

b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurÃdicos colectivos seÃ±alados en el artÃculo 386.

SerÃ¡n ilegales las huelgas polÃticas o aquellas que no tengan conexiÃ³n directa con la relaciÃ³n de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono.

AdemÃ¡s de la huelga contractual se permitirÃ¡ tambiÃ©n la huelga que tenga por finalidad protestar contra polÃticas pÃºblicas, siempre que dichas polÃticas afecten de forma directa los intereses econÃ³micos o sociales de los trabajadores. En este caso, deberÃ¡n cumplirse los requisitos del artÃculo 377 de este CÃ³digo, a excepciÃ³n de la conciliaciÃ³n previa. Este tipo de huelgas no podrÃ¡ tener una duraciÃ³n superior a cuarenta y ocho horas ni podrÃ¡n reiterarse por el mismo motivo.

La regulaciÃ³n del pÃ¡rrafo anterior no afectarÃ¡ el derecho a realizar marchas, concentraciones, mÃtines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurÃdico que se realicen en horas no laborales, sin restricciÃ³n alguna de duraciÃ³n.

Las anteriores disposiciones tampoco afectarÃ¡n el derecho a manifestarse de los trabajadores independientes o de aquellas personas que no se encuentren vinculadas a una relaciÃ³n laboral.

Aparte de los casos indicados en este artÃculo, no se permitirÃ¡n huelgas atÃpicas ni serÃ¡n consideradas como legales ningÃºn otro tipo de huelgas.

No se considerarÃ¡ pacÃfica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vÃas pÃºblicas o que impida el acceso a las instalaciones o los servicios pÃºblicos, la realizaciÃ³n de sabotaje sobre bienes pÃºblicos, la perpetraciÃ³n de conductas que comporten un ilÃcito penal o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 372.-Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo ejercerÃ¡n por medio de sus organizaciones sindicales o de una coaliciÃ³n temporal, en las empresas, las instituciones, los establecimientos o los centros de trabajo donde no hubiera personas sindicalizadas o cuando su nÃºmero fuera insuficiente para constituir una organizaciÃ³n sindical.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, â€œReforma Procesal Laboralâ€.)

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ArtÃculo 373- El derecho de huelga comprende la participaciÃ³n en las actividades preparatorias que no interfieran en el desenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de convocatoria, de elecciÃ³n de su modalidad, de adhesiÃ³n a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, de participaciÃ³n en su desarrollo, de desconvocatoria, asÃ como la decisiÃ³n de dar por terminada la propia participaciÃ³n en la huelga.

Queda prohibido a los trabajadores que participan de la huelga ausentarse o separarse injustificadamente para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento. Una vez que haya terminado la huelga, el patrono tendrÃ¡ el plazo de un mes para proceder conforme a lo establecido en el artÃculo 414 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ArtÃculo 374.-Â En el caso de instituciones o empresas que tengan mÃ¡s de un establecimiento o centro de trabajo, el porcentaje de apoyo mÃnimo requerido, conforme al artÃculo 371, se contabilizarÃ¡ considerando a todas las personas trabajadoras de la empresa, instituciÃ³n o el respectivo centro de trabajo, segÃºn sea el caso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ARTICULO 375. –Â No serÃ¡ permitida la huelga en los servicios pÃºblicos. Las diferencias que en Ã©stos ocurran entre patronos y trabajadores, asÃ como en todos los demÃ¡s casos en que se prohÃbe la huelga, se someterÃ¡n obligatoriamente al conocimiento y resoluciÃ³n de los Tribunales de Trabajo.

(La Sala Constitucional, mediante resoluciÃ³n NÂ° 1696 del 23 de junio de 1992,Â declarÃ³ inconstitucional el presente artÃculo «.respecto de las administraciones pÃºblicas con rÃ©gimen de empleo de naturaleza pÃºblica.». «.Igualmente, considera necesario la Sala hacer la aclaraciÃ³n de tener por excluidos de este rÃ©gimen, a los obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestiÃ³n pÃºblica de la administraciÃ³n, cuando los mismos sean contratados por el Estado conforme al ejercicio de su capacidad de Derecho Privado.» De acuerdo con el contenido de la sentencia, los procedimientos de resoluciÃ³n de los conflictos colectivos de carÃ¡cter econÃ³mico y social, no son aplicables del todo a las administraciones regidas por el derecho pÃºblico de empleo, ni al resto de las administraciones, en tanto no se subsanen las omisiones referentes a la falta de un rÃ©gimen administrativo laboral adecuado a nuestro texto constitucional, y no se cree una norma administrativa expresa que permita al Estado, someterse a los tribunales de arbitraje en aras de solucionar conflictos colectivos.)

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ArtÃculo 375 bis- La huelga en servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no requiere del trÃ¡mite de calificaciÃ³n previsto en este CÃ³digo. En este caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la suspensiÃ³n de labores, la parte patronal estarÃ¡ obligada a solicitar al Juzgado de Trabajo la emisiÃ³n de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores. Con la solicitud se aportarÃ¡ la prueba correspondiente para acreditar la condiciÃ³n de servicio esencial.

La ProcuradurÃa General de la RepÃºblica tambiÃ©n estarÃ¡ legitimada para promover directamente la gestiÃ³n indicada.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepciÃ³n de la solicitud indicada en el primer pÃ¡rrafo de este artÃculo, la autoridad judicial darÃ¡ audiencia por veinticuatro horas a las contrapartes, que serÃ¡n notificadas de conformidad con el artÃculo 349, en el caso de los sindicatos, o de acuerdo con el artÃculo 377, en el caso de las coaliciones temporales de trabajadores.

Transcurrido el plazo del pÃ¡rrafo anterior, la autoridad judicial contarÃ¡ con veinticuatro horas para resolver la solicitud planteada. Si la solicitud fuera denegada por el Juzgado por considerar que no se trata de un servicio esencial, en la misma resoluciÃ³n el juez ordenarÃ¡ la tramitaciÃ³n del caso bajo el procedimiento de calificaciÃ³n de la huelga. Si la solicitud fuera admitida, el juez ordenarÃ¡ a los trabajadores que se reincorporen de forma inmediata a sus labores.

Tanto la orden judicial como la denegatoria de la solicitud podrÃ¡n ser objeto de apelaciÃ³n. Esta deberÃ¡ formularse en el plazo mÃ¡ximo de dos dÃas naturales y serÃ¡ admitida Ãºnicamente en el efecto devolutivo.

En cualquiera de los casos, la apelaciÃ³n deberÃ¡ presentarse ante el mismo Juzgado de Trabajo, el cual lo remitirÃ¡ al superior correspondiente. Esta Ãºltima autoridad convocarÃ¡ a las partes a una audiencia oral dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a efectos de que estas expresen los agravios correspondientes, y emitirÃ¡n la resoluciÃ³n definitiva, en forma oral, al finalizar la diligencia.

Bajo ninguna circunstancia podrÃ¡n ampliarse los plazos establecidos en la presente norma.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ArtÃculo 376- Para los efectos del artÃculo anterior se entienden por servicios pÃºblicos esenciales aquellos cuya suspensiÃ³n, discontinuidad o paralizaciÃ³n pueda causar daÃ±o significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pÃºblica.

Por su carÃ¡cter esencial, estarÃ¡ prohibida absolutamente la huelga en los siguientes servicios:

a) Servicios de salud, en todos sus niveles de atenciÃ³n, que brinden asistencia de forma directa e integral al usuario, incluyendo los servicios de hospitalizaciÃ³n y atenciÃ³n mÃ©dica domiciliar, consulta externa, exÃ¡menes mÃ©dicos, pruebas de laboratorio y diagnÃ³stico, todo tipo de servicio mÃ©dico-quirÃºrgico, tratamientos mÃ©dicos y/o terapÃ©uticos, asÃ como los de rehabilitaciÃ³n, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavanderÃa, roperÃa, aseo, servicios de alimentaciÃ³n a pacientes, vigilancia, registros mÃ©dicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de usuarios y, en general, todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupciÃ³n podrÃa poner en peligro la vida o la salud de las personas.

b) Servicios de seguridad pÃºblica incluyendo servicios de policÃa, policÃa judicial, cuido de instalaciones pÃºblicas, vigilancia, investigaciÃ³n, policÃa de trÃ¡nsito, guardacostas, asÃ como la custodia y atenciÃ³n de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanezcan.

c) Controladores aÃ©reos y control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos.

d) Servicios de transporte ferroviario, marÃtimo, carga y descarga en muelles y atracaderos de medicamentos, suministros o equipo mÃ©dico y bienes perecederos, barcos tanqueros o naves de combustible u otras fuentes de energÃa y los servicios de transporte pÃºblico remunerado de personas en la modalidad de autobÃºs y tren, mientras el viaje no termine.

e) Bomberos, servicios de bÃºsqueda de personas desaparecidas, rescate de vÃctimas y servicios de atenciÃ³n de desastres y/o emergencias, asÃ como llamadas de emergencias.

f) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

g) Los servicios necesarios para asegurar el suministro de energÃa elÃ©ctrica a los consumidores, incluyendo la atenciÃ³n de averÃas, asÃ como aquellos necesarios para la prestaciÃ³n de los servicios de telecomunicaciones.

h) Los servicios indispensables para la importaciÃ³n, el transporte, la distribuciÃ³n y el suministro de combustible, la atenciÃ³n de averÃas que afecten los servicios descritos y el suministro en plantel a comercializadores o consumidores finales.

i) Servicio de comedores escolares, asÃ como los servicios de protecciÃ³n, cuido y/o albergue, de niÃ±ez y adolescencia y adultos mayores, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad.

(Corrida su numeraciÃ³n porÂ el artÃculo 3Â° de la ley 7360 de 4 de noviembre de 1993, que adicionÃ³ unÂ CapÃtulo Tercero al CÃ³digo de Trabajo,Â referente a la ProtecciÃ³n de los Derechos Sindicales, pasando de ser el artÃculo 369 al 376 actual)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 376 bis- Para la calificaciÃ³n de un servicio pÃºblico esencial es irrelevante el que sea prestado por instituciones, entes o personas pÃºblicas o privadas, fÃsicas o jurÃdicas.

El Estado garantizarÃ¡ la continuidad de la prestaciÃ³n de todo servicio pÃºblico esencial.

Para la resoluciÃ³n de los conflictos laborales que se presenten tratÃ¡ndose de personas que brinden un servicio pÃºblico esencial, agotada la conciliaciÃ³n, los trabajadores y patronos estarÃ¡n obligados a acudir la resoluciÃ³n jurisdiccional del conflicto o al arbitramento, de conformidad con los artÃculos 375, 429, 456 a 458 y 707 de este CÃ³digo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 376 ter- Los servicios de importancia trascendental son aquellos que, por su carÃ¡cter estratÃ©gico para el desarrollo socioeconÃ³mico del paÃs, su paralizaciÃ³n o suspensiÃ³n implican un perjuicio sensible a las condiciones de vida de toda o parte de la poblaciÃ³n.

Quedando a salvo los servicios reservados en el artÃculo 376, se catalogarÃ¡n como servicios de importancia trascendental los siguientes:

a) La recolecciÃ³n y el tratamiento de desechos y residuos.

b) Los servicios que desempeÃ±en los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos.

c) La anotaciÃ³n y el levantamiento de impedimentos de salida del paÃs, asÃ como los permisos de salida del paÃs para personas menores de edad.

d) Los procesos de preparaciÃ³n para la celebraciÃ³n de elecciones nacionales, cantonales, referÃ©ndum, plebiscitos o consultas populares, en los plazos indispensables para no impedir su celebraciÃ³n.

e) Los servicios bancarios de depÃ³sito y retiro de dineros.

f) Los servicios de administraciÃ³n de justicia.

g) Los servicios de aduanas y los servicios de atenciÃ³n a pasajeros y sus pertenencias en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos.

La ejecuciÃ³n de la huelga en este tipo de servicios estarÃ¡ condicionada a la prestaciÃ³n continua de un plan de servicios mÃnimos.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 376Â quater- La huelga en servicios de importancia trascendental deberÃ¡ garantizar su continuidad mediante el esquema de prestaciÃ³n de servicios mÃnimos de atenciÃ³n a las personas usuarias.

La fijaciÃ³n de los servicios mÃnimos se definirÃ¡ mediante acuerdo de las partes, sobre la base de criterios tÃ©cnicos, considerando la extensiÃ³n personal y territorial de la huelga, su duraciÃ³n, modalidad de ejecuciÃ³n, la entidad del servicio y cualquier otro factor relevante, conforme a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Este acuerdo debe formalizarse en un documento que las partes deberÃ¡n depositar previo a la suspensiÃ³n de labores en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, para su custodia.

De no haber acuerdo en la fijaciÃ³n de los servicios mÃnimos, cualquiera de las partes podrÃ¡ solicitar al juez de trabajo que defina el plan de servicio mÃnimo. Esta fijaciÃ³n la realizarÃ¡ el juez en un plazo perentorio de tres dÃas, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resoluciÃ³n serÃ¡ recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes. El tribunal resolverÃ¡ la apelaciÃ³n en un plazo mÃ¡ximo de tres dÃas.

Una vez definido el esquema de servicios mÃnimos, el patrono determinarÃ¡ los trabajadores que deberÃ¡n cumplir con las labores respectivas.

La fijaciÃ³n del plan o esquema de servicios mÃnimos y la prestaciÃ³n de labores conforme a este no prejuzga la condiciÃ³n de legalidad o ilegalidad de la huelga que en definitiva se ejecute. Sin embargo, la no prestaciÃ³n de los servicios mÃnimos fijados determinarÃ¡ por sÃ sola la ilegalidad del movimiento de huelga.

El abandono o la desatenciÃ³n injustificada en el desempeÃ±o de las labores, por parte de los servidores designados para la prestaciÃ³n mÃnima de servicios del presente artÃculo o de los servicios del artÃculo 376Â quinquies, se reputarÃ¡ como falta grave a la relaciÃ³n laboral.

El plazo mÃ¡ximo de una huelga en servicios de importancia transcendental es de diez dÃas naturales; si llegado este plazo no existe acuerdo para la soluciÃ³n del conflicto, se deberÃ¡ proceder conforme a lo establecido en el artÃculo 707 de este CÃ³digo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 376Â quinquies- Los servicios de educaciÃ³n pÃºblica son de carÃ¡cter estratÃ©gico para la naciÃ³n, por lo que la huelga en estos tendrÃ¡ las regulaciones que se establecen en el presente artÃculo.

Durante toda la duraciÃ³n de la huelga deberÃ¡ mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones bÃ¡sicas de aseo y seguridad. En el caso de educaciÃ³n especial deberÃ¡n asegurarse la atenciÃ³n y la asistencia adecuadas en consideraciÃ³n a la condiciÃ³n de discapacidad de las personas.

El plan de prestaciÃ³n de servicios bÃ¡sicos de aseo, seguridad, los servicios requeridos en educaciÃ³n especial, asÃ como el funcionario o la funcionaria que durante la huelga serÃ¡ responsable de la coordinaciÃ³n, supervisiÃ³n y fiscalizaciÃ³n de cada centro educativo, se definirÃ¡ previamente mediante acuerdo general de las partes, que estarÃ¡ fundamentado en criterios tÃ©cnicos y se formalizarÃ¡ en un documento que estas deberÃ¡n depositar en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su custodia.

De no existir acuerdo en la fijaciÃ³n del plan de prestaciÃ³n de dichos servicios, cualquiera de las partes podrÃ¡ solicitar al Juzgado de Trabajo que lo establezca, aportando la informaciÃ³n y los criterios tÃ©cnicos correspondientes. Esta fijaciÃ³n la realizarÃ¡ el juzgado en un plazo perentorio de tres dÃas, previa audiencia a la parte contraria. Dicha resoluciÃ³n serÃ¡ recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes. El tribunal resolverÃ¡ la apelaciÃ³n en un plazo mÃ¡ximo de tres dÃas.

En atenciÃ³n al acuerdo general entre las partes o en su defecto a la resoluciÃ³n judicial, el director o la directora del centro educativo, en conjunto con el supervisor del circuito escolar correspondiente o, en su defecto, con el director regional, se encargarÃ¡n de precisar las personas que prestarÃ¡n los servicios. Adicionalmente, el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisiÃ³n y fiscalizaciÃ³n del centro educativo podrÃ¡ coordinar con la Junta de EducaciÃ³n y/o Administrativa para que esta coadyuve en todas las funciones que por ley le correspondan.

La huelga en los servicios de educaciÃ³n se podrÃ¡ ejercer hasta por un plazo de veintiÃºn dÃas naturales consecutivos o de diez dÃas naturales discontinuos; vencidos estos plazos los trabajadores deberÃ¡n regresar a sus labores y, en caso de no existir un acuerdo entre las partes, estas deberÃ¡n dirimir sus controversias de conformidad con los procedimientos de soluciÃ³n de conflictos seÃ±alados en el artÃculo 707.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ArtÃculo 377- Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben:

a) Observar los extremos preceptuados en el artÃculo 371.

b) Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliaciÃ³n establecidas en el artÃculo 618. En los conflictos jurÃdicos indicados en el artÃculo 386 y que den lugar a la huelga legal, este requisito se entenderÃ¡ satisfecho por medio de la intimaciÃ³n que el sindicato, los sindicatos o en su caso la coaliciÃ³n de personas trabajadoras hagan al empleador o la empleadora, otorgÃ¡ndole un plazo por lo menos de un mes para resolver el conflicto.

c) En el caso de servicios pÃºblicos deberÃ¡n tambiÃ©n haber entregado al patrono, con copia al Ministerio de Trabajo, una nota escrita de «aviso de huelga» que incluya: fecha de inicio del movimiento, los dÃas y las horas en que se llevarÃ¡ a cabo la huelga, las organizaciones sindicales o las coaliciones que representan a los trabajadores, el patrono y los centros de trabajo afectados, la modalidad de huelga y demÃ¡s detalles que seÃ±ala el artÃculo 378. El aviso de huelga necesariamente deberÃ¡ entregarse por escrito al menos cinco dÃas hÃ¡biles antes de ejecutar el movimiento. Si se tratara de uno o varios sindicatos que individual o colectivamente reÃºnan la afiliaciÃ³n del cincuenta por ciento (50%) de las personas trabajadoras, de conformidad con el inciso e) del artÃculo 346, se deberÃ¡ aportar copia certificada del acta de la asamblea general del sindicato o los sindicatos convocantes a la huelga.

En caso de una coaliciÃ³n temporal de trabajadores, el «aviso de huelga» deberÃ¡ necesariamente contener una direcciÃ³n de correo electrÃ³nico donde atender notificaciÃ³n, que serÃ¡ utilizada para comunicaciones y notificaciones por parte del patrono, la autoridad administrativa y las instancias judiciales en el procedimiento de calificaciÃ³n de huelga. La omisiÃ³n de seÃ±alar un medio electrÃ³nico para atender notificaciones conllevarÃ¡ necesariamente la aplicaciÃ³n de la notificaciÃ³n automÃ¡tica por parte de la autoridad administrativa o judicial. En el caso de un sindicato, a efectos de notificaciÃ³n, se estarÃ¡ a lo seÃ±alado en el inciso d) del artÃculo 349 de este CÃ³digo.

En toda huelga, sin excepciÃ³n, se deberÃ¡n cumplir los requisitos seÃ±alados en el presente CÃ³digo; caso contrario no podrÃ¡ ser declarada legal.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ArtÃculo 378- La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o mÃ¡s sindicatos o, en su caso, una coaliciÃ³n de personas trabajadoras, podrÃ¡ ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los dÃas y las horas de suspensiÃ³n, asÃ como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En ningÃºn caso se podrÃ¡ reiterar una huelga por los mismos motivos de una realizada anteriormente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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CAPITULO SEGUNDO

De los paros legales e ilegales

ArtÃculo 379- La terminaciÃ³n de los contratos de trabajo o cualquier otra sanciÃ³n disciplinaria que corresponda, solo serÃ¡ procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga.

En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan podrÃ¡n ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista en el artÃculo 375 bis de este CÃ³digo.

La huelga suspende los contratos de trabajo respecto de los trabajadores que se encuentren participando del movimiento; en consecuencia, dichos trabajadores no estarÃ¡n obligados a prestar sus servicios ni el empleador al pago de las remuneraciones.

Si en sentencia final se declara que los motivos de la huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberÃ¡ pagar los salarios correspondientes a los dÃas que haya durado la huelga.

En ningÃºn caso serÃ¡ condenado el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales.

La amortizaciÃ³n de los salarios sujetos a reembolso se efectuarÃ¡ en los plazos establecidos en el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 173 de este CÃ³digo. En caso de que el jerarca determine que resulta mÃ¡s conveniente para satisfacer el fin pÃºblico, se podrÃ¡ acordar la reposiciÃ³n parcial o total del tiempo no laborado, para cuyo efecto dicho jerarca emitirÃ¡ una resoluciÃ³n razonada que especificarÃ¡ la forma en que se llevarÃ¡n a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisiÃ³n de dicha reposiciÃ³n. De esta resoluciÃ³n remitirÃ¡ copia a la ContralorÃa General de la RepÃºblica y a la DefensorÃa de los Habitantes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ArtÃculo 380.-Â La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo en que esta se declare, por todo el tiempo que ella dure. En los casos en que la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro, sino en uno de los departamentos, secciones o categorÃa de trabajadores especÃficos, la suspensiÃ³n operarÃ¡ Ãºnicamente respecto a estos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 381.-Â Para alcanzar el porcentaje de apoyo mÃnimo requerido, conforme a las disposiciones de este tÃtulo, se seguirÃ¡ el siguiente procedimiento:

1)Â Si en la empresa, instituciÃ³n, establecimiento o centro de trabajo existiera uno o varios sindicatos que, individual o colectivamente, reÃºnan la afiliaciÃ³n del cincuenta por ciento (50%) de las personas trabajadoras, este se tendrÃ¡ por satisfecho si en la asamblea general del sindicato o los sindicatos convocantes, segÃºn sea el caso, se acuerda la convocatoria a la huelga conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artÃculo 346.

2)Â Si en la empresa, instituciÃ³n, establecimiento o centro de trabajo no existiera un sindicato que por sÃ solo, o en conjunto con otros, reuniera el porcentaje indicado en el inciso anterior, se convocarÃ¡ un proceso de votaciÃ³n secreta, en el que tendrÃ¡n derecho a participar todos los trabajadores, con las excepciones seÃ±aladas en el artÃculo siguiente. Este procedimiento especial de votaciÃ³n deberÃ¡ ser supervisado por personal de la DirecciÃ³n Nacional de la InspecciÃ³n de Trabajo, quienes deberÃ¡n estar presentes y dejar constancia de la legalidad de su cumplimiento. En este caso la huelga se entenderÃ¡ acordada, si hubiese concurrido a votar al menos treinta y cinco por ciento (35%) del total de los trabajadores de la empresa, instituciÃ³n o el respectivo centro de trabajo, segÃºn sea el caso, y si obtiene el respaldo de la mitad mÃ¡s uno de los votos emitidos.

EI empleador estarÃ¡ obligado a facilitar la participaciÃ³n en el proceso de votaciÃ³n, a brindar el tiempo necesario con goce de salario para garantizar el libre ejercicio del sufragio universal y a abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en el proceso de votaciÃ³n. Los centros de votaciÃ³n deberÃ¡n estar en un lugar neutral, preferiblemente pÃºblico y de fÃ¡cil acceso.

3)Â En el supuesto de huelgas convocadas por personas trabajadoras de una misma ocupaciÃ³n u oficio, regirÃ¡ el procedimiento indicado en los dos incisos anteriores pero considerando, exclusivamente, el total de los trabajadores y las trabajadoras de una misma profesiÃ³n u oficio, que laboren en esa empresa, instituciÃ³n, establecimiento o centro de trabajo.

4)Â El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberÃ¡ velar por la transparencia y legitimidad de este tipo de procesos; para ello, deberÃ¡ emitir la reglamentaciÃ³n correspondiente.

5)Â Para los fines de las verificaciones previstas en este artÃculo, en relaciÃ³n con el acuerdo de huelga, se requerirÃ¡ acta notarial, en el caso del inciso 1) anterior, o un informe levantado por la InspecciÃ³n de Trabajo, en caso del inciso 2).

Cualquier violaciÃ³n a este artÃculo configurarÃ¡ una prÃ¡ctica laboral desleal en los tÃ©rminos del artÃculo 363 y serÃ¡ sancionado con la multa establecida en el inciso 6) del artÃculo 398.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 382.-

Para la determinaciÃ³n del porcentaje mÃnimo de convocatoria y apoyo a la huelga, se debe excluir:

a)Â A las personas trabajadoras que ingresaron a laborar luego del inicio del proceso de conciliaciÃ³n, a las que se encuentren en perÃodo de prueba, las de confianza y aquellas cuyo contrato se encuentre suspendido, a excepciÃ³n de aquellas suspensiones que se hayan producido en aplicaciÃ³n del artÃculo 74. TambiÃ©n, se excluyen los trabajadores a plazo fijo o por obra determinada, siempre y cuando no sean trabajadores permanentes de contrataciÃ³n discontinua.

b)Â A quienes figuren como representantes patronales.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 383.-Â La parte o las partes empleadoras afectadas por la huelga podrÃ¡n solicitar, ante la jurisdicciÃ³n de trabajo, la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos en los artÃculos 371, 377 y 381 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 384.-Â De la misma forma, serÃ¡ facultativo para los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales solicitar la declaratoria de legalidad de la huelga, de previo a su iniciaciÃ³n. En ese Ãºltimo caso, no podrÃ¡n iniciar la ejecuciÃ³n de la huelga sin que estuviera firme la declaratoria de huelga legal. Los trabajadores, las trabajadoras o el sindicato respectivo tambiÃ©n podrÃ¡n solicitar la calificaciÃ³n de la huelga con posterioridad a su ejecuciÃ³n, e incluso luego de su finalizaciÃ³n, para efectos de lo establecido en el artÃculo 386.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 385- Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora podrÃ¡ ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas, si estos no se reintegraran al trabajo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificaciÃ³n de la respectiva resoluciÃ³n; previo cumplimiento del debido proceso, en el caso de los trabajadores del sector pÃºblico.

AdemÃ¡s de la respectiva notificaciÃ³n a las partes del procedimiento de calificaciÃ³n de huelga, para efectos de publicidad, la autoridad judicial ordenarÃ¡ la publicaciÃ³n de la parte dispositiva de la sentencia en un medio digital a cargo delÂ gestionante.

No obstante lo anterior, en los nuevos contratos que celebre el patrono no podrÃ¡n estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regÃan antes de declararse la huelga ilegal.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 386.-Â Si la huelga fuera declarada legal por los tribunales y se determinara ademÃ¡s, en la misma resoluciÃ³n, que los motivos de la huelga son imputables al empleador o la empleadora, por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convenciÃ³n colectiva o del laudo arbitral, por negativa a negociar una convenciÃ³n colectiva, a reconocer a la organizaciÃ³n sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que asÃ lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras, condenarÃ¡ a aquel al pago de los salarios correspondientes a los dÃas en que estos permanezcan en huelga. La liquidaciÃ³n respectiva se realizarÃ¡ por medio del proceso de ejecuciÃ³n de sentencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO SEGUNDO

Paros legales e ilegales

ArtÃculo 387.-Â Paro legal o cierre patronal es la suspensiÃ³n temporal del trabajo ordenado por dos o mÃ¡s empleadores o empleadoras, de forma pacÃfica y con el exclusivo propÃ³sito de defender sus intereses econÃ³micos y sociales comunes.

El paro comprenderÃ¡ siempre el paro total de las empresas, los establecimientos o los negocios en que se declare.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 388.-Â El paro serÃ¡ legal, si los empleadores o las empleadoras se ajustan a los requisitos previstos en el artÃculo 377 y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipaciÃ³n para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para ninguna de las partes, durante ese perÃodo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 389.-Â La reanudaciÃ³n de los trabajos se harÃ¡ de acuerdo con las normas que establece el artÃculo 77.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 390.-Â Son aplicables al paro las disposiciones del artÃculo 380.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 391.-Â Se tendrÃ¡ tambiÃ©n por paro ilegal todo acto malicioso del empleador o la empleadora que imposibilite a las personas trabajadoras el normal desempeÃ±o de sus labores.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 392.-Â Todo paro ilegal tiene los siguientes efectos:

a)Â Faculta a los trabajadores o las trabajadoras para pedir su reinstalaciÃ³n inmediata o para dar por terminados sus contratos, con derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que procedan. El pago de los extremos antes indicados deberÃ¡ cancelarlo el patrÃ³n o su representante legal, en un plazo mÃ¡ximo e improrrogable de ocho dÃas naturales a partir de la declaraciÃ³n de ilegalidad.

b)Â Obliga a la parte empleadora a reanudar, sin pÃ©rdida de tiempo, los trabajos y a pagar a dichas personas los salarios que debieron haber percibido durante el perÃodo en que estuvieron las labores indebidamente suspendidas.

c)Â Da lugar, en cada caso, a la imposiciÃ³n de una multa de veinte a veintitrÃ©s salarios base mensuales, a los que se hace referencia en el artÃculo 398, segÃºn la gravedad de la infracciÃ³n y el nÃºmero de personas trabajadoras afectadas por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otra Ãndole que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO TERCERO

Disposiciones comunes

ArtÃculo 393.-Â Ni los paros ni las huelgas deben perjudicar de forma alguna a los trabajadores o las trabajadoras que estuvieran percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas anÃ¡logas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, â€œReforma Procesal Laboralâ€.)

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ArtÃculo 394.-Â En caso de huelga o paro legalmente declarado, los tribunales de trabajo darÃ¡n orden inmediata a las autoridades de policÃa para que se proteja debidamente a las personas y propiedades cubiertas por dicha declaratoria y se mantengan clausurados los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo.

En los casos en que la legalidad de la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro sino en uno de los departamentos, secciones o categorÃa de trabajadores especÃficos, el cierre operarÃ¡ Ãºnicamente respecto a estos. Mientras el movimiento no haya sido declarado ilegal, ninguna de las partes podrÃ¡ tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos, segÃºn lo dispuesto en el artÃculo 620.

En caso de huelga o paro ilegal, los tribunales competentes ordenarÃ¡n a las autoridades de policÃa que garanticen la continuaciÃ³n de los trabajos por todos los medios a su alcance. Si se tratara de servicios pÃºblicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrÃ¡ asumir, con ese fin, su control temporal; para ello, el juzgado competente podrÃ¡ nombrar a una persona idÃ³nea como curador.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 395.-Â El derecho de las partes empleadoras al paro y el de las trabajadoras a la huelga son irrenunciables; pero serÃ¡ vÃ¡lida la clÃ¡usula, en virtud de la cual se comprometa a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los tÃ©rminos de la convenciÃ³n o el instrumento colectivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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TÃTULO SÃ‰TIMO

(AsÃ reformado el tÃtulo anterior por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

INFRACCIONES A LAS LEYES DE TRABAJO Y SUS SANCIONES

ArtÃculo 396.-

Constituyen faltas las acciones u omisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y administradores, los trabajadores, las trabajadoras o sus respectivas organizaciones que transgredan las normas previstas en la ConstituciÃ³n PolÃtica, los pactos internacionales sobre derechos humanos y los convenios adoptados por la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las demÃ¡s normas laborales y de seguridad social, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles.

SerÃ¡n tambiÃ©n sancionables los funcionarios pÃºblicos de la ContralorÃa General de la RepÃºblica, la Autoridad Reguladora de los Servicios PÃºblicos (Aresep), la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica o de entidades anÃ¡logas, que en el ejercicio de potestades de control, fiscalizaciÃ³n y asesorÃa vinculante hagan incurrir en la comisiÃ³n de este tipo de faltas a la AdministraciÃ³n PÃºblica.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 397.-Â Los procesos que se originen en dichas faltas serÃ¡n de conocimiento de los tribunales de trabajo, de acuerdo con las reglas de competencia y por el procedimiento que en este mismo CÃ³digo se seÃ±alan.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 398.-Â Las personas transgresoras referidas en el artÃculo 399 de este CÃ³digo serÃ¡n sancionadas con multa, segÃºn la siguiente tabla:

1)Â De uno a tres salarios base mensuales.

2)Â De cuatro a siete salarios base mensuales.

3)Â De ocho a once salarios base mensuales.

4)Â De doce a quince salarios base mensuales.

5)Â De diecisÃ©is a diecinueve salarios base mensuales.

6)Â De veinte a veintitrÃ©s salarios base mensuales.

La denominaciÃ³n de salario base utilizada en esta ley en todo su articulado, salvo disposiciÃ³n expresa en contrario, debe entenderse como la contenida en el artÃculo 2 de la Ley N.Âº 7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en este mismo CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 399.-Â La responsabilidad de las personas fÃsicas es subjetiva y la de las personas jurÃdicas es objetiva. Cuando la conducta la realice un representante patronal de una empleadora persona jurÃdica o grupo de interÃ©s econÃ³mico, en los tÃ©rminos del artÃculo 5 de este CÃ³digo, la sanciÃ³n recaerÃ¡ tambiÃ©n sobre estos segÃºn corresponda, a quienes solidariamente se extienden los efectos econÃ³micos de la falta del representante.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 400.-Â Las infracciones a las normas prohibitivas de este CÃ³digo o de las leyes de trabajo y seguridad social serÃ¡n sancionadas a partir de la multa comprendida en el numeral 3 de la tabla de sanciones del artÃculo 398, o superiores establecidas por ley especial.

Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos segÃºn este CÃ³digo y las leyes de trabajo y seguridad social, para que las autoridades de Trabajo puedan ejercer el control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serÃ¡n sancionados con la multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones contenida en el artÃculo 398, siempre que haya mediado prevenciÃ³n con un plazo de quince dÃas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 401.-Â Al juzgarse las faltas de trabajo se aplicarÃ¡ la sanciÃ³n que corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus consecuencias, el nÃºmero de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores o trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracciÃ³n.

PodrÃ¡ aminorarse la sanciÃ³n, siempre y cuando el infractor se comprometa a reparar el daÃ±o de inmediato de forma integral.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 402.-Â Toda persona que de mala fe incite pÃºblicamente a que una huelga o un paro se efectÃºe contra las disposiciones de este tÃtulo, serÃ¡ sancionada con una multa de cinco a diez salarios base.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 403.-Â Los individuos que participen en un conflicto colectivo, utilizando medios que alteren el carÃ¡cter pacÃfico del movimiento, serÃ¡n repelidos y expulsados del entorno donde este se desarrolla, por cualquier autoridad policial, y sancionados con una multa de cinco a diez salarios base.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

TÃTULO OCTAVO

(AsÃ reformado el tÃtulo anterior por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

PROHIBICIÃ“N DE DISCRIMINAR

ArtÃculo 404.-Se prohÃbe toda discriminaciÃ³n en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religiÃ³n, raza, orientaciÃ³n sexual, estado civil, opiniÃ³n polÃtica, ascendencia nacional, origen social, filiaciÃ³n, condiciÃ³n de salud, discapacidad, afiliaciÃ³n sindical, situaciÃ³n econÃ³mica o cualquier otra forma anÃ¡loga de discriminaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 49 de la Ley General sobre el VIH Sida, NÂ° 9797 del 2 de diciembre de 2019)

Ficha articulo

ArtÃculo 405.-Â Todas las personas trabajadoras que desempeÃ±en en iguales condiciones subjetivas y objetivas un trabajo igual gozarÃ¡n de los mismos derechos, en cuanto a jornada laboral y remuneraciÃ³n, sin discriminaciÃ³n alguna.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 406.-Â Se prohÃbe el despido de los trabajadores o las trabajadoras por las razones seÃ±aladas en el artÃculo 404.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 407.-Â Queda prohibido a las personas empleadoras discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar a un trabajador o una trabajadora.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 408.-Â Todas las personas, sin discriminaciÃ³n alguna, gozarÃ¡n de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberÃ¡n ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reÃºnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o que estÃ©n establecidos mediante ley o reglamento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 409.-Â Toda discriminaciÃ³n de las contempladas en el presente tÃtulo podrÃ¡ ser hecha valer por las autoridades o la parte interesada ante los juzgados de trabajo, de la forma dispuesta en este CÃ³digo. En estos casos, quien alegue la discriminaciÃ³n deberÃ¡ seÃ±alar especÃficamente el sustento fÃ¡ctico en el que funda su alegato y los tÃ©rminos de comparaciÃ³n que substancie su afirmaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 410.-Â Los empleadores o las empleadoras a quienes se les compruebe haber cesado a personas trabajadoras, por cualquiera de los motivos de discriminaciÃ³n antes indicados, deberÃ¡n reinstalarlas en su trabajo, con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para la sentencia de reinstalaciÃ³n.

En cuanto a la AdministraciÃ³n PÃºblica y las demÃ¡s instituciones de derecho pÃºblico, todo nombramiento, despido, suspensiÃ³n, traslado, permuta, ascenso o reconocimiento que se efectÃºe en contra de lo dispuesto por el presente tÃtulo serÃ¡ anulable a solicitud de la parte interesada, y los procedimientos seguidos en cuanto a reclutamiento o selecciÃ³n de personal carecerÃ¡n de eficacia en lo que resulte violatorio a este tÃtulo.

Todo trabajador que en el ejercicio de sus funciones relativas a reclutamiento, selecciÃ³n, nombramiento, movimientos de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminaciÃ³n en los tÃ©rminos de este tÃtulo, incurrirÃ¡ en falta grave para los efectos del artÃculo 81 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

TÃTULO NOVENO

(AsÃ reformado el tÃtulo anterior por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

PRESCRIPCIONES Y CADUCIDAD DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS EN PROCEDIMIENTO ESCRITO

ArtÃculo 411.-Â El cÃ³mputo, la suspensiÃ³n, la interrupciÃ³n y los demÃ¡s extremos relativos a la prescripciÃ³n se regirÃ¡n por lo dispuesto en este CÃ³digo y de forma supletoria por lo que dispone el CÃ³digo Civil.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 412.-Â Los derechos provenientes de sentencia judicial prescribirÃ¡n en el tÃ©rmino de diez aÃ±os, que se comenzarÃ¡ a contar desde el dÃa de la firmeza de la sentencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 413.-Â Salvo disposiciÃ³n especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo prescribirÃ¡n en el tÃ©rmino de un aÃ±o, contado desde la fecha de extinciÃ³n de dichos contratos.

En materia laboral, la prescripciÃ³n se interrumpirÃ¡ ademÃ¡s por las siguientes causales:

a)Â Con la solicitud de la carta de despido, en los tÃ©rminos del artÃculo 35 de este CÃ³digo.

b)Â La interposiciÃ³n, por parte del trabajador, de la correspondiente solicitud de diligencia de conciliaciÃ³n laboral administrativa ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

c)Â En el caso de acciones derivadas de riesgos del trabajo, la interposiciÃ³n del reclamo respectivo en sede administrativa ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).

d)Â Por cualquier gestiÃ³n judicial y extrajudicial para el cobro de la obligaciÃ³n.

e)Â No correrÃ¡ prescripciÃ³n alguna mientras se encuentre laborando a las Ã³rdenes de un mismo patrono.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 414.-Â Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripciÃ³n, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirÃ¡n en el tÃ©rmino de un mes, que comenzarÃ¡ a correr desde que se dio la causa para la separaciÃ³n o sanciÃ³n o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales.

En caso de que la parte empleadora deba cumplir un procedimiento sancionador, la intenciÃ³n de sanciÃ³n debe notificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes comenzarÃ¡ a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el Ã³rgano competente, en su caso, estÃ© en posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situaciÃ³n en la cual la prescripciÃ³n es aplicable, si la paralizaciÃ³n o suspensiÃ³n alcanza a cubrir ese plazo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 415.-Â Cuando sea necesario seguir un procedimiento y consignar las sanciones disciplinarias en un acto escrito, la ejecuciÃ³n de las asÃ impuestas caduca, para todo efecto, en un aÃ±o desde la firmeza del acto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 416.-Â Los derechos y las acciones de las personas trabajadoras, para dar por concluido con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el tÃ©rmino de seis meses contado desde el momento en que el empleador o la empleadora dio motivo para la separaciÃ³n, o desde el momento en que dicha persona tuvo conocimiento del motivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 417.-Â Los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras, para reclamar contra quienes se separen injustificadamente de sus puestos, caducarÃ¡n de acuerdo con lo previsto en el artÃculo 32 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 418.-Â Salvo disposiciÃ³n legal en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de este CÃ³digo, de sus reglamentos, de sus leyes conexas, incluidas las de previsiÃ³n social, que no se originen directamente en contratos de trabajo ni se relacionen con conflictos jurÃdicos entre personas empleadoras y trabajadoras, prescriben en un aÃ±o.

Ese plazo correrÃ¡, para las primeras, desde el acaecimiento del hecho respectivo o desde que tuvieron conocimiento y, para las segundas y las demÃ¡s personas interesadas, desde el momento en que estÃ©n en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 419.-Â La acciÃ³n para sancionar las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y de previsiÃ³n social prescribe en dos aÃ±os, contados a partir del momento en que se cometan o desde el cese de la situaciÃ³n, cuando se trate de hechos continuados.

La presentaciÃ³n de la acusaciÃ³n ante los tribunales de trabajo interrumpe de forma continuada el plazo de prescripciÃ³n, hasta que se dicte sentencia firme.

La prescripciÃ³n se interrumpe tambiÃ©n por cualquier gestiÃ³n judicial o por gestiÃ³n extrajudicial, en los casos en que no se haya presentado un proceso judicial.

La prescripciÃ³n de la sanciÃ³n impuesta en sentencia firme se regirÃ¡ por lo dispuesto en el artÃculo 412.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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TÃTULO DÃ‰CIMO

(AsÃ reformado el tÃtulo anterior por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

JURISDICCIÃ“N ESPECIAL DE TRABAJO

CAPÃTULO PRIMERO

OrganizaciÃ³n, extensiÃ³n y lÃmites de la jurisdicciÃ³n de trabajo

SECCIÃ“N I

Disposiciones generales

ArtÃculo 420.-Â En la jurisdicciÃ³n de trabajo, establecida en el artÃculo 70 de la ConstituciÃ³n PolÃtica, se dirimirÃ¡n los conflictos individuales y colectivos, cuya soluciÃ³n requiera la aplicaciÃ³n de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo informan, asÃ como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho.

Dentro de ese Ã¡mbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo pÃºblico, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, asÃ como las impugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u Ã³rganos de derecho pÃºblico, relativas a dicho empleo, cuando por su contenido material o sustancial y el rÃ©gimen jurÃdico aplicable deban ser ventiladas ante la jurisdicciÃ³n laboral.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 421.-Â AdemÃ¡s de los principios generales correspondientes a todo proceso, como son los de exclusividad y obligatoriedad de la funciÃ³n jurisdiccional, independencia de los Ã³rganos jurisdiccionales, contradicciÃ³n o audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los procedimientos legales, de la necesaria motivaciÃ³n de las resoluciones judiciales y de preclusiÃ³n, el proceso laboral se rige por los siguientes principios procesales bÃ¡sicos: la conciliaciÃ³n, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, asÃ como por la celeridad, la concentraciÃ³n, la inmediaciÃ³n, la bÃºsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la gratuidad o el costo mÃnimo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 422.-Â Al interpretarse las disposiciones de este tÃtulo, deberÃ¡ tenerse en cuenta que su finalidad Ãºltima es permitir ordenadamente la aplicaciÃ³n de las normas sustanciales y los principios que las informan, incluidas la justicia y la equidad, cuando resulten aplicables. Las personas encargadas de los Ã³rganos de esta materia dirigirÃ¡n el proceso de forma protagÃ³nica, impulsÃ¡ndolo oportunamente, buscando la verdad real dentro de los lÃmites establecidos, dÃ¡ndole a esta primacÃa sobre las expresiones formales, tutelando la indisponibilidad de los derechos y aplicando, de forma adecuada, las reglas «pro operario» («in dubio pro operario», norma mÃ¡s favorable y condiciÃ³n mÃ¡s beneficiosa), de modo que en la soluciÃ³n de los conflictos se cumplan los principios cristianos de justicia social y la desigualdad de la parte trabajadora no se exprese en el resultado del proceso.

El Poder Judicial adoptarÃ¡ las medidas necesarias para proporcionar a las personas con discapacidad o con dificultades de acceso a la justicia o de participaciÃ³n en los procesos, por encontrarse en estado de vulnerabilidad por cualquier causa, las facilidades o el apoyo particular que requieran para el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 423.-Â En los procesos en los que sea parte el Estado, sus instituciones y Ã³rganos se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃculo anterior, siempre y cuando no se contravenga el principio de legalidad.

Sin embargo, la regla de la primacÃa de la realidad y las normas no escritas del ordenamiento podrÃ¡n ser invocadas como fuente de derecho, cuando ello sea posible, de acuerdo con la Ley N.Â° 6227, Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica, de 2 de mayo de 1978.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 424.-Â El proceso es de iniciativa de la parte y, una vez promovido, los Ã³rganos de la jurisdicciÃ³n deberÃ¡n dictar, de oficio, con amplias facultades, todas las medidas dirigidas a su avance y finalizaciÃ³n, sin necesidad de gestiÃ³n de las partes.

En la tramitaciÃ³n de los procesos regulados por este CÃ³digo, los tribunales deberÃ¡n actuar de forma rÃ¡pida, acelerando en lo posible el curso del expediente. El incumplimiento de los plazos establecidos para el dictado de las resoluciones, asÃ como cualquier conducta injustificada que perjudique la aplicaciÃ³n del principio de celeridad, podrÃ¡n considerarse falta grave para efectos disciplinarios, de acuerdo con la Ley N.Â° 7333, Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y el funcionario judicial correspondiente podrÃ¡ ser declarado responsable de los daÃ±os y perjuicios causados.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 425.-Â AdemÃ¡s de las exenciones acordadas en el artÃculo 10 de este CÃ³digo, en el proceso regulado en este tÃtulo no se exigirÃ¡n depÃ³sitos de dinero ni cauciones de ninguna clase, con las excepciones previstas expresamente en la ley. Las publicaciones que deban hacerse en el periÃ³dico oficial serÃ¡n gratuitas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 426.-Â Se consideran contrarias al sistema de administraciÃ³n de justicia laboral la utilizaciÃ³n por parte de los juzgadores de formalidades exageradas, abusivas e innecesarias. Como tales formalidades, se tendrÃ¡n el decreto excesivo de nulidades, la falta de aplicaciÃ³n del principio de saneamiento y conservaciÃ³n del proceso, cuando ello fuera procedente; la disposiciÃ³n reiterada de prevenciones que debieron haberse hecho en una sola resoluciÃ³n; el otorgamiento de traslados no previstos en la ley; darles preeminencia a las normas procesales sobre las de fondo o aplicar, inconducentemente, formalidades y en general cualquier prÃ¡ctica procesal abusiva.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 427.-Â Las partes, sus apoderados o apoderadas, representantes, abogados o abogadas, los auxiliares de la justicia y los terceros que tuvieran algÃºn contacto con el proceso deberÃ¡n ajustar su conducta a la buena fe, a la dignidad de la justicia y al respeto debido a los juzgadores y a los otros litigantes y demÃ¡s participantes.

Se consideran actos contrarios a la lealtad y cometidos en fraude procesal, las demandas, incidencias o excepciones abusivas o reiterativas, el ofrecimiento de pruebas falsas, innecesarias o inconducentes al objeto del debate, el abuso de las medidas precautorias y de cualquier mecanismo procesal, la colusiÃ³n, el incumplimiento de Ã³rdenes dispuestas en el proceso, el empleo de cualquier tÃ¡ctica dilatoria y no cooperar con el sistema de administraciÃ³n de justicia en la evacuaciÃ³n de las pruebas necesarias para la averiguaciÃ³n de los hechos debatidos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 428.-Â La inexistencia de normas procesales expresamente previstas para un caso o situaciÃ³n concreta se llenarÃ¡ mediante la aplicaciÃ³n analÃ³gica de las otras disposiciones de este mismo CÃ³digo y sus principios, en cuanto resulten compatibles.

La legislaciÃ³n procesal civil y la procesal contencioso-administrativa, en los procesos contra el Estado y las instituciones, serÃ¡n de aplicaciÃ³n supletoria, para llenar los vacÃos normativos de este CÃ³digo o para utilizar institutos procesales no regulados expresamente, que sea necesario aplicar para la tutela de los derechos de las partes y los fines del proceso, con la condiciÃ³n de que no contrarÃen el texto y los principios procesales de este tÃtulo.

En todo caso, si hubiera omisiÃ³n acerca de la forma de proceder, los Ã³rganos de la jurisdicciÃ³n laboral estarÃ¡n autorizados para idear el procedimiento mÃ¡s conveniente, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resoluciÃ³n que decida imparcialmente las pretensiones de las partes, con tal de que se les garantice a estas el debido proceso. En todo caso, se respetarÃ¡ la enunciaciÃ³n taxativa de los recursos hecha en este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

OrganizaciÃ³n y funcionamiento

ArtÃculo 429.-Â La jurisdicciÃ³n de trabajo estarÃ¡ a cargo de juzgados, tribunales de conciliaciÃ³n y arbitraje y tribunales de apelaciÃ³n y casaciÃ³n, todos especializados. Sobre su organizaciÃ³n y funcionamiento se aplicarÃ¡, en lo pertinente, ademÃ¡s de lo dispuesto en este CÃ³digo, lo que se establece en la Ley N.Â° 7333, Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y el Estatuto de Servicio Judicial.

Los juzgados conocerÃ¡n en primera instancia de los asuntos propios de su competencia, cualquiera que sea el valor econÃ³mico de las pretensiones y servirÃ¡n como base, en las circunscripciones territoriales que seÃ±ale la Corte Suprema de Justicia, para la constituciÃ³n de los tribunales de conciliaciÃ³n y arbitraje.

Los tribunales de apelaciÃ³n conocerÃ¡n en segunda instancia de las alzadas que procedan en los conflictos jurÃdicos individuales de conocimiento de los juzgados y en los procesos colectivos a que se refiere este CÃ³digo; tendrÃ¡n la sede y competencia territorial que les seÃ±ale la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, dichos Ã³rganos conocerÃ¡n los demÃ¡s asuntos que indique la ley.

En los circuitos judiciales donde el volumen de casos lo amerite, la Corte Suprema de Justicia podrÃ¡ encargar a un determinado despacho el conocimiento de los asuntos de seguridad social o de alguna otra especialidad, correspondientes al territorio que se seÃ±ale.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N III

Competencia

ArtÃculo 430.-Â Los juzgados de trabajo conocerÃ¡n en primera instancia de:

1)Â Todas las diferencias o los conflictos individuales o colectivos de carÃ¡cter jurÃdico derivados de la aplicaciÃ³n del presente CÃ³digo y legislaciÃ³n conexa, del contrato de trabajo o de hechos Ãntimamente vinculados a las respectivas relaciones.

2)Â Los conflictos de carÃ¡cter econÃ³mico y social, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje. TendrÃ¡n tambiÃ©n competencia para arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunal de conciliaciÃ³n, conforme se establece en este CÃ³digo.

3)Â Los juicios que se establezcan para obtener la disoluciÃ³n de las organizaciones sociales.

4)Â Las cuestiones de carÃ¡cter contencioso que surjan con motivo de la aplicaciÃ³n de la legislaciÃ³n de seguridad social y sus reglamentos, asÃ como las relacionadas con las cotizaciones al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y las cotizaciones establecidas en la Ley N.Â° 7983, Ley de ProtecciÃ³n al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.

5)Â Las pretensiones referidas a los distintos regÃmenes de pensiones.

6)Â Las demandas de riesgos de trabajo regulados en el tÃtulo cuarto de este CÃ³digo y las derivadas del aseguramiento laboral.

7)Â Los juzgamientos de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo o de previsiÃ³n social.

8)Â Todos los demÃ¡s asuntos que determine la ley.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 431.-Â Los Ã³rganos tienen limitada su competencia al territorio seÃ±alado para ejercerla, excepto los casos en que sea necesario su traslado a otro territorio para practicar actuaciones indelegables. Los gastos de traslado correrÃ¡n por cuenta de la parte interesada, salvo cuando se trate de las personas trabajadoras, en cuyo caso serÃ¡n cubiertos por el Estado.

Ãšnicamente podrÃ¡ prorrogarse la competencia en beneficio de la persona trabajadora, nunca en su perjuicio. La presentaciÃ³n de la demanda por esa persona, en un determinado Ã³rgano jurisdiccional, hace presumir que la correspondiente competencia territorial representa un beneficio para ella.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales, la competencia territorial de los juzgados se determinarÃ¡ de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1)Â Como regla general, serÃ¡ juzgado competente el del lugar de la prestaciÃ³n de los servicios, o el del domicilio del demandante, a elecciÃ³n de este Ãºltimo.

2)Â Si los servicios se prestan en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el actor podrÃ¡ elegir entre el lugar de su propio domicilio, el de la firma del contrato o el domicilio del demandado.

3)Â En el caso de riesgos laborales, serÃ¡ competente el Ã³rgano jurisdiccional del lugar de la prestaciÃ³n de los servicios, del domicilio del demandado o del lugar donde acaeciÃ³ el riesgo, a elecciÃ³n del demandante.

4)Â Si fueran varios los demandados y se optara por el fuero de su domicilio, si este no fuera el mismo para todos, el actor podrÃ¡ escoger el de cualquiera de ellos.

5)Â En los procesos contra el Estado o sus instituciones, serÃ¡ juzgado competente el del lugar de la prestaciÃ³n de los servicios o el del domicilio del demandante, a elecciÃ³n de este Ãºltimo.

6)Â El juzgado del domicilio donde se encuentre el centro de trabajo serÃ¡ el competente para conocer de los conflictos colectivos entre las partes empleadoras y trabajadoras o de estas entre sÃ.

7)Â La calificaciÃ³n de la huelga corresponderÃ¡ al juzgado del lugar donde se desarrollan los hechos. Si tuvieran lugar en distintas circunscripciones, el conocimiento corresponderÃ¡ a cualquiera de los juzgados de esos territorios, a elecciÃ³n del solicitante. Si se pidiera la calificaciÃ³n en juzgados distintos, las solicitudes se acumularÃ¡n de oficio o a solicitud de parte, a la que se tramite en el despacho que primero tuvo conocimiento.

8)Â Las acciones para obtener la disoluciÃ³n de las organizaciones sociales se establecerÃ¡n ante el juzgado del domicilio de estas.

9)Â El juzgado del Ãºltimo domicilio de la persona fallecida serÃ¡ el competente para conocer de los procesos de distribuciÃ³n de sus prestaciones legales y de cualquier otro extremo que deba distribuirse en esta jurisdicciÃ³n.

10)Â Las acciones nacidas de contrato verificado con costarricenses, para la prestaciÃ³n de servicios o la ejecuciÃ³n de obras en el exterior, serÃ¡n competencia del juzgado del lugar del territorio nacional donde se celebrÃ³ el contrato, salvo que en este se hubiera estipulado alguna otra clÃ¡usula mÃ¡s favorable para la persona trabajadora o para sus familiares directamente interesados.

11)Â Las acusaciones por infracciones a las leyes de trabajo o de previsiÃ³n social serÃ¡n de conocimiento de los juzgados de trabajo en cuya jurisdicciÃ³n se cometiÃ³ la falta o infracciÃ³n, o del domicilio del eventual responsable, a elecciÃ³n del acusador.

12)Â Para realizar los actos preparatorios, de aseguramiento o la aplicaciÃ³n de cualquier medida precautoria atÃpica serÃ¡ competente el juzgado del proceso a que se refieran. Sin embargo, en casos de urgencia, los actos preparatorios o de aseguramiento podrÃ¡n plantearse ante cualquier otro Ã³rgano con competencia material, el cual no podrÃ¡, en ningÃºn caso, excusarse de conocer del asunto. Realizado el acto, las actuaciones se pasarÃ¡n al Ã³rgano competente.

En todos los casos en que dos o mÃ¡s Ã³rganos tengan competencia para conocer por razÃ³n del territorio de una misma pretensiÃ³n o conflicto, se tendrÃ¡ como Ãºnico y definitivo competente al que primero conociÃ³ de la pretensiÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 432.-Â Cuando se trate de derechos irrenunciables, los Ã³rganos de trabajo, al dictar sus sentencias, ajustarÃ¡n los montos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resulten superiores a lo indicado en la pretensiÃ³n, cuando algÃºn documento o medio probatorio lo sustente de forma indubitable. Respecto de los extremos renunciables, las estimaciones o las fijaciones hechas en la demanda regirÃ¡n como lÃmites que los Ã³rganos de trabajo no podrÃ¡n sobrepasar.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 433.-Â La competencia de los Ã³rganos de la jurisdicciÃ³n laboral se extiende a las pretensiones conexas, aunque consideradas en sÃ mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven de los mismos hechos o estÃ©n Ãntimamente vinculadas a la relaciÃ³n substancial que determina la competencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 434.-Â En materia de competencia internacional, son competentes los tribunales costarricenses:

1)Â Para conocer pretensiones de personas domiciliadas en Costa Rica, contratadas laboralmente en el paÃs para trabajar fuera del territorio nacional. Se incluyen, dentro de este supuesto, los contratos iniciados en el territorio nacional y continuados en otros territorios.

2)Â Cuando las pretensiones se originen en contratos de trabajo realizados en el extranjero, para ser ejecutados de forma indefinida y permanente, o por perÃodos que impliquen permanencia en el territorio nacional.

3)Â Cuando las partes asÃ lo hayan establecido contractualmente, siempre que alguno de ellos sea costarricense y al mismo tiempo exista algÃºn criterio de conexiÃ³n con el territorio nacional.

En los supuestos de los tres incisos anteriores, se aplicarÃ¡ siempre a toda la relaciÃ³n de trabajo la legislaciÃ³n nacional, en lo que resulta mÃ¡s favorable al trabajador o la trabajadora.

4)Â Cuando asÃ resulte de los tratados o los convenios internacionales o de la prÃ³rroga expresa o tÃ¡cita que pueda operarse en los tÃ©rminos de esos instrumentos. En el caso de la prÃ³rroga, debe respetarse la competencia legislativa aplicable a la relaciÃ³n substancial, segÃºn el contrato o las normas y los principios del derecho internacional, salvo pacto expreso en contrario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 435.-Â La competencia solo se puede delegar para la prÃ¡ctica de actos procesales con cuya realizaciÃ³n no se viole el principio de inmediaciÃ³n y que se requieran como auxilio para la substanciaciÃ³n del proceso. Queda absolutamente prohibida, bajo pena de nulidad, la delegaciÃ³n para la recepciÃ³n de pruebas y de cualquier otro acto propio de la audiencia. Los tribunales, sin embargo, podrÃ¡n incorporar al proceso hasta en la audiencia, cuando ello sea necesario, elementos probatorios incluidos testimonios, a travÃ©s de medios de comunicaciÃ³n electrÃ³nica, siempre y cuando quede garantizada la autenticidad del contenido de la comunicaciÃ³n y no se afecte el debido proceso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 436.-Â La parte actora no podrÃ¡ impugnar la competencia del Ã³rgano ante el que radicÃ³ la demanda, al cual quedarÃ¡ vinculada hasta el fenecimiento y ejecuciÃ³n, en su caso, con arreglo a derecho. En consecuencia, no podrÃ¡ hacer variar esa competencia aunque posteriormente cambien las circunstancias de hecho existentes al momento de instaurarse el proceso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 437.-Â La competencia por la materia es improrrogable. Ãšnicamente podrÃ¡ ser protestada por la parte interesada, al contestar la demanda o contrademanda.

La excepciÃ³n de incompetencia serÃ¡ rechazada de plano, cuando las pretensiones deducidas en la demanda o reconvenciÃ³n sean de naturaleza laboral incuestionable. Esta resoluciÃ³n no condicionarÃ¡ el criterio del juez a la hora de resolver las pretensiones correspondientes en sentencia, atendiendo a las probanzas sobre la relaciÃ³n substancial que les sirvan de base.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 438.-Â Acerca de la excepciÃ³n de incompetencia por la materia, cuando sea procedente su trÃ¡mite, se darÃ¡ traslado por tres dÃas a la parte contraria; transcurrido ese tÃ©rmino, el juzgado dentro de los tres dÃas siguientes resolverÃ¡ lo que corresponda.

La incompetencia por la materia podrÃ¡ decretarse de oficio por el tribunal de instancia hasta en la audiencia de saneamiento. Se prohÃbe decretar incompetencias por esa razÃ³n despuÃ©s de cumplido ese acto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, â€œReforma Procesal Laboralâ€.)

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ArtÃculo 439.-Â En los dos supuestos del artÃculo anterior, lo resuelto serÃ¡ apelable para ante el Ã³rgano competente segÃºn la Ley N.Â° 7333, Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, para resolver cuestiones de competencia entre tribunales de distintas materias. SerÃ¡ necesario fundamentar el recurso y al respecto, asÃ como para el trÃ¡mite de la impugnaciÃ³n, se estarÃ¡ a lo dispuesto para la apelaciÃ³n en los artÃculos 589 y 590 de este mismo CÃ³digo.

El pronunciamiento de ese Ã³rgano no tendrÃ¡ ulterior recurso y serÃ¡ vinculante para las jurisdicciones involucradas.

Si el pronunciamiento del juzgado no fuera apelado, el Ã³rgano de la materia al que se le atribuye la competencia podrÃ¡ promover el respectivo conflicto ante el Ã³rgano indicado en el pÃ¡rrafo primero de este artÃculo, dentro del plazo perentorio de cinco dÃas, a partir del dÃa siguiente a la fecha en que se reciba el expediente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 440.-Â Salvo disposiciÃ³n expresa en contrario, es prohibido a los tribunales declarar de oficio la incompetencia por razÃ³n del territorio y la parte interesada solo podrÃ¡ protestarla al contestar la demanda.

La excepciÃ³n se resolverÃ¡ una vez transcurrido el tÃ©rmino del emplazamiento.

La resoluciÃ³n que se dicte serÃ¡ apelable solo cuando se declare la incompetencia. Si la protesta se reduce a la competencia respecto de circunscripciones territoriales nacionales, la alzada serÃ¡ resuelta por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y lo que esta resuelva serÃ¡ definitivo y vinculante para los Ã³rganos de la otra circunscripciÃ³n territorial, sin que sea posible plantear ningÃºn conflicto. Si la excepciÃ³n se interpuso alegÃ¡ndose que el asunto no es competencia de los tribunales costarricenses, la apelaciÃ³n la conocerÃ¡ el Ã³rgano de la Corte Suprema de Justicia con competencia para conocer del recurso de casaciÃ³n en los asuntos laborales.

Si lo resuelto por el juzgado no fuera recurrido, se considerarÃ¡ firme y vinculante para las partes y, en su caso, el Ã³rgano jurisdiccional nacional, en cuyo favor se haya establecido la competencia por razÃ³n de territorio, deberÃ¡ asumir el conocimiento del proceso, sin que le sea posible disentir por la vÃa del conflicto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 441.-Â La competencia subjetiva se regirÃ¡ por lo dispuesto en la legislaciÃ³n procesal civil y la Ley N.Â° 7333, Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993; pero los jueces de trabajo, ademÃ¡s de las causales indicadas en dicha legislaciÃ³n, estarÃ¡n sujetos a inhibitoria en los procesos contra el Estado o sus instituciones, cuando:

a)Â Hubieran participado en la conducta activa u omisa objeto del proceso o se hubieran manifestado previa y pÃºblicamente respecto de ellas.

b)Â Tengan parentesco, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades de la jerarquÃa administrativa que participÃ³ en la conducta sometida a su conocimiento y decisiÃ³n.

c)Â Se encuentre en igual relaciÃ³n con la autoridad o con los funcionarios que hubieran participado en la conducta sometida a proceso o informado respecto de ella.

d)Â Cuando en el momento de dictarse el acto que origina el proceso hayan formado parte como titulares de la jerarquÃa del Ã³rgano, organizaciÃ³n o empresa que lo dictÃ³, o cuando formen parte de uno u otras, aunque no hayan participado en la decisiÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 442.-Â Las recusaciones deberÃ¡n interponerse:

1)Â En instancia, antes de la celebraciÃ³n de la audiencia de conciliaciÃ³n y juicio o antes del dictado de la sentencia en los procesos en los cuales no se lleve a cabo ese trÃ¡mite.

2)Â En los recursos en los que no estÃ© previsto el trÃ¡mite de vista, antes de emitirse el voto correspondiente.

3)Â En los recursos con trÃ¡mite de vista, antes de la celebraciÃ³n de la vista.

Se exceptÃºan los casos en los cuales la parte no ha estado en posibilidad de conocer a la persona antes de la audiencia o vista. En estos casos, la parte podrÃ¡ plantear la recusaciÃ³n dentro de los cinco dÃas posteriores al conocimiento que se tenga de la intervenciÃ³n de esa persona.

La no interposiciÃ³n oportuna de la recusaciÃ³n hace perecer, de plano, el derecho de protestar y reclamar en cualquier vÃa por esa misma causa y torna inatendible cualquier protesta, debiendo el Ã³rgano disponer su archivo.

La recusaciÃ³n no suspende la ejecuciÃ³n de la sentencia o de lo resuelto antes de su interposiciÃ³n, cuando se trate de actos de mera ejecuciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO SEGUNDO

Partes del proceso

SECCIÃ“N I

Capacidad y representaciÃ³n de las partes

ArtÃculo 443.-Â Tienen capacidad para comparecer en juicio en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legÃtimos, quienes se encuentren en ejercicio de sus derechos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, â€œReforma Procesal Laboralâ€.)

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ArtÃculo 444.-Â Los trabajadores y las trabajadoras gozan, a partir de los quince aÃ±os, de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interÃ©s y, en general, para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social.

En procesos en los que se discuta cualquier violaciÃ³n a los derechos de las personas trabajadoras menores de quince aÃ±os, incluyendo los establecidos en el capÃtulo VII de la Ley N.Âº 7739, CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, asÃ como la prohibiciÃ³n establecida en el artÃculo 92 de ese cuerpo normativo, estas personas serÃ¡n representadas por su padre o su madre o por quien las represente legalmente y, en su defecto, por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que para ese efecto designarÃ¡ a una persona abogada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 445.-Â Las personas declaradas en estado de interdicciÃ³n, los incapaces naturales mayores de dieciocho aÃ±os y los ausentes comparecerÃ¡n por medio de sus representantes legÃtimos. Si no los tuvieran o el que ostentan se encuentra en opuesto interÃ©s, se nombrarÃ¡ para que los represente como curador, sin costo alguno, a una persona abogada de asistencia social.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 446.-Â Los sindicatos tendrÃ¡n legitimaciÃ³n para la defensa de los intereses econÃ³micos y sociales que les son propios. Para ejercer derechos subjetivos de sus afiliados es indispensable el otorgamiento de poder suficiente.

Para demandar la tutela de derechos colectivos jurÃdicos no requieren poder alguno. Admitida la demanda para su trÃ¡mite, se llamarÃ¡ al proceso a todo aquel que tenga interÃ©s en Ã©l para que dentro del tÃ©rmino del emplazamiento se apersone a hacer valer sus derechos, mediante edicto que se publicarÃ¡ en el BoletÃn Judicial. En estos casos, el emplazamiento comenzarÃ¡ a correr a partir del dÃa siguiente hÃ¡bil de la publicaciÃ³n o la notificaciÃ³n, si esta se hizo posteriormente. Al mismo tiempo, se colocarÃ¡ por lo menos un aviso en un lugar pÃºblico y visible de la zona o del sector involucrado, sin perjuicio del aviso que el demandante pueda dar a los afectados fÃ¡cilmente determinables.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 447.-Â Las personas jurÃdicas comparecerÃ¡n en el proceso por medio de su representante legÃtimo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 448.-Â En las demandas contra el Estado, por actuaciones de la AdministraciÃ³n Central, de los Poderes del Estado, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la ContralorÃa General de la RepÃºblica y de la DefensorÃa de los Habitantes de la RepÃºblica, en tanto ejerzan funciÃ³n administrativa, la representaciÃ³n y defensa corresponderÃ¡ a la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 449.-Â La representaciÃ³n y defensa de las entidades descentralizadas se regirÃ¡ de acuerdo con lo que establezcan sus propias leyes. Cuando la designaciÃ³n de representantes con facultades suficientes para litigar se hace en el diario oficial, bastarÃ¡ con que los representantes invoquen la publicaciÃ³n como prueba de su personerÃa y aseguren, bajo juramento, que la designaciÃ³n no ha sido modificada o dejada sin efecto.

La ContralorÃa General de la RepÃºblica podrÃ¡ ser demandada conjuntamente con el Estado o con el ente fiscalizador, cuando el proceso tenga por objeto conflictos laborales derivados de la conducta de estos, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal, o bien, del ejercicio de sus potestades de fiscalizaciÃ³n o tutela superior de la Hacienda PÃºblica.

Cuando una entidad dicte algÃºn acto o disposiciÃ³n que, para su firmeza, requiera o haya solicitado previo control, autorizaciÃ³n, aprobaciÃ³n o conocimiento, por parte de un Ã³rgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrÃ¡ a esta como parte codemandada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 450.-Â Quienes actÃºen como demandados o coadyuvantes, a excepciÃ³n de la ContralorÃa General de la RepÃºblica, en los casos en que puede intervenir en los procesos conforme a la ley, podrÃ¡n litigar unidos bajo una misma representaciÃ³n y direcciÃ³n, siempre que sus posiciones no sean contradictorias y no exista conflicto de intereses.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 451.-Â Las partes podrÃ¡n comparecer por sÃ mismas o con patrocinio letrado, o hacerse representar por una persona con mandato especial judicial mediante poder constituido de acuerdo con las leyes comunes. Salvo pacto o disposiciÃ³n legal en contrario, el otorgamiento confiere al apoderado o apoderada la facultad de solucionar el proceso mediante conciliaciÃ³n, aunque expresamente no se haya estipulado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 452.-Â El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) serÃ¡ parte en los procesos en los cuales intervengan menores de edad o madres que demanden derechos relacionados con la maternidad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Beneficio de justicia gratuita

ArtÃculo 453.-Â El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) suministrarÃ¡ asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de trabajo, asÃ como a las madres para el reclamo de sus derechos laborales relacionados con la maternidad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 454.-Â Las personas trabajadoras cuyo ingreso mensual Ãºltimo o actual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artÃculo 6 de la Ley N.Â° 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la RepÃºblica para el Ejercicio EconÃ³mico del AÃ±o 2015, de 29 de noviembre de 2014, tendrÃ¡n derecho a asistencia legal gratuita, costeada por el Estado, para la tutela de sus derechos en conflictos jurÃdicos individuales. Las modificaciones hechas administrativamente en ese salario no se tomarÃ¡n en cuenta para estos efectos, hasta tanto no sean incorporadas en dicha ley. La limitaciÃ³n econÃ³mica indicada en esta norma no rige para las madres y los menores de edad respecto de la asistencia especial del Estado a que tienen derecho ni para casos de discriminaciÃ³n, en violaciÃ³n de lo dispuesto en el tÃtulo octavo de este CÃ³digo.

Con ese propÃ³sito funcionarÃ¡, en el Departamento de Defensores PÃºblicos del Poder Judicial, una secciÃ³n especializada totalmente independiente de las otras Ã¡reas jurÃdicas, con profesionales en derecho denominados abogados o abogadas de asistencia social, la cual estarÃ¡ encargada de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las personas trabajadoras que cumplan el requisito indicado en el pÃ¡rrafo primero de esta norma. La Corte Suprema de Justicia establecerÃ¡, mediante un reglamento interno de servicio, la organizaciÃ³n y el funcionamiento de dicha secciÃ³n.

Los recursos que se requieran para el funcionamiento de esa secciÃ³n no se considerarÃ¡n como parte de los recursos que le corresponden al Poder Judicial en el presupuesto de la RepÃºblica para sus gastos ordinarios y no se tomarÃ¡n en cuenta para establecerle limitaciones presupuestarias. Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social se distribuirÃ¡n de la siguiente manera:

a)Â Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado serÃ¡ asignado a la secciÃ³n especializada del Departamento de Defensores PÃºblicos del Poder Judicial que se crea en este artÃculo, para la universalizaciÃ³n de su cobertura en todo el territorio nacional.

b)Â El cincuenta por ciento (50%) restante serÃ¡ depositado en el Fondo de Apoyo a la SoluciÃ³n Alterna de Conflictos que se crea en esta ley.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 455.-Â El Colegio de Abogados y cualquier otra organizaciÃ³n gremial pueden constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita con fines de servicio social. La persona designada para atender un asunto asumirÃ¡ el papel de directora profesional, con todas las responsabilidades que ello implica y, en ningÃºn caso, sus honorarios correrÃ¡n a cargo del Poder Judicial. Las organizaciones definirÃ¡n a lo interno la forma de prestaciÃ³n del servicio, pudiendo convenirse con la organizaciÃ³n el pago de los honorarios en montos menores a los fijados en las tarifas existentes o la prestaciÃ³n del servicio mediante el pago de un salario. En el caso de resultar victoriosa la parte patrocinada, las costas personales que se le impongan a la contraria le corresponderÃ¡n de forma total, salvo pacto en contrario, al abogado o la abogada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO TERCERO

SoluciÃ³n alterna de conflictos

ArtÃculo 456.-Â La conciliaciÃ³n, la mediaciÃ³n y el arbitraje serÃ¡n utilizados prioritariamente como instrumentos de paz entre las partes y para la sociedad. En los procesos judiciales, los Ã³rganos jurisdiccionales tienen el deber de promover una soluciÃ³n conciliada del conflicto, por encima de la imposiciÃ³n que implica la sentencia.

Extrajudicialmente, con la intervenciÃ³n de mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de un centro de resoluciÃ³n alterna de conflictos, en este Ãºltimo caso con la presencia de una persona abogada o de un representante sindical que asista a la parte trabajadora, podrÃ¡n transigirse entre las partes los derechos en litigio, salvo los derechos indicados en el artÃculo siguiente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 457.-Â En toda conciliaciÃ³n deberÃ¡n respetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las personas trabajadoras.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 458.-Â La AdministraciÃ³n PÃºblica y las demÃ¡s instituciones de derecho pÃºblico podrÃ¡n conciliar, sobre su conducta administrativa, la validez de sus actos o sus efectos, con independencia de la naturaleza pÃºblica o privada de esos actos.

A la actividad conciliatoria asistirÃ¡n las partes o sus representantes, con exclusiÃ³n de los coadyuvantes.

Los representantes de las instituciones del Estado deberÃ¡n estar acreditados con facultades suficientes para conciliar, otorgadas por el Ã³rgano competente, lo que deberÃ¡ comprobarse previamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervenciÃ³n judicial.

Cuando corresponda conciliar a la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica, se requerirÃ¡ la autorizaciÃ³n expresa del procurador general de la RepÃºblica o del procurador general adjunto, quienes deberÃ¡n oÃr previamente al procurador asesor.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO CUARTO

Actuaciones previas a la actividad jurisdiccional

SECCIÃ“N I

SoluciÃ³n alterna previa

ArtÃculo 459.-Â Es facultativo para los trabajadores y las trabajadoras someter la soluciÃ³n de sus conflictos, de forma previa a la intervenciÃ³n de los Ã³rganos jurisdiccionales, a conciliadores o mediadores privados o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La solicitud de conciliaciÃ³n, debidamente planteada ante el citado Ministerio, interrumpirÃ¡ la prescripciÃ³n, la cual tampoco correrÃ¡ mientras se ventila la cuestiÃ³n en esa sede, por un plazo mÃ¡ximo de tres meses.

TambiÃ©n, podrÃ¡n solicitarle al Ã³rgano jurisdiccional que antes de la presentaciÃ³n formal o de la tramitaciÃ³n del proceso se intente la soluciÃ³n del caso mediante la conciliaciÃ³n, la cual estarÃ¡ a cargo del mismo Ã³rgano, preferentemente a cargo de un juez o una jueza conciliadora especializada, del despacho o del respectivo centro de conciliaciÃ³n judicial. En este caso, el proceso se mantendrÃ¡ en suspenso hasta por tres meses, lapso durante el cual no correrÃ¡ plazo alguno de prescripciÃ³n.

Esta regla tambiÃ©n es aplicable a los empleadores o las empleadoras, en lo que respecta a las acciones o demandas que pretendan deducir en los Ã³rganos jurisdiccionales, pero si se tratara de una contrademanda o de pretensiones acumuladas, la suspensiÃ³n del proceso solo podrÃ¡ acordarse por el indicado lapso de tres meses para intentar la conciliaciÃ³n, a solicitud de ambas partes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Agotamiento de la vÃa administrativa

ArtÃculo 460.-Â En las demandas contra el Estado, sus instituciones y los demÃ¡s entes de derecho pÃºblico, cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicciÃ³n, el agotamiento de la vÃa administrativa serÃ¡ facultativo. Este se tendrÃ¡ por efectuado, sin necesidad de ninguna declaraciÃ³n expresa en tal sentido, cuando:

1)Â La parte interesada no haga uso en tiempo y forma de los recursos administrativos ordinarios y el acto se torne firme en sede administrativa.

2)Â Se ha hecho uso, en tiempo y forma, de todos los recursos administrativos ordinarios.

Cuando el acto emanara en Ãºnica instancia, de un superior jerÃ¡rquico supremo del respectivo Ã³rgano o ente administrativo, podrÃ¡ formularse recurso de reconsideraciÃ³n ante el mismo Ã³rgano que ha dictado el acto, en el plazo de quince dÃas.

PodrÃ¡ tenerse por desestimado el recurso interpuesto y por agotada la vÃa administrativa, una vez transcurrido un mes desde su presentaciÃ³n, sin que se haya resuelto.

3)Â La ley lo disponga expresamente.

En caso de que se opte por el agotamiento, una vez agotada la vÃa administrativa, se podrÃ¡n demandar o hacer valer todos los derechos que le puedan corresponder al demandante, derivados de la conducta administrativa o del acto o los actos a que se refiere la impugnaciÃ³n o demanda, aunque expresamente no se hayan mencionado en la gestiÃ³n administrativa.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 461.-Â Si la parte hubiera elegido el agotamiento de la vÃa administrativa, la falta de ese requisito no podrÃ¡ exigirse de oficio y cualquier omisiÃ³n al respecto se tendrÃ¡ por subsanada, si la parte demandada no alega la excepciÃ³n oportunamente. Esta debe interponerse siempre bajo pena de rechazo de plano, de forma fundada, indicÃ¡ndose y demostrÃ¡ndose en el mismo acto la razÃ³n concreta por la cual la discusiÃ³n administrativa no puede tenerse por cerrada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO QUINTO

Actividad procesal

SECCIÃ“N I

Disposiciones varias

ArtÃculo 462.-Â Para que los actos de proposiciÃ³n de las partes y en general todas sus gestiones escritas tengan efecto, deberÃ¡n estar firmadas por el peticionario. Si el escrito se tramita por medios tecnolÃ³gicos, la firma deberÃ¡ ser autenticada de la forma establecida en la ley para este tipo de documentos.

Si la persona no supiera escribir o tuviera imposibilidad fÃsica para hacerlo, se harÃ¡ constar una u otra circunstancia en el escrito y firmarÃ¡ a su ruego otra persona.

No se requerirÃ¡ que la firma del peticionario estÃ© autenticada por un profesional en derecho autorizado para litigar, cuando el escrito sea presentado personalmente por aquel.

En todo caso, con las excepciones que resulten de esta ley, las firmas serÃ¡n autenticadas por la de una persona profesional en derecho autorizada para litigar. Si se omitiera el requisito, se prevendrÃ¡ a la parte para que se presente a autenticarlas, dentro de un plazo de tres dÃas naturales, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se declararÃ¡ ineficaz la presentaciÃ³n del escrito.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 463.-Â No se exigirÃ¡n copias de los escritos y documentos que se aporten al proceso. Los documentos originales, cuya pÃ©rdida puede causar perjuicio irreparable, serÃ¡n certificados a costa de la parte interesada, quedarÃ¡n en la caja del respectivo despacho y serÃ¡n mostrados a la parte contraria, si esta los pidiera.

El despacho brindarÃ¡ a las partes las facilidades para que en cualquier momento, durante la jornada laboral, puedan obtener por su cuenta copias de las piezas de los expedientes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 464.-Â En todos los actos procesales serÃ¡ obligatorio el uso del idioma espaÃ±ol. En los actos procesales en los cuales intervenga una persona que requiera el uso del idiomaÂ lescoÂ o de idiomas indÃgenas serÃ¡ de carÃ¡cter obligatorio su traducciÃ³n, segÃºn sea el caso.

Los documentos redactados en otro idioma y ofrecidos como prueba por la parte trabajadora deberÃ¡n traducirse por cuenta del despacho. Los que ofrezca la parte empleadora en esas condiciones serÃ¡n traducidos por su cuenta. Estas traducciones podrÃ¡n ser realizadas por un notario pÃºblico, bajo su responsabilidad, en caso de conocer el idioma, de conformidad con lo indicado en el CÃ³digo Notarial. El notario no podrÃ¡ ser a su vez el abogado de una de las partes. Cuando los declarantes no hablen espaÃ±ol o no puedan comunicarse oralmente, la declaraciÃ³n se tomarÃ¡ con el auxilio de un intÃ©rprete a cargo de la parte proponente, si se trata de la empleadora o, por cuenta del despacho, cuando el proponente sea la trabajadora. Si en el respectivo circuito judicial se contara con el servicio de intÃ©rprete en el idioma especÃfico, serÃ¡ este quien en cualquiera de los dos supuestos mencionados auxilie, como parte de sus funciones, al funcionario encargado de recibir la declaraciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 465.-Â Los representantes legales de toda persona jurÃdica, incluidas las organizaciones sociales, deberÃ¡n demostrar su personerÃa mediante el respectivo documento o invocando la publicaciÃ³n, en caso de que estÃ© permitido hacerlo de ese modo. Si su comparecencia lo es como parte actora, la personerÃa del representante debe comprobarse en el acto de la primera presentaciÃ³n y, si lo fuera como demandada, es suficiente que el actor en el escrito de demanda indique el nombre o la razÃ³n social, en cuyo caso el traslado se notificarÃ¡ vÃ¡lidamente en la sede social con la persona que ante la parte demandante fungiÃ³ como representante, en los tÃ©rminos del artÃculo 5 de este CÃ³digo o con quien en ese momento figure como encargado o atienda al pÃºblico los intereses de la empresa.

La carga de probar la personerÃa legal le corresponde a la parte demandada, quien deberÃ¡ hacerlo al realizar su primera presentaciÃ³n. Si se presentara alguna omisiÃ³n, se prevendrÃ¡ suplirla dentro del tercer dÃa, bajo pena de considerar ineficaz la presentaciÃ³n.

Se considera un deber de la parte demandada, derivado del principio de lealtad procesal, hacer al tribunal las observaciones necesarias sobre su nombre o razÃ³n social, para que se hagan las correcciones que fueran del caso.

La falta de esas indicaciones no serÃ¡ causa de nulidades futuras y en cualquier tiempo podrÃ¡n hacerse las correcciones pertinentes, aun cuando haya sentencia firme, siempre y cuando las modificaciones en los sujetos procesales no impliquen sustituciones que violen el debido proceso.

En los casos en que se halle demostrada la personerÃa, el traslado se le podrÃ¡ notificar al representante vÃ¡lidamente en la sede social, el centro de trabajo o la casa de habitaciÃ³n.

No serÃ¡ necesario que en el proceso se compruebe la personerÃa del Estado o ente pÃºblico que figure como demandante o demandado. Cada despacho deberÃ¡ tener un registro de personerÃas, para cuya actualizaciÃ³n realizarÃ¡ las prevenciones pertinentes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 466.-Â Todos los dÃas y las horas son hÃ¡biles para realizar las actuaciones judiciales. Sin embargo, cuando en este CÃ³digo se fijen tÃ©rminos o plazos en dÃas para la realizaciÃ³n de actuaciones judiciales, se entenderÃ¡ que se trata de dÃas ordinariamente hÃ¡biles segÃºn la ley.

Las providencias y los autos deberÃ¡n dictarse dentro del tercer dÃa. La sentencia en la audiencia se dictarÃ¡ al final de esa actividad, salvo disposiciÃ³n expresa en contrario, y en los asuntos en que no se celebra audiencia se emitirÃ¡ dentro de los cinco dÃas siguientes a aquel en que queden listos los autos para dictarla.

Las personas que funjan como titulares de los Ã³rganos jurisdiccionales, las encargadas de la tramitaciÃ³n de los procesos y las que laboran como sus asistentes velarÃ¡n por el cumplimiento de los plazos judiciales y porque todas las actividades dispuestas en el proceso se realicen con prontitud y correcciÃ³n, de modo que el proceso alcance su fin de forma oportuna; lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley N.Â° 7333, Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 467.-Â Las gestiones escritas se presentarÃ¡n directamente en el despacho judicial al que van dirigidas o en el sitio previsto por la organizaciÃ³n judicial para hacer esas presentaciones y sus efectos se producirÃ¡n, en este Ãºltimo caso, el dÃa y la hora de la presentaciÃ³n, con independencia de la jornada ordinaria de trabajo del despacho respectivo.

PodrÃ¡n ser enviados por fax u otro medio idÃ³neo que se encuentre a disposiciÃ³n del despacho, sin que sea necesaria la presentaciÃ³n del original, salvo que la parte contraria alegara alteraciÃ³n del escrito.

Las gestiones escritas presentadas equivocadamente en un despacho u oficina que no corresponde, surtirÃ¡n efecto a partir del momento en que sean recibidas por el Ã³rgano que debe conocerlas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 468.-Â Cada proceso darÃ¡ lugar a la formaciÃ³n, con foliaciÃ³n ordenada y numerada, de expedientes fÃsicos, los cuales tambiÃ©n podrÃ¡n ordenarse de forma electrÃ³nica.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 469.-Â La prÃ¡ctica de las notificaciones y todo lo relativo a ese acto procesal se regirÃ¡ por la ley especial de notificaciones, salvo que en este CÃ³digo o en sus leyes conexas se disponga otra cosa. Sin embargo, los Ã³rganos de la justicia laboral podrÃ¡n disponer, en casos de urgencia, formas rÃ¡pidas de notificaciÃ³n, por medio del propio Ã³rgano o de medios de comunicaciÃ³n que garanticen la realizaciÃ³n efectiva del acto.

Las resoluciones que se dicten en las audiencias orales se notificarÃ¡n de forma oral, en el mismo acto de dictarlas o en la oportunidad que se seÃ±ale para hacerlo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

ArtÃculo 470.-Â Las actuaciones jurisdiccionales deberÃ¡n cumplir las disposiciones que ajustan la competencia de los jueces y consagran las ritualidades establecidas para garantizar el debido proceso.

Los titulares de los Ã³rganos jurisdiccionales velarÃ¡n por el cumplimiento de esas disposiciones, de tal manera que no se produzca, en ningÃºn momento, denegaciÃ³n del acceso a la justicia o se afecte el derecho de defensa.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 471.-Â ProcederÃ¡ la nulidad:

1)Â De las actuaciones realizadas por quien no tiene competencia para llevarlas a cabo, porque la ley no se la confiera y no haya posibilidad de prÃ³rroga, o porque la potestad jurisdiccional le estÃ© suspendida o se haya extinguido de acuerdo con la ley, o bien, porque se haya declarado con lugar una recusaciÃ³n contra quien emitiÃ³ el acto o participÃ³ en Ã©l.

2)Â De las actuaciones de los tribunales colegiados realizadas sin la debida integraciÃ³n.

3)Â De las actuaciones de quien se encuentre impedido para intervenir en el proceso o del tribunal a cuya formaciÃ³n haya concurrido un integrante con impedimento, siempre que el motivo conste en el expediente o deba ser de conocimiento del funcionario, y no haya transcurrido el plazo para presentar protestas por esta causa.

4)Â De lo actuado en el proceso, cuando este se ha seguido con una persona carente de capacidad procesal o con indebida o insuficiente representaciÃ³n.

5)Â Por la falta del emplazamiento, notificaciÃ³n defectuosa que produzca indefensiÃ³n a las partes o intervinientes procesales, falta de citaciÃ³n a la parte para alguna actividad procesal que implique indefensiÃ³n, omisiÃ³n de traslados para referirse a probanzas y formular, cuando ello estÃ© previsto, alegatos de conclusiones o de expresiÃ³n de agravios.

6)Â De las actuaciones o diligencias en las cuales se le ha impedido, sin justa causa, intervenir a la parte o a su abogado o abogada.

7)Â Por violaciÃ³n del principio de inmediaciÃ³n.

8)Â Respecto de las actuaciones realizadas en contra de normas prohibitivas.

9)Â Cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la justicia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violaciÃ³n del debido proceso.

10)Â En los demÃ¡s casos expresamente previstos en la ley.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 472.-Â La nulidad podrÃ¡ decretarse a solicitud de parte. Si se pidiera antes de la audiencia, el Ã³rgano puede decretarla oyendo a la parte contraria por tres dÃas.

Si para valorar la solicitud hecha fuera necesaria la evacuaciÃ³n de pruebas y cuando la nulidad se pida durante la audiencia, se substanciarÃ¡ en esa actividad procesal.

La peticiÃ³n de nulidad de actuaciones posteriores se tramitarÃ¡ de la forma indicada en el pÃ¡rrafo segundo de este artÃculo y la evacuaciÃ³n de pruebas se harÃ¡ en audiencia Ãºnica y exclusivamente cuando sea necesario para el respeto del principio de la inmediaciÃ³n.

La nulidad de las resoluciones, por vicios intrÃnsecos a ellas, deberÃ¡ alegarse concomitantemente con los recursos que quepan contra el respectivo pronunciamiento. Cuando no tengan ulterior recurso, la nulidad deberÃ¡ pedirse dentro del tercer dÃa, despuÃ©s de notificada la resoluciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 473.-Â La nulidad de los actos viciados tambiÃ©n podrÃ¡ declararse de oficio mientras subsista la competencia del Ã³rgano, cuando el quebranto procesal sea evidente; salvo en los casos de las sentencias y los autos con carÃ¡cter de sentencia.

Si la nulidad viciara actuaciones de un Ã³rgano superior, el competente para decretarla serÃ¡ este Ãºltimo y lo que resuelva no tendrÃ¡ ulterior recurso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 474.-Â Los vicios procesales deberÃ¡n ser corregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretarÃ¡, Ãºnicamente, cuando la subsanaciÃ³n no sea posible; pero en tal caso se procurarÃ¡ siempre evitar la pÃ©rdida, repeticiÃ³n o destrucciÃ³n innecesarias de etapas del proceso, los actos o las diligencias cumplidos y se conservarÃ¡n todas las actuaciones que en sÃ mismas sean vÃ¡lidas, de modo que puedan ser aprovechadas, una vez que el proceso se ajuste a la normalidad.

En el supuesto indicado en el inciso 4) del artÃculo 471, la parte incapaz o indebidamente representada puede aprovecharse del resultado de la actividad procesal en lo que le fuera favorable, por medio de la ratificaciÃ³n de las actuaciones realizadas indebidamente, por parte del representante legÃtimo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 475.-Â Las nulidades no reclamadas durante el proceso y en las oportunidades seÃ±aladas se tendrÃ¡n como definitivamente consentidas y subsanadas. Ãšnicamente en los supuestos de falta de capacidad de alguna de las partes, indebida o insuficiente representaciÃ³n, falta del emplazamiento y la defectuosa notificaciÃ³n de este Ãºltimo a quien perjudique el resultado del proceso, con efectiva indefensiÃ³n, podrÃ¡ hacerse valer el vicio despuÃ©s de la sentencia con autoridad de cosa juzgada. En estos supuestos, el derecho de pedir la nulidad caducarÃ¡ en el tÃ©rmino de un aÃ±o, a partir de la mayoridad de la parte, cuando hubiera figurado como tal siendo menor de edad, si al mismo tiempo ha debido conocer dicho resultado y, en los demÃ¡s casos, a partir del momento en que la parte se halle en capacidad de ejercitar sus derechos, si al mismo tiempo es o ha sido conocedora de la sentencia o, en el caso contrario, desde el momento en que razonablemente deba considerarse que deba haber sabido de su existencia.

Las solicitudes de nulidad, reiterativas de otras ya denegadas en otras fases del proceso, serÃ¡n inatendibles y se rechazarÃ¡n de plano, salvo las que fundamenten algÃºn medio de impugnaciÃ³n admisible.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N III

ArtÃculo 476.-Â La actividad probatoria en el proceso laboral tiene como objetivo fundamental la bÃºsqueda de la verdad material. Las partes, por medio de un comportamiento de buena fe, deben cooperar con los tribunales de justicia en el acopio de los elementos probatorios necesarios para resolver con justicia los conflictos sometidos a su conocimiento, y los titulares de esos Ã³rganos pondrÃ¡n todo su empeÃ±o y diligencia para la consecuciÃ³n de dicho objetivo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 477.-Â En principio, la carga de la prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos le corresponde a quien los invoca en su favor.

El concepto de carga debe entenderse como la obligaciÃ³n de la parte de ofrecer, allegar o presentar la probanza en el momento procesal oportuno.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 478.-Â En los conflictos derivados de los contratos de trabajo, le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestaciÃ³n personal de los servicios y, a la parte empleadora, la demostraciÃ³n de los hechos impeditivos que invoque y de todos aquellos que tiene la obligaciÃ³n de mantener debidamente documentados o registrados.

En todo caso, le corresponderÃ¡ al empleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre:

1)Â La fecha de ingreso del trabajador o la trabajadora.

2)Â La antigÃ¼edad laboral.

3)Â El puesto o cargo desempeÃ±ado y la naturaleza o las caracterÃsticas de las labores ejecutadas.

4)Â Las causas de la extinciÃ³n del contrato.

5)Â La entrega a la persona trabajadora de la carta de despido, con indicaciÃ³n de las razones que motivaron la extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral.

6)Â El pago completo de las obligaciones salariales, incluidos sus montos y componentes, cuando asÃ se requiera; las participaciones en utilidades, ventas o cobros; incentivos y demÃ¡s pluses, convencional o legalmente establecidos.

7)Â La clase y duraciÃ³n de la jornada de trabajo.

8)Â El pago o disfrute de los dÃas feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones.

9)Â El cumplimiento de las obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social.

10)Â La justificaciÃ³n de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas seÃ±aladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones.

11)Â Cualquier otra situaciÃ³n fÃ¡ctica cuya fuente probatoria le sea de mÃ¡s fÃ¡cil acceso que al trabajador o la trabajadora.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 479.-Â Puede ofrecerse todo medio probatorio que sirva a la convicciÃ³n del tribunal, admisibles en derecho pÃºblico y en derecho comÃºn, siempre que no estÃ© expresamente prohibido ni sea contrario al orden pÃºblico o a la moral. Particularmente, podrÃ¡n ofrecerse los siguientes:

1)Â DeclaraciÃ³n de la parte.

2)Â DeclaraciÃ³n de testigos, incluidos los testigos peritos.

3)Â DeclaraciÃ³n de funcionarios pÃºblicos.

4)Â DictÃ¡menes de peritos.

5)Â Documentos e informes de funcionarios.

6)Â Reconocimiento judicial.

7)Â Medios cientÃficos.

8)Â Reproducciones grÃ¡ficas o sonoras.

9)Â ConfesiÃ³n de la parte.

Cuando se pida la declaraciÃ³n o la confesiÃ³n de la parte, deberÃ¡n indicarse, de manera concreta, los hechos sobre los cuales ha de interrogarse.

Los testigos podrÃ¡n ofrecerse sobre los hechos generales, hasta en un nÃºmero mÃ¡ximo de cuatro, o bien por hechos concretos. En este Ãºltimo caso, solo serÃ¡n admisibles dos testigos por hecho.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 480.-Â No requieren prueba las normas de derecho internacional o interno debidamente publicadas, los hechos notorios, los que se encuentren amparados por una presunciÃ³n legal y los ya probados, admitidos o confesados. Si se invocara como fuente de una pretensiÃ³n una norma convencional o reglamentaria interna de la parte demandada, su existencia debe acreditarse por quien la hace valer. De ser necesario, a solicitud de la parte interesada, se prevendrÃ¡ a la empleadora en el traslado de la demanda a aportar un ejemplar de la respectiva normativa. El incumplimiento de la prevenciÃ³n se tendrÃ¡ como un acto de deslealtad procesal y la existencia de la norma o disposiciÃ³n podrÃ¡ reputarse como existente, en los tÃ©rminos en que fue invocada por la parte demandante.

Las pruebas practicadas o evacuadas vÃ¡lidamente en un proceso podrÃ¡n incorporarse en otro sin necesidad de ratificaciÃ³n, cuando sea imposible o innecesario, a criterio del tribunal, repetirlas. La ratificaciÃ³n de la declaraciÃ³n de testigos solo procederÃ¡ cuando en el proceso anterior no han intervenido las mismas partes, en cuyo caso las partes podrÃ¡n hacer las preguntas que estimen necesarias en el acto de la ratificaciÃ³n.

Los procesos administrativos se incorporarÃ¡n como parte de los procesos jurisdiccionales que se interpongan por la misma causa y se tomarÃ¡n como prueba, conjuntamente con los elementos de convicciÃ³n en ellos incorporados, salvo que la impugnaciÃ³n involucre su invalidez y esta se estime procedente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 481.-Â Las pruebas se valorarÃ¡n respetando el resultado del contradictorio, con criterios lÃ³gicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales.

DeberÃ¡n expresarse los fundamentos fÃ¡cticos, jurÃdicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las cuales se les ha conferido menor o mayor valor a unas u otras.

Si bien la apreciaciÃ³n debe llevarse a cabo de forma armÃ³nica en atenciÃ³n al conjunto probatorio, es prohibido hacer una referencia general a este Ãºltimo como Ãºnico fundamento de una conclusiÃ³n, sin hacer la indicaciÃ³n concreta de los elementos particulares y de derecho que sirven de apoyo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 482.-Â Cuando la parte dispone de los documentos en los que constan las pruebas de los hechos controvertidos debe suministrarlos al proceso, si es requerida para ello. Si no lo hace injustificadamente, su comportamiento puede tenerse como malicioso y considerarse que la documentaciÃ³n omitida le da razÃ³n a lo afirmado por la parte contraria.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 483.-Â En el supuesto de atribuciÃ³n especÃfica de la carga procesal a los empleadores, seÃ±alados en el inciso final del artÃculo 478, los tribunales tendrÃ¡n facultades suficientes para requerir todas las pruebas que el caso amerite y valorarÃ¡n la verosimilitud de las aserciones de la demanda con prudencia, de modo que impidan cualquier abuso derivado de esa atribuciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 484.-Â Cuando deban aplicarse normas de derecho pÃºblico deberÃ¡n respetarse los requisitos de validez y prueba de los actos exigidos por el ordenamiento, asÃ como los valores establecidos de forma particular para determinados elementos probatorios, presunciones y principios, establecidos como criterios de valoraciÃ³n o fuerza probatoria, o que resulten de aplicaciÃ³n de acuerdo con la respectiva doctrina.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 485.-Â Las fotocopias de documentos o textos, aunque no estÃ©n firmadas, podrÃ¡n ser apreciadas como elementos probatorios, salvo que la parte a quien se oponen las haya impugnado y al mismo tiempo desvirtuado su contenido.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 486.-Â Los tribunales de trabajo podrÃ¡n ordenar las pruebas complementarias que juzguen necesarias para resolver con acierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios nuevos o no propuestos por las partes, hasta antes de dictarse la sentencia. Sin embargo, en los casos que se refieran al pago de cuotas obrero-patronales o al cumplimiento de otras obligaciones con la seguridad social, los tribunales de trabajo deberÃ¡n solicitar, de oficio, el informe respectivo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las pruebas, una vez recibidas y de previo a cualquier resoluciÃ³n, deberÃ¡n ser puestas a conocimiento de las partes. La misma regla se aplicarÃ¡ en relaciÃ³n con las pruebas anticipadas o irrepetibles, siempre y cuando estas hayan sido previamente ordenadas, comunicadas y dirigidas por el juez respectivo respetando los principios de inmediaciÃ³n y comunidad de la prueba.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N IV

AcumulaciÃ³n de pretensiones y fuero de atracciÃ³n

ArtÃculo 487.-Â La acumulaciÃ³n de pretensiones solo serÃ¡ procedente cuando se haga en el mismo acto de la demanda o mediante reconvenciÃ³n, siempre y cuando se den los requisitos para la procedencia de la acumulaciÃ³n, segÃºn la ley comÃºn; que todas las demandas sean propias de la competencia de los tribunales de trabajo o Ãntimamente vinculadas a las relaciones substanciales que sirven de base a las pretensiones propias de su jurisdicciÃ³n, y que la vÃa seÃ±alada para tramitarlas sea la misma para todas.

Si dos o mÃ¡s procesos, conexos entre sÃ, se inician por separado, la acumulaciÃ³n procederÃ¡ Ãºnicamente si ambos radican en la jurisdicciÃ³n especial de trabajo y su tramitaciÃ³n sea la misma para todos, siempre y cuando no se hubiera celebrado la audiencia o dictado la sentencia de primera instancia, en los casos donde no existe el trÃ¡mite de audiencia.

La acumulaciÃ³n podrÃ¡ ordenarse de oficio, sin recurso alguno, cuando los procesos radiquen en un mismo despacho; de lo contrario, se estarÃ¡ al trÃ¡mite de la acumulaciÃ³n seÃ±alado en la legislaciÃ³n procesal civil.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 488-

Cuando el crÃ©dito laboral se pretenda ante una sucesiÃ³n, concurso o persona jurÃdica disuelta pendiente de liquidaciÃ³n, se podrÃ¡ iniciar o continuar un proceso judicial en los tribunales de trabajo competentes, con la participaciÃ³n del albacea, interventor, administrador concursal, liquidador o por el propio deudor, cuando proceda de acuerdo con la ley concursal vigente.

El Ã³rgano de la jurisdicciÃ³n ordenarÃ¡, de oficio o a solicitud de parte, la anotaciÃ³n en el proceso universal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones, en su momento oportuno.

El Ã³rgano que conoce del proceso universal remitirÃ¡ al tribunal laboral el producto de la liquidaciÃ³n necesario para cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte actora estarÃ¡ legitimada para gestionar en el proceso universal la liquidaciÃ³n de bienes y el traslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacciÃ³n de los derechos dentro de este, o su pago directo, segÃºn el orden de preferencia establecido en la ley.

Los crÃ©ditos laborales no soportarÃ¡n gastos de la masa, a menos que del producto de la liquidaciÃ³n no sobre lo suficiente para cubrirlos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 74 de laÂ ley NÂ° 9957 del 14 de abril del 2021 «Ley Concursal de Costa Rica)

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SECCIÃ“N V

Procedimientos cautelares y anticipados

ArtÃculo 489.-Â Antes de iniciarse el proceso y durante su tramitaciÃ³n, inclusive en la fase de ejecuciÃ³n, el Ã³rgano jurisdiccional podrÃ¡ ordenar las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

TambiÃ©n, podrÃ¡ ordenar cualquier medida preparatoria o anticipada necesaria para la preservaciÃ³n del ejercicio de un futuro derecho, asÃ como cualquier otra medida atÃpica que no exceda los lÃmites de racionalidad y proporcionalidad. En estos casos, el Ã³rgano puede disponer de forma prudente todo lo necesario para lograr el objetivo de la medida, de modo que no se incurra en extralimitaciones.

Con respecto a la tipologÃa de las medidas, tanto cautelares como preparatorias, a los efectos y a la forma de practicarlas, sustituirlas o levantarlas, se estarÃ¡ a lo dispuesto en la legislaciÃ³n procesal civil, con las excepciones que se indican a continuaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 490.-Â Las medidas se ordenarÃ¡n a solicitud de parte y de oficio Ãºnicamente en los casos expresamente previstos en la ley. Al ponerlas en prÃ¡ctica los tribunales actuarÃ¡n diligentemente, de manera que no se frustre el fin perseguido y estos, ademÃ¡s de las tipologÃas previstas en la ley comÃºn, podrÃ¡n hacer uso de cualquier otra medida, si se considera necesaria para garantizar el eventual futuro derecho.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 491.-Â El embargo preventivo procederÃ¡ sin necesidad de fianza, cuando haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre peligro de desmejorarse durante la tramitaciÃ³n del proceso, como garantÃa de los eventuales derechos del trabajador o la trabajadora, tornÃ¡ndolo insuficiente. Con el propÃ³sito de comprobar «prima facie» la prestaciÃ³n personal del servicio y la veracidad del hecho o los hechos en que el pedimento se apoya, esa parte deberÃ¡ ofrecer el testimonio de dos personas, asÃ como cualquier otro elemento probatorio que juzgue importante. Las probanzas se sustanciarÃ¡n sumariamente de forma escrita, aun sin asistencia de la parte contra quien se solicita la medida y, al valorarse la situaciÃ³n, los tribunales actuarÃ¡n con prudencia, de manera tal que el embargo sea proporcionado y no se utilice de forma innecesaria o abusiva. La prueba testimonial evacuada solo tendrÃ¡ eficacia para sustentar la medida del embargo.

Si el embargo se solicitara como acto previo a la demanda, la presentaciÃ³n de esta Ãºltima deberÃ¡ hacerse a mÃ¡s tardar diez dÃas despuÃ©s de practicado. Si no lo hiciera, de oficio o a solicitud de parte, se revocarÃ¡ la medida y se condenarÃ¡ al solicitante al pago de los daÃ±os y perjuicios en el tanto de un diez por ciento (10%) del monto del embargo. Estas consecuencias serÃ¡n advertidas en la resoluciÃ³n inicial. Su fijaciÃ³n y cobro mediante la vÃaÂ delÂ apremio patrimonial se harÃ¡ en el mismo proceso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 492.-Â El arraigo se decretarÃ¡ sin mÃ¡s trÃ¡mite ni garantÃa. Si se solicita como previo a la demanda, esta deberÃ¡ presentarse dentro de los tres dÃas siguientes a la notificaciÃ³n; de lo contrario, se levantarÃ¡ de oficio o a peticiÃ³n de parte y se condenarÃ¡ al peticionario al pago de los daÃ±os y perjuicios correspondientes. Se ejecutarÃ¡ de la misma forma indicada en la norma anterior.

El arraigo consistirÃ¡ en la prevenciÃ³n del juez al demandado de que este debe estar a derecho con el nombramiento de un representante legÃtimo, suficientemente instruido para sostener el proceso y comprometer a la parte representada. En ningÃºn caso se le darÃ¡ a la medida de arraigo efectos contrarios a la libertad de trÃ¡nsito de las personas.

En caso de personas jurÃdicas o de la AdministraciÃ³n PÃºblica, el arraigo solo se decretarÃ¡ si no existe otro apoderado o representante con poder suficiente residente en el paÃs.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 493.-Â En los procesos contra el Estado o cualquiera de sus instituciones u Ã³rganos, que sea de conocimiento de la jurisdicciÃ³n laboral y que no versen sobre la violaciÃ³n de fueros especiales de tutela, cuya pretensiÃ³n tenga como efecto la reinstalaciÃ³n al puesto de trabajo, podrÃ¡ plantearse como medida cautelar la suspensiÃ³n de los efectos del acto de despido o, en su caso, la reinstalaciÃ³n provisional de la persona trabajadora.

La medida cautelar serÃ¡ procedente cuando la ejecuciÃ³n o permanencia de la conducta administrativa sometida a proceso pueda ser fuente de daÃ±os y perjuicios, actuales o potenciales, de difÃcil o imposible reparaciÃ³n.

La medida tambiÃ©n serÃ¡ procedente en supuestos no regidos por el derecho pÃºblico, cuando en proceso judicial se impugne la validez o la injusticia del acto del despido y se invoque alguna norma de estabilidad.

El Ã³rgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre la solicitud, ponderarÃ¡ no solo la seriedad de la peticiÃ³n y los intereses cuya tutela provisional se pide, sino tambiÃ©n las eventuales lesiones que se puedan producir al interÃ©s pÃºblico o a la armonÃa o seguridad de las empresas, de manera tal que no se afecten el funcionamiento de la organizaciÃ³n o entidad, ni el buen servicio, disponiendo o manteniendo situaciones inconvenientes. La satisfacciÃ³n del interÃ©s pÃºblico se tendrÃ¡, al resolverse estas situaciones, como valor preeminente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 494.-Â La solicitud se sustanciarÃ¡ en proceso incidental. Si lo que se pide es la suspensiÃ³n de los efectos del acto, al dÃ¡rsele curso a la articulaciÃ³n, se ordenarÃ¡ a la autoridad administrativa no ejecutar el acto hasta tanto no se resuelva la solicitud, apercibiÃ©ndola de que el incumplimiento la harÃ¡ incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad y en el pago de salarios caÃdos. La notificaciÃ³n se harÃ¡ legÃtimamente por cualquier medio escrito, inclusive por la propia parte interesada, si comprueba al despacho el recibido de la comunicaciÃ³n.

La reinstalaciÃ³n se regirÃ¡ en lo pertinente por lo dispuesto en el capÃtulo que regula el procedimiento de ejecuciÃ³n.

En todo supuesto de violaciÃ³n de fueros especiales de tutela, la reinstalaciÃ³n precautoria se regirÃ¡ por lo seÃ±alado en el procedimiento previsto para esos casos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO SEXTO

Procedimiento ordinario

SECCIÃ“N I

Pretensiones, traslado y excepciones

ArtÃculo 495.-Â Se sustanciarÃ¡ en el procedimiento ordinario toda pretensiÃ³n para la cual no exista un trÃ¡mite especialmente seÃ±alado.

La demanda deberÃ¡ ser presentada, por escrito o en formato electrÃ³nico, en los despachos en los cuales se tramiten los procesos en forma virtual. Obligatoriamente contendrÃ¡:

1)Â El nombre del actor, sus calidades, el nÃºmero del documento de su identificaciÃ³n, y su domicilio y direcciÃ³n exactos, si los tuviera.

2)Â El nombre del demandado, sus calidades, el domicilio y la direcciÃ³n exactos. Si se tratara de una persona jurÃdica o de una organizaciÃ³n empresarial, se deberÃ¡ hacer referencia al nombre o la razÃ³n social del centro de trabajo y, de ser posible, al nombre de la persona o las personas bajo cuya direcciÃ³n se ha laborado.

3)Â La indicaciÃ³n del lugar donde se han prestado los servicios.

4)Â Los hechos y los antecedentes del caso, relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, numerados y especificados.

5)Â Las pretensiones que se formulen, las que deben exponerse de forma clara y separada unas de otras, debiendo indicarse cuÃ¡les son principales y cuÃ¡les subsidiarias, en el supuesto de que la modalidad de la pretensiÃ³n incluya a estas Ãºltimas. Cuando se reclamen daÃ±os y perjuicios deberÃ¡ concretarse el motivo que los origina, en quÃ© consisten y su estimaciÃ³n, la cual podrÃ¡ hacerse de forma prudencial.

6)Â El ofrecimiento detallado de todos los medios de prueba. La documental debe presentarse en ese acto. PodrÃ¡ solicitarse en la demanda orden del tribunal, que este no negarÃ¡ a menos que lo pedido sea ilegal, para obtener de registros o archivos, particulares o privados, informes documentados, constancias o certificaciones que sean de interÃ©s para el proceso. Es obligaciÃ³n de la parte diligenciar directamente la obtenciÃ³n de esas pruebas. DeberÃ¡ advertirse a los destinatarios que deben cumplir lo ordenado en un plazo mÃ¡ximo de cinco dÃas, bajo pena de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. El tribunal dispondrÃ¡, en cada caso, si la prueba debe ser entregada a la parte o remitida por el destinatario de la orden directamente al tribunal. La prueba podrÃ¡ ser evacuada por medios electrÃ³nicos, directamente por el Ã³rgano.

La parte puede proponer prueba pericial a su costa, aun en los casos en que, de acuerdo con la ley, deba nombrarse un perito del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial (OIJ). Si el ofrecimiento fuera hecho por ambas partes, el nombramiento recaerÃ¡ en una misma persona y se harÃ¡ de acuerdo con las disposiciones de la legislaciÃ³n procesal civil o mediante terna que se pedirÃ¡ por cualquier medio de comunicaciÃ³n, incluido el electrÃ³nico, al respectivo colegio profesional. El ofrecimiento de prueba pericial por las partes no excluye la designaciÃ³n de peritos oficiales, cuando asÃ estÃ© dispuesto o permitido por las leyes.

7)Â La direcciÃ³n para notificar a la parte demandada. Si para ese efecto fuera necesario comisionar a otra autoridad, la parte actora podrÃ¡ hacer llegar la comisiÃ³n a la respectiva autoridad y suministrarle la informaciÃ³n que se requiera para realizar el acto; de lo contrario, el despacho harÃ¡ el envÃo por correo certificado o comunicaciÃ³n electrÃ³nica.

8)Â Cuando asÃ se requiera, la prueba de la cual se deduzca que la vÃa administrativa estÃ¡ agotada.

9)Â El lugar, la forma o el medio electrÃ³nico para atender la notificaciÃ³n de las resoluciones escritas.

10)Â La parte actora podrÃ¡ estimar su demanda como una de menor cuantÃa, en cuyo caso el proceso seguirÃ¡ el procedimiento especial regulado en el artÃculo 539 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 496.-Â Cuando la demanda no cumpla los requisitos antes seÃ±alados, excepciÃ³n hecha del que se refiere al agotamiento de la vÃa administrativa, el juzgado ordenarÃ¡ su subsanaciÃ³n dentro del plazo de cinco dÃas; para ello, deberÃ¡ indicar los requisitos omitidos o incompletos, bajo pena de ordenar la inadmisibilidad y el archivo del expediente. El archivo provocarÃ¡ el fenecimiento del asunto desde el punto de vista procesal y solo podrÃ¡ readmitirse para su trÃ¡mite subsanÃ¡ndose las omisiones o los defectos prevenidos, teniÃ©ndose la demanda como no puesta para todo efecto.

TambiÃ©n, ordenarÃ¡ a la parte integrar debidamente laÂ litis, cuando esta se encuentre incompleta o incorrectamente planteada e indicarÃ¡ las omisiones en que hubiera incurrido sobre extremos irrenunciables, para que, si a bien lo tiene, los incorpore como parte de la demanda o contrademanda, hasta la fase preliminar de la audiencia. Sin embargo, cuando el defecto en la integraciÃ³n se origine en unÂ litisÂ consorcio pasivo necesario, la integraciÃ³n podrÃ¡ ordenarse de oficio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 497.-Â Presentada la demanda en debida forma, se darÃ¡ traslado de esta por un plazo perentorio de diez dÃas para su contestaciÃ³n. En esta se expondrÃ¡ con claridad si se rechazan los hechos o si se admiten con variantes o rectificaciones, y se deberÃ¡n ofrecer todas las pruebas de interÃ©s para la parte y hacer el respectivo seÃ±alamiento del lugar y la forma o medio para notificaciones. En cuanto a la aportaciÃ³n de las pruebas por la parte, se aplicarÃ¡ tambiÃ©n lo dispuesto para la demanda, inclusive en lo que respecta a prueba pericial, en los casos en que debe designarse un perito oficial.

TambiÃ©n, en el escrito de contestaciÃ³n podrÃ¡ presentarse contrademanda. Esta Ãºltima solo es posible proponerla en el procedimiento ordinario y se regirÃ¡ en lo pertinente por lo dispuesto en los dos artÃculos anteriores, pero la declaratoria de inadmisibilidad harÃ¡ imposible su reiteraciÃ³n dentro del mismo proceso.

En los casos de demandas relacionadas con conflictos colectivos jurÃdicos, se estarÃ¡ tambiÃ©n a lo dispuesto en el artÃculo 446.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 498.-Â La contrademanda, cuando la hubiera, serÃ¡ trasladada a la parte reconvenida por diez dÃas y su contestaciÃ³n se ajustarÃ¡ a lo dicho en el artÃculo anterior. Es suficiente la notificaciÃ³n de ese traslado a la parte reconvenida en el lugar o medio seÃ±alado para notificaciones.

Al darse el traslado de la demanda y contrademanda, se prevendrÃ¡ a la parte de que si no contesta en el tÃ©rmino concedido o no responde de forma clara, se le tendrÃ¡ por allanada en cuanto a los hechos no contestados o no respondidos segÃºn queda dicho, los que se tendrÃ¡n por ciertos en sentencia, salvo que en el expediente existan elementos probatorios que los desvirtÃºen.

TambiÃ©n, en ese mismo momento procesal se ordenarÃ¡n las peritaciones a cargo de las dependencias oficiales que se ofrezcan o que sea necesario evacuar por estar asÃ previsto en la ley, lo cual se comunicarÃ¡ de inmediato a los Ã³rganos correspondientes, para que las practiquen.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 499.-Â La presentaciÃ³n de la demanda, en sÃ misma considerada, asÃ como el emplazamiento, debidamente notificado, producen la interrupciÃ³n de la prescripciÃ³n. El emplazamiento provoca, ademÃ¡s, una situaciÃ³n de pendencia, durante la cual y hasta la firmeza de la sentencia producirÃ¡ efectos interruptores de la prescripciÃ³n de forma continuada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 500.-Â En el mismo escrito de contestaciÃ³n de la demanda o la contrademanda deberÃ¡n oponerse todas las defensas formales y de fondo, con indicaciÃ³n de los hechos impeditivos, las razones que sirven de fundamento a la oposiciÃ³n y ofrecerse los medios de prueba que le correspondan.

En caso de despido, el empleador o la empleadora solo podrÃ¡ alegar como hechos justificantes de la destituciÃ³n los indicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora, de la forma prevista en el artÃculo 35 de este mismo CÃ³digo, o tomados en cuenta en el acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento escrito.

Se podrÃ¡ justificar la falta de la entrega de la carta y alegar las conductas atribuidas como causa del despido sin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del documento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la forma y los tÃ©rminos indicados en el artÃculo 35 de este CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 501.-Â Las pruebas de la contrademanda y rÃ©plica deben presentarse u ofrecerse en la misma forma establecida para la demanda y las relacionadas con las excepciones en el momento en que la parte deba referirse a ellas o, a mÃ¡s tardar, en la fase preliminar de la audiencia o en la audiencia preliminar, cuando la substanciaciÃ³n del proceso se lleve a cabo en dos audiencias.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 502.-Â Las partes no tienen obligaciÃ³n de indicar los fundamentos jurÃdicos de las proposiciones, pero deben plantearlas con claridad y precisiÃ³n e indicar las razones que a su juicio las amparan.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 503.-Â SerÃ¡n de previa resoluciÃ³n las siguientes excepciones:

1.-Â Compromiso arbitral.

2.-Â Falta de competencia.

3.-Â Falta de agotamiento de la vÃa administrativa, cuando la parte hubiera optado por ese trÃ¡mite.

4.-Â Falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representaciÃ³n.

5.-Â Existencia de defectos en el escrito de demanda o contrademanda que a juicio de la parte que la interpone impiden verter pronunciamiento vÃ¡lido sobre el fondo.

6.-Â Litispendencia.

7.-Â Indebida acumulaciÃ³n de pretensiones.

8.-Â Improcedencia del proceso elegido.

9.-Â Indebida integraciÃ³n de laÂ litis.

La excepciÃ³n de incompetencia deberÃ¡ ser resuelta antes de la etapa de audiencias y se estarÃ¡ a lo dispuesto en la secciÃ³n III del capÃtulo primero de este tÃtulo.

Las otras excepciones previas se reservarÃ¡n para ser conocidas en la audiencia preliminar o en la fase preliminar de ese acto procesal en los procesos de Ãºnica audiencia, con evacuaciÃ³n de las pruebas que las respalden.

La improcedencia de la vÃa escogida podrÃ¡ apreciarse tambiÃ©n de oficio, para efectos de orientar la tramitaciÃ³n del proceso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 504.-Â Si bien todas las excepciones materiales pueden oponerse hasta en la contestaciÃ³n de la demanda o contrademanda, las de transacciÃ³n y prescripciÃ³n podrÃ¡n alegarse hasta en la fase preliminar de la audiencia en los procesos de Ãºnica audiencia. En este caso, serÃ¡n sustanciadas sumariamente en ese mismo acto.

TambiÃ©n podrÃ¡n oponerse en esa misma oportunidad otras excepciones materiales, cuando los hechos en que se funden hubieran ocurrido con posterioridad a la contestaciÃ³n o hubieran llegado a conocimiento de la parte despuÃ©s del plazo para contestar.

Esas mismas excepciones podrÃ¡n oponerse en la audiencia de juicio, cuando los hechos que las sustentan se hubieran dado o consolidado con posterioridad a la audiencia preliminar.

Las excepciones materiales de cosa juzgada, transacciÃ³n y las excepciones de caducidad, autorizadas expresamente por el ordenamiento sustantivo, podrÃ¡n ser alegadas hasta la audiencia complementaria o de juicio, con el fin de evitar la promulgaciÃ³n de sentencias contradictorias.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 505.-Â Si alguna parte invocara, como fundamento de una excepciÃ³n procesal, elementos de hecho sustanciales o viceversa, el error no serÃ¡ motivo para rechazar de plano la gestiÃ³n y los tribunales le darÃ¡n a la objeciÃ³n el tratamiento correcto, segÃºn su naturaleza.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Sentencia anticipada

ArtÃculo 506.-Â Si la parte demandada se allanara a las pretensiones del actor, no contestara oportunamente la demanda o no hubiera respondido todos los hechos de la demanda, de la forma prevista en este CÃ³digo, se dictarÃ¡ sentencia anticipada, en la cual se tendrÃ¡n por ciertos esos hechos y se emitirÃ¡ pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas, siempre y cuando no se hayan opuesto excepciones que, con independencia de la contestaciÃ³n, requieran ser debatidas en audiencia.

Al emitir pronunciamiento, salvo el caso de allanamiento, se tomarÃ¡n en cuenta las pruebas que existan en el expediente, que impidan tener por ciertos los hechos de la forma expuesta en la demanda.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 507.-Â Cuando la certeza de los hechos de la demanda solo puede establecerse parcialmente o tal certeza estÃ¡ referida Ãºnicamente a los hechos de la contrademanda, las cuestiones inciertas se debatirÃ¡n mediante audiencia. En esta Ãºltima no se debatirÃ¡ sobre los hechos admitidos o que deban tenerse por ciertos.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 508.-Â PodrÃ¡ dictarse tambiÃ©n sentencia anticipada, de oficio o mediante la interposiciÃ³n de la correspondiente excepciÃ³n, declarando laÂ improponibilidadÂ de la demanda y su consiguiente archivo, cuando:

1)Â La pretensiÃ³n ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo proceso sea reiteraciÃ³n del anterior.

2)Â El derecho hubiera sido transado con anterioridad.

3)Â Cuando haya evidencia de demanda simulada o el fin perseguido en el proceso sea ilÃcito o prohibido.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 509.-Â La prescripciÃ³n y la caducidad autorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, de los derechos pretendidos en juicio, son declarables en sentencia anticipada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 510.-Â LaÂ improponibilidadÂ y la caducidad pueden declararse de oficio Ãºnicamente por el juzgado de instancia, pero de previo deberÃ¡ oÃrse al respecto a las partes por tres dÃas.

Si en alguno de los casos tratados en los dos artÃculos anteriores fuera necesario evacuar pruebas de hechos sustentantes o enervantes de la excepciÃ³n o intenciÃ³n oficiosa, se postergarÃ¡ la resoluciÃ³n para la etapa de la audiencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 511.-En los asuntos de puro derecho se dictarÃ¡ la sentencia dentro de los quince dÃas posteriores a la contestaciÃ³n de la demanda o contrademanda o, en su caso, de las excepciones interpuestas, previo traslado para conclusiones.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N III

Audiencias

ArtÃculo 512.-Â El proceso ordinario se sustanciarÃ¡, como regla general, en una audiencia oral, la cual se dividirÃ¡ en dos fases: una preliminar y la otra complementaria o de juicio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 513.-Â Si no se estuviera en un supuesto de sentencia anticipada, contestada la demanda o la reconvenciÃ³n en su caso, y no hubiera ninguna cuestiÃ³n que requiera soluciÃ³n previa, en una sola resoluciÃ³n se pondrÃ¡n esas contestaciones a conocimiento de la parte contraria y se seÃ±alarÃ¡ hora y fecha para la celebraciÃ³n de la audiencia, a mÃ¡s tardar dentro del mes siguiente. En esa misma resoluciÃ³n se emitirÃ¡ pronunciamiento acerca de la admisibilidad de las pruebas a evacuarse en la audiencia y, en su caso, se fijarÃ¡n los honorarios de los peritos no oficiales.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 514.-Â Las partes podrÃ¡n solicitar, verbalmente al despacho judicial, la entrega de cÃ©dulas de citaciÃ³n para los testigos.

El diligenciamiento de la orden de citaciÃ³n le corresponderÃ¡ a la parte que ofreciÃ³ la prueba y el documento deberÃ¡ ser entregado al despacho antes de la audiencia, con la debida constancia de haberse hecho la citaciÃ³n.

TambiÃ©n, podrÃ¡ pedirse por escrito al juzgado la intervenciÃ³n de las autoridades judiciales o de policÃa para llevar a cabo la citaciÃ³n, cuya prueba tambiÃ©n deberÃ¡ aportarse al despacho antes de la celebraciÃ³n de la audiencia.

Si la parte se ofrece o hubiera sido ofrecida como declarante, deberÃ¡ obligatoriamente comparecer a la audiencia, sin necesidad de ninguna citaciÃ³n. Su inasistencia se tendrÃ¡ como acto de deslealtad y podrÃ¡ ser tomada en cuenta para tener por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con la declaraciÃ³n, salvo que en el expediente existan elementos probatorios que los desvirtÃºen.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 515.-Â Queda prohibido a los patronos negar permiso a los trabajadores para ausentarse del lugar donde ejecutan sus labores, cuando estos deban comparecer como testigos o actuar en alguna otra diligencia judicial. Tampoco, podrÃ¡n rebajarles sus salarios por tal motivo, siempre que los trabajadores muestren, por anticipado, la respectiva orden de citaciÃ³n o de emplazamiento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 516.-Â Las pericias oficiales se harÃ¡n sin costo alguno para las partes. Los honorarios de los peritos no oficiales, que se designen a peticiÃ³n de los litigantes, deberÃ¡n ser cubiertos por la parte que los propone, dentro de los cinco dÃas siguientes a la admisiÃ³n de la probanza, bajo pena de tenerla comoÂ inevacuableÂ de pleno derecho, si no se depositan oportunamente a la orden del despacho.

La negativa de una parte a someterse a una valoraciÃ³n o la obstaculizaciÃ³n para practicar una pericia se tendrÃ¡ como maliciosa o como indicio de lo que se quiere demostrar, desvirtuar o hacer dubitativo.

A excepciÃ³n de los asuntos sobre seguridad social, en los cuales los dictÃ¡menes deberÃ¡n presentarse siempre al juzgado por escrito o digitalmente de forma completa, en los demÃ¡s procesos podrÃ¡ presentarse por escrito al juzgado o rendirse de forma oral en la audiencia cuando esta tuviera lugar. En Ãºltimo supuesto, el perito deberÃ¡ presentar de forma escrita al menos las conclusiones de su dictamen. En todos los casos en que se celebre audiencia, los peritos tienen el deber, bajo pena de ineficacia del dictamen, de comparecer a ese acto para la exposiciÃ³n oral de la experticia y posibilitar el contradictorio. En materia laboral no se aplicarÃ¡ el artÃculo 34 de la Ley N.Â° 5524, Ley OrgÃ¡nica del Organismo de InvestigaciÃ³n Judicial, de 7 de mayo de 1974, en cuanto le atribuye competencia al Consejo MÃ©dico Forense para conocer en grado, mediante recurso de apelaciÃ³n, de los dictÃ¡menes rendidos por los miembros del Departamento de Medicina Legal de dicho Organismo, pero se le podrÃ¡ tomar criterio a ese Consejo, si asÃ se ordena para mejor proveer. En este caso, el dictamen se presentarÃ¡ de la forma prevista en esta secciÃ³n y se discutirÃ¡, cuando sea necesario, con la participaciÃ³n de uno solo de sus miembros.

El incumplimiento injustificado de las personas nombradas para hacer las peritaciones darÃ¡ lugar a responsabilidad civil y laboral, reputÃ¡ndose la omisiÃ³n como falta grave y motivo suficiente para excluirlas de los respectivos roles de peritos o iniciar el respectivo procedimiento disciplinario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 517.-Â En la fase preliminar se realizarÃ¡n las siguientes actuaciones:

1.-Â Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerÃ¡n las cuestiones a resolver.

2.-Â AclaraciÃ³n, ajuste y subsanaciÃ³n de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juzgado sean oscuras, imprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, tanto en extremos principales o accesorios, cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo. Si se estimara que hay deficiencias en uno u otro sentido, se le darÃ¡ al respecto la palabra primero a la parte actora y despuÃ©s a la demandada, para que manifiesten lo que sea de su interÃ©s.

3.-Â Intento de conciliaciÃ³n. Se tratarÃ¡ de persuadir a las partes para que solucionen el conflicto de forma conciliada en lo que sea legalmente posible. Para tales efectos, se les ilustrarÃ¡ sobre las ventajas de una soluciÃ³n conciliada, sin que sus manifestaciones constituyan motivo para recusar a la persona que juzga. En el acta no se incluirÃ¡n manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliaciÃ³n y lo afirmado por ellas no podrÃ¡ interpretarse como aceptaciÃ³n de las proposiciones efectuadas. La conciliaciÃ³n estarÃ¡ a cargo preferentemente de un conciliador judicial, si lo existiera en el juzgado o en el respectivo circuito judicial y estuviera disponible, en cuyo caso la asumirÃ¡ en la misma audiencia, sustituyendo a quien la dirige, para esa Ãºnica actividad. De no haberlo, la conciliaciÃ³n la dirigirÃ¡ otro juez del mismo despacho o por quien estÃ© juzgado el caso.

4.-Â Si no se diera la conciliaciÃ³n, se procederÃ¡ a recibir la prueba que se estime pertinente sobre: nulidades no resueltas anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones previas no resueltas con anterioridad.

5.-Â De seguido se discutirÃ¡ y resolverÃ¡ sobre todas esas cuestiones. De existir vicios u omisiones, en un Ãºnico pronunciamiento ordenarÃ¡ las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se ordenarÃ¡ a la parte subsanarlas en ese mismo acto o, de ser necesario, se le darÃ¡ un plazo prudencial para cumplirlas. Si no se cumpliera lo ordenado, se dispondrÃ¡ la inadmisibilidad de la demanda o contrademanda y el archivo del expediente en su caso, de la forma y con los efectos ya previstos. Si se declarara procedente laÂ litisÂ pendencia se tendrÃ¡ por fenecido el proceso y se ordenarÃ¡ el archivo del expediente. De disponerse la improcedencia de la vÃa escogida, se le darÃ¡ al proceso la orientaciÃ³n que corresponda.

6.-Â RecepciÃ³n de las pruebas sobre excepciones previas o cuestiones deÂ improponibilidadÂ reservadas y emisiÃ³n anticipada del pronunciamiento correspondiente, que hubieran sido admitidas al convocarse la audiencia.

Si las mismas probanzas estÃ¡n ligadas, ademÃ¡s de la cuestiÃ³n que se puede resolver de forma anticipada, con el fondo del asunto, la resoluciÃ³n del punto se reservarÃ¡ para la sentencia final.

7.-Â Se darÃ¡ traslado sumarÃsimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hubieran dispuesto al cursarse la demanda o la reconvenciÃ³n y, en su caso, se ordenarÃ¡n las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer, a indicaciÃ³n de las partes o de propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a debate en el proceso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 518.-Â En la fase complementaria:

1)Â Se leerÃ¡n las pruebas anticipadas e irrepetibles, las cuales se incorporarÃ¡n por esa vÃa al debate. Este acto podrÃ¡ suprimirse segÃºn lo dispuesto en esta misma secciÃ³n.

2)Â Se recibirÃ¡n las pruebas admitidas:

2.1.Â Primero se llamarÃ¡ a los peritos citados, quienes en primer tÃ©rmino harÃ¡n un resumen de su dictamen y luego se discutirÃ¡ sobre la peritaciÃ³n, debiendo responder el perito las preguntas que le hagan las partes. Para hacerlo podrÃ¡n consultar documentos o notas escritas.

PodrÃ¡n solicitarse al perito adiciones y aclaraciones verbalmente.

2.2.Â De seguido, se recibirÃ¡n las declaraciones de parte y de los testigos que se hayan propuesto, de acuerdo con los hechos o temas que a cada uno correspondan, segÃºn sea el caso.

La declaraciÃ³n se iniciarÃ¡ mediante una exposiciÃ³n espontÃ¡nea del deponente, dando las razones de su dicho y luego se les permitirÃ¡ a las partes hacerles las preguntas de su interÃ©s y, finalmente, quien dirige el debate podrÃ¡ tambiÃ©n repreguntar al testigo sobre lo que le parezca conveniente.

Tanto en el caso de los peritos como de los declarantes, el que dirige moderarÃ¡ el interrogatorio y evitarÃ¡ preguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas, impertinentes, indebidas, de tal manera que el derecho de preguntar no se torne en un abuso contrario a la dignidad de las personas y al principio de celeridad.

3)Â Se procederÃ¡ a la formulaciÃ³n de las conclusiones de las partes, por el tiempo que fije el juzgado.

4)Â Se deliberarÃ¡ y dictarÃ¡ la parte dispositiva de la sentencia de inmediato de forma oral, debiendo seÃ±alarse, en ese mismo acto, la hora y fecha, dentro de los cinco dÃas siguientes, para la incorporaciÃ³n al expediente y entrega a las partes del texto integral del fallo, el cual serÃ¡ escrito. Cuando se utilice tecnologÃa electrÃ³nica, el fallo deberÃ¡ documentarse en el respaldo correspondiente, de manera que se pueda reproducir de forma escrita o entregarse a la parte por otro medio. En procesos complejos o con abundante prueba, segÃºn lo determine la persona juzgadora, podrÃ¡ postergarse, improrrogablemente hasta por un lapso mÃ¡ximo de quince dÃas despuÃ©s de la conclusiÃ³n del juicio, el dictado completo de la sentencia, incluida su parte dispositiva.

Cuando todas las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrÃ¡n relevar al juzgado de la redacciÃ³n de las otras partes de esa resoluciÃ³n, debiÃ©ndose dejar constancia, de forma expresa, de esa conformidad.

(AsÃ reformado el inciso 4) anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 9884 del 20 de agosto del 2020)

5) La persona juzgadora, que haya realizado la audiencia del proceso a su cargo, conservarÃ¡ la competencia para dictar la sentencia de ese caso concreto, aun cuando haya dejado de ejercer sus funciones en ese despacho, ya sea por traslado, ascenso, vencimiento del nombramiento u otra situaciÃ³n anÃ¡loga.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 9884 del 20 de agosto del 2020)

6) Cuando en la votaciÃ³n de una resoluciÃ³n, por parte de un tribunal colegiado, no resultara mayorÃa de votos conformes de toda conformidad sobre todos y cada uno de los pronunciamientos de hecho o de derecho, o sobre la decisiÃ³n que haya de dictarse, se dejarÃ¡ constancia de ello en el expediente, sin especificar los puntos de divergencia. En este caso se completarÃ¡ el tribunal con dos integrantes suplentes. El nuevo tribunal, asÃ integrado, tendrÃ¡ amplia competencia para pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones objeto de recurso y la decisiÃ³n se tomarÃ¡ por mayorÃa de votos. A efectos de que exista esa mayorÃa en todo caso, cuando la resoluciÃ³n tenga varios extremos que dependan unos de otros, el haber votado negativamente en los primeros, sobre los cuales haya habido votaciÃ³n, no serÃ¡ motivo que autorice al integrante que asÃ hubiera votado para dejar de concurrir con su opiniÃ³n y voto a la resoluciÃ³n de los demÃ¡s y, cuando su voto sea Ãºnico, deberÃ¡ adherirse forzosamente a cualquiera de los otros votos, a fin de formar la mayorÃa, sin que esta forzada adhesiÃ³n pueda acarrearle responsabilidad civil ni penal.

(AsÃ adicionado el inciso anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 9884 del 20 de agosto del 2020)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 519.-Â A solicitud de parte o por decisiÃ³n del juzgado, los procesos ordinarios de evidente complejidad podrÃ¡n ventilarse en dos audiencias, en cuyo caso en la primera audiencia se cumplirÃ¡n los actos de la fase preliminar del proceso en Ãºnica audiencia y, en la segunda, los de la fase complementaria o de juicio. La decisiÃ³n debe ser razonada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 520.-Â Las mismas reglas se aplicarÃ¡n en los procesos no ordinarios, cuando deba ventilarse alguna cuestiÃ³n de forma contradictoria que requiera la recepciÃ³n de pruebas cumpliendo el principio de inmediaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 521.-Â Cuando el proceso deba ventilarse en dos audiencias, se procederÃ¡ conforme a lo indicado en el artÃculo 513 y en la misma resoluciÃ³n que haga el seÃ±alamiento para la audiencia preliminar, el juzgado se pronunciarÃ¡ Ãºnicamente sobre la admisibilidad de las pruebas que deban evacuarse en esa audiencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 522.-Â Al concluirse la audiencia preliminar se emitirÃ¡ pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes, respecto de las cuestiones de fondo debatidas; se fijarÃ¡n los honorarios de los peritos no oficiales; se darÃ¡ traslado sumarÃsimo sobre las pruebas allegadas al expediente que se hubieran dispuesto al cursarse la demanda o reconvenciÃ³n y, en su caso, se ordenarÃ¡n las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer, a indicaciÃ³n de las partes o por propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a debate en el proceso, y se harÃ¡ seÃ±alamiento de la hora y fecha para la audiencia complementaria o de juicio, cuando asÃ se requiera, la cual necesariamente deberÃ¡ llevarse a cabo dentro del mes siguiente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 523.-Â En la audiencia de juicio se darÃ¡ traslado sumarÃsimo de las probanzas incorporadas al expediente, despuÃ©s de la audiencia preliminar.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 524.-Â Cuando se deniegue alguna prueba, el ofrecimiento podrÃ¡ reintentarse en la audiencia respectiva y si se mantuviera la denegatoria esta podrÃ¡ impugnarse en esa oportunidad, de la forma prevista en este CÃ³digo, caso en el cual la apelaciÃ³n se tramitarÃ¡ de forma reservada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N IV

Convocatoria a audiencias y reglas aplicables a esos actos

ArtÃculo 525.-Â Las audiencias se iniciarÃ¡n obligatoriamente a la hora y fecha seÃ±aladas y serÃ¡n pÃºblicas, salvo que el juzgado disponga que su celebraciÃ³n sea privada, en atenciÃ³n a la dignidad de alguna de las partes.

La parte que asiste tardÃamente tomarÃ¡ la audiencia en el momento en que se halle y no podrÃ¡ pedir la repeticiÃ³n de actos ya cumplidos.

Se realizarÃ¡n en el despacho o sala existente al efecto. Sin embargo, los jueces podrÃ¡n disponer que la celebraciÃ³n sea en otro lugar, si ello es mÃ¡s conveniente para un mejor desarrollo de la audiencia.

La persona titular del Ã³rgano deberÃ¡ asegurar, durante su celebraciÃ³n, el pleno respeto de los principios de la oralidad; promoverÃ¡ el contradictorio como instrumento para la verificaciÃ³n de la verdad real; velarÃ¡ por la concentraciÃ³n de los distintos actos procesales que corresponda celebrar, y fungirÃ¡ como directora de la audiencia, abriendo y dando por concluidas sus etapas, otorgando y limitando el uso de la palabra, disponiendo sobre los aspectos importantes que deben hacerse constar en el acta y realizando todas las actuaciones necesarias para que el debate transcurra ordenadamente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 526.-Â Las partes, o sus representantes debidamente acreditados en el caso de las personas jurÃdicas, deberÃ¡n comparecer a las audiencias a que sean convocados. PodrÃ¡ hacerlo, en su lugar, una persona con poder especial judicial; sin embargo, cuando la parte en persona o por medio del representante social deba comparecer como declarante, su asistencia es obligatoria, bajo pena de tener la incomparecencia como presunciÃ³n de veracidad de los hechos o temas objeto de la declaraciÃ³n.

La inasistencia de la parte que estuviera obligada a asistir podrÃ¡ justificarse, a los efectos de reprogramar el acto de su declaraciÃ³n, solo por razones que realmente impidan la asistencia y siempre y cuando la justificaciÃ³n se haga antes de la hora y fecha seÃ±aladas, salvo que los hechos que la motivan se hayan dado el mismo dÃa de la audiencia, caso en el cual deberÃ¡ avisarlo de forma inmediata al despacho por cualquier vÃa y justificarlo el dÃa siguiente.

El impedimento del abogado o la abogada deberÃ¡ comprobarse de la misma forma y si lo invocado fuera otra actividad judicial coetÃ¡nea, solo se tomarÃ¡ como justa causa para no asistir si aquella se hubiera dispuesto y notificado con anterioridad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 527.-Â La audiencia se celebrarÃ¡ si asiste por lo menos una de las partes o su representante legal, con el debido patrocinio letrado cuando se requiera. En tal caso, se desarrollarÃ¡n todos los actos de la audiencia que sea posible llevar a cabo y en ella se recibirÃ¡ la prueba de esa parte y los testimonios de las personas ofrecidas por la contraria que se presentaran.

Si la parte demandada o reconvenida no asistiera a una audiencia preliminar o Ãºnica, se tendrÃ¡n como desistidas las excepciones o cuestiones formales de previa resoluciÃ³n deducidas por esa parte, propias de ser conocidas en la fase preliminar; pero, si versaran sobre defectos que impidan resolver vÃ¡lidamente el fondo, el juzgado dispondrÃ¡ de oficio las correcciones o integraciones que sean necesarias.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 528.-Â Si se produjera la inasistencia de alguna de las partes o de todas a la audiencia Ãºnica o de juicio, la sentencia se dictarÃ¡ apreciando los hechos a la luz de las pruebas recibidas o incorporadas, las cargas probatorias omitidas, el mÃ©rito de los autos y los criterios de valoraciÃ³n establecidos en este CÃ³digo.

En estos casos, el Ã³rgano puede ordenar pruebas complementarias o para mejor proveer, que sean indispensables para resolver con acierto el fondo del conflicto, disponiendo para ello, si fuera necesario y por una Ãºnica vez, la prÃ³rroga de la audiencia. Si lo ordenado fuera prueba documental, se fijarÃ¡ un plazo para su evacuaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 529.-Â En las audiencias se otorgarÃ¡ la palabra, por su orden, al actor, al demandado, a los terceros o coadyuvantes, o a sus respectivos representantes. Si alguna de las partes tuviera mÃ¡s de una abogada o un abogado, los intervinientes deberÃ¡n distribuirse su actividad y el uso de la palabra, e informarlo anticipadamente al tribunal. Queda prohibida la participaciÃ³n conjunta en una actuaciÃ³n especÃfica.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 530.-Â Las resoluciones de las cuestiones que deban conocerse o que se planteen dentro de la audiencia se dictarÃ¡n oralmente y quedarÃ¡n notificadas a las partes en ese mismo acto con la sola lectura, debiendo consignarse en el acta, al menos sucintamente, los fundamentos jurÃdicos y de hecho del pronunciamiento.

A excepciÃ³n de la sentencia, contra las resoluciones dictadas en la audiencia cabrÃ¡ el recurso de revocatoria, el cual deberÃ¡ interponerse de forma oral y resolverse de esa misma forma, de inmediato.

Igualmente, salvo el caso de la sentencia, si procediera la apelaciÃ³n contra algÃºn pronunciamiento emitido en la audiencia, este recurso deberÃ¡ interponerse de forma oral inmediatamente despuÃ©s de la notificaciÃ³n y el punto quedarÃ¡ resuelto definitivamente, si no se hace asÃ.

La alzada se tramitarÃ¡ Ãºnicamente en aquellos casos en que el pronunciamiento impide la continuaciÃ³n de la audiencia. En los demÃ¡s, se reservarÃ¡ para ser conocida conjuntamente con el recurso que proceda contra la sentencia, segÃºn la actualidad de su interÃ©s.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 531.-Â Los traslados que se den en las audiencias serÃ¡n sumarÃsimos, para ser evacuados de forma inmediata, de tal manera que no constituyan un obstÃ¡culo para el normal desarrollo de la actividad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 532.-Â Los asistentes y las asistentes tienen el deber de permanecer en actitud respetuosa y en silencio, mientras no estÃ©n autorizados para exponer o responder las preguntas que se les formulen. Les queda absolutamente prohibido portar armas u objetos aptos para incomodar u ofender, mantener los telÃ©fonos mÃ³viles encendidos y adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o de insinuaciÃ³n. Si la persona, no obstante de haber sido prevenida, continÃºa con el comportamiento indebido, podrÃ¡ ser expulsada de la audiencia, lo cual darÃ¡ lugar a que se le tenga comoÂ inasistenteÂ a partir de ese momento, para todo efecto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 533.-Â Con motivo de la audiencia se levantarÃ¡ un acta, en la cual se dejarÃ¡ constancia de lo siguiente:

1)Â La hora y fecha de inicio de la actuaciÃ³n.

2)Â Los nombres de las partes y de los abogados o las abogadas que asisten, los peritos y los declarantes.

3)Â Una descripciÃ³n lacÃ³nica de las etapas de la audiencia y de su desarrollo y, de producirse, del contenido de la soluciÃ³n conciliada del conflicto.

4)Â Los pedidos de revocatoria o las objeciones de las partes y las resoluciones orales del juzgado, respecto de las cuales se harÃ¡ una fundamentaciÃ³n lacÃ³nica.

5)Â De la prueba documental que se incorpora en el acto de la audiencia, lo que deberÃ¡ hacerse mediante lectura, que la realizarÃ¡ quien dirige la audiencia o la persona que le asiste. La lectura podrÃ¡ suprimirse, si las partes estÃ¡n de acuerdo o cuando razonablemente sea necesario para salvaguardar el debido proceso.

6)Â El nombre de las partes declarantes, los testigos o los peritos, las calidades y el documento de identificaciÃ³n de cada uno.

7)Â Las apelaciones interpuestas por las partes. DeberÃ¡ indicar, de forma muy concreta, los motivos de los recursos, sin perjuicio de que la parte apelante los desarrolle posterior y oportunamente por escrito.

8)Â La parte dispositiva de la sentencia y de su lectura, cuando se dicta en el mismo acto de la audiencia.

El acta serÃ¡ firmada por la persona que ha dirigido la audiencia, las partes y sus abogados o abogadas. Las otras personas comparecientes firmarÃ¡n un documento de asistencia, el cual serÃ¡ agregado al expediente. Si alguna persona se negara a firmar, o se ha retirado antes de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, se dejarÃ¡ constando ese hecho tambiÃ©n en el acta. Si la audiencia se hubiera grabado en audio y video, en lugar del acta se consignarÃ¡ una constancia firmada por quien ha dirigido la audiencia y dichas partes, de que el acto fue llevado a cabo, con indicaciÃ³n de las horas y la fecha de su realizaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 534.-Â A excepciÃ³n de lo mencionado antes respecto del contenido de la conciliaciÃ³n, se prohÃbe la transcripciÃ³n literal o de forma extensa de los contenidos probatorios.

Los tribunales deberÃ¡n grabar las audiencias a travÃ©s de medios tecnolÃ³gicos que garanticen adecuadamente la conservaciÃ³n de sus contenidos y sirvan como ayuda de memoria en la redacciÃ³n de la sentencia.

Las grabaciones se mantendrÃ¡n sin borrarse hasta un aÃ±o despuÃ©s de ejecutada la sentencia firme y las partes podrÃ¡n obtener copias o reproducciones a su costa.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 535.-Â Las audiencias se desarrollarÃ¡n sin interrupciÃ³n, durante las horas y los dÃas que se requieran, salvo para:

1)Â El estudio y la resoluciÃ³n de cuestiones complejas que se presenten en su transcurso. Estas interrupciones se harÃ¡n de forma muy breve, de tal manera que no se afecte la unidad del acto.

2)Â Para realizar el reconocimiento de lugares o de objetos que se hallen en sitio distinto del de la audiencia o para evacuar el testimonio de personas que no puedan trasladarse.

3)Â Para intentar acuerdos conciliatorios, si asÃ lo piden las partes de consuno.

4)Â Cuando, a juicio de quien dirige la audiencia, fuera absolutamente indispensable para garantizar el derecho de defensa de los litigantes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 536.-Â PodrÃ¡ posponerse la conclusiÃ³n de una audiencia de juicio aun despuÃ©s del alegato de conclusiones o reprogramarse por una Ãºnica vez y que la posposiciÃ³n no sea por mÃ¡s de diez dÃas, cuando sea necesario recibir alguna probanza no evacuada en esa oportunidad o cuya trascendencia surja durante la audiencia, en ambos casos si se ordena para mejor proveer, o bien, cuando sea necesario para debatir adecuadamente sobre excepciones o cuestiones nuevas, legalmente alegadas en la audiencia, o para recibirles declaraciÃ³n a testigos desobedientes de la citaciÃ³n. En este caso, sin necesidad de peticiÃ³n de la parte, se ordenarÃ¡ la presentaciÃ³n de esos testigos mediante la Fuerza PÃºblica.

En el mismo acto se seÃ±alarÃ¡ la hora y la fecha para la continuaciÃ³n o reprogramaciÃ³n de la audiencia.

Si se tratara de la ampliaciÃ³n del debate sobre excepciones o cuestiones nuevas, tambiÃ©n en ese mismo acto se emitirÃ¡ pronunciamiento sobre la admisiÃ³n de las pruebas ofrecidas y a su respecto se estarÃ¡ a lo seÃ±alado en las normas anteriores.

Una vez evacuadas las probanzas pendientes o las nuevas que fueran admisibles o incorporadas cuando procediera, se les darÃ¡ la palabra a los asistentes, para el complemento de la conclusiÃ³n y luego se dictarÃ¡ la sentencia, de la misma forma y en los tÃ©rminos previstos en el artÃculo 518.

En estos casos, la audiencia se concluirÃ¡ vÃ¡lidamente con las partes que asistan y con ellas se realizarÃ¡n las actuaciones faltantes, de la forma ya dispuesta.

La inasistencia de las partes no impedirÃ¡ la recepciÃ³n o la incorporaciÃ³n de la prueba ordenada y el dictado de la sentencia podrÃ¡ hacerse de inmediato o de forma postergada, dentro del plazo previsto en este CÃ³digo.

Las actuaciones se dejarÃ¡n constando en un acta, que se consignarÃ¡ y firmarÃ¡ de la misma forma ya dispuesta. Todo lo que se resuelva se tendrÃ¡ por notificado tanto a las partes asistentes como a las que dejaron de asistir.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 537- El dictado de la sentencia, su documentaciÃ³n y notificaciÃ³n a las partes fuera de los plazos indicados en este CÃ³digo, sin causa justificada, constituirÃ¡ falta grave de servicio y darÃ¡ lugar a las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes.

En caso de muerte, incapacidad o alguna otra situaciÃ³n fortuita o de fuerza mayor por la que deba sustituirse a la persona juzgadora, antes del dictado de la sentencia, el juzgado, con su nueva integraciÃ³n, deberÃ¡ dictar sentencia con vista al registro audiovisual del juicio oral y pÃºblico, para lo cual volverÃ¡ a correr el plazo establecido en el inciso 4) del artÃculo 518.

De no existir o estar incompleto este registro, lo actuado y resuelto serÃ¡ nulo, por lo que el juicio oral y pÃºblico deberÃ¡ repetirse. Lo anterior, salvo en el caso de los actos y las actuaciones probatoriasÂ irreproductibles, que mantendrÃ¡n su validez en la nueva audiencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 9884 del 20 de agosto del 2020)

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SECCIÃ“N V

Reglas especiales aplicables a las pretensiones sobre seguridad social

ArtÃculo 538.-Â Las pretensiones correspondientes a la seguridad social se sustanciarÃ¡n por el procedimiento ordinario, con las siguientes modificaciones:

1)Â Cuando se requieran valoraciones por peritos oficiales, en el mismo auto de traslado de la demanda se ordenarÃ¡ hacerlas al organismo correspondiente, las cuales se remitirÃ¡n al juzgado por escrito o mediante comunicaciÃ³n electrÃ³nica que el funcionario competente de ese Ã³rgano se encargarÃ¡ de documentar materialmente en el expediente y de ponerlas a conocimiento de las partes por tres dÃas.

2)Â La parte demandada deberÃ¡ presentar, con la contestaciÃ³n de la demanda, una copia completa del expediente administrativo, incluyendo en ella el texto de los dictÃ¡menes mÃ©dicos o jurÃdicos, cuando los hubiera. Si lo incumpliera, se producirÃ¡ una presunciÃ³n de veracidad o de certeza de los hechos cuya prueba depende de esa documentaciÃ³n, salvo que en el expediente haya prueba que lo contradiga o que exista causa justa que impida la presentaciÃ³n.

3)Â PodrÃ¡ ordenarse, a solicitud de la parte interesada como prueba complementaria o de oficio para mejor proveer, dictÃ¡menes cientÃficos de peritos particulares, pero su costo correrÃ¡ a cargo de la parte interesada.

4)Â Se convocarÃ¡ a las partes a una audiencia Ãºnica cuando deban evacuarse pruebas distintas de la documental, cuando haya discrepancias respecto de las periciales o cuando el Ã³rgano lo considere necesario para cumplir el debido proceso.

5)Â ComparecerÃ¡n a la audiencia todos los peritos que hubieran intervenido.

6)Â Si no fuera del caso la convocatoria a audiencia, la sentencia se dictarÃ¡ dentro de los quince dÃas posteriores al traslado de la contestaciÃ³n de la demanda, de la rÃ©plica o la prueba documental o cientÃfica.

7)Â Al resolverse se tomarÃ¡n en cuenta los antecedentes administrativos y el cÃºmulo de pruebas allegado al expediente en la sede judicial. En caso de discrepancia entre dictÃ¡menes cientÃficos, se resolverÃ¡ aplicando las reglas de valoraciÃ³n propias de este procedimiento y los principios aplicables de la materia.

8)Â Los beneficios pretendidos solo podrÃ¡n estimarse dentro de las limitaciones legales y si se cumplen los requisitos exigidos por el respectivo ordenamiento.

9)Â Cuando se acoja una determinada prestaciÃ³n social sin establecerse de forma lÃquida y surgiera posteriormente alguna discrepancia, se harÃ¡ la fijaciÃ³n por el Ã³rgano jurisdiccional en la vÃa de ejecuciÃ³n de sentencia, debiendo presentar, en tal caso la parte interesada, la respectiva liquidaciÃ³n, indicando de forma concreta las bases tomadas en cuenta para hacerla.

10)Â Los Ã³rganos jurisdiccionales deberÃ¡n velar de forma estricta por el cumplimiento de los plazos y las partes obligadas a otorgar prestaciones sociales tendrÃ¡n el deber de ejecutar, de forma pronta, las sentencias que las impongan y, en caso de que sea necesario en el trÃ¡mite de ejecuciÃ³n, brindar toda la colaboraciÃ³n para que la fijaciÃ³n pueda hacerse con prontitud.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO SÃ‰TIMO

Procesos especiales

SECCIÃ“N I

Procesos de menor cuantÃa

ArtÃculo 539.-Â Los procesos que versen exclusivamente sobre pretensiones, cuya cuantÃa sea inferior a la seÃ±alada por la Corte Plena para el recurso de casaciÃ³n, serÃ¡n tramitados conforme a las reglas de este CÃ³digo, con las siguientes salvedades:

1)Â Se tramitarÃ¡n en una sola audiencia oral.

2)Â La sentencia se dictarÃ¡ de forma oral y, salvo que alguna de las partes solicite expresamente la redacciÃ³n integral de la sentencia, Ãºnicamente su parte dispositiva se consignarÃ¡ por escrito, excepto en procesos tramitados electrÃ³nicamente, en cuyo caso, esa parte dispositiva serÃ¡ digitada, de modo que pueda ser reproducida de forma escrita o en respaldos electrÃ³nicos.

3)Â La sentencia tendrÃ¡ recurso de apelaciÃ³n ante el Tribunal de Apelaciones y ademÃ¡s podrÃ¡ ser aclarada o adicionada a solicitud de parte o de oficio, en los tÃ©rminos previstos en este CÃ³digo

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

ProtecciÃ³n en fueros especiales y tutela del debido proceso

ArtÃculo 540.-Las personas trabajadoras, tanto del sector pÃºblico como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrÃ¡n impugnar en la vÃa sumarÃsima prevista en esta secciÃ³n, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violaciÃ³n de fueros especiales de protecciÃ³n, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.

Se encuentran dentro de esa previsiÃ³n:

1)Â Los servidores y las servidoras del Estado en rÃ©gimen de servicio civil, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento.

2)Â Las demÃ¡s personas trabajadoras del sector pÃºblico para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal.

3)Â Las mujeres en estado de embarazo o perÃodo de lactancia, segÃºn se establece en el artÃculo 94 de este CÃ³digo.

4)Â Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artÃculo 91 de la Ley N.Â° 7739, CÃ³digo de la NiÃ±ez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.

5)Â Las personas cubiertas por el artÃculo 367 de este CÃ³digo y cualquier otra disposiciÃ³n tutelar del fuero sindical.

6)Â Las denunciantes y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal como se establece en la Ley N.Âº 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995.

7)Â Las personas trabajadoras indicadas en el artÃculo 620 de este CÃ³digo.

8)Â Quienes gocen de algÃºn fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumento colectivo de trabajo.

La tutela del debido proceso podrÃ¡ demandarse en esta vÃa, cuando se inobserve respecto de las personas aforadas a que se refiere este artÃculo.

TambiÃ©n, podrÃ¡n impugnarse en la vÃa sumarÃsima prevista en esta secciÃ³n, los casos de discriminaciÃ³n por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con ocasiÃ³n de Ã©l.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 541.-Â Las personas indicadas en el artÃculo anterior tendrÃ¡n derecho a un debido proceso, previo al despido, el cual se regirÃ¡ por las siguientes disposiciones:

a)Â El debido proceso de las personas indicadas en los incisos 1), 2) y 8) del artÃculo anterior se regularÃ¡ por el procedimiento administrativo de la dependencia competente conforme a la norma de tutela correspondiente, salvo el caso del inciso 8) en que no estÃ© previsto un debido proceso.

b)Â El debido proceso para el despido de las personas indicadas en los incisos 3), 4), 5) y 6) del artÃculo anterior, deberÃ¡ gestionarse ante la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n General de Trabajo.

c)Â El debido proceso de las personas indicadas en el inciso 7) del artÃculo anterior deberÃ¡ gestionarse ante el juzgado de trabajo respectivo.

d)Â Excepcionalmente, el Ã³rgano del debido proceso podrÃ¡ ordenar la suspensiÃ³n de la persona trabajadora mientras se resuelve la gestiÃ³n de despido, en los casos en que las faltas alegadas sean de tal gravedad que imposibiliten el desarrollo normal de la relaciÃ³n laboral.

e)Â Para que sea vÃ¡lido el despido, la parte empleadora deberÃ¡ comprobar la falta ante el Ã³rgano del debido proceso correspondiente y obtener su autorizaciÃ³n por resoluciÃ³n firme.

f)Â Autorizado el despido por resoluciÃ³n firme, el empleador o la empleadora gozarÃ¡ de un plazo de un mes de caducidad para hacer uso de la autorizaciÃ³n del despido, contado desde la firmeza.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 542.-Â La solicitud de tutela se presentarÃ¡ ante el juzgado de trabajo competente, mientras subsistan las medidas o los efectos que provocan la violaciÃ³n contra la cual se reclama. La aplicaciÃ³n de tutela por violaciÃ³n del debido proceso, en el caso de despido, se regirÃ¡ por el plazo de prescripciÃ³n de seis meses.

La firma del solicitante no requiere ser autenticada por la de un profesional o una profesional en derecho, si la persona interesada presenta personalmente el respectivo libelo; pero si fuera necesario debatir en audiencia, debe contarse con patrocinio letrado.

La peticiÃ³n deberÃ¡ cumplir, en lo pertinente, los requisitos seÃ±alados para la demanda, excepto el que se refiere al agotamiento de la vÃa administrativa, e incluir el nombre de la persona, la instituciÃ³n, el Ã³rgano, el departamento o la oficina a la que se atribuye la arbitrariedad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 543.-Â El juzgado substanciarÃ¡ el procedimiento sin pÃ©rdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de diversa naturaleza que se tramite en el despacho. A mÃ¡s tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le darÃ¡ curso, pidiÃ©ndole a la instituciÃ³n, la autoridad o a los Ã³rganos pÃºblicos o a la persona accionada un informe detallado acerca de los hechos que motivan la acciÃ³n, el cual deberÃ¡ rendirse bajo juramento dentro de los cinco dÃas siguientes a la notificaciÃ³n, acompaÃ±ado de copia de los documentos que sean de interÃ©s para la parte y de una copia certificada del expediente administrativo, en el caso de las relaciones de empleo pÃºblico o del expediente del debido proceso en su caso, sin costo alguno para la parte demandante.

En el caso de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resoluciÃ³n se podrÃ¡ disponer la suspensiÃ³n de los efectos del acto, y la parte accionante quedarÃ¡ repuesta provisionalmente a su situaciÃ³n previa al acto impugnado. Esa medida se ejecutarÃ¡ de inmediato sin necesidad de garantÃa alguna y podrÃ¡ revisarse y modificarse a instancia de la parte accionada, hecha mediante la interposiciÃ³n del recurso correspondiente, por razones de conveniencia o de evidente interÃ©s pÃºblico, o bien, porque valorada la situaciÃ³n de forma provisional se estime que existen evidencias excluyentes de discriminaciÃ³n, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo.

Cuando la acciÃ³n verse sobre actos de las administraciones pÃºblicas, aunque no pida, se tendrÃ¡ como demandado al Estado o a quien corresponda, y se pondrÃ¡ la resoluciÃ³n inicial tambiÃ©n a conocimiento de la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica o, en su caso, del Ã³rgano jerÃ¡rquico de la instituciÃ³n autÃ³noma u organizaciÃ³n que la represente legalmente, para que pueda apersonarse al proceso, dentro del mismo plazo de cinco dÃas, a hacer valer sus derechos.

Si la acciÃ³n versa sobre actuaciones de una organizaciÃ³n empresarial privada, el informe se le solicitarÃ¡ a la persona a quien, en funciones de direcciÃ³n o administraciÃ³n en los tÃ©rminos del artÃculo 5 de este CÃ³digo, se le atribuye la conducta ilegal, y se le advertirÃ¡ que la notificaciÃ³n surte efecto de emplazamiento para la parte empleadora y que esta puede hacer valer sus derechos en el proceso dentro del plazo indicado, por medio de su representante legÃtimo.

La parte empleadora deberÃ¡ presentar la copia certificada del expediente del debido proceso indicado en el artÃculo anterior, si el caso versara sobre la violaciÃ³n de ese derecho.

Las notificaciones se harÃ¡n por los medios autorizados por la ley o por la propia parte interesada, siempre que lo haga con el respaldo de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de PolicÃa, la que tendrÃ¡ la obligaciÃ³n de asistirla de forma inmediata sin costo alguno y de dejar constancia de su intervenciÃ³n. Los juzgados de trabajo podrÃ¡n disponer la notificaciÃ³n inmediata por un asistente judicial o por un funcionario designado al efecto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 544.-Â Si no se respondiera dentro del tÃ©rmino seÃ±alado y al mismo tiempo no se produce oposiciÃ³n de la parte demandada, o bien, si no se aporta la certificaciÃ³n del expediente del debido proceso cuando este haya sido necesario, se declararÃ¡ con lugar la acciÃ³n, si el caso, de acuerdo con los autos, no amerita una soluciÃ³n diferente segÃºn el ordenamiento.

En el caso contrario, el informe rendido y cualquier respuesta se pondrÃ¡n a conocimiento por tres dÃas a la parte promotora del proceso.

Si fuera necesario evacuar pruebas no documentales, su substanciaciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo en audiencia, la cual se seÃ±alarÃ¡ de forma prioritaria a los asuntos de ordinario conocimiento del despacho. En tal supuesto, la sentencia se dictarÃ¡ en la oportunidad prevista para la substanciaciÃ³n del proceso en audiencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 545.-Â La competencia del Ã³rgano jurisdiccional se limitarÃ¡, para estimar la pretensiÃ³n de tutela, a la comprobaciÃ³n del quebranto de la protecciÃ³n, el procedimiento o los aspectos formales garantizados por el fuero y, si la sentencia resultara favorable a la parte accionante, se decretarÃ¡ la nulidad que corresponda y se le repondrÃ¡ a la situaciÃ³n previa al acto que dio origen a la acciÃ³n, y condenarÃ¡ a la parte empleadora a pagar los daÃ±os y perjuicios causados. Si los efectos del acto no se hubieran suspendido, se ordenarÃ¡ la respectiva reinstalaciÃ³n, con el pago de los salarios caÃdos.

Si la acciÃ³n se desestima y los efectos del acto hubieran sido detenidos, su ejecuciÃ³n podrÃ¡ llevarse a cabo una vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna autorizaciÃ³n expresa en ese sentido.

La sentencia estimatoria en estos casos no prejuzga sobre el contenido sustancial o material de la conducta del demandado, cuando la tutela se refiere, Ãºnicamente, a derechos sobre un procedimiento, requisito o formalidad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 546.-Â Si la pretensiÃ³n deducida no corresponde a este procedimiento especial, se orientarÃ¡ la tramitaciÃ³n de la forma que proceda.

Cuando se presente alguna pretensiÃ³n de tutela correspondiente a este procedimiento, de forma acumulada con otra u otras cuyo trÃ¡mite deba realizarse en la vÃa ordinaria, serÃ¡Â desacumuladaÂ y tramitada segÃºn lo previsto en esta secciÃ³n, sin perjuicio del curso de las otras pretensiones.

La tutela, una vez otorgada en sentencia firme, producirÃ¡ la conclusiÃ³n del proceso ordinario cuando se produzca una falta de interÃ©s. En ese supuesto se darÃ¡ por concluido el proceso total o parcialmente, segÃºn proceda, sin sanciÃ³n de costas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 547.-Â El incumplimiento de los plazos o del trÃ¡mite prioritario establecidos en esta secciÃ³n se considerarÃ¡ falta de servicio de los funcionarios responsables y serÃ¡ sancionado disciplinariamente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N III

DistribuciÃ³n de prestaciones de personas trabajadoras fallecidas

ArtÃculo 548.-Â La distribuciÃ³n de las prestaciones laborales a que se refiere el inciso a) del artÃculo 85 de este CÃ³digo se regirÃ¡ por lo dispuesto en esta secciÃ³n. TambiÃ©n se dirimirÃ¡ en este proceso, a favor de los sucesores o beneficiarios indicados en esa norma, en el mismo orden que en ella se seÃ±ala, la adjudicaciÃ³n de los montos de dinero por salarios, compensaciÃ³n por vacaciones no disfrutadas y aguinaldo, asÃ como cualquier otro extremo derivado de la relaciÃ³n de trabajo, incluidos los ahorros obligatorios y depÃ³sitos en cuentas de intermediarios financieros provenientes del contrato de trabajo, que por ley no tenga un beneficiario distinto, adeudados a la persona trabajadora fallecida. Igual regla se aplicarÃ¡ a los montos adeudados a las personas pensionadas o jubiladas fallecidas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 549.-Â El proceso puede ser promovido por cualquiera que tenga interÃ©s, ante el juzgado de trabajo competente. La solicitud deberÃ¡ contener:

1)Â El nombre de la persona fallecida y el de la parte empleadora o de la instituciÃ³n o dependencia deudora de los extremos a distribuir.

2)Â El nombre de las posibles personas beneficiarias de la distribuciÃ³n, de conformidad con lo dispuesto en el artÃculo 85 de este CÃ³digo, asÃ como la direcciÃ³n de estas. DeberÃ¡ indicarse quiÃ©nes son menores de edad o incapaces.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 550.-Â Presentada en forma la solicitud, se abrirÃ¡ de inmediato el procedimiento y se dispondrÃ¡:

1)Â La publicaciÃ³n de un edicto en el BoletÃn Judicial, en el cual se citarÃ¡ y emplazarÃ¡ por ocho dÃas hÃ¡biles a toda persona que considere tener interÃ©s en la distribuciÃ³n, para que se apersone a hacer valer sus derechos.

2)Â La notificaciÃ³n a las personas interesadas indicadas en la solicitud inicial.

3)Â Una orden a la persona o instituciÃ³n obligada al pago, de que si no hubiera consignado las prestaciones a distribuir las deposite en la cuenta bancaria del despacho, dentro de los cinco dÃas naturales siguientes.

4)Â Si hay menores de edad interesados, la notificaciÃ³n al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), instituciÃ³n que asumirÃ¡ la tutela de sus intereses en el caso de que estÃ©n en opuesto interÃ©s con algÃºn interesado que ejerza su representaciÃ³n legal.

5)Â Si hubiera inhÃ¡biles interesados, no sujetos a curatela, se les nombrarÃ¡ como representante ad hoc a un profesional en derecho de asistencia social.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 551.-Â Transcurrido el tÃ©rmino del emplazamiento, se harÃ¡ de inmediato la declaratoria de las personas a quienes corresponde como sucesoras el patrimonio a distribuir y se dispondrÃ¡ la adjudicaciÃ³n y entrega de la forma establecida en la ley.

Si surgiera contenciÃ³n sobre el derecho de participaciÃ³n, la cuestiÃ³n se dirimirÃ¡ en el mismo expediente, aunque involucre la aplicaciÃ³n de normas e institutos propios del derecho de familia. El escrito de demanda de mejor derecho o de oposiciÃ³n deberÃ¡ reunir los requisitos de la demanda ordinaria, inclusive el que se refiere al ofrecimiento de las pruebas. FigurarÃ¡n como contradictoras las personas cuyo derecho se pretende afectar, a quienes se trasladarÃ¡ la demanda por cinco dÃas. El conflicto se juzgarÃ¡ sumariamente en audiencia oral y se deberÃ¡ dictar la sentencia en la misma forma prevista para el proceso ordinario.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 552.-Â Quienes tengan interÃ©s en la distribuciÃ³n no estÃ¡n legitimados para gestionar o demandar en otras vÃas el pago directo de las prestaciones a distribuir, pero sÃ para que se depositen judicialmente a la orden del juzgado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N IV

Autorizaciones

ArtÃculo 553.-Â Cuando de acuerdo con la ley se requiera la autorizaciÃ³n de un Ã³rgano jurisdiccional para llevar a cabo un determinado acto, la parte interesada lo solicitarÃ¡ por escrito y cumplirÃ¡ en lo que resulte pertinente los requisitos de la demanda.

Respecto de la solicitud, se darÃ¡ traslado por tres dÃas a quien se pretenda afectar con el acto, en la misma forma prevista para la demanda. Si no fuera del caso la evacuaciÃ³n de pruebas testimonial o tÃ©cnica, se dictarÃ¡ sentencia dentro de los cinco dÃas siguientes al recibido de la contestaciÃ³n o del plazo para contestar cuando no se hubiera respondido el emplazamiento. De lo contrario, se convocarÃ¡ a audiencia y al respecto se deberÃ¡ estar dispuesto para esta actividad.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N V

Procedimiento para la restituciÃ³n de trabajadores que sufrieron

riesgos de trabajo y reinstalaciÃ³n de origen legal

ArtÃculo 554.-Â Las personas trabajadoras que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artÃculo 254 de este CÃ³digo podrÃ¡n solicitar al juzgado de trabajo competente la reposiciÃ³n al puesto de trabajo, su reubicaciÃ³n o el pago de las prestaciones legales correspondientes, segÃºn proceda.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 555.-Â El escrito inicial deberÃ¡ cumplir los requisitos bÃ¡sicos de toda demanda y con Ã©l deberÃ¡ acompaÃ±arse u ofrecerse la prueba relativa a la relaciÃ³n de empleo, la orden de alta expedida por el ente asegurador y la copia del dictamen mÃ©dico en el que se especifique claramente la situaciÃ³n real de la persona en cuanto a su estado de salud y el medio que se recomiende para Ã©l, segÃºn su capacidad laboral.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 556.-Â Presentada en debida forma la solicitud, de inmediato se le ordenarÃ¡ a la parte empleadora, de acuerdo con la prestaciÃ³n deducida, reponer a la persona a su puesto de trabajo, reubicarlo en los tÃ©rminos de la recomendaciÃ³n mÃ©dica o pagarle las prestaciones legales, lo que deberÃ¡ hacer dentro del tÃ©rmino de ocho dÃas. En la misma resoluciÃ³n se advertirÃ¡ a esa parte que dentro de ese mismo lapso puede objetar la pretensiÃ³n y ofrecer, en tal caso, las pruebas que sean de su interÃ©s.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 557.-Â Si dentro del plazo indicado no mediara oposiciÃ³n, se tendrÃ¡ por firme lo ordenado y serÃ¡ ejecutable en la vÃa de ejecuciÃ³n sentencia, y concluirÃ¡ de ese modo el proceso. En el supuesto contrario, una vez contestado el traslado, el juzgado resolverÃ¡ lo que corresponda dentro de los tres dÃas siguientes, salvo que deba recabarse alguna probanza, pues entonces la cuestiÃ³n se substanciarÃ¡ en audiencia oral que deberÃ¡ programarse como mÃ¡ximo treinta dÃas despuÃ©s de la contestaciÃ³n y el juzgado podrÃ¡ disponer en la sentencia que se dicte la reinstalaciÃ³n, la reubicaciÃ³n o el pago de prestaciones, segÃºn proceda de acuerdo con la situaciÃ³n de hecho comprobada.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 558.-Â Si habiendo mediado oposiciÃ³n de la parte empleadora a la solicitud de reinstalaciÃ³n o reubicaciÃ³n y alguna de estas se considera procedente en sentencia, esa parte deberÃ¡ pagarle a la persona trabajadora salarios caÃdos completos desde el dÃa en que cesÃ³ la incapacidad y, a tÃtulo de daÃ±os y perjuicios y como indemnizaciÃ³n fija, un mes de salario adicional.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 559.-Â Las personas discapacitadas legitimadas para solicitar reinstalaciÃ³n a sus puestos de trabajo, conforme lo que establece la Ley N.Âº 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su reglamento, las indicadas en el inciso a) del artÃculo 392 de este CÃ³digo, y cualesquiera otras personas que gocen de estabilidad en el empleo por norma especial, instrumento colectivo o resoluciÃ³n administrativa que asÃ lo declare, podrÃ¡n ejercer sus derechos en este procedimiento especial. Al respecto se aplicarÃ¡n las normas anteriores, en lo que resulte pertinente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO OCTAVO

La sentencia: formalidades, repercusiones econÃ³micas y efectos

SECCIÃ“N I

Formalidades de la sentencia

ArtÃculo 560.-Â La sentencia se dictarÃ¡ y tendrÃ¡ como lÃmites los actos de proposiciÃ³n de las partes y lo fijado en la fase preliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean permitidas por la ley.

ContendrÃ¡ un preÃ¡mbulo, una parte considerativa y una dispositiva. En el preÃ¡mbulo se indicarÃ¡ la clase de proceso, el nombre de las partes y sus abogados o abogadas.

En la considerativa se consignarÃ¡ una sÃntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. Luego se enunciarÃ¡n de forma clara, precisa y ordenada cronolÃ³gicamente los hechos probados y no probados de importancia para resolver, con indicaciÃ³n de los medios de prueba en que se apoya la conclusiÃ³n y las razones que la amparan y los criterios de valoraciÃ³n empleados, para cuyo efecto deberÃ¡ dejarse constancia del anÃ¡lisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicaciÃ³n detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. Finalmente, en pÃ¡rrafos separados, para cada caso se darÃ¡n las razones de hecho, jurÃdicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastantearÃ¡ la procedencia o improcedencia de las proposiciones, lo cual se harÃ¡ en pÃ¡rrafos separados, por temas. Es indispensable citar las normas jurÃdicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas.

En la parte dispositiva se pronunciarÃ¡ el fallo y se indicarÃ¡n en forma expresa y separada, en tÃ©rminos dispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisiÃ³n correspondiente a las excepciones opuestas y se dispondrÃ¡ lo procedente sobre las costas del proceso.

Las sentencias de segunda instancia y de casaciÃ³n contendrÃ¡n un breve resumen de los aspectos debatidos en la resoluciÃ³n que se combate, los alegatos del recurso, un anÃ¡lisis de las cuestiones de hecho y de derecho propuestas y la resoluciÃ³n correspondiente, de la forma prevista en este mismo CÃ³digo.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 561.-Â Queda prohibido declarar en sentencia la procedencia de algÃºn extremo, condicionÃ¡ndolo a la demostraciÃ³n posterior del supuesto de hecho que lo ampara.

El juzgado podrÃ¡ establecer que la sentencia serÃ¡ ineficaz o decretar posteriormente esa ineficacia, en la parte de la condena cubierta o satisfecha con anterioridad a su dictado, si ello llega a demostrarse.

En todo pronunciamiento sobre extremos econÃ³micos o resolubles en dinero deberÃ¡ establecerse de una vez el monto exacto de las cantidades, incluido el monto de las costas, de los intereses y adecuaciones que correspondan hasta ese momento. Solo excepcionalmente, cuando no se cuente en el momento del fallo con los datos necesarios para hacer la fijaciÃ³n, podrÃ¡ hacerse una condena en abstracto, y se indicarÃ¡n las bases para hacer la liquidaciÃ³n posteriormente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Costas

ArtÃculo 562.-Â En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por litispendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacciÃ³n extraprocesal o deserciÃ³n, se condenarÃ¡ al vencido, a quien ha satisfecho el derecho o a la parte sancionada con la finalizaciÃ³n del asunto, al pago de las costas personales y procesales causadas.

Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas, las personales no podrÃ¡n ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe lÃquido de la condenatoria o de la absoluciÃ³n, en su caso.

En los demÃ¡s supuestos, asÃ como cuando el proceso no fuera susceptible de estimaciÃ³n pecuniaria, la fijaciÃ³n se harÃ¡ prudencialmente.

Para hacer la fijaciÃ³n del porcentaje o del monto prudencial se tomarÃ¡n en cuenta la labor realizada, la cuantÃa de la cosa litigada y la posiciÃ³n econÃ³mica del actor y demandado.

En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia econÃ³mica se harÃ¡ la fijaciÃ³n con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado econÃ³mico, podrÃ¡ agregarse al monto fijado, segÃºn criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado econÃ³mico fuera intrascendente se harÃ¡ la fijaciÃ³n de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 563.-Â No obstante, se podrÃ¡ eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando:

1)Â Se haya litigado con evidente buena fe.

2)Â Las proposiciones hayan prosperado parcialmente.

3)Â Cuando haya habido vencimiento recÃproco.

La exoneraciÃ³n debe ser siempre razonada.

No podrÃ¡ considerarse de buena fe a la parte que negÃ³ pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debiÃ³ aceptarlas, no asistiÃ³ a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreciÃ³ ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados.

La exoneraciÃ³n de costas serÃ¡ imperativa, si alguna norma especial asÃ lo dispone.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 564.-Â El contrato de cuotaÂ litisÂ en materia laboral se regirÃ¡ por las disposiciones del procedimiento civil. Sin embargo, tratÃ¡ndose de la parte trabajadora, los honorarios que deba pagar a su abogado o abogada no podrÃ¡n ser superiores en ningÃºn caso al veinticinco por ciento (25%) del beneficio econÃ³mico que se adquiera en la sentencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N III

Intereses, adecuaciÃ³n y salarios caÃdos

ArtÃculo 565.-Â Toda sentencia de condena a pagar una obligaciÃ³n dineraria implicarÃ¡ para el deudor, salvo decisiÃ³n o pacto en contrario, aunque no se diga expresamente:

1.-Â La obligaciÃ³n de cancelar intereses sobre el principal, al tipo fijado en la Ley N.Â° 3284, CÃ³digo de Comercio, de 30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto cuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a tÃtulo de daÃ±os y perjuicios, el devengo de intereses se iniciarÃ¡ desde la firmeza de la sentencia. Para las obligaciones en moneda extranjera, se estarÃ¡ a lo dispuesto en ese mismo CÃ³digo para las obligaciones en dÃ³lares de los Estados Unidos de AmÃ©rica.

2.-Â La obligaciÃ³n de adecuar los extremos econÃ³micos principales, actualizÃ¡ndolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el Ãndice de precios para los consumidores del Ãrea Metropolitana que lleve el Ã³rgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentaciÃ³n de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.

El cÃ¡lculo de intereses se harÃ¡ sobre los montos condenados o resultantes despuÃ©s de su liquidaciÃ³n, antes de ser llevados a valor presente, y luego se harÃ¡ la adecuaciÃ³n indicada en el Ãºltimo pÃ¡rrafo, Ãºnicamente sobre los extremos principales.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 566.-Â En toda sentencia que disponga la reinstalaciÃ³n con salarios caÃdos, el pago de estos no podrÃ¡ ser superior al importe de veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al momento de la firmeza del fallo, salvo disposiciÃ³n especial que establezca otra cosa, sin que en ningÃºn momento pueda ser inferior al mÃnimo legal. Esta fijaciÃ³n no admite adecuaciones o indexaciones.

TambiÃ©n, la parte demandada deberÃ¡ cubrirle a la victoriosa, desde la firmeza de la sentencia, el salario que le corresponda de acuerdo con el contrato de trabajo y los derechos derivados de la antigÃ¼edad acumulada, en la cual se incluirÃ¡ el lapso comprendido entre el despido y dicha firmeza, y en el futuro el cumplimiento de las obligaciones salariales ordinarias y extraordinarias deberÃ¡ ajustarse a las prestaciones correspondientes a una relaciÃ³n inalterada. Igual regla se aplicarÃ¡ al disfrute de vacaciones y cualquier otro derecho derivado del contrato de trabajo o de la ley.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 567.-Â Cuando en sentencia firme se condene a la parte demandada a pagar salarios adeudados, ademÃ¡s del pago al trabajador del salario que le corresponda, de acuerdo con el contrato de trabajo y a los derechos derivados de la antigÃ¼edad acumulada, deberÃ¡ pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) las cuotas obrero-patronales y demÃ¡s obligaciones adeudadas a la seguridad social correspondientes al perÃodo laborado, aun cuando dicha instituciÃ³n no haya sido parte en el proceso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 568.-Â El pago de los salarios caÃdos solo serÃ¡ procedente cuando no exista impedimento legal en virtud de haber ocupado la persona un cargo que lo impida. En tal caso solo procederÃ¡ la diferencia, si el salario que hubiera estado recibiendo fuera inferior.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N IV

Efectos

ArtÃculo 569.-Â Las sentencias del ordinario laboral, incluidas las anticipadas y las dictadas en los procesos especiales sobre seguridad social, protecciÃ³n de fueros especiales, restituciÃ³n o reubicaciÃ³n de trabajadores o trabajadoras en caso de riesgo de trabajo, asÃ como en contenciones surgidas en el proceso de distribuciÃ³n de prestaciones de personas fallecidas regulado en este CÃ³digo, producirÃ¡n los efectos de la cosa juzgada material. Las demÃ¡s sentencias, salvo disposiciÃ³n en contrario en la ley, producirÃ¡n Ãºnicamente cosa juzgada formal.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO NOVENO

Disposiciones sobre las formas anormales

de la terminaciÃ³n del proceso

ArtÃculo 570.-Â Salvo disposiciÃ³n especial en contrario, el desistimiento, la renuncia del derecho, la deserciÃ³n, la satisfacciÃ³n extraprocesal, la transacciÃ³n y los acuerdos conciliatorios le pondrÃ¡n tambiÃ©n tÃ©rmino al proceso. Es aplicable lo que dispone al respecto la legislaciÃ³n procesal civil, con las siguientes modificaciones:

1.-Â La renuncia, la transacciÃ³n y la conciliaciÃ³n solo se considerarÃ¡n vÃ¡lidas y eficaces cuando se refieran a derechos disponibles.

2.-Â La transacciÃ³n y conciliaciÃ³n deben ser homologadas y el pronunciamiento respectivo tiene el carÃ¡cter de sentencia, con autoridad de cosa juzgada material, y admite el recurso previsto para ese tipo de resoluciones. Una vez firme serÃ¡ ejecutable del mismo modo que las sentencias.

3.-Â La deserciÃ³n es procedente a solicitud de parte en los asuntos contenciosos en que haya embargo de bienes o alguna otra medida precautoria con efectos perjudiciales de naturaleza patrimonial para el demandado, siempre y cuando el abandono se deba a omisiÃ³n del actor en el cumplimiento de algÃºn requisito o acto, sin el cual el proceso no puede continuar. TambiÃ©n, procederÃ¡ cuando no se produzcan esos efectos perjudiciales para el demandado, aun de oficio, cuando el proceso, una vez trabada laÂ litis, no pueda continuar por culpa de la parte.

4.-Â La satisfacciÃ³n extraprocesal podrÃ¡ apreciarse de oficio o a solicitud de parte. Si posteriormente se revocara o de cualquier forma se afectara el acto de reconocimiento, la parte interesada podrÃ¡ gestionar la reanudaciÃ³n del proceso a partir de la etapa en que se hallaba, sin necesidad de ninguna gestiÃ³n administrativa previa en el caso de las administraciones pÃºblicas. Si la demanda llegara a prosperar, la condenatoria a la parte demandada al pago de las costas serÃ¡ imperativa.

En todos estos casos, excepto en los acuerdos conciliatorios, la terminaciÃ³n del proceso se acordarÃ¡ oyendo previamente por tres dÃas a la parte contraria.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO DÃ‰CIMO

Procedimiento de ejecuciÃ³n

ArtÃculo 571.-Â Las sentencias firmes, las transacciones o los acuerdos conciliatorios y cualquier pronunciamiento ejecutorio serÃ¡n ejecutados por el mismo tribunal que conociÃ³ del proceso, o por un juzgado especializado para el trÃ¡mite de ejecuciones creado por la Corte Suprema de Justicia, segÃºn disposiciones de atribuciÃ³n de competencia que establezca.

Las decisiones concretas o especÃficas, para cuyo cumplimiento no se requiere ninguna actividad adicional de fijaciÃ³n de alcances, serÃ¡n ejecutadas inmediatamente despuÃ©s de la firmeza del pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte, verbal o escrita.

Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa juzgada se ejecutarÃ¡n por medio de este procedimiento.

Cuando se haya reservado la fijaciÃ³n de montos para la fase de ejecuciÃ³n de la sentencia, y en cualquier otro supuesto de liquidaciÃ³n de sumas de dinero, la parte interesada deberÃ¡ presentar la tasaciÃ³n o liquidaciÃ³n correspondiente, con respeto de las bases establecidas en el fallo o acuerdo y con la sustentaciÃ³n de las pruebas que fueran estrictamente necesarias. La gestiÃ³n serÃ¡ trasladada a la parte contraria por tres dÃas, dentro de los cuales podrÃ¡ glosar cada uno de los extremos liquidados y hacer las objeciones y el ofrecimiento de las pruebas que estime pertinentes. Si fuera necesario evacuar probanzas periciales o declaraciones, se estarÃ¡ a lo dispuesto para el proceso ordinario y la cuestiÃ³n se substanciarÃ¡ sumariamente en una audiencia; en ese caso, se deberÃ¡ dictar la sentencia en la misma audiencia o a mÃ¡s tardar dentro del plazo seÃ±alado para el procedimiento ordinario, bajo pena de nulidad de la audiencia, si ese plazo es incumplido. En el caso contrario, evacuado el traslado, se dictarÃ¡ sentencia dentro del tÃ©rmino de ocho dÃas, despuÃ©s de presentada la contestaciÃ³n.

Cuando sea necesario determinar aspectos tÃ©cnicos se acudirÃ¡ a peritos oficiales y, de no haberlos en el ramo de interÃ©s, se designarÃ¡n a costa del Estado.

Cuando en virtud de sentencia firme se declare el incumplimiento de una convenciÃ³n colectiva, en la etapa de ejecuciÃ³n de sentencia, el sindicato accionante deberÃ¡ presentar la correspondiente liquidaciÃ³n, incluyendo la liquidaciÃ³n de los daÃ±os y perjuicios causados a los trabajadores singularmente afectados.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 572.-Â El cumplimiento patrimonial forzoso se llevarÃ¡ a cabo de acuerdo con las disposiciones de la legislaciÃ³n procesal civil, o de las disposiciones del proceso contencioso-administrativo en el caso de ejecuciones contra el Estado o sus instituciones.

La prÃ¡ctica material del embargo, cuando sea necesaria, la realizarÃ¡ con carÃ¡cter de oficial pÃºblico y como parte de sus tareas o funciones, sin cobro alguno de honorarios, un asistente judicial del despacho.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 573.-Â La parte demandada tendrÃ¡ obligaciÃ³n de ejecutar la sentencia o resoluciÃ³n interlocutoria que ordene la reinstalaciÃ³n de una persona trabajadora a su puesto, de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, readmitiÃ©ndola y restituyÃ©ndola en todos los derechos adquiridos y demÃ¡s extremos que resulten de la sentencia o resoluciÃ³n o del ordenamiento.

En el caso de que se haya dado una reestructuraciÃ³n de plazas, cuando fuera imposible reinstalar en el mismo puesto al victorioso, el patrono deberÃ¡ poner a disposiciÃ³n del trabajador la oportunidad de escoger otro puesto de similar clasificaciÃ³n e idÃ©ntico salario al que tenÃa antes del despido, segÃºn las opciones de que organizacionalmente disponga el patrono en ese momento. En caso de imposibilidad, deberÃ¡ proceder al pago de salarios caÃdos, de los daÃ±os y perjuicios y de los demÃ¡s derechos laborales segÃºn la ley. Si la persona trabajadora a reinstalar goza de un fuero especial de protecciÃ³n, no procederÃ¡ el alegato de imposibilidad, por lo que deberÃ¡ aplicarse lo dispuesto en el artÃculo 576.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 574.-Â Si la reinstalaciÃ³n no se pudiera realizar por obstÃ¡culo de la parte patronal o si la parte interesada asÃ lo prefiriera, podrÃ¡ presentarse al respectivo centro de trabajo dentro de los ocho dÃas siguientes a la notificaciÃ³n de la sentencia o resoluciÃ³n a reasumir sus labores, en compaÃ±Ãa de un notario pÃºblico o de la autoridad administrativa de trabajo de la jurisdicciÃ³n, o bien, solicitar al juzgado, en forma escrita o verbal, la presencia del asistente judicial del despacho. Las autoridades administrativas y judiciales deberÃ¡n actuar de forma inmediata, dejando de lado cualquier otra ocupaciÃ³n. El incumplimiento de este deber se considerarÃ¡ falta grave para efectos disciplinarios. En todos los casos se levantarÃ¡ acta y se dejarÃ¡ constancia de lo sucedido.

Solo en casos muy calificados, cuando el centro de trabajo se encuentre en lugares alejados y de difÃcil acceso, se comisionarÃ¡ a la autoridad de policÃa para que constate la presentaciÃ³n, en cuyo caso deberÃ¡ instruÃrsele acerca de la forma de levantar el acta. La autoridad judicial dispondrÃ¡ cualquier otra medida que juzgue razonable para la ejecuciÃ³n de lo dispuesto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 575.-Â La parte trabajadora podrÃ¡ solicitar la postergaciÃ³n de la reinstalaciÃ³n, si ello fuera necesario para permitir el preaviso de la conclusiÃ³n de otra relaciÃ³n laboral contraÃda, caso en el cual se indicarÃ¡ al juzgado el dÃa que reasumirÃ¡ sus funciones, lo que no podrÃ¡ exceder de un mes y quince dÃas a partir de la notificaciÃ³n de la sentencia o resoluciÃ³n que ordene la reinstalaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 576.-Â La obligaciÃ³n de pagar los salarios caÃdos se mantendrÃ¡ por todo el tiempo que la reinstalaciÃ³n no se cumpla por culpa de la parte empleadora. En este caso deberÃ¡n pagarse, ademÃ¡s, los daÃ±os y perjuicios que se causen con el incumplimiento.

El juzgado ordenarÃ¡ que la persona trabajadora no reinstalada continÃºe percibiendo su salario con la misma periodicidad y cuantÃa que tenÃa antes del despido, con los incrementos salariales que se produzcan hasta la fecha de reinstalaciÃ³n en debida forma. Para tal fin, el Ã³rgano jurisdiccional despacharÃ¡ ejecuciÃ³n, en tantas ocasiones como fuera necesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, y se harÃ¡n efectivas a la parte acreedora, del producto de la ejecuciÃ³n, las retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la reinstalaciÃ³n en forma regular, acuerde la devoluciÃ³n al empleador o empleadora del saldo existente en ese momento.

La parte trabajadora podrÃ¡ optar, dentro de ese mismo lapso de ocho dÃas, por la no reinstalaciÃ³n, a cambio, ademÃ¡s de las otras prestaciones concedidas en la sentencia, del pago del preaviso y la cesantÃa que le correspondan por todo el tiempo laborado, incluido el transcurrido hasta la firmeza de la sentencia, solo si lo hace saber asÃ al Ã³rgano dentro de los ocho dÃas posteriores a la firmeza de la sentencia.

Si la parte trabajadora no se presenta dentro del expresado lapso de ocho dÃas, sin justa causa, y tampoco ejerce la opciÃ³n indicada en el pÃ¡rrafo anterior, la respectiva resoluciÃ³n judicial se tornarÃ¡ ineficaz en cuanto al pago de salarios caÃdos a partir de la firmeza de la sentencia o resoluciÃ³n. En este caso, asÃ como en el de la postergaciÃ³n, si el derecho a la reinstalaciÃ³n no se ejerce dentro del mes y quince dÃas posteriores a esa firmeza, devendrÃ¡ tambiÃ©n en ineficaz.

Si la parte trabajadora se viera imposibilitada de manera absoluta para reinstalarse, por un hecho ajeno a su voluntad, los salarios caÃdos se limitarÃ¡n a la fecha del eventoÂ imposibilitante, salvo que el hecho fuera el resultado de un riesgo o enfermedad de trabajo o de una incapacidad mÃ©dica, supuestos en los cuales se tendrÃ¡ por operada la reinstalaciÃ³n para todo efecto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 577.-Â La negativa a la reinstalaciÃ³n serÃ¡ sancionada con la multa establecida en el inciso 6) del artÃculo 398. En el caso de servidores pÃºblicos, la negativa constituirÃ¡ falta grave, justificativa del despido o remociÃ³n del funcionario que incumpliÃ³ la orden.

TratÃ¡ndose de representantes de las personas trabajadoras que no hayan sido reinstaladas, se ordenarÃ¡ al empleador o empleadora abstenerse de limitar la labor de representaciÃ³n que venÃa desarrollando en el seno de la empresa, asÃ como todas sus funciones protegidas por la legislaciÃ³n nacional y se advertirÃ¡ al empleador o empleadora que, de impedir u oponer algÃºn obstÃ¡culo a dicho ejercicio, su conducta, ademÃ¡s de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, darÃ¡ derecho a la declaratoria de huelga legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para tal efecto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO UNDÃ‰CIMO

CorrecciÃ³n y medios de impugnaciÃ³n de las resoluciones

SECCIÃ“N I

AdiciÃ³n, aclaraciÃ³n y correcciones

ArtÃculo 578.-Â Las sentencias, cualquiera que sea su naturaleza, pueden corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a solicitud de parte. La correcciÃ³n de oficio podrÃ¡ hacerse en cualquier momento, pero antes de la notificaciÃ³n del pronunciamiento a las partes. La solicitud de la parte deberÃ¡ hacerse dentro de los tres dÃas siguientes a esa notificaciÃ³n.

La adiciÃ³n y aclaraciÃ³n se limitarÃ¡ a las omisiones u oscuridades de la parte dispositiva de la sentencia y a las contradicciones que puedan existir entre la parte considerativa y la dispositiva. El tÃ©rmino para interponer el recurso que proceda quedarÃ¡ interrumpido y comenzarÃ¡ a correr de nuevo con la notificaciÃ³n del pronunciamiento que recaiga.

Las demÃ¡s resoluciones escritas pueden tambiÃ©n ser aclaradas o adicionadas de oficio antes de su notificaciÃ³n y las partes pueden pedir adiciones, aclaraciones o correcciones dentro del indicado tÃ©rmino de tres dÃas. En estos casos, la valoraciÃ³n de la solicitud queda a discreciÃ³n del Ã³rgano y la presentaciÃ³n no interrumpe los plazos concedidos en la resoluciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 579.-Â Los errores materiales y las imperfecciones resultantes en el devenir del proceso que no impliquen nulidad podrÃ¡n ser corregidos en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario para orientar el curso normal del procedimiento o ejecutar el respectivo pronunciamiento y que la correcciÃ³n no implique una modificaciÃ³n substancial de lo ya resuelto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Medios de impugnaciÃ³n y oportunidad para alegarlos

ArtÃculo 580.-Â Contra las providencias escritas no cabrÃ¡ recurso alguno, pero el Ã³rgano podrÃ¡ dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de los tres dÃas siguientes a la notificaciÃ³n, de oficio o en virtud de observaciones de las partes. Si estas se juzgaran improcedentes, serÃ¡ necesario dictar resoluciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 581.-Â Los autos escritos admiten el recurso de revocatoria, cuyo plazo de presentaciÃ³n se fija en tres dÃas. Con igual tÃ©rmino contarÃ¡ el Ã³rgano para resolver el recurso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 582.-Â Las observaciones de las partes a las providencias adoptadas en las audiencias y la solicitud de revocatoria de los autos dictados en esa misma actividad procesal deberÃ¡n hacerse de forma oral e inmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior, y el Ã³rgano las resolverÃ¡ y comunicarÃ¡ en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario suspender la audiencia para el estudio de la cuestiÃ³n, segÃºn quedÃ³ dispuesto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 583.-Â AdemÃ¡s de los pronunciamientos expresamente seÃ±alados por este CÃ³digo, Ãºnicamente son apelables las resoluciones que:

1)Â Declaren con lugar las excepciones previas de incompetencia por razÃ³n del territorio, litispendencia, improcedencia del proceso elegido y falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia de la representaciÃ³n.

2)Â Resuelvan sobre las excepciones de incompetencia por la materia.

3)Â Denieguen o rechacen pruebas.

4)Â Desestimen las pretensiones de nulidad deducidas antes de la sentencia, inclusive durante la audiencia.

5)Â Resuelvan los procedimientos incidentales, incluidos los autÃ³nomos, como las tercerÃas, y los de nulidad cuando el vicio debe ser alegado en esa vÃa.

6)Â Acuerden la intervenciÃ³n en el proceso de sucesores procesales, de sustitutos procesales o de terceros.

7)Â Le pongan tÃ©rmino al proceso mediante soluciÃ³n normal o anormal, excepto cuando la ley le acuerde eficacia de cosa juzgada material al pronunciamiento.

8)Â Emitan el pronunciamiento final en la ejecuciÃ³n de la sentencia.

9)Â Aprueben el remate y ordenen su ejecuciÃ³n.

10)Â Denieguen, revoquen o dispongan la cancelaciÃ³n de medidas cautelares o anticipadas.

11)Â Ordenen la suspensiÃ³n, inadmisibilidad, improcedencia y archivo del proceso.

12)Â Denieguen el procedimiento elegido por la parte.

13)Â Resuelvan de forma no contenciosa sobre la adjudicaciÃ³n de las prestaciones de personas fallecidas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 584.-Â Las apelaciones contra las resoluciones interlocutorias escritas se formularÃ¡n de esa misma manera ante el Ã³rgano que dictÃ³ el pronunciamiento, dentro de tres dÃas, y las que procedan contra las orales dictadas en audiencia deberÃ¡n interponerse en el mismo acto de la notificaciÃ³n y deberÃ¡ dejarse constancia de su interposiciÃ³n y motivaciÃ³n en el acta.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 585.-Â Las apelaciones admisibles contra autos y sentencias interlocutorias, que impidan el curso del procedimiento, se tramitarÃ¡n de forma inmediata. Cuando versen sobre autos denegatorios de prueba o resoluciones producidas en la audiencia cuyo efecto directo no sea el de la paralizaciÃ³n o terminaciÃ³n del proceso, la interposiciÃ³n del recurso no impedirÃ¡ la continuaciÃ³n de la actividad y el dictado de la sentencia, y se tendrÃ¡ por interpuesto con efectos diferidos y condicionado a que el pronunciamiento final sea recurrido de forma legal y oportuna. En tal caso, la apelaciÃ³n solo se tomarÃ¡ en cuenta si:

1)Â El punto objeto de la impugnaciÃ³n trasciende al resultado de la sentencia y la parte que interpuso la apelaciÃ³n figure como recurrente de la sentencia y reitere en su recurso aquella apelaciÃ³n.

2)Â La sentencia admite el recurso de casaciÃ³n, el motivo de disconformidad pueda ser parte o constituya uno de los vicios deducibles como motivos de casaciÃ³n.

3)Â La parte que lo interpuso no figure como impugnante por haber resultado victoriosa y con motivo de la procedencia del recurso de cualquier otro litigante la objeciÃ³n recobre interÃ©s. En ese supuesto, se le tendrÃ¡ como apelaciÃ³n eventual.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 586.-Â Procede el recurso para ante el Ã³rgano de casaciÃ³n contra la sentencia del proceso ordinario y tambiÃ©n, salvo disposiciÃ³n expresa en contrario, contra los demÃ¡s pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material, por razones procesales y sustantivas, siempre y cuando en el proceso en que se dicten sea inestimable o, en caso contrario, de una cuantÃa determinada exclusivamente por el valor de las pretensiones no accesorias, que sea superior al monto fijado por la Corte Suprema de Justicia para la procedencia del recurso de casaciÃ³n, segÃºn la competencia otorgada al efecto por la Ley N.Â° 7333, Ley OrgÃ¡nica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. En los demÃ¡s casos, asÃ como en los procesos por riesgos de trabajo, cualquiera sea su cuantÃa, la sentencia admite Ãºnicamente el recurso de apelaciÃ³n para ante el tribunal de apelaciones competente.

Los recursos de casaciÃ³n y de apelaciÃ³n deberÃ¡n ser presentados ante el juzgado; el primero dentro de diez dÃas y el segundo dentro de tres dÃas, a partir de la notificaciÃ³n de la sentencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 587.-Â Por razones procesales serÃ¡ admisible cuando se invoque:

1.-Â Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamaciÃ³n se haya desestimado.

2.-Â Incongruencia de la sentencia u oscuridad absoluta de esta Ãºltima parte. En los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trÃ¡mite de la adiciÃ³n o aclaraciÃ³n.

3.-Â Falta de determinaciÃ³n, clara y precisa, de los hechos acreditados por el juzgado.

4.-Â Haberse fundado la sentencia en medios probatorios ilegÃtimos o introducidos ilegalmente al proceso.

5.-Â Falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia.

6.-Â Haberse dictado la sentencia con inobservancia de las reglas establecidas en el pÃ¡rrafo tercero del artÃculo 537.

(AsÃ reformado el inciso anterior por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 9884 del 20 de agosto del 2020)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 588.-Â PodrÃ¡ alegarse, como base del recurso de casaciÃ³n por el fondo, toda violaciÃ³n sustancial del ordenamiento jurÃdico, tanto la directa como la resultante de una incorrecta o ilegÃtima aplicaciÃ³n del rÃ©gimen probatorio. El Ã³rgano de casaciÃ³n tambiÃ©n podrÃ¡ hacer una valoraciÃ³n de las pruebas de forma integral; para ello, la audiencia debe ser grabada en audio y/o video.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 589.-Â No podrÃ¡n ser objeto de apelaciÃ³n o casaciÃ³n cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes y la sentencia que se dicte no podrÃ¡ abrazar otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del Ã³rgano.

Se prohÃbe la reforma en perjuicio.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N III

Formalidades y trÃ¡mite de los recursos de apelaciÃ³n y casaciÃ³n

ArtÃculo 590.-Â El escrito en que se interponga el recurso de apelaciÃ³n deberÃ¡ contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interÃ©s.

El de casaciÃ³n deberÃ¡ puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurÃdico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero se harÃ¡n las reclamaciones formales y despuÃ©s las sustanciales.

En ningÃºn caso serÃ¡ necesario citar las normas jurÃdicas que se consideran violadas, pero la reclamaciÃ³n debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores que se puedan cometer en la menciÃ³n de normas no serÃ¡n motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso.

Si hubiera apelaciÃ³n reservada deberÃ¡ mantenerse el agravio respectivo.

Los motivos del recurso no podrÃ¡n modificarse o ampliarse y delimitarÃ¡n el debate a su respecto y la competencia del Ã³rgano de alzada para resolver.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 591.-Â En la apelaciÃ³n no reservada y en la casaciÃ³n, interpuesto el recurso en tiempo, se emplazarÃ¡ a la parte o partes recurridas para que presenten dentro de tres dÃas ante el mismo juzgado la expresiÃ³n de sus agravios en relaciÃ³n con los motivos argumentados. Cuando el Ã³rgano superior se halle ubicado en una circunscripciÃ³n territorial diferente, en la misma resoluciÃ³n prevendrÃ¡ a todas las partes que atienden notificaciones en un lugar determinado y no por un medio electrÃ³nico de comunicaciÃ³n, hacer el respectivo seÃ±alamiento para recibir esas notificaciones en el tribunal que conoce del recurso y les harÃ¡ las advertencias correspondientes, en el caso de que no lo hagan.

El seÃ±alamiento de medios electrÃ³nicos valdrÃ¡ para todas las instancias.

El recurso extemporÃ¡neo serÃ¡ rechazado de plano por el juzgado.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 592.-Â El tribunal se pronunciarÃ¡ sobre la apelaciÃ³n dentro de los quince dÃas posteriores al recibo de los autos.

En primer tÃ©rmino revisarÃ¡ la procedencia formal del recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas y podrÃ¡ acordar nulidades Ãºnicamente en el caso de que los defectos constituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrÃ¡ las correcciones que sean necesarias y conservarÃ¡ todas las actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar.

Enseguida, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, reposiciÃ³n o correcciÃ³n de trÃ¡mites, emitirÃ¡ el pronunciamiento correspondiente a los demÃ¡s agravios del recurso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 593.-Â Recibido el expediente por el Ã³rgano de casaciÃ³n, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad del recurso, se dictarÃ¡ sentencia dentro del mes siguiente. Cuando se ordene alguna prueba documental, una vez recibidas las piezas probatorias, se le darÃ¡ traslado de ellas a la parte interesada por tres dÃas.

En los casos en que sea necesario para la aplicaciÃ³n del principio de inmediaciÃ³n, las pruebas ordenadas se recibirÃ¡n en audiencia oral con citaciÃ³n de las partes. El expresado plazo correrÃ¡ despuÃ©s del traslado o de la audiencia.

Lo dispuesto en esta norma serÃ¡ aplicable en lo pertinente en el trÃ¡mite del recurso de apelaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 594.-Â Ante el Ã³rgano de casaciÃ³n solo podrÃ¡n presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y tÃ©cnicas que puedan ser de influencia decisiva, segÃºn calificaciÃ³n discrecional del Ã³rgano. Las Ãºltimas se evacuarÃ¡n con prontitud y el costo de las peritaciones no oficiales deberÃ¡ cubrirlo la parte que ha solicitado la probanza. Tales probanzas serÃ¡n trasladadas a las partes por tres dÃas.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 595.-Â Al dictarse sentencia se procederÃ¡ de la siguiente manera:

En primer lugar se resolverÃ¡n las cuestiones relativas al procedimiento. Si se considera procedente la nulidad de la sentencia, se puntualizarÃ¡n los vicios o defectos omitidos y se devolverÃ¡ el expediente al tribunal para que, hecha cualquier reposiciÃ³n ordenada, se repita la audiencia y se dicte de nuevo, salvo que la nulidad se alegue desde la primera instancia, por lo que se devolverÃ¡ el expediente al juzgado.

Cuando proceda la nulidad por el fondo, se casarÃ¡ la sentencia, total o parcialmente, y en la misma resoluciÃ³n se fallarÃ¡ el proceso o se resolverÃ¡ sobre la parte anulada, cuando no exista impedimento para suplir la resoluciÃ³n correspondiente con base en lo substanciado.

En el caso contrario se declararÃ¡ sin lugar el recurso y se devolverÃ¡ el expediente al juzgado.

La nulidad de la sentencia solo se decretarÃ¡ cuando no sea posible corregir el error u omisiÃ³n con base en el expediente y con respeto del principio de inmediaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 596.-Â Tanto en el caso de la apelaciÃ³n como en el de casaciÃ³n, si resultara procedente el recurso por el fondo, al emitirse el pronunciamiento que corresponda, deberÃ¡n atenderse las defensas de la parte contraria al recurrente, asÃ como sus impugnaciones reservadas con efectos eventuales, omitidas o preteridas en la resoluciÃ³n recurrida, cuando por haber resultado victoriosa esa parte no hubiera podido interponerlas o reiterarlas en el recurso de casaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 597.-Â Los Ã³rganos de alzada y de casaciÃ³n, al conocer de los agravios esgrimidos en los recursos, se ajustarÃ¡n a la materialidad de los elementos probatorios incorporados al expediente y, racionalmente, a los lÃmites del principio de inmediaciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 598.-Â En cualquier caso en que se anule una sentencia, la audiencia se repetirÃ¡ siempre con la intervenciÃ³n de otra persona como juzgadora.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 599.-Â Los efectos de la apelaciÃ³n, la apelaciÃ³n adhesiva y la apelaciÃ³n por inadmisiÃ³n se regirÃ¡n por lo dispuesto en la legislaciÃ³n procesal civil.

El recurso de casaciÃ³n producirÃ¡ efectos suspensivos.

Las reglas de la apelaciÃ³n por inadmisiÃ³n se aplicarÃ¡n, con la modificaciÃ³n pertinente, al recurso de casaciÃ³n. Contra lo resuelto por el tribunal de apelaciÃ³n o el Ã³rgano de casaciÃ³n no cabe ulterior recurso.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N IV

ArtÃculo 600.-Â CabrÃ¡ el recurso de casaciÃ³n en interÃ©s del ordenamiento jurÃdico, ante la Sala Segunda de la Corte, contra sentencias firmes con autoridad de cosa juzgada material no recurribles para ante el Ã³rgano de casaciÃ³n, cuando se estimen violatorias del ordenamiento jurÃdico.

El recurso podrÃ¡ ser interpuesto, en cualquier momento, por el procurador o la procuradora general de la RepÃºblica, el contralor o la contralora general de la RepÃºblica, el defensor o la defensora de los habitantes o la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por las confederaciones sindicales debidamente inscritas en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por las uniones de cÃ¡maras empresariales que se acrediten ante el proceso. El escrito respectivo deberÃ¡ contener las razones claras y precisas por las cuales se estima que el ordenamiento ha sido violado, asÃ como indicaciÃ³n concreta de las normas jurÃdicas que se consideran quebrantadas. Del recurso se darÃ¡ audiencia a las confederaciones sindicales y a las uniones de cÃ¡maras empresariales, mediante un aviso que se publicarÃ¡ en el BoletÃn Judicial por una Ãºnica vez.

La sentencia que se dicte no afectarÃ¡ situaciones jurÃdicas derivadas de la sentencia recurrida, tampoco afectarÃ¡ situaciones jurÃdicas consolidadas. Cuando sea estimatoria se limitarÃ¡ a fijar la correcta interpretaciÃ³n y aplicaciÃ³n del ordenamiento jurÃdico y deberÃ¡ publicarse en una secciÃ³n especializada del diario oficial La Gaceta, y no implicarÃ¡ responsabilidad para los tribunales que hayan resuelto de manera distinta.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N V

RevisiÃ³n

ArtÃculo 601.-Â Contra las resoluciones de los tribunales de trabajo es procedente la revisiÃ³n, con base en las causales establecidas en la legislaciÃ³n procesal civil, a la cual se ajustarÃ¡ la respectiva tramitaciÃ³n y la audiencia se llevarÃ¡ a cabo, cuando sea necesario reproducirla, de la forma prevista para el supuesto de la nulidad de la sentencia.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO DUODÃ‰CIMO

SoluciÃ³n de los conflictos jurÃdicos, individuales o

colectivos mediante Ã¡rbitros especializados

ArtÃculo 602.-Â PodrÃ¡n someterse a arbitraje todas las controversias jurÃdicas patrimoniales, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposiciÃ³n, y sea posible excluir la jurisdicciÃ³n de los tribunales comunes, derivadas o Ãntimamente vinculadas a la relaciÃ³n de trabajo o empleo, pendientes o no ante dichos tribunales, para cuyo efecto deberÃ¡ suscribirse un compromiso de arbitraje que deberÃ¡ contener, al menos, la descripciÃ³n del diferendo jurÃdico que se somete a arbitraje, las especificaciones a que se refieren los incisos a), c), d), e) y g) del artÃculo 607 de este CÃ³digo, asÃ como declaraciÃ³n expresa de las partes de que el objeto del arbitraje estÃ¡ constituido por derechos que no tienen el carÃ¡cter de indisponibles.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 603.-Â En cualquier caso, serÃ¡ absolutamente nulo el compromiso arbitral establecido en contrato de trabajo individual o en un convenio accesorio a este y que haya sido suscrito como condiciÃ³n para la constituciÃ³n de la relaciÃ³n laboral o para evitar su extinciÃ³n. Asimismo, serÃ¡ absolutamente nulo el compromiso arbitral que verse sobre derechos indisponibles. Se consideran indisponibles, entre otros que resulten de esa naturaleza, segÃºn el ordenamiento, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, de sus familiares y de las demÃ¡s personas que conforme a la legislaciÃ³n civil tienen el carÃ¡cter de herederos, salvo que se trate de prestaciones superiores a las previstas en las disposiciones indicadas, nacidas de acuerdo, de contrato, de los usos o de la costumbre.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 604.-Â Las sentencias arbitrales solo producirÃ¡n efectos vinculantes para las partes si se dictan en el marco de procesos arbitrales seguidos, de acuerdo con la normativa de este capÃtulo. Tales procesos deberÃ¡n tramitarse y fallarse de conformidad con los principios propios del derecho de trabajo, tanto en materia de derecho de fondo, como en cuanto a los principios del derecho procesal, salvo que se trate de relaciones de empleo pÃºblico, pues entonces se aplicarÃ¡n los principios del derecho de trabajo en cuanto sean compatibles con los principios y fuentes del derecho de la funciÃ³n pÃºblica.

Una vez suscrito el compromiso a que se refiere este capÃtulo, el tribunal arbitral serÃ¡ el Ãºnico competente para conocer del respectivo conflicto. La parte legitimada podrÃ¡ formular la excepciÃ³n de litispendencia en el caso de que sea planteada demanda sobre el mismo conflicto ante los tribunales comunes.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 605.-Â El arbitraje deberÃ¡ ser de derecho y el tribunal deberÃ¡ estar integrado, exclusivamente, por profesionales en derecho y resolverÃ¡ las controversias con estricto apego a la ley aplicable.

El tribunal puede ser, a elecciÃ³n de las partes, unipersonal o colegiado y serÃ¡ escogido de una lista de por lo menos veinte personas que mantendrÃ¡ el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso del arbitraje unipersonal, la escogencia la harÃ¡, salvo acuerdo de ambas partes, la autoridad competente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del respectivo centro de arbitraje y, en el caso de tribunal colegiado, cada una de las partes designarÃ¡ de dicha lista a una persona y los dos designados escogerÃ¡n a una tercera, quien presidirÃ¡ el tribunal.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 606.-Â Para ser Ã¡rbitro o Ã¡rbitra deben reunirse los requisitos establecidos en la Ley N.Â° 7727, Ley sobre ResoluciÃ³n Alterna de Conflictos y PromociÃ³n de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas.

La integraciÃ³n de la lista indicada en el artÃculo anterior se harÃ¡ mediante concurso pÃºblico. La designaciÃ³n tendrÃ¡ una vigencia de cinco aÃ±os y los integrantes podrÃ¡n ser excluidos si se niegan injustificadamente a servir en algÃºn caso concreto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 607.-Â La solicitud se presentarÃ¡ directamente ante el Departamento de Relaciones de Trabajo de la DirecciÃ³n de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a la respectiva dependencia regional de este Ministerio, competente por razÃ³n del territorio, que funcionarÃ¡ como centro de arbitraje, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, y contendrÃ¡ lo siguiente:

a)Â El nombre completo, la razÃ³n o la denominaciÃ³n social de las partes, la direcciÃ³n y las demÃ¡s calidades.

b)Â Una relaciÃ³n de los hechos en que se basa la solicitud o el conflicto, especificados en forma separada.

c)Â La peticiÃ³n de que la controversia sea resuelta mediante arbitraje.

d)Â El objeto sobre el cual deberÃ¡n pronunciarse el o los Ã¡rbitros o las Ã¡rbitras que conozcan del asunto.

e)Â La designaciÃ³n de la persona o de las personas que se proponen como Ã¡rbitras.

f)Â Las pruebas de los hechos que de acuerdo con este CÃ³digo le corresponda a la parte acreditar.

g)Â SeÃ±alamiento de oficina o medio para notificaciones.

No es necesario indicar en el compromiso arbitral el derecho aplicable, aunque las partes podrÃ¡n indicar las normas que a su juicio resulten Ãºtiles para la soluciÃ³n del asunto.

Mientras no se cumplan todos esos requisitos, no se le darÃ¡ curso a la solicitud.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 608.-Â Los honorarios de los Ã¡rbitros o las Ã¡rbitras, salvo pacto en contrario, serÃ¡n cubiertos por las partes de forma igualitaria.

La fijaciÃ³n de esos honorarios se regirÃ¡ conforme a la siguiente tabla:

Un siete coma cinco por ciento (7,5%) sobre el primer millÃ³n de colones del monto de la pretensiÃ³n econÃ³mica; un cinco por ciento (5%) sobre los siguientes dos millones de colones; un dos coma cinco por ciento (2,5%) sobre el exceso hasta cinco millones; un uno por ciento (1%) sobre el exceso hasta cincuenta millones de colones y un cero coma cincuenta por ciento (0,50%) sobre el exceso de esa suma.

En los procesos sobre pretensiones no estimables la fijaciÃ³n de los honorarios se harÃ¡ prudencialmente y cuando se acumulen pretensiones estimables y no estimables, la estimaciÃ³n se harÃ¡ tomando en cuenta unas y otras.

La fijaciÃ³n la harÃ¡ la autoridad del respectivo centro de arbitraje antes de darle curso a la solicitud y las partes deberÃ¡n depositar lo que les corresponda dentro de los cinco dÃas siguientes a la notificaciÃ³n.

No obstante lo indicado en el pÃ¡rrafo primero, cuando el Fondo de Apoyo a la SoluciÃ³n Alterna de Conflictos que se crea en esta ley adquiera la solidez necesaria, sus rentas podrÃ¡n destinarse a cubrir los honorarios de los Ã¡rbitros o Ã¡rbitras de las personas trabajadoras, segÃºn se establezca en el reglamento que se dicte.

La Corte Suprema de Justicia podrÃ¡ actualizar, al menos cada cinco aÃ±os, la escala anteriormente seÃ±alada, atendiendo a la variaciÃ³n del Ãndice de precios al consumidor.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 609.-Â Si la parte actora o quien o quienes soliciten el arbitraje no cumplen con alguna prevenciÃ³n anterior al traslado de la demanda o con el depÃ³sito de los honorarios del arbitraje, el proceso se darÃ¡ por terminado y se tendrÃ¡ por no interpuesto para todo efecto, mediante resoluciÃ³n que dictarÃ¡ el centro de arbitraje.

Cuando la parte demandada no conteste o no deposite los honorarios que le corresponden, la persona propuesta por la otra parte actuarÃ¡ como Ãºnica integrante del Ã³rgano arbitral y el procedimiento se desarrollarÃ¡ con intervenciÃ³n de la parte requirente, si a su vez hubiera cumplido con esa carga, caso en el cual se recibirÃ¡n Ãºnicamente sus pruebas. La contraparte podrÃ¡ apersonarse al proceso en cualquier momento y tomar el proceso en el estado en que se hallen, y ejercer los derechos procesales que puedan hacerse valer en el momento del apersonamiento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 610.-Â El proceso se substanciarÃ¡ por el sistema de audiencias orales dispuesto en el presente CÃ³digo y en cuanto a la carga de la prueba se estarÃ¡ a lo dispuesto en este ordenamiento procesal.

Se laudarÃ¡ en la forma y los tÃ©rminos tambiÃ©n previstos en este CÃ³digo para el proceso ordinario. Contra el laudo Ãºnicamente cabrÃ¡ recurso para ante la sala de casaciÃ³n competente para conocer la materia laboral por vicios de orden formal o por conculcaciÃ³n de derechos indisponibles.

Si procediera el recurso por la forma, se reenviarÃ¡ el proceso al tribunal arbitral para que repita el juicio y dicte nueva sentencia, para la cual no tendrÃ¡ derecho a cobrar honorarios adicionales.

Si se comprobara la violaciÃ³n de derechos indisponibles, la Sala harÃ¡, en la misma sentencia, la reposiciÃ³n que corresponda, cuando sea procedente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 611.-Â La sentencia arbitral, una vez firme, tendrÃ¡ valor de cosa juzgada material, no requiere protocolizaciÃ³n y serÃ¡ ejecutable en la forma prevista en el procedimiento de ejecuciÃ³n.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 612.-Â Lo relacionado con la contestaciÃ³n de la parte demandada y todas las demÃ¡s cuestiones del proceso arbitral se regirÃ¡n por las disposiciones de la Ley N.Â° 7727, Ley sobre ResoluciÃ³n Alterna de Conflictos y PromociÃ³n de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas, en cuanto no contrarÃen lo dispuesto en este capÃtulo y, en general, los principios y las normas del derecho de trabajo. El funcionamiento de los centros de arbitraje a que se refiere este capÃtulo se regirÃ¡ por lo que se establezca reglamentariamente.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 613.-Â Se faculta al Colegio de Abogados para que organice centros de arbitraje laboral, siempre y cuando sea sin costo alguno para los trabajadores y las trabajadoras que se hallen en condiciones de recibir asistencia legal gratuita, segÃºn lo previsto en la secciÃ³n segunda, capÃtulo segundo de este tÃtulo. Tales centros tendrÃ¡n listas propias de Ã¡rbitros y Ã¡rbitras, y se regirÃ¡n en todo lo demÃ¡s por lo dispuesto en este capÃtulo.

El funcionamiento de los centros de arbitraje, en general, se establecerÃ¡ por reglamento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO DECIMOTERCERO

SoluciÃ³n de los conflictos colectivos de carÃ¡cter econÃ³mico y

social y del procedimiento de conciliaciÃ³n y arbitraje

SECCIÃ“N I

Medios de soluciÃ³n

ArtÃculo 614.-Â Son medios de soluciÃ³n de los conflictos econÃ³micos y sociales generados en las relaciones laborales, el arreglo directo, la conciliaciÃ³n y el arbitraje.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Arreglo directo

ArtÃculo 615.-Â Los patronos y trabajadores tratarÃ¡n de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervenciÃ³n de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores podrÃ¡n constituir consejos o comitÃ©s permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no mÃ¡s de tres miembros, quienes se encargarÃ¡n de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, las quejas o solicitudes. Dichos consejos o comitÃ©s harÃ¡n siempre sus gestiones de forma atenta y, cuando asÃ proceda, el patrono o su representante no podrÃ¡ negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que le sea posible.

Cada vez que se forme uno de los consejos o comitÃ©s a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, sus miembros lo informarÃ¡n al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante una nota que suscribirÃ¡n y enviarÃ¡n dentro de los cinco dÃas posteriores a su nombramiento.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 616.-Â Durante el proceso de negociaciÃ³n de una convenciÃ³n colectiva de trabajo o una vez iniciado el procedimiento de conciliaciÃ³n o arbitraje, y durante la ejecuciÃ³n de una huelga legal, solo podrÃ¡ suscribirse un arreglo directo con la organizaciÃ³n o el comitÃ© responsable de la negociaciÃ³n o del conflicto.

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 617.-Â Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantarÃ¡ acta de lo acordado y se enviarÃ¡ copia autÃ©ntica al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la firma. La remisiÃ³n la harÃ¡n los patronos y, en su defecto, los trabajadores, sea directamente o por medio de autoridad polÃtica o de trabajo local.

La InspecciÃ³n General de Trabajo velarÃ¡ por que estos acuerdos no contrarÃen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores yÂ por queÂ sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravenciÃ³n a lo pactado se sancionarÃ¡ con multa de uno a tres salarios base mensuales, si se tratara de trabajadores, y de doce a quince salarios base mensuales, en caso de que los infractores sean patronos, segÃºn lo establecido en los incisos 1) y 4) del artÃculo 398 de esta ley, sin perjuicio de que la parte que ha cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo la ejecuciÃ³n del acuerdo o el pago de los daÃ±os y perjuicios que se le hubieran causado.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo 4Âº de la ley No.7360 del 4 de noviembre de 1993)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

SECCIÃ“N III

Procedimiento de conciliaciÃ³n

ArtÃculo 618.-Â Cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestiÃ³n susceptible de provocar uno de los conflictos colectivos de carÃ¡cter econÃ³mico y social a que se refiere el tÃtulo sexto, los interesados nombrarÃ¡n entre ellos una delegaciÃ³n de dos a tres miembros que deberÃ¡n conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de poder suficiente para firmar cualquier arreglo.

Esta delegaciÃ³n estarÃ¡ legitimada para plantear el conflicto judicialmente o alternativamente ante el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien, ante el Ã³rgano conciliador que las partes designen a su costa.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 619.-Â Los delegados suscribirÃ¡n por duplicado un pliego de peticiones de orden econÃ³mico-social, cuya copia entregarÃ¡n al respectivo Ã³rgano conciliador competente, directamente o por medio de cualquier autoridad administrativa local. Esta Ãºltima queda obligada, bajo pena de destituciÃ³n, a hacer el envÃo correspondiente con la mayor rapidez posible.

El funcionario que reciba el pliego de manos de los delegados, les darÃ¡ certificaciÃ³n de la hora exacta en que se le hizo la entrega.

El original serÃ¡ remitido inmediatamente por los delegados a la otra parte afectada por la cuestiÃ³n susceptible de provocar el conflicto.

En ese mismo pliego indicarÃ¡n el nombre de una persona, la cual debe reunir los requisitos indicados en este tÃtulo, para que integre el tribunal de conciliaciÃ³n.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 620.-Â Desde el momento de la entrega del pliego de peticiones, se entenderÃ¡ planteado el conflicto para el solo efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. Quien infrinja esta disposiciÃ³n serÃ¡ sancionado de acuerdo con lo dispuesto en este tÃtulo, segÃºn la importancia de las represalias tomadas y el nÃºmero de las personas afectadas por estas, y satisfacer los daÃ±os y perjuicios que cause.

A partir del momento a que se refiere este artÃculo, toda terminaciÃ³n de contratos de trabajo debe ser autorizada por el Ã³rgano que conoce del conflicto, segÃºn el procedimiento previsto en este mismo CÃ³digo para otorgar autorizaciones.

Lo dispuesto en este artÃculo serÃ¡ aplicable durante la conciliaciÃ³n, el arbitraje, la huelga o el procedimiento, en el caso de convenciÃ³n colectiva fracasada.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 621.-Â El pliego que se presente expondrÃ¡ claramente en quÃ© consisten las peticiones y a quiÃ©n o a quiÃ©nes se dirigen, cuÃ¡les son las quejas, el nÃºmero de personas trabajadoras o de empleadoras que las apoyan, la situaciÃ³n exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la controversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan servicios, el nombre y el apellido de los delegados y la fecha.

En el mismo pliego de peticiones los interesados seÃ±alarÃ¡n para notificaciones de la forma establecida en la legislaciÃ³n sobre notificaciones.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 622.-Â El Ã³rgano conciliador, de forma inmediata, excluirÃ¡ las cuestiones constitutivas de conflictos jurÃdicos que segÃºn este CÃ³digo no se puedan tratar en esta vÃa y notificarÃ¡ a la otra parte, por todos los medios a su alcance, que debe nombrar, dentro de tres dÃas, una delegaciÃ³n de la forma prevista en la primera norma de esta secciÃ³n, asÃ como la persona que propone como conciliadora. Asimismo, en la resoluciÃ³n inicial le advertirÃ¡ que debe cumplir lo dispuesto en el pÃ¡rrafo segundo del artÃculo anterior.

Los seÃ±alamientos de notificaciones que haga la parte serÃ¡n vÃ¡lidos para los delegados propuestos.

En el caso de que el Ã³rgano conciliador estime que el pliego contiene algÃºn defecto deberÃ¡ prevenir a la parte solicitante la subsanaciÃ³n, en un plazo mÃ¡ximo de cinco dÃas.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 623.-Â El empleador, la empleadora o su representante legal con facultades suficientes para obligarlo pueden actuar personalmente y no por medio de delegados, lo cual deberÃ¡ hacerlo saber al Ã³rgano conciliador.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 624.-Â El tribunal de conciliaciÃ³n estarÃ¡ integrado por los conciliadores propuestos por las partes y serÃ¡ presidido por la persona titular del respectivo despacho, por el funcionario competente del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el conciliador privado seleccionado por las partes. Durante el perÃodo de conciliaciÃ³n no habrÃ¡ recurso alguno contra las resoluciones del Ã³rgano conciliador, ni se admitirÃ¡n recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase, y cada una de las partes podrÃ¡ designar hasta tres asesores, para que les ayuden a cumplir mejor su cometido, pero su presencia no serÃ¡ requisito para realizar vÃ¡lidamente la conciliaciÃ³n.

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001)

(AsÃ reformado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

TITULO DUODÃ‰CIMO(*)

(*)(Corrida la numeraciÃ³n del TÃtulo anterior por elÂ Â artÃculo Ãºnico de la ley NÂ° 8107 de 18 de julio del 2001, que lo traspaso del antiguo TÃtulo UndÃ©cimo al TÃtulo DuodÃ©cimo)

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO UNICO

Disposiciones finales

SECCION I

Disposiciones derogatorias:

ARTICULO I.- Este CÃ³digo deroga, a partir de su vigencia, las siguientes disposiciones legales:

1) ArtÃculosÂ 1169 aÂ 1174 inclusive, del CÃ³digo Civil, y 143 del CÃ³digo de Comercio, relativos al contrato de arrendamiento de servicios y a sus consecuencias jurÃdicas;

3) Ley NÂº 25 de 28 de octubre de 1922, sobre reclutamiento de peones y operarios para trabajar en el exterior;

4) Ley NÂº 84 de 18 de agosto de 1936 y su decreto reglamentario NÂº 16 de 12 de setiembre de 1936, sobre transporte gratuito de trabajadores en el interior de la RepÃºblica;

5) ArtÃculos 4Âº a 8Âº inclusive yÂ 40 aÂ 48 inclusive del CÃ³digo de la Infancia, sobre condiciones de trabajo y protecciÃ³n para los menores de edad y las madres trabajadoras;

6) ArtÃculo 78, inciso 8Âº, del CÃ³digo de PolicÃa, que sanciona la contrataciÃ³n de menores de diecisÃ©is aÃ±os para labores peligrosas;

7) ArtÃculosÂ 647 aÂ 669 inclusive del CÃ³digo de Comercio, sobre contrato de embarco;

8) Ley NÂº 100 de 9 de diciembre de 1920, adicionada por la NÂº 166 de 26 de agosto de 1929, sobre duraciÃ³n de la jornada de trabajo;

9) Ley NÂº 91 de 8 de julio de 1933 sobre regulaciÃ³n de las horas de trabajo en las panaderÃas;

10) Leyes NÂº 17 de 8 de junio de 1915; NÂº 104 de 10 de julio de 1939 y NÂº 30 de 13 de noviembre de 1939, sobre cierre dominical;

11) Leyes NÂº 14 de 22 de noviembre de 1933; NÂº 41 de 19 de diciembre de 1934; NÂº 157 de 21 de agosto de 1935; NÂº 54 de 16 de julio de 1932 y NÂº 61 de 14 de agosto de 1912, sobre salario mÃnimo,Â controldeÂ egresos por salarios y salarios en general;

12) ArtÃculos 991, inciso 3Âº, del CÃ³digo Civil y 34 de la Ley de Quiebras, sobre protecciÃ³n de los salarios en caso de insolvencia, concurso o quiebra;

13) ArtÃculos 72 y 74 de la Ley de ProtecciÃ³n a la Salud PÃºblica, relativos a protecciÃ³n de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo;

14) Ley NÂº 53 de 31 de enero de 1925, sobre ReparaciÃ³n por Accidentes de Trabajo y sus reformas posteriores;

15) Decreto NÂº 1 de 15 de julio de 1937, sobre registro de agrupaciones obreras y gremiales;

16) Ley NÂº 37 de 24 de diciembre de 1942, que creÃ³ la ComisiÃ³n Nacional de Arbitraje;

17) ArtÃculo 1Âº de la ley NÂº 33 de 2 de julio de 1928, que creÃ³ la SecretarÃa de Estado en los Despachos de Trabajo y de Seguridad Social.

19) Todas las otras disposiciones legales que se opongan al presente CÃ³digo o a sus Reglamentos.

SECCION II

Disposiciones transitorias:

ARTICULO II.- El Poder Ejecutivo dictarÃ¡ los Reglamentos de este CÃ³digo dentro del plazo mÃ¡ximo de dos aÃ±os, contados a partir de la fecha de su vigencia.

ARTICULO III.- Mientras no se nombren Jueces y demÃ¡s titulares de los Tribunales de Trabajo, la Corte Plena recargarÃ¡ las funciones que a Ã©stos corresponden en los funcionarios de categorÃa anÃ¡loga que estime conveniente.

ARTICULO IV.- Los funcionarios o empleados de orden administrativo cuyo puesto desaparezca con motivo de la vigencia de este CÃ³digo, tendrÃ¡n derecho preferente a ser nombrados como titulares de las plazas que la presente ley crea, aunque les falte alguno de los requisitos que Ã©sta exige para el desempeÃ±o de los referidos cargos. Al efecto, se tomarÃ¡n en cuenta sus capacidades y la posiciÃ³n que anteriormente ocuparon, a fin de garantizar en la forma mÃ¡s eficiente la continuidad del servicio. La Corte Plena tambiÃ©n procurarÃ¡, en igualdad de circunstancias, darles la preferencia de que habla el pÃ¡rrafo anterior al hacer por primera vez los nombramientos respectivos. Sin embargo, cuando se trate de designar a los miembros titulares o subalternos de los Tribunales de Trabajo en cuya elecciÃ³n no participen los patronos y los trabajadores, la Corte harÃ¡ los nombramientos que correspondan entre los funcionarios o empleados que hubieren desempeÃ±ado correcta y eficazmente durante tres o mÃ¡s aÃ±osdichos cargos administrativos, siempre que en cada caso las mencionadas personas reÃºnan todos los requisitos de ley. Con este fin se observarÃ¡ la regla final del pÃ¡rrafo que precede.

ARTICULO V.- Todas las organizaciones sociales existentes en el paÃs gozarÃ¡n de un plazo de tres meses, contados desde la vigencia de este CÃ³digo, para ajustarse a las disposiciones del TÃtulo Quinto. Las que no lo hicieren, serÃ¡n disueltas por el Poder Ejecutivo, sin mÃ¡s trÃ¡mite.

ARTICULO VI.- Las leyes o decretos que fijen los salarios quedarÃ¡n vigentes mientras las Comisiones Mixtas de Salarios que este CÃ³digo crea no se organicen y cumplan su cometido legal.

ARTICULO VII.- Los juicios de conocimiento de los Tribunales de Trabajo que estuvieren pendientes de resoluciÃ³n en los Tribunales Comunes, se continuarÃ¡n tramitando ante Ã©stos hasta su total terminaciÃ³n, de acuerdo con los procedimientos que se usaron para su iniciaciÃ³n.

ARTICULO VIII.- Los juicios de conocimiento de los Tribunales de Trabajo que estuvieren pendientes de resoluciÃ³n en los Despachos u Oficinas Administrativas, serÃ¡n pasados para su fenecimiento a los Tribunales de Trabajo. Estos procurarÃ¡n aplicar las nuevas reglas procesales armonizÃ¡ndolas, en cuanto cupiere, con las actuaciones ya practicadas a efecto de evitar conflictos o perjuicios a las partes.

ARTICULO IX.- En los casos que prevÃ©n los dos artÃculos anteriores,Â se aplicarÃ¡n las leyes vigentes en la fecha de la demanda y, a falta de Ã©stas, regirÃ¡n las normas del presente CÃ³digo.

ARTICULO X.-(Derogado por el artÃculo 2Â° de la Ley NÂ° 2002 de 8 de febrero de 1956, «Contrato de prÃ©stamo con la Oficina de Caminos PÃºblicos del Departamento de Comercio de Estados Unidos». Asimismo dicho artÃculo 2Â° dispone: «En consecuencia, todos los trabajadores que prestan servicios en la construcciÃ³n de la Carretera Interamericana, gozarÃ¡n de los dereÂchos yÂ Â beneficios que establece el CÃ³digo de Trabajo y demÃ¡s leyes de previsiÃ³n social y especiales. En cuanto a los trabajadores o funcioÂnarios costarricenses que laboren con el Bureau ofÂ PublicÂ Roads, U. S.Â DepartmentÂ of Commerce, y que no figuren en el Servicio Civil de los Estados Unidos de AmÃ©rica, o bien, que figurando en dicho Servicio Civil no se encuentren amparados por todos sus derechos yÂ Â beneficios, el Gobierno de Costa Rica asumirÃ¡ el pago de los derechos y beneficios indicados en el CÃ³digo de Trabajo y demÃ¡s leyes de previsiÃ³n social y especiales»)

ARTICULO XI.- Todos los tÃ©rminos a que se refiere este CÃ³digo para el otorgamiento de prestaciones a los trabajadores, como vacaciones, auxilios de cesantÃa y otros anÃ¡logos, se empezarÃ¡n a contar desde el dÃa en que se promulgÃ³ la reforma constitucional de las GarantÃas Sociales.

ARTICULO XII.- PublÃquense por cuenta de el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social la exposiciÃ³n y comentarios personales del seÃ±or Oscar BarahonaÂ StreberÂ sobre los antecedentes legales y significado de todas las disposiciones de este CÃ³digo, a efecto de que la obra respectiva sirva de informaciÃ³n a litigantes y Tribunales y contribuya a la mejor difusiÃ³n de los principios de Derecho de Trabajo en Costa Rica.

Es entendido que dicha publicaciÃ³n se harÃ¡ siempre que los originales de la obra sean entregados por su autor y propietario a la mencionada SecretarÃa antes de dos aÃ±os contados a partir de la vigencia del presente CÃ³digo, para que se haga la correspondiente confrontaciÃ³n con el texto de Ã©ste y se ordene su inmediata impresiÃ³n en nÃºmero no menor de dos mil quinientos ejemplares.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 del 18 de octubre de 1972)

ARTICULO XIII.- AutorÃzase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecuciÃ³n de esta ley y, al efecto,Â amplÃaseÂ en la suma correspondiente el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.

(El nombre del Ministerio fue asÃ reformado por la Ley No. 5089 del 18 de octubre de 1972)

Es entendido que dicho aumento se reducirÃ¡ en la proporciÃ³n en que desaparezcan plazas o servicios creados por leyes o decretos anteriores, que el presente CÃ³digo deroga; y que el Poder Ejecutivo harÃ¡ uso de las facultades que le concede este artÃculo en la medida y en el momento que, a su juicio, sea posible realizar los gastos respectivos.

ARTICULO XIV.- Este CÃ³digo entrarÃ¡ en vigencia el 15 de setiembre de 1943, en conmemoraciÃ³n del aniversario de la Independencia Nacional, o en cualquier otra fecha anterior que determine por decreto del Poder Ejecutivo.

Con anticipaciÃ³n a la fecha de vigencia, el Poder Ejecutivo dictarÃ¡ todas las otras disposiciones de carÃ¡cter transitorio que sean necesarias para su debida aplicaciÃ³n y que se hayan omitido en este CapÃtulo.

Ficha articulo

ArtÃculo 625.-Â El Ã³rgano conciliador convocarÃ¡ a los interesados o las delegaciones a una comparecencia, que se verificarÃ¡ en un plazo de ocho a quince dÃas, segÃºn la complejidad del pliego, con absoluta preferencia a cualquier otro asunto.

Dicho Ã³rgano podrÃ¡ constituirse en el lugar del conflicto, si lo considera necesario.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 626.-Â Antes de la hora seÃ±alada para la comparecencia, el Ã³rgano conciliador oirÃ¡ separadamente a los interesados o delegados de cada parte, y estos responderÃ¡n con precisiÃ³n y amplitud a todas las preguntas que se les hagan.

Una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes, en un acta lacÃ³nica harÃ¡ las deliberaciones necesarias y luego llamarÃ¡ a los delegados a dicha comparecencia, a efectos de proponerles los medios o las bases generales del arreglo que su prudencia le dicte.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 627.-Â Es obligaciÃ³n de los interesados o delegados asistir a las convocatorias que realice el Ã³rgano. La parte empleadora tiene el deber de presentar a los delegados que haya designado. Cuando no se presenten todos los delegados de alguna de las partes, la actividad podrÃ¡ realizarse vÃ¡lidamente con el nÃºmero que se haya presentado, siempre y cuando ambas partes tengan delegados o haya representaciÃ³n de la empleadora cuando no actÃºe por medio de delegados.

Si la conciliaciÃ³n no se pudiera llevar a cabo por ausencia injustificada de los delegados o del empleador, empleadora o de su representante en su caso u omisiÃ³n en el nombramiento de las personas que debe designar como conciliadoras en el plazo indicado en el artÃculo 622, el conciliador levantarÃ¡ un acta en la cual dejarÃ¡ constancia de la razÃ³n por la cual no se llevÃ³ a cabo la actividad y darÃ¡ por terminada su actuaciÃ³n, y se tendrÃ¡, para todos los efectos, por agotada la etapa de la conciliaciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 628.-Â La omisiÃ³n en el nombramiento de personas conciliadoras en los plazos establecidos en este CÃ³digo, la inasistencia injustificada a la diligencia de conciliaciÃ³n y cualquier otra conducta tendiente a obstaculizarla constituirÃ¡ una infracciÃ³n punible con multa de cinco a ocho salarios base mensuales. Para establecerla se tomarÃ¡ en cuenta la condiciÃ³n de la persona de empleadora o de trabajadora y se aplicarÃ¡ lo dispuesto en los tÃtulos sÃ©timo y el presente.

En la misma resoluciÃ³n en que se dÃ© por concluido el procedimiento conciliatorio, el Ã³rgano ordenarÃ¡ que se libre un testimonio de piezas para que se inicie el respectivo proceso sancionador.

Se absolverÃ¡ a los denunciados y se ordenarÃ¡ el archivo del expediente, cuando se demuestren motivos justos que impidieron de forma absoluta la asistencia.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 629.-Â Si hubiera arreglo se darÃ¡ por terminado el conflicto y las partes quedarÃ¡n obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del tÃ©rmino que fije el Ã³rgano. La parte que se niegue a firmar el convenio serÃ¡ sancionada con una multa que se fijarÃ¡ con base en la escala mayor de la tabla contenida en el artÃculo 398; para fijar la multa se tomarÃ¡ en cuenta la situaciÃ³n econÃ³mica derivada de la condiciÃ³n de las partes como empleadoras o trabajadoras.

Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el arreglo conciliatorio para declararse en huelga o en paro, segÃºn corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliaciÃ³n, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte tambiÃ©n podrÃ¡ optar por pedir a los tribunales de trabajo la ejecuciÃ³n del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daÃ±os y perjuicios que prudencialmente estos determinen.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 630.-Â Una vez agotados los procedimientos de conciliaciÃ³n, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en someter la disputa a arbitraje, el Ã³rgano levantarÃ¡ un informe cuya copia remitirÃ¡ al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o este, en su caso, conservarÃ¡. Este informe contendrÃ¡ la enumeraciÃ³n precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo; ademÃ¡s, determinarÃ¡ cuÃ¡l de estas aceptÃ³ el arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 631.-Â El informe seÃ±alado en el artÃculo anterior o, en su caso, el arreglo conciliatorio serÃ¡ firmado por el conciliador o los conciliadores y todos los demÃ¡s comparecientes.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 632.-Â Si los delegados convinieran en someter la cuestiÃ³n a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliaciÃ³n servirÃ¡n de base para el juicio correspondiente. Si hubiera un arreglo conciliatorio parcial, el sometimiento al arbitraje procederÃ¡ Ãºnicamente sobre los puntos no convenidos en el proceso de conciliaciÃ³n, por lo que el laudo incorporarÃ¡ como parte integral el arreglo conciliatorio.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 633.-Â En ningÃºn caso los procedimientos de conciliaciÃ³n podrÃ¡n durar mÃ¡s de veinte dÃas hÃ¡biles, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente constituido el Ã³rgano de conciliaciÃ³n.

No obstante lo anterior, dicho Ã³rgano podrÃ¡ ampliar este plazo hasta por el tiempo que las partes convengan de comÃºn acuerdo. Salvo que se acuerde dicha ampliaciÃ³n, al vencimiento del plazo se tendrÃ¡ de pleno derecho por definitivamente agotado el procedimiento de conciliaciÃ³n. En tal caso, el Ã³rgano conciliador deberÃ¡ elaborar el informe indicado en el artÃculo 630, en un tÃ©rmino perentorio de cuarenta y ocho horas.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 634.-Â En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, el Ã³rgano darÃ¡ por formalmente concluido el procedimiento y los trabajadores y las trabajadoras gozarÃ¡n de un plazo de veinte dÃas para declarar la huelga. Este tÃ©rmino correrÃ¡ a partir del dÃa siguiente a aquel en que quede notificada la resoluciÃ³n final del procedimiento de calificaciÃ³n, cuando ellos hayan solicitado la calificaciÃ³n previa. Igual regla rige para los empleadores o las empleadoras, pero el plazo se comenzarÃ¡ a contar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artÃculo 388.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

SECCIÃ“N IV

Procedimiento de arbitraje

ArtÃculo 635.-Â El procedimiento de arbitraje se realizarÃ¡ en el mismo expediente de la conciliaciÃ³n, donde conste el compromiso arbitral, con los mismos delegados o interesados que intervinieron, pero, antes de que los interesados sometan la resoluciÃ³n de una cuestiÃ³n que pueda generar huelga o paro al respectivo tribunal de arbitraje, deberÃ¡n reanudar los trabajos o las actividades que se hubieran suspendido, lo cual deberÃ¡ acreditarse al juzgado por cualquier medio. El arbitraje serÃ¡ judicial, pero, si existiera acuerdo entre las partes, alternativamente podrÃ¡ constituirse como Ã³rgano arbitral al funcionario competente del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del centro de arbitraje autorizado que se escoja. Si el arbitraje fuera judicial y la etapa conciliatoria se hubiera agotado administrativamente, el respectivo expediente deberÃ¡ ser remitido al juzgado competente.

La reanudaciÃ³n de labores se harÃ¡ en las mismas condiciones existentes en el momento en que se presentÃ³ el pliego de peticiones a que se refiere el artÃculo 620, o en cualesquiera otras mÃ¡s favorables para los trabajadores y trabajadoras.

ValdrÃ¡ para el arbitraje el seÃ±alamiento de medio o lugar para notificaciones hecho en la conciliaciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 636.-Â Dentro de los ocho dÃas siguientes a la terminaciÃ³n de la conciliaciÃ³n, cada una de las partes designarÃ¡ a una persona como Ã¡rbitro o Ã¡rbitra.

El arbitramento deberÃ¡ ser de derecho en los asuntos en que intervengan las administraciones pÃºblicas.

Las reglas del pÃ¡rrafo anterior y las siguientes de esta secciÃ³n se aplicarÃ¡n tambiÃ©n a aquellos casos en que se prohÃbe la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 637.-Â El tribunal de arbitraje estarÃ¡ constituido por las dos personas propuestas al efecto por las partes interesadas y por la persona titular del juzgado de trabajo, funcionario administrativo competente o del centro de arbitraje elegido, en su caso, quien lo presidirÃ¡. Recibida la comunicaciÃ³n, se darÃ¡ traslado a los delegados o a la parte acerca de la integraciÃ³n del tribunal por tres dÃas, para que formulen las recusaciones y excepciones dilatorias que crean de su derecho. Transcurrido ese tÃ©rmino, no podrÃ¡ abrirse mÃ¡s discusiÃ³n sobre dichos extremos, ni aun cuando se trate de incompetencia por razones de jurisdicciÃ³n. Quedan a salvo las recusaciones que se interpongan en segunda instancia.

Antes de que venza la referida audiencia, los miembros del tribunal que tengan motivo de impedimento o causal de excusa y conozcan uno u otra harÃ¡n forzosamente la manifestaciÃ³n escrita correspondiente, bajo pena de destituciÃ³n si no la hicieran o la hicieran con posterioridad.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 638.-Â El proceso se substanciarÃ¡ por el sistema de audiencias orales, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo CÃ³digo.

Una vez resueltas las cuestiones que se hubieran planteado y hechas las sustituciones del caso, el tribunal de arbitraje oirÃ¡ a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias y harÃ¡n uso de las facultades de investigaciÃ³n que le otorga este CÃ³digo; interrogarÃ¡ personalmente a los empleadores o empleadoras y a los trabajadores o trabajadoras en conflicto, sobre los asuntos que juzgue necesario aclarar; de oficio o a solicitud de los delegados, ordenarÃ¡ la evacuaciÃ³n rÃ¡pida de las diligencias probatorias que estime convenientes y, especialmente, procurarÃ¡ hacerse asesorar por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien, por expertos sobre las diversas materias sometidas a su resoluciÃ³n. No tendrÃ¡n recurso sus autos o providencias.

Los honorarios de estos Ãºltimos los cubrirÃ¡ el Poder Judicial o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, segÃºn sea el caso.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 639.-Â Si alguna de las partes no hiciera oportunamente la designaciÃ³n de la persona que arbitrarÃ¡ o no depositara los honorarios que se hubieran fijado para la persona por ella propuesta, cuando le corresponda asumirlos, la persona titular del juzgado de trabajo se constituirÃ¡ de pleno derecho, sin necesidad de resoluciÃ³n expresa, en Ã¡rbitro o Ã¡rbitra unipersonal.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 640.-Â La sentencia resolverÃ¡ por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones econÃ³mico-sociales que la ley no imponga o determine y que estÃ©n entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas Ãºltimas, el tribunal de arbitraje podrÃ¡ resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, lo pedido o inclusive modificando su formulaciÃ³n.

CorresponderÃ¡ preferentemente la fijaciÃ³n de los puntos de hecho a los representantes de las partes empleadoras y trabajadoras y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo o al funcionario administrativo competente, segÃºn sea el caso, pero, si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, decidirÃ¡ la discordia quien presida o coordine el tribunal.

Se dejarÃ¡ constancia por separado en el fallo de las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y de las omisiones o defectos que se notan en la ley o en los reglamentos aplicables.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 641.-Â El fallo arbitral judicial podrÃ¡ ser recurrido por las partes ante el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito Judicial de San JosÃ© (Goicoechea), con invocaciÃ³n, de forma puntual, de los agravios que este Ãºltimo Ã³rgano debe resolver. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para que varÃe esta atribuciÃ³n de competencia, cuando las circunstancias lo ameriten.

El tribunal dictarÃ¡ sentencia definitiva dentro de los quince dÃas siguientes al recibo de los autos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberÃ¡ evacuarse antes de doce dÃas.

La sentencia extrajudicial tendrÃ¡ los recursos que determine la Ley N.Â° 7727, Ley sobre ResoluciÃ³n Alterna de Conflictos y PromociÃ³n de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1977, y sus reformas, que serÃ¡n conocidos por la sala de casaciÃ³n en materia laboral.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 642.-Â La sentencia arbitral serÃ¡ obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no podrÃ¡ ser inferior de dos aÃ±os.

Las partes pueden pedir al respectivo juzgado de trabajo la ejecuciÃ³n de los extremos lÃquidos o liquidables, por los trÃ¡mites de la ejecuciÃ³n de sentencia previstos en este mismo CÃ³digo.

La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los tÃ©rminos de un fallo arbitral serÃ¡ sancionada conforme a lo establecido en el artÃculo 401.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 643.-Â Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral no podrÃ¡n plantearse los procedimientos de soluciÃ³n de conflictos econÃ³micos y sociales a que se refiere este CÃ³digo sobre las materias que dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la vida, la baja del valor del colÃ³n u otros factores anÃ¡logos, que los tribunales de trabajo apreciarÃ¡n en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones econÃ³mico sociales vigentes en el momento de dictar la sentencia.

De todo fallo arbitral firme se enviarÃ¡ copia certificada a la InspecciÃ³n General de Trabajo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

SECCIÃ“N V

Procedimiento en el caso de iniciativas de

convenciÃ³n colectiva fracasadas

ArtÃculo 644.-Â Para la celebraciÃ³n de las convenciones se estarÃ¡ a lo dispuesto en el tÃtulo segundo de este CÃ³digo.

Transcurrido el plazo de treinta dÃas, a que se refiere el inciso d) del artÃculo 56, sin que hubiera acuerdo pleno, la resoluciÃ³n del punto o puntos en discordia se harÃ¡ mediante el procedimiento regulado en este capÃtulo, con las particularidades seÃ±aladas en esta secciÃ³n. Si finaliza la etapa de conciliaciÃ³n sin llegar a arreglo, se podrÃ¡ acudir a la huelga o al paro, o bien, si hubiera acuerdo entre las partes, someter el conflicto al arbitraje. TambiÃ©n se podrÃ¡ acudir directamente al arbitraje, sin necesidad de agotar la fase conciliatoria, si hubiera consentimiento de las partes.

En cualquiera de los supuestos antes indicados, la parte interesada tendrÃ¡ quince dÃas hÃ¡biles para solicitar la intervenciÃ³n del Ã³rgano conciliador o arbitral, segÃºn sea lo pactado entre las partes.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 645.-Â Se tendrÃ¡ como base el pliego de peticiones presentado para la discusiÃ³n, del cual deberÃ¡ acompaÃ±arse una copia con la solicitud inicial. AdemÃ¡s, en esa misma peticiÃ³n se indicarÃ¡ el nombre de la persona que fungirÃ¡ como conciliadora o Ã¡rbitra de la parte, segÃºn sea el caso, y de sus delegados o delegadas y se seÃ±alarÃ¡ lugar o medio para notificaciones. En todo lo demÃ¡s que resulte pertinente se aplicarÃ¡ lo dispuesto en este capÃtulo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 646.-Â El respectivo Ã³rgano pondrÃ¡ la solicitud a conocimiento de la otra parte interesada y le prevendrÃ¡ que dentro de tres dÃas indique el nombre de la persona que actuarÃ¡ como su conciliadora o Ã¡rbitra y de los delegados o delegadas, asÃ como seÃ±alar lugar o medio para notificaciones.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 647.-Â Se aplicarÃ¡n en lo pertinente las disposiciones de la secciÃ³n anterior, inclusive en cuanto a los efectos de la omisiÃ³n de nombrar la persona que arbitrarÃ¡ o de depositar los honorarios fijados.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 648.-Â Si la desavenencia fuera solo parcial, lo que se acuerde ante el Ã³rgano conciliador o resuelva el Ã³rgano arbitral se considerarÃ¡ como parte de la convenciÃ³n, la cual entrarÃ¡ en vigencia segÃºn lo establecido en ella, o bien, conforme a lo dispuesto en el arreglo conciliatorio o laudo arbitral, segÃºn sea el caso.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

SECCIÃ“N VI

Disposiciones comunes a los procedimientos

de conciliaciÃ³n y de arbitraje

ArtÃculo 649.-Â Las personas que propongan los interesados como conciliadoras o Ã¡rbitras deberÃ¡n ser mayores de veinticinco aÃ±os, saber leer y escribir, ser de buena conducta, ciudadanos en ejercicio y encontrarse libres de las causales de excusa o inhibitoria previstas para los jueces.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 650.-Â Las personas indicadas en el artÃculo anterior devengarÃ¡n, por cada sesiÃ³n que celebren, una dieta calculada de acuerdo con el salario base de juez conciliador. Los honorarios del arbitraje y la conciliaciÃ³n a cargo de la parte trabajadora los cubrirÃ¡ el Estado. La parte empleadora asumirÃ¡ el costo de los que proponga. En uno y otro caso, los emolumentos deberÃ¡n depositarse dentro de los tres dÃas siguientes a la fecha en que se le notifique la respectiva prevenciÃ³n, salvo que el interesado releve, dentro de ese mismo tÃ©rmino, de forma expresa, a la parte del depÃ³sito, lo cual harÃ¡ bajo su responsabilidad.

La fijaciÃ³n la harÃ¡ el Ã³rgano respectivo de forma prudencial, una vez recibidas las respectivas comunicaciones, calculando, moderada y prudencialmente, el tiempo que consumirÃ¡n las audiencias necesarias para la substanciaciÃ³n del proceso.

No obstante lo indicado en el pÃ¡rrafo primero, los honorarios de los conciliadores y Ã¡rbitros de los trabajadores o las trabajadoras podrÃ¡n ser cubiertos con el producto del Fondo de Apoyo a la SoluciÃ³n Alterna de Conflictos que se crea por esta ley, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento que se dicte.

Quienes funjan como Ã¡rbitros o Ã¡rbitras no deberÃ¡n rendir cauciÃ³n y, una vez aceptado, el cargo serÃ¡ obligatorio y compatible con cualquier otro empleo, salvo el caso de prohibiciones o limitaciones que resulten de la ley para los servidores pÃºblicos.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 651.-Â Los Ã³rganos de conciliaciÃ³n y de arbitraje tienen la mÃ¡s amplia facultad para obtener de las partes todos los datos e informes necesarios para el desempeÃ±o de su cometido, los que no podrÃ¡n divulgar sin previa autorizaciÃ³n de quien los haya dado. La infracciÃ³n a esta disposiciÃ³n serÃ¡ sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el libro de las contravenciones del CÃ³digo Penal (divulgaciÃ³n de documentos secretos que no afecten la seguridad nacional).

Cada litigante queda obligado, bajo el apercibimiento de tener por ciertas y eficaces las afirmaciones correspondientes de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su alcance la realizaciÃ³n de estas investigaciones.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 652.-Â TambiÃ©n, los miembros de esos Ã³rganos podrÃ¡n visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir de todas las autoridades, comisiones tÃ©cnicas, instituciones y personas, la contestaciÃ³n de los cuestionarios o preguntas que crean conveniente formularles para el mejor esclarecimiento de las causas del conflicto. El entorpecimiento o la negativa de ayuda podrÃ¡ ser sancionada segÃºn lo dispuesto en el libro de las contravenciones del CÃ³digo Penal (falta de ayuda a la autoridad).

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 653.-Â Toda diligencia que practiquen los Ã³rganos de conciliaciÃ³n y arbitraje se extenderÃ¡ por escrito en el acto mismo de llevarse a cabo y serÃ¡ firmada, previa lectura, por sus miembros y las personas que han intervenido en ella, y deberÃ¡n mencionarse el lugar, la hora y el dÃa de la prÃ¡ctica, el nombre de las personas que asistieron y demÃ¡s indicaciones pertinentes.

Se anotarÃ¡n las observaciones de los asistentes sobre la exactitud de lo consignado y, cuando alguno rehÃºse firmar, se pondrÃ¡ razÃ³n del motivo que alegue para no hacerlo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 654.-Â Quienes presidan o coordinen los Ã³rganos de conciliaciÃ³n y de arbitraje tendrÃ¡n facultades para notificar y citar a las partes o a los delegados de estas por medio de las autoridades judiciales, de policÃa o de trabajo, de telegramas y cualquier otra forma que las circunstancias y su buen criterio les indique como segura. Estas diligencias no estarÃ¡n sujetas a mÃ¡s formalidad que la constancia que se pondrÃ¡ en autos de haber sido realizadas y, salvo prueba fehaciente en contrario, se tendrÃ¡n por autÃ©nticas.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 655.-Â Los Ã³rganos de conciliaciÃ³n y de arbitraje apreciarÃ¡n las pruebas que ordenen segÃºn las reglas dispuestas en este mismo CÃ³digo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 656.-Â Las deliberaciones de los conciliadores y de los tribunales de arbitraje serÃ¡n secretas. La presidencia harÃ¡ seÃ±alamiento para recibir las votaciones. El voto de quien preside se tendrÃ¡ como doble en los casos en que no hubiera mayorÃa de votos conformes.

La redacciÃ³n de todas las resoluciones corresponderÃ¡ siempre, en el caso de Ã³rganos colegiados, a quien lo preside.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 657.-Â En los procesos a que se refiere este capÃtulo, cada una de las partes asumirÃ¡ todos los gastos legales que demande su tramitaciÃ³n, excepto en el arbitraje, si en el laudo se establece lo contrario.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 658.-Â Se autoriza el funcionamiento de centros privados de conciliaciÃ³n laboral, los cuales deberÃ¡n ser autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la reglamentaciÃ³n que al efecto se dicte.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

CAPÃTULO DECIMOCUARTO

CalificaciÃ³n de los movimientos huelguÃsticos y de paro

ArtÃculo 659.-Â PodrÃ¡ ser objeto de calificaciÃ³n, para establecer su legalidad o ilegalidad, tanto el movimiento de huelga o de paro sobre el que hubiera fracasado el procedimiento de conciliaciÃ³n, como cualquier otro movimiento realizado en el sector privado o pÃºblico, al margen de ese procedimiento, que implique una u otra cosa.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 660.-Â PodrÃ¡ pedir la calificaciÃ³n el sindicato o los sindicatos, la coaliciÃ³n de trabajadores o el patrono o los patronos directamente involucrados en la huelga.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 661- La calificaciÃ³n podrÃ¡ solicitarse en cualquier tiempo mientras subsista la huelga o el paro, salvo lo dispuesto en el artÃculo 384. En el caso de servicios pÃºblicos, la calificaciÃ³n podrÃ¡ solicitarse hasta tres dÃas despuÃ©s de su finalizaciÃ³n.

Los jerarcas de las entidades pÃºblicas estÃ¡n obligados a solicitar la calificaciÃ³n de la huelga dentro de las veinticuatro horas a partir de la suspensiÃ³n de las labores; caso contrario, incurrirÃ¡n de forma personal en las distintas responsabilidades que la ley seÃ±ala.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo 668, solo podrÃ¡ intentarse un Ãºnico proceso de calificaciÃ³n por el mismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador o empleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas regiones, sin perjuicio de que si se produjera Ãºnicamente en un centro de trabajo se circunscribirÃ¡ la calificaciÃ³n a ese centro.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 661 bis- Declarada la legalidad de la huelga en servicios pÃºblicos no esenciales y transcurridos ocho dÃas naturales a partir de la firmeza de dicha declaratoria sin que las partes hayan alcanzado una soluciÃ³n al conflicto, o al menos un acuerdo para deponerla mientras continÃºan las negociaciones, la parte patronal podrÃ¡ solicitar al juez la suspensiÃ³n de la huelga, cuando compruebe de manera fehaciente que esta estÃ¡ causando graves daÃ±os de difÃcil o imposible reparaciÃ³n a la ciudadanÃa.

Presentada la gestiÃ³n, el juez concederÃ¡ audiencia a la contraparte dentro del plazo mÃ¡ximo de cuarenta y ocho horas, plazo en el cual deberÃ¡n presentar sus alegatos. Recibidos los alegatos de las partes, el juez resolverÃ¡ la solicitud en un plazo mÃ¡ximo de veinticuatro horas.

Contra el resultado cabrÃ¡ recurso de apelaciÃ³n, la cual se tramitarÃ¡ conforme a lo establecido en el artÃculo 668 de este CÃ³digo.

De acogerse la suspensiÃ³n de la huelga, se procederÃ¡ al arbitraje obligatorio.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 662.-Â En la solicitud inicial se indicarÃ¡ lo siguiente:

1)Â El nombre, las calidades, el documento de identificaciÃ³n y el domicilio del solicitante, asÃ como el carÃ¡cter en que actÃºa.

2)Â Las causas o los motivos del movimiento, cuando respecto de ese hubiera antecedido procedimiento de conciliaciÃ³n.

3)Â En los demÃ¡s casos, una descripciÃ³n detallada de los hechos de presiÃ³n y la indicaciÃ³n de la organizaciÃ³n, los comitÃ©s, los representantes o las personas que dirigen el movimiento.

4)Â IndicaciÃ³n de los medios de prueba.

5)Â SeÃ±alamiento de lugar o medio para notificaciones.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 663- Presentada la solicitud de calificaciÃ³n de huelga, el juez de trabajo correspondiente tendrÃ¡ un plazo improrrogable de veinticuatro horas para resolver la solicitud. Si la solicitud no estuviera en forma, se prevendrÃ¡ la subsanaciÃ³n en un plazo de veinticuatro horas, bajo el apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la gestiÃ³n. Una vez recibida la solicitud en forma, el juez dictarÃ¡, en el plazo de veinticuatro horas, una resoluciÃ³n con el siguiente contenido:

a) AdmisiÃ³n del proceso para su trÃ¡mite, la cual tendrÃ¡ como contradictor a las organizaciones sindicales o las coaliciones temporales de trabajadores, las que serÃ¡n notificadas de conformidad con el artÃculo 349 o 377, respectivamente.

b) IntimaciÃ³n a la parte contraria e indicaciÃ³n en forma puntual de los hechos por los cuales se solicita la declaratoria de ilegalidad y el fundamento jurÃdico de la solicitud planteada, concediendo un plazo de veinticuatro horas para que hagan valer sus derechos.

c) En los conflictos de carÃ¡cter econÃ³mico y social, se le prevendrÃ¡ a la parte contraria que aporte, a mÃ¡s tardar el dÃa de la audiencia preliminar, una copia del pliego de peticiones presentado en los tÃ©rminos del artÃculo 619.

d) Convocatoria a las partes a una audiencia oral sumarÃsima y privada, que se deberÃ¡ llevar a cabo en las setenta y dos horas siguientes al vencimiento del emplazamiento. A las partes se les advertirÃ¡Ì de su derecho a apersonarse al proceso para alegar lo que sea de su interÃ©s, ofrecer la prueba pertinente y presenciar y participar en la recepciÃ³n de las pruebas ofrecidas.

La audiencia oral sumarÃsima se desarrollarÃ¡ en dos fases: la fase preliminar y la fase complementaria.

En la fase preliminar se realizarÃ¡n las siguientes actuaciones:

1) Informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se conocerÃ¡n las cuestiones a resolver.

2) AclaraciÃ³n, ajuste y subsanaciÃ³n de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del juez sean oscuras, imprecisas u omisas. Si se estima que hay deficiencias, se les darÃ¡ a las partes la palabra para que manifiesten lo que sea de su interÃ©s.

3) Se procederÃ¡ a recibir la prueba sobre nulidades y vicios de procedimiento invocados por las partes en la audiencia. De seguido, se discutirÃ¡ y resolverÃ¡ sobre todas esas cuestiones. De existir vicios u omisiones, en un Ãºnico pronunciamiento ordenarÃ¡ las correcciones, nulidades y reposiciones que sean necesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades omitidas, se ordenarÃ¡ a la parte subsanarla en ese mismo acto o, de ser necesario, se le darÃ¡ un plazo prudencial para cumplirlas, que nunca serÃ¡ mayor a veinticuatro horas.

4) AdmisiÃ³n y rechazo de las pruebas sobre la calificaciÃ³n del movimiento. En caso de presentarse recurso de apelaciÃ³n por rechazo de prueba, este se tramitarÃ¡ como apelaciÃ³n diferida, conforme al numeral 524 de este CÃ³digo.

5) Se darÃ¡ traslado sumarÃsimo sobre las pruebas allegadas al expediente y que se hayan dispuesto al cursarse este proceso de calificaciÃ³n y, en su caso, se ordenarÃ¡n las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer a indicaciÃ³n de las partes o de propia iniciativa.

En la fase complementaria:

i) Se leerÃ¡n las pruebas anticipadas o irrepetibles, las cuales se incorporarÃ¡n por esa vÃa al debate.

ii) Se recibirÃ¡n las pruebas admitidas.

iii) Se procederÃ¡ a la formulaciÃ³n de conclusiones de las partes, por el tiempo que fije el juez.

iv) Excepcionalmente el juez podrÃ¡ ordenar prueba adicional, en cuyo caso deberÃ¡ hacer un nuevo seÃ±alamiento de la hora y fecha para la audiencia complementaria, la cual tendrÃ¡ que llevarse a cabo dentro de las setenta y dos horas siguientes; en caso contrario, de inmediato se dictarÃ¡ de forma oral la parte dispositiva de la sentencia. Previo a finalizar la audiencia, el juez seÃ±alarÃ¡ hora y fecha dentro de los dos dÃas siguientes para la incorporaciÃ³n al expediente y la entrega a las partes de la sentencia integral, la cual deberÃ¡ ser leÃda, quedando notificadas las partes en el acto, bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer a la lectura de la sentencia integral quedarÃ¡n notificadas automÃ¡ticamente de esta.

v) Al finalizar la lectura de la sentencia serÃ¡ el momento procesal para que las partes que no estÃ©n conformes presenten recurso de apelaciÃ³n, expresando Ãºnicamente su deseo de recurrir. De no apelarse en el momento indicado, la sentencia quedarÃ¡ firme. En caso de existir apelaciÃ³n, el juez, de manera inmediata, antes de dar por finalizada la audiencia y previa coordinaciÃ³n con el Ã³rgano jurisdiccional de alzada, informarÃ¡ la hora, la fecha y el lugar dentro de tercero dÃa en que el Tribunal escucharÃ¡ los agravios de las partes, quedando debidamente notificadas de la audiencia indicada. De no apelarse en el momento indicado, la sentencia quedarÃ¡ firme.

vi) El Ã³rgano jurisdiccional que conozca el recurso de apelaciÃ³n tendrÃ¡ un plazo de tres dÃas hÃ¡biles para resolver. Si estima pertinente alguna nulidad procedimental, devolverÃ¡ el asunto al Ã³rgano de origen, el que asumirÃ¡ el proceso y sustanciarÃ¡ las actuaciones necesarias para corregir la actividad viciada, retrotrayendo el procedimiento hasta la etapa procesal que se requiera, sin mayor dilaciÃ³n. Cuando proceda una nulidad por el fondo, en la misma sentencia se fallarÃ¡ y resolverÃ¡ en definitiva.

Bajo ninguna circunstancia se podrÃ¡n ampliar los plazos establecidos en la presente norma.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 664- Las pruebas deben referirse Ãºnicamente a los requisitos legales necesarios para la calificaciÃ³n y a los hechos relacionados con ellos, y deberÃ¡n rendirse en la audiencia complementaria indicada en el artÃculo anterior.

En el caso de la calificaciÃ³n previa, la constataciÃ³n del apoyo se harÃ¡ mediante la certificaciÃ³n del resultado de la asamblea general del sindicato o los sindicatos respectivos, o bien, por medio de las actas de votaciÃ³n, en cuyo caso se seguirÃ¡ el procedimiento que al efecto determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vÃa reglamentaria.

La constataciÃ³n de otros hechos relevantes en el sitio lo harÃ¡ el juez sumariamente de manera inmediata, una vez recibida la solicitud de calificaciÃ³n de la huelga y dentro del plazo de setenta y dos horas previsto para el seÃ±alamiento de la audiencia oral de carÃ¡cter sumarÃsima, posterior al emplazamiento.

Si fuera necesario, en casos muy calificados, podrÃ¡ auxiliarlo en la prÃ¡ctica otro juez o jueza del mismo despacho o el que se designe.

Para efectos de la constataciÃ³n del apoyo se tendrÃ¡n como trabajadores o trabajadoras de la empresa las personas que hubieran sido despedidas del trabajo sin autorizaciÃ³n despuÃ©s de iniciado el procedimiento de conciliaciÃ³n y no se computarÃ¡n como tales los trabajadores indicados en el artÃculo 382.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 664 bis- En los servicios de importancia transcendental, asÃ como en el caso del artÃculo 376 quinquies, la constataciÃ³n por medio de inspecciÃ³n ocular que realice el juez de trabajo, del incumplimiento del plan de servicios mÃnimos acordado entre las partes o determinado por el juez de trabajo, determinarÃ¡ por si sola la ilegalidad del movimiento.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â°Â de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 665.-Â Las autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrÃ¡n obligaciÃ³n de colaborar con los Ã³rganos jurisdiccionales, cuando estos asÃ lo soliciten.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 666- El Ã³rgano jurisdiccional solo admitirÃ¡ las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazarÃ¡ las que resulten repetidas, abundantes o impertinentes, asÃ como toda probanza que no conduzca a la comprobaciÃ³n de los requisitos para la legalidad del movimiento.

La persona titular del juzgado tomarÃ¡ todas las providencias para que el proceso no sufra atraso, le darÃ¡ total prioridad y asumirÃ¡ personalmente la vigilancia y el control necesarios para la eficiencia de los actos que la integran.

El incumplimiento de los plazos indicados o de los deberes seÃ±alados en este capÃtulo serÃ¡n motivo de sanciÃ³n disciplinaria contra el juez responsable.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 667- Cuando no hubiera prueba que deba recibirse en audiencia, se prescindirÃ¡ de la audiencia complementaria indicada en el artÃculo 663 y se procederÃ¡ al dictado de la sentencia en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas a la substanciaciÃ³n de los autos.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

ArtÃculo 668- Durante la tramitaciÃ³n del proceso no serÃ¡ admisible ninguna apelaciÃ³n. Ãšnicamente la sentencia de calificaciÃ³n del movimiento serÃ¡ recurrible en los tÃ©rminos seÃ±alados en el artÃculo 663.

Es aplicable a este proceso lo dispuesto sobre la apelaciÃ³n reservada contra las resoluciones que denieguen nulidades o rechacen pruebas, las cuales podrÃ¡n ser alegadas Ãºnicamente en la audiencia preliminar y no de forma interlocutoria.

Lo fallado hace estado sobre la legalidad del movimiento o hechos discutidos en el proceso, segÃºn las causas o los motivos que sirvieron de base. El cambio de esas causas o motivos que posteriormente pueda llegarse a operar podrÃ¡ ser objeto de un nuevo proceso de calificaciÃ³n, si en ello hubiera interÃ©s. De toda sentencia de calificaciÃ³n se enviarÃ¡ copia a la Oficina de EstadÃsticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

Ficha articulo

CAPÃTULO DECIMOQUINTO

Juzgamiento de las infracciones a las leyes de

trabajo o de previsiÃ³n social

ArtÃculo 669.-Â El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de previsiÃ³n social tendrÃ¡ naturaleza sancionatoria laboral y deberÃ¡ iniciarse mediante acusaciÃ³n. EstÃ¡n legitimados para accionar las personas o instituciones pÃºblicas perjudicadas, las organizaciones de protecciÃ³n de las personas trabajadoras y sindicales, y las autoridades de la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a dichas leyes, lo pondrÃ¡n a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas autoridades, para lo que proceda.

La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrÃ¡ impedimento para conocer de la causa que pueda llegar a establecerse.

Tienen obligaciÃ³n de acusar, sin que por ello incurran en responsabilidad de ningÃºn tipo, las autoridades administrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna de dichas infracciones.

El acusador se tendrÃ¡ como parte en el proceso, para todos los efectos.

Ãšnicamente para las autoridades administrativas de trabajo serÃ¡ necesario agotar los procedimientos de inspecciÃ³n administrativos, para interponer la respectiva acciÃ³n ante el tribunal de trabajo competente.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 670.-Â La acusaciÃ³n deberÃ¡ presentarse de forma escrita, ante el Ã³rgano jurisdiccional competente y cumplirÃ¡ los siguientes requisitos:

1)Â El nombre completo del acusador, el nÃºmero de documento de identidad y el domicilio. Si se tratara de un representante, deberÃ¡ indicar el carÃ¡cter en que comparece y presentar el documento que lo acredite.

2)Â Una relaciÃ³n detallada de los hechos, con expresiÃ³n del lugar, el dÃa, la hora y el aÃ±o en que ocurrieron y, si se trata de situaciones continuadas, deberÃ¡ indicarse el estado de esto Ãºltimo y, si ya ha cesado, la fecha en que la cesaciÃ³n tuvo lugar.

3)Â El nombre de los responsables de la falta o el de los colaboradores, si los hubiera y, si se tratara de representantes o directores de una persona jurÃdica u organizaciÃ³n social, el nombre de esta Ãºltima. En todo caso, deberÃ¡ indicarse la direcciÃ³n exacta del denunciado donde se le pueda localizar. Las personas jurÃdicas deberÃ¡n ser notificadas de conformidad con la Ley N.Â° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008.

4)Â Los elementos de prueba que a juicio del exponente conduzca a la comprobaciÃ³n de la falta, a la determinaciÃ³n de su naturaleza o gravedad y a la determinaciÃ³n de la responsabilidad.

5)Â El medio para notificaciones conforme a los artÃculos 34 y 36 de la Ley N.Â° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008, y la firma del acusador debidamente autenticada.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 671.-Â Si la acusaciÃ³n no estuviera en forma se prevendrÃ¡ la subsanaciÃ³n que corresponda y se le darÃ¡ al asunto el mismo tratamiento previsto para esos casos en el proceso ordinario.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 672.-Â Si la acusaciÃ³n estuviera en forma, el juzgado dictarÃ¡ una resoluciÃ³n con el siguiente contenido:

1)Â AdmisiÃ³n del proceso para su trÃ¡mite.

2)Â IntimaciÃ³n al acusado e indicaciÃ³n en forma puntual de los hechos endilgados por los cuales se le procesa y el fundamento jurÃdico de la acusaciÃ³n.

3)Â Convocatoria a las partes a una audiencia y prevenciÃ³n de que deben acudir a ella con las pruebas que a cada una le interesen. Al respecto se aplicarÃ¡, en lo pertinente, lo dispuesto en relaciÃ³n con la convocatoria de la audiencia en el proceso ordinario.

4)Â Advertencia al acusado de que puede designar una persona profesional en derecho como defensora.

5)Â PrevenciÃ³n de seÃ±alar medio para notificaciones.

Cuando para algÃºn acto procesal fuera necesario citar a alguna persona, la autoridad judicial ordenarÃ¡ su citaciÃ³n mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega, telÃ©fono o cualquier otro medio que garantice la autenticidad del mensaje, en la que se le advertirÃ¡ que si la orden no se obedece, la persona podrÃ¡ ser conducida por la Fuerza PÃºblica.

Cuando la parte acusada no provee su defensa, esta le serÃ¡ suministrada por la asistencia social, pero deberÃ¡ cubrir el costo, si no reÃºne los requisitos para recibir esa asistencia de forma gratuita.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 673.-Â En la primera fase de la audiencia se procurarÃ¡ una soluciÃ³n conciliada, procurando el acuerdo entre las partes. Tal soluciÃ³n solo serÃ¡ promovida cuando el posible arreglo no implique una infracciÃ³n a las disposiciones de trabajo y de previsiÃ³n social, y los acuerdos solo serÃ¡n vÃ¡lidos y homologables si no son contrarios a derechos irrenunciables de las partes o en cualquier otra forma violatorios de dichas disposiciones.

En cuanto a los efectos y la ejecuciÃ³n del acuerdo, se estarÃ¡ a lo dispuesto en este tÃtulo. Los hechos que sirvieron de sustento a la acusaciÃ³n no podrÃ¡n invocarse nuevamente como causa de infracciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 674.-Â Cuando el intento de conciliaciÃ³n fracase asÃ como en los casos en que no procede ese trÃ¡mite conforme a lo dispuesto en el artÃculo 667, se continuarÃ¡ con la segunda fase de la audiencia.

De inmediato se le leerÃ¡n al acusado los cargos que se le imputan y se le oirÃ¡. Si los acepta se dictarÃ¡ sentencia sin mÃ¡s trÃ¡mite.

En el caso contrario, de seguido se le darÃ¡ la palabra a las partes acusadora y acusada, y se recibirÃ¡n las pruebas admitidas; finalmente, previo alegato de conclusiones, se dictarÃ¡ y notificarÃ¡ la sentencia, en la forma y los tÃ©rminos previstos para el acto de la audiencia del proceso ordinario.

Se podrÃ¡ prorrogar la audiencia, segÃºn lo previsto en ese mismo proceso, para recibir prueba complementaria o para mejor proveer que disponga el juzgado, de oficio o a pedido de alguna de las partes.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 675.-Â Cuando el presunto infractor no se presente voluntariamente a la audiencia se recibirÃ¡n las pruebas ofrecidas en la acusaciÃ³n y se dictarÃ¡ sentencia sin mÃ¡s trÃ¡mite.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 676.-Â Las organizaciones sociales y, en general, las personas jurÃdicas a cuyo nombre se realizÃ³ la actuaciÃ³n reputada como infractora de las leyes de trabajo y seguridad social serÃ¡n citadas, por medio de sus representantes, como responsables directas de las faltas y eventuales responsables solidarias de las resultas econÃ³micas del proceso, en los tÃ©rminos seÃ±alados en el artÃculo 399.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 677.-Â La sentencia condenatoria ineludiblemente contendrÃ¡:

1)Â El monto de la multa impuesta en valor monetario y el nÃºmero de salarios tomados en cuenta para establecerlo.

2)Â La indicaciÃ³n de que el monto respectivo debe ser pagado dentro de los cinco dÃas siguientes a la firmeza del fallo, en el lugar indicado en este mismo CÃ³digo.

3)Â La condenatoria al infractor, organizaciÃ³n social o persona jurÃdica en su caso, del pago de los daÃ±os y perjuicios irrogados y las costas causadas, extremos todos de los cuales se responderÃ¡ solidariamente.

4)Â Las medidas o disposiciones necesarias para la restituciÃ³n de los derechos violados.

5)Â Las medidas que estime necesarias para la reparaciÃ³n de los daÃ±os y perjuicios causados y la restituciÃ³n de todos los derechos violados, todo lo cual se harÃ¡ por los trÃ¡mites de la ejecuciÃ³n de sentencia.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 678.-Â En este procedimiento solo serÃ¡n apelables las resoluciones que ordenen el rechazo de plano o el archivo del expediente y las que denieguen pruebas o nulidades pedidas, pero en estos dos Ãºltimos supuestos se tendrÃ¡n como reservadas y solo serÃ¡n tomadas en cuenta segÃºn estÃ¡ previsto en este CÃ³digo.

La sentencia produce cosa juzgada material y serÃ¡ recurrible para ante el tribunal de apelaciones de trabajo.

En materia de medios de impugnaciÃ³n y recursos se estarÃ¡ en un todo a lo dispuesto en este CÃ³digo, pero la sentencia del juzgado serÃ¡ revisada integralmente por el Ã³rgano de apelaciÃ³n, a cuyo efecto las partes podrÃ¡n ofrecer las pruebas de su interÃ©s, cuya admisibilidad valorarÃ¡ el tribunal, las cuales se restringirÃ¡n a los temas que son materia o contenido de agravios invocados en el recurso. Cuando proceda se evacuarÃ¡n en audiencia. La sentencia de segunda instancia se dictarÃ¡ en la misma forma y los tÃ©rminos previstos para la sentencia del proceso ordinario.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 679.-Â Las multas se cancelarÃ¡n en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una cuenta que el banco indicarÃ¡ al efecto. Dicho monto se incluirÃ¡ en el presupuesto nacional de la RepÃºblica, para que se gire a favor de dicho Ministerio el que, a su vez, lo distribuirÃ¡ en la siguiente forma:

a)Â Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en una cuenta especial de la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n General de Trabajo, con el fin de mejorar los sistemas de inspecciÃ³n.

b)Â El cincuenta por ciento (50%) restante serÃ¡ transferido directamente a nombre del RÃ©gimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Si la multa no fuera pagada oportunamente, la DirecciÃ³n Nacional de InspecciÃ³n General de Trabajo podrÃ¡ gestionar en el proceso, por el trÃ¡mite de apremio patrimonial, el pago de esta. TambiÃ©n se le considerarÃ¡ legitimada para promover el embargo y remate de bienes, en el caso de que no hubiera figurado como parte en la fase anterior del proceso, asÃ como para gestionar en cualquier otra vÃa de ejecuciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 680.-Â La revisiÃ³n de las sentencias condenatorias por infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social se regirÃ¡, en lo pertinente, por lo que al respecto dispone el artÃculo 601.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 681.-Â De toda sentencia firme que se dicte en materia de faltas o infracciones reguladas en este tÃtulo se remitirÃ¡, obligatoriamente, por medios electrÃ³nicos y en un plazo de quince dÃas, copia literal a la InspecciÃ³n General de Trabajo y tambiÃ©n a la respectiva instituciÃ³n de seguridad social, cuando verse sobre infracciones a las leyes sobre los seguros que administra, salvo que haya figurado como parte en el proceso.

En cuanto sean compatibles, supletoriamente se aplicarÃ¡n las disposiciones establecidas sobre infracciones y sanciones administrativas en la Ley N.Â° 4755, CÃ³digo de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, la Ley N.Â° 6227, Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica, de 2 de mayo de 1978, y en la Ley N.Â° 8508, CÃ³digo Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

TÃTULO UNDÃ‰CIMO

RÃ‰GIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO

Y DE SUS INSTITUCIONES

CAPÃTULO PRIMERO

Disposiciones generales

ArtÃculo 682.-Â Trabajadora del Estado, de sus instituciones u Ã³rganos, es toda persona que preste a aquel o a estos un servicio material, intelectual o de ambos gÃ©neros, en virtud del nombramiento que le fue expedido por autoridad o funcionario competente o en virtud de un contrato de trabajo en los casos regidos por el derecho privado.

Los servidores de naturaleza pÃºblica se rigen por las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias aplicables y por este CÃ³digo, en todo lo no contemplado en esas otras disposiciones. Las relaciones con las personas trabajadoras en rÃ©gimen privado se regirÃ¡n por el derecho laboral comÃºn y disposiciones conexas, salvo que la ley disponga otra cosa. TambiÃ©n, podrÃ¡n aplicarse conciliaciones, convenciones colectivas y laudos, siempre y cuando se concluyan o dicten con respeto a lo dispuesto en este CÃ³digo y las limitaciones que resulten de este tÃtulo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 683.-Â El concepto del artÃculo anterior comprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevÃ©n los artÃculos 28, 29 y 31, en su caso, a todos los servidores pÃºblicos, con las excepciones que resulten de este CÃ³digo y de leyes o disposiciones especiales.

En particular se excluyen de dicho pago:

1)Â El presidente o la presidenta y los vicepresidentes o las vicepresidentas de la RepÃºblica.

2)Â Las diputadas, los diputados, los alcaldes municipales, los regidores municipales y cualquier otro servidor pÃºblico de elecciÃ³n popular.

3)Â Los ministros o las ministras, los viceministros o las viceministras y los oficiales mayores.

4)Â Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, las personas que integren el Consejo Superior del Poder Judicial y el jefe del Ministerio PÃºblico.

5)Â El contralor o la contralora y elÂ subcontralorÂ o laÂ subcontraloraÂ general de la RepÃºblica, y quien ocupe el cargo de regulador general de los servicios pÃºblicos.

6)Â El defensor o la defensora y el defensor adjunto o la defensora adjunta de los habitantes.

7)Â La procuradora o el procurador general de la RepÃºblica, y la persona que ocupe la ProcuradurÃa General Adjunta de la RepÃºblica.

8)Â Quienes ocupen la presidencia ejecutiva y la gerencia de las instituciones autÃ³nomas y semiautÃ³nomas.

9)Â Las personas que ocupen las juntas directivas de las instituciones autÃ³nomas y semiautÃ³nomas, los miembros de las juntas de educaciÃ³n y patronatos escolares y, en general, todos los miembros directivos de juntas, entidades u organismos, dependientes o relacionados con los Poderes del Estado.

10)Â Las personas que, sin relaciÃ³n de subordinaciÃ³n, reciban del Estado, de sus instituciones u organismos, subvenciones, auxilios, honorarios o alguna remuneraciÃ³n con otra denominaciÃ³n, por labores de cualquier naturaleza.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 684.-Â Las personas exceptuadas en el artÃculo anterior no se regirÃ¡n por las disposiciones de este CÃ³digo, sino Ãºnicamente por las que establezcan leyes, decretos o acuerdos especiales. Sin embargo, a excepciÃ³n de las personas que ocupen cargos de elecciÃ³n popular, tendrÃ¡n derecho al pago de cesantÃa si se jubilaran o pensionaran, o fallecieran en el cargo con derecho jubilatorio, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. El pago de la cesantÃa procederÃ¡, en estos casos, cuando el beneficio de pensiÃ³n se adquiere por primera vez.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 685.-Â En el caso de haber causa justificada para el despido, los servidores indicados en el artÃculo inicial de este tÃtulo no tendrÃ¡n derecho a las indemnizaciones seÃ±aladas, con las excepciones que admitan leyes especiales, reglamentos autÃ³nomos de trabajo o acuerdos colectivos concluidos conforme a lo dispuesto en este CÃ³digo. La causa justificada se calificarÃ¡ y determinarÃ¡ de conformidad con los artÃculos 81 y 369 de este CÃ³digo y de acuerdo con lo que sobre el particular dispongan las leyes, relativas a las dependencias del Estado en que laboren dichos servidores, y los reglamentos u otras normas cuando establezcan condiciones mÃ¡s beneficiosas para las personas trabajadoras.

Los procesos disciplinarios pendientes contra un servidor pÃºblico que renuncie o se jubile deberÃ¡n continuar y se suspenderÃ¡ el pago de la cesantÃa que pudiera corresponderle, la cual solo se harÃ¡ efectiva cuando se declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte empleadora.

(Nota de Sinalevi: Mediante resoluciÃ³n de la Sala Constitucional NÂ° 016658 del 2 de setiembre del 2020, se interpretÃ³ el pÃ¡rrafo anterior en el sentido, que iniciado el procedimiento disciplinario y hasta antes de la notificaciÃ³n del traslado de cargos, al funcionario no se le puede suspender el pago de su cesantÃa, con la finalidad de acogerse a su jubilaciÃ³n. Asimismo, resulta constitucional que una vez notificado el referido traslado de cargos, al servidor pÃºblico se le suspenda el pago de cesantÃa, Ãºnicamente en aquellos procedimientos disciplinarios pendientes que puedan conllevar el despido, no asÃ en aquellos procedimientos que acarreen una consecuencia menor al mismo, en cuyo caso, la suspensiÃ³n del pago de la cesantÃa serÃa improcedente.)

Â (AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 686.-Â Los servidores pÃºblicos que reciban auxilio de cesantÃa no podrÃ¡n ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro tÃtulo, por indemnizaciÃ³n, reconocimiento de antigÃ¼edad o cualquier otra prestaciÃ³n similar pagada por la parte empleadora que se origine en la terminaciÃ³n de la relaciÃ³n de servicio, a excepciÃ³n de los fondos de capitalizaciÃ³n laboral. Si dentro de ese lapso llegaran a aceptar algÃºn cargo quedarÃ¡n obligados a reintegrar al Tesoro PÃºblico las sumas recibidas y deducirÃ¡n aquellas que representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes.

La ProcuradurÃa General de la RepÃºblica, cuando se trate del Estado, o el representante legal de los demÃ¡s entes pÃºblicos, con personalidad jurÃdica y capacidad de derecho pÃºblico y privado que pagÃ³, procederÃ¡ al cobro de las sumas que deban reintegrarse, por contravenciÃ³n a la prohibiciÃ³n establecida en el pÃ¡rrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrÃ¡n el carÃ¡cter de tÃtulo ejecutivo por el monto resultante de la liquidaciÃ³n que haga la administraciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 687.-Â Las personas trabajadoras a que se refiere el artÃculo inicial de este tÃtulo, que no tengan derecho de estabilidad en sus puestos de trabajo, solo podrÃ¡n ser despedidas sin justa causa, expidiÃ©ndoles simultÃ¡neamente la orden de pago de las prestaciones que les corresponda. El acuerdo de despido y la orden de pago deberÃ¡n publicarse en la misma fecha en el diario oficial La Gaceta.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO SEGUNDO

SoluciÃ³n de los conflictos econÃ³micos y sociales y de

las convenciones colectivas en el sector pÃºblico

SECCIÃ“N I

Ãmbito subjetivo y objetivo

ArtÃculo 688.-Â SerÃ¡n vÃ¡lidos las conciliaciones y los laudos arbitrales para la soluciÃ³n de los conflictos econÃ³micos y sociales de los trabajadores y trabajadoras del sector pÃºblico, asÃ como las convenciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes disposiciones.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 689.-Â Todas las personas trabajadoras de dicho sector tienen derecho a una soluciÃ³n negociada o arbitrada, salvo:

1)Â Las excepcionadas en el artÃculo 683 de este CÃ³digo.

2)Â Las personas que funjan como directoras y subdirectoras generales o ejecutivas, auditoras yÂ subauditoras, subgerentes, jerarcas de las dependencias internas encargadas de la gestiÃ³n de ingresos o egresos pÃºblicos, funcionarias de asesorÃa y de fiscalizaciÃ³n legal superior que participen directamente en la negociaciÃ³n.

3)Â El personal indicado en los artÃculos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil, con la salvedad de las personas que ocupan puestos de forma interina, los maestros de enseÃ±anza primaria interinos o aspirantes y los profesores de segunda enseÃ±anza interinos o aspirantes y los pagados por servicios o fondos especiales contemplados en la relaciÃ³n de puestos de la ley de presupuesto, contratados por obra determinada, quienes sÃ podrÃ¡n derivar derechos de las convenciones colectivas a que se refiere esta ley.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 690.-Â Con las limitaciones a que se harÃ¡ referencia, pueden ser objeto de soluciÃ³n en la forma dicha, las siguientes materias:

a)Â Los derechos y las garantÃas sindicales tanto para los dirigentes de las organizaciones como para los mismos sindicatos en cuanto personas jurÃdicas de duraciÃ³n indefinida. Estos derechos y garantÃas comprenden los de reuniÃ³n, facilidades para el uso de locales, permisos para dirigentes con goce de salario y sin Ã©l, facilidades para la divulgaciÃ³n de actividades, lo mismo que cualquier otra contenida en la RecomendaciÃ³n NÃºmero 143 de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo o en las recomendaciones puntuales del ComitÃ© de Libertad Sindical de esta Ãºltima organizaciÃ³n. Es entendido que la aplicaciÃ³n de las garantÃas aquÃ mencionadas no deberÃ¡ alterar en forma grave o imprudente el funcionamiento eficiente ni la continuidad de los servicios esenciales de cada instituciÃ³n o dependencia.

b)Â Todo lo relacionado con la aplicaciÃ³n, interpretaciÃ³n y reglamentaciÃ³n de las normas de derecho colectivo vigentes.

c)Â El rÃ©gimen disciplinario, siempre y cuando no se haga renuncia expresa o tÃ¡cita ni delegaciÃ³n de las facultades legales o reglamentarias otorgadas en esta materia a los jerarcas de las instituciones o dependencias.

d)Â La regulaciÃ³n y fiscalizaciÃ³n de los regÃmenes de ingreso, promociÃ³n y carrera profesional, sin perjuicio de lo que establezcan las normas legales y reglamentarias que existan en cada instituciÃ³n o dependencia, las cuales serÃ¡n de acatamiento obligatorio.

e)Â La elaboraciÃ³n interna de manuales descriptivos de puestos y la aplicaciÃ³n de procedimientos internos para la asignaciÃ³n, reasignaciÃ³n, recalificaciÃ³n y reestructuraciÃ³n de puestos, dentro de los lÃmites que establezcan las directrices generales del Poder Ejecutivo, las normas del Estatuto de Servicio Civil y su reglamento u otras normas estatutarias. Es entendido que cualquier decisiÃ³n adoptada en este campo, que no contravenga expresamente lo dispuesto por las directrices generales del Poder Ejecutivo, no podrÃ¡ ser en ningÃºn caso objetada por las autoridades externas de control ni por la Autoridad Presupuestaria.

f)Â Las medidas de seguridad e higiene y de salud ocupacional, asÃ como medidas precautorias en caso de desastres naturales. Las organizaciones sindicales y los jerarcas de cada instituciÃ³n o dependencia podrÃ¡n crear organismos bipartitos y paritarios para efectos de determinar las necesidades de estas Ãºltimas y de sus trabajadores y trabajadoras en el campo de la seguridad y la salud ocupacional.

g)Â Los procedimientos y las polÃticas de asignaciÃ³n de becas y estÃmulos laborales.

h)Â El establecimiento de incentivos salariales a la productividad, siempre y cuando se acuerden en el marco de las polÃticas que las juntas directivas de cada entidad o el mismo Poder Ejecutivo hayan diseÃ±ado de previo en cuanto a sus objetivos generales y lÃmites de gasto pÃºblico.

i)Â Lo relacionado con los salarios y la asignaciÃ³n, cÃ¡lculo y pago de todo tipo de pluses salariales, tales como dedicaciÃ³n exclusiva, disponibilidad, desplazamiento,Â zonaje, peligrosidad y cualquier otra reivindicaciÃ³n econÃ³mica, siempre y cuando no se vaya en contra de ninguna disposiciÃ³n legal o reglamentaria de carÃ¡cter prohibitivo o en contra de la consistencia de las estructuras salariales, y supeditado a lo establecido en el artÃculo 695.

j)Â La creaciÃ³n y el funcionamiento de Ã³rganos bipartitos y paritarios, siempre y cuando no se deleguen en ninguno de ellos competencias o atribuciones de derecho pÃºblico, correspondientes a los jerarcas de cada instituciÃ³n, definidas por ley o reglamento.

k)Â El derecho de las personas trabajadoras y de sus organizaciones a contar con una informaciÃ³n oportuna y veraz de los proyectos o decisiones de los Ã³rganos colegiados y gerencias de cada instituciÃ³n o dependencia, cuando los afecten directamente o puedan representar un interÃ©s pÃºblico.

l)Â El derecho de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras y de sus dirigentes, de ser atendidos y respondidas sus solicitudes, en el menor tiempo posible, por parte de los jerarcas de cada instituciÃ³n o dependencia, con la Ãºnica excepciÃ³n de solicitudes que fueran abiertamente impertinentes o innecesarias.

m)Â Otras materias, beneficios o incentivos suplementarios de negociaciÃ³n colectiva laboral que, con arreglo a la ley, no excedan la competencia de los Ã³rganos administrativos.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Requisitos de validez

ArtÃculo 691.-Â Se excluyen en forma automÃ¡tica de las ventajas de cualquier naturaleza que puedan derivarse de convenciones colectivas, acuerdos conciliatorios, arbitrajes y cualquier convenio de soluciÃ³n de un conflicto de carÃ¡cter econÃ³mico y social, ya sea por inclusiÃ³n o referencia expresa o indirecta, los servidores pÃºblicos indicados en los artÃculos 683 y 689.

Queda tambiÃ©n expresamente prohibido hacer ajustes tÃ©cnicos en aplicaciÃ³n de cualquier instrumento colectivo, en beneficio directo o indirecto de los servidores indicados.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 692.-Â Asimismo, queda absolutamente prohibido dispensar o excepcionar leyes o reglamentos vigentes, debidamente promulgados, por medio de los mecanismos de soluciÃ³n.

Es entendido que cuando se trate de erogaciones que afecten el presupuesto nacional o el de una instituciÃ³n o empresa en particular, las decisiones que se emitan por las jerarquÃas y los Ã³rganos arbitrales deben sujetarse no solo a las restricciones que resultan de esta normativa, sino tambiÃ©n a las normas constitucionales en materia de aprobaciÃ³n de presupuestos pÃºblicos, las que en caso de haber sido irrespetadas implicarÃ¡n la nulidad absoluta de lo dispuesto.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 693.-Â El arbitraje no serÃ¡ de conciencia sino de derecho y los respectivos tribunales arbitrales deberÃ¡n estar integrados por profesionales en derecho, exclusivamente, y ubicados en sede judicial.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 694.-Â No podrÃ¡ formar parte de las delegaciones que intervengan en representaciÃ³n de la empleadora ninguna persona que pueda recibir real o potencialmente algÃºn beneficio de la convenciÃ³n colectiva que se firme. Igualmente, existirÃ¡ impedimento si el resultado pudiera beneficiar a su cÃ³nyuge, compaÃ±ero, compaÃ±era o conviviente o a sus parientes, segÃºn lo indicado en el pÃ¡rrafo segundo del artÃculo 48 de la Ley N.Â° 8422, Ley contra la CorrupciÃ³n y el Enriquecimiento IlÃcito en la FunciÃ³n PÃºblica, de 6 de octubre de 2004.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 695.-Â Las convenciones y los acuerdos que se adopten en una negociaciÃ³n colectiva de cualquier tipo, con servidores en rÃ©gimen de empleo pÃºblico, quedarÃ¡n sujetos, para su validez y eficacia, a la aprobaciÃ³n del Ã³rgano jerÃ¡rquico de la instituciÃ³n o empresa con competencia para obligarla, previa constataciÃ³n de los lÃmites y requisitos de validez.

El respectivo acto debe emitirse dentro del mes siguiente al acuerdo.

La no aprobaciÃ³n del acuerdo por la AdministraciÃ³n no constituye una infracciÃ³n sancionable por la vÃa represiva.

TratÃ¡ndose de normas que por su naturaleza o su afectaciÃ³n del principio de legalidad presupuestario requieran aprobaciÃ³n legislativa o reglamentaria, su eficacia quedarÃ¡ condicionada a la inclusiÃ³n en la ley de presupuesto o en los reglamentos respectivos, lo mismo que a la aprobaciÃ³n por parte de la ContralorÃa General de la RepÃºblica, cuando afecte los presupuestos de las instituciones, cuyos presupuestos ordinarios y extraordinarios o modificaciones presupuestarias requieran aprobaciÃ³n de esta Ãºltima entidad. En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la ComisiÃ³n Negociadora de Salarios del Sector PÃºblico serÃ¡n vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirÃ¡n los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector pÃºblico centralizado y descentralizado.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO TERCERO

NegociaciÃ³n colectiva en el sector pÃºblico

SECCIÃ“N I

LegitimaciÃ³n para negociar

ArtÃculo 696.-Â Se encuentran legitimados para negociar y suscribir convenciones colectivas, de conformidad con esta normativa, los sindicatos que demuestren tener la mayor cantidad de afiliados en cada instituciÃ³n, empresa o dependencia de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃculo 56 de este CÃ³digo.

Si no hubiera acuerdo entre ellos, para negociar en forma conjunta, la convenciÃ³n colectiva se celebrarÃ¡ con el sindicato que tenga la mayor cantidad de afiliados. No obstante, en el caso de los sindicatos gremiales o de oficio, cuando no hubiera acuerdo de su parte para negociar en conjunto con otras organizaciones, cada uno podrÃ¡ solicitar que se celebre una negociaciÃ³n independiente con Ã©l, en cuyo caso la convenciÃ³n colectiva solamente podrÃ¡ cubrir a las personas de ese gremio u oficio. En caso de que se deba determinar cuÃ¡l es el sindicato mÃ¡s representativo dentro de una pluralidad de sindicatos, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo certificarÃ¡. Para ese propÃ³sito realizarÃ¡ en el centro de trabajo un estudio de la membresÃa de cada uno de los sindicatos interesados, mediante la revisiÃ³n de las planillas y los reportes de afiliaciÃ³n debidamente entregados ante el Departamento. El estudio se harÃ¡ con base en los datos que consten en el momento en que se hizo la solicitud de la negociaciÃ³n. Esta certificaciÃ³n tendrÃ¡ un perÃodo de vigencia de un aÃ±o, transcurrido el cual cualquier sindicato existente en la unidad de negociaciÃ³n podrÃ¡ pedir una revisiÃ³n del estudio. Dicho Departamento tendrÃ¡ quince dÃas hÃ¡biles para realizar el estudio correspondiente.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 697.-Â En el caso de convenciones colectivas que vayan a regir en mÃ¡s de una empresa o instituciÃ³n, podrÃ¡n participar de la negociaciÃ³n todos aquellos sindicatos con afiliaciÃ³n en al menos una de las empresas o instituciones del sector, ya sea que se trate de sindicatos gremiales, industriales o de empresa, siempre y cuando alcancen una filiaciÃ³n debidamente certificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de al menos un veinte por ciento (20%) del total de sindicalizados de alguna de las empresas o instituciones del sector comprendido en la negociaciÃ³n.

El nÃºmero de negociadores serÃ¡ acreditado ante la instituciÃ³n o las empresas que participen de la negociaciÃ³n en proporciÃ³n a la afiliaciÃ³n sindical total que tengan los sindicatos del sector en su conjunto, se asignarÃ¡ en la mesa negociadora una persona como representante sindical por cada mil trabajadores o trabajadoras afiliados en el sector, en cuyo caso tendrÃ¡ derecho a contar al menos con un representante sindical. Las decisiones de la representaciÃ³n de los trabajadores y trabajadoras se tomarÃ¡n bajo el criterio de un voto por cada representante sindical y atenderÃ¡n a la voluntad de la mayorÃa simple de los votos escrutados en cada votaciÃ³n que sea necesaria.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 698.-Â Las empresas, instituciones o dependencias del Estado que se dispongan a negociar y suscribir una convenciÃ³n colectiva deberÃ¡n acreditar una delegaciÃ³n del mÃ¡s alto nivel, escogida por el Ã³rgano de mayor jerarquÃa. A tal efecto, las empresas, instituciones y dependencias podrÃ¡n incluso, si lo consideran necesario, contratar personal profesional externo para integrar o asesorar las delegaciones que aquÃ se mencionan.

En el caso de negociaciones por sector, en que intervengan varias instituciones o empresas, el Poder Ejecutivo designarÃ¡ a los representantes de la delegaciÃ³n de la parte empleadora. Las decisiones de esta parte se tomarÃ¡n por mayorÃa simple de votos para cada votaciÃ³n que sea necesaria, en las cuales cada persona tendrÃ¡ un voto.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 699.-Â En caso de conflicto en la determinaciÃ³n de la organizaciÃ³n u organizaciones sindicales legitimadas para negociar y suscribir una convenciÃ³n colectiva, el jerarca de las instituciones o cualquiera de las organizaciones sindicales involucradas podrÃ¡ solicitar, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hacer la designaciÃ³n correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artÃculo 56 y las disposiciones de este capÃtulo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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SECCIÃ“N II

Procedimiento negocial

ArtÃculo 700.-Â Una vez determinada en firme la legitimaciÃ³n de la organizaciÃ³n u organizaciones sindicales facultadas para negociar y presentado formalmente ante cada instituciÃ³n o dependencia un proyecto de convenciÃ³n colectiva, se procederÃ¡ a la escogencia y el apoderamiento de la comisiÃ³n que representarÃ¡ a la parte empleadora, a que se refiere la secciÃ³n anterior. El plazo para hacer dicha designaciÃ³n no podrÃ¡ extenderse mÃ¡s allÃ¡ de quince dÃas naturales, contado a partir de la fecha en que queden cumplidos los requisitos a que se refiere este artÃculo.

Los sindicatos deberÃ¡n acreditar dentro del mismo plazo a las personas que los representarÃ¡n y este nÃºmero no podrÃ¡ ser superior al conjunto de la delegaciÃ³n patronal.

En el caso de convenciones colectivas por sector, que involucren a mÃ¡s de una instituciÃ³n o empresa, la acreditaciÃ³n se harÃ¡ conforme a las reglas establecidas en el artÃculo 697, para lo cual deberÃ¡ solicitarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que haga una determinaciÃ³n previa del nÃºmero total de sindicalizados del conjunto de instituciones o empresas, del porcentaje de sindicalizados que tiene cada sindicato en dichas instituciones o empresas, individualmente consideradas, y del nÃºmero de afiliados que tiene cada sindicato participante en el conjunto del sector involucrado.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 701.-Â Cuando existan varias organizaciones sindicales en la mesa de negociaciÃ³n y cada una de ellas haya remitido su propio proyecto de convenciÃ³n colectiva, se les solicitarÃ¡ elaborar un proyecto unitario previo a la negociaciÃ³n. Si en un plazo de un mes natural, contado a partir de la prevenciÃ³n que les harÃ¡ el jerarca de la respectiva instituciÃ³n o empresa, no hubieran cumplido el requisito aquÃ establecido, se tendrÃ¡ como proyecto a negociar aquel que haya presentado el sindicato mayoritario, si la negociaciÃ³n es en una sola empresa o negociaciÃ³n, o el proyecto que respalde la mayorÃa de representantes sindicales, si se tratara de una negociaciÃ³n por sector.

Es entendido que cualquiera de las partes que intervengan en la negociaciÃ³n, o ambas en conjunto, podrÃ¡n solicitar la intervenciÃ³n, como buen componedor, de uno o varios funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que la solicitud que se haga a dicho Ministerio sea obligatoria para este cuando carezca de recursos suficientes para atender la negociaciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 702.-Â La negociaciÃ³n abarcarÃ¡ todos los aspectos y extremos del proyecto que se haya formulado a la administraciÃ³n o administraciones y deberÃ¡ levantarse un acta de cada sesiÃ³n de trabajo, la cual firmarÃ¡n los representantes de ambas partes.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

Ficha articulo

ArtÃculo 703.-Â AdemÃ¡s de las actas individuales de cada sesiÃ³n, al final del proceso negociador se levantarÃ¡ un acta de cierre en la que se recogerÃ¡ el texto completo de las clÃ¡usulas que fueron negociadas y donde se indicarÃ¡ cuÃ¡les clÃ¡usulas del proyecto fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca de ellas.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 704- Lo convenido en forma definitiva en la mesa negociadora, una vez aprobado por la AdministraciÃ³n, serÃ¡ vÃ¡lido entre las partes y tendrÃ¡ una vigencia de uno a tres aÃ±os, segÃºn ellas mismas lo determinen. La aprobaciÃ³n por parte de la AdministraciÃ³n deberÃ¡ efectuarse en un plazo mÃ¡ximo de tres meses. Si dicha aprobaciÃ³n no se produce en ese plazo, la negociaciÃ³n se entenderÃ¡ por definitivamente aprobada por la AdministraciÃ³n y una copia de lo negociado en firme se enviarÃ¡, por cualquiera de las partes, a la DirecciÃ³n General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su depÃ³sito; ademÃ¡s, deberÃ¡ ser publicado en el diario oficial La Gaceta, sin costo alguno para las partes. PodrÃ¡ seÃ±alarse la vigencia de cada norma en forma individual o de la convenciÃ³n colectiva, en forma integral.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 49 sub inciso c) de la Ley Marco de Empleo PÃºblico, NÂ° 10159 del 8 de marzo de 2022)

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CAPÃTULO CUARTO

ConciliaciÃ³n, arbitraje y huelga en el sector pÃºblico

ArtÃculo 705.-Â El procedimiento de conciliaciÃ³n que involucre a servidores del Estado en cualquiera de los regÃmenes se llevarÃ¡ a cabo de acuerdo con lo previsto en este CÃ³digo, con las modificaciones que resulten de las siguientes reglas especiales:

a)Â La designaciÃ³n de los delegados y de la persona que integrarÃ¡ el tribunal conciliador se deberÃ¡ hacer por la parte empleadora dentro de quince dÃas.

b)Â El acuerdo a que se llegue estarÃ¡ sujeto a lo indicado en los artÃculos 691 y 692 y se entiende siempre condicionado a la aprobaciÃ³n del Ã³rgano con facultades para obligar a la parte empleadora.

c)Â Si no hubiera arreglo y no se estuviera en el caso de avenimiento entre las partes para someter las diferencias a arbitraje, se darÃ¡ por concluido el procedimiento y quedarÃ¡ asÃ expedita la vÃa de la huelga, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos en este CÃ³digo para su legalidad. La iniciaciÃ³n del movimiento se regirÃ¡ por lo establecido en el tÃtulo sexto de este CÃ³digo. Igual soluciÃ³n se aplicarÃ¡ para el caso de que el arreglo adoptado no sea aprobado por la AdministraciÃ³n.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 706.-Â Es potestativo para la AdministraciÃ³n y sus servidores someter la soluciÃ³n de los conflictos econÃ³micos y sociales a arbitraje, en cuyo caso se estarÃ¡ a lo dispuesto en este mismo CÃ³digo, con las excepciones y limitaciones que se establecen en este capÃtulo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 707- Cuando exista impedimento para acudir a la huelga, por tratarse de servicios esenciales, fracasada la conciliaciÃ³n, deberÃ¡ someterse la soluciÃ³n del conflicto econÃ³mico y social a arbitraje, en la forma, los tÃ©rminos y las condiciones indicados en esta normativa. El arbitraje obligatorio tambiÃ©n se aplicarÃ¡ cuando se alcance el plazo mÃ¡ximo de huelga en servicios de importancia trascendental.

Este arbitraje obligatorio podrÃ¡ realizarse en las siguientes sedes:

a) Poder Judicial.

b) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

c) Colegio de Abogados y Abogadas.

d) Arbitraje ad hoc.

En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto a la sede del arbitraje, este se llevarÃ¡ a cabo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El arbitraje obligatorio serÃ¡ un arbitraje de derecho. En caso de que alguno de los miembros del tribunal arbitral se encuentre bajo una causal de impedimento o alguna de las partes presente una solicitud de inhibitoria o recusaciÃ³n contra alguno de dichos miembros, dicha situaciÃ³n solo afectarÃ¡ Ãºnicamente al miembro cuestionado y no a la totalidad del tribunal, por lo que no serÃ¡ de aplicaciÃ³n el inciso 3Â° del numeral 12 de la Ley N.Â° 9342, CÃ³digo Procesal Civil, de 3 de febrero de 2016.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

(AsÃ reformado por el artÃculo 1Â° de la Ley para brindar seguridad jurÃdica sobre la huelga y sus procedimientos, NÂ° 9808 del 21 de enero del 2020)

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ArtÃculo 708.-Â Durante la huelga declarada pueden realizarse arreglos o convenios tendientes a la soluciÃ³n del conflicto en forma directa, los cuales deben respetar el ordenamiento en la forma indicada en este tÃtulo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 709.-Â Es aplicable en el sector pÃºblico, en relaciÃ³n con sus servidores, en rÃ©gimen privado y pÃºblico de empleo, el arbitramento obligatorio en el supuesto de la huelga legal agotada.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 710.-Â Todo movimiento de huelga en el sector pÃºblico debe ejecutarse con respeto de lo dispuesto en los capÃtulos primero y tercero del tÃtulo sexto del CÃ³digo de Trabajo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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CAPÃTULO QUINTO

Efectos de las convenciones colectivas en el sector pÃºblico

ArtÃculo 711.-Â Las convenciones colectivas que se negocien y se firmen conforme a lo dispuesto en este tÃtulo tendrÃ¡n los efectos que seÃ±alan el artÃculo 62 de la ConstituciÃ³n PolÃtica y los artÃculos 54 y 55 de este CÃ³digo.

En el caso de normas que por su naturaleza y su afectaciÃ³n del principio de legalidad presupuestario requieran aprobaciÃ³n legislativa, la eficacia de lo negociado quedarÃ¡ sujeta a la inclusiÃ³n en la respectiva ley de presupuesto general de la RepÃºblica o extraordinario que se promulguen. La autoridad pÃºblica no podrÃ¡ utilizar sus prerrogativas en materia financiera en perjuicio de lo convenido.

TratÃ¡ndose de la administraciÃ³n descentralizada deberÃ¡n incluirse las modificaciones presupuestarias correspondientes en el plazo de tres meses. Si este plazo es incumplido, la parte interesada podrÃ¡ enviar la comunicaciÃ³n pertinente a la ContralorÃa General de la RepÃºblica, para que no se ejecute ningÃºn trÃ¡mite de aprobaciÃ³n ni modificaciÃ³n respecto de los presupuestos de la administraciÃ³n pÃºblica respectiva, hasta tanto no se incluya la partida presupuestaria correspondiente.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 712.-Â Conforme a lo dispuesto en el artÃculo anterior y sin perjuicio de las reservas especÃficas que allÃ se formulan, las normas de una convenciÃ³n colectiva vÃ¡lida y eficaz serÃ¡n de acatamiento obligatorio para las partes que la suscriban y para todos los trabajadores actuales y futuros de la instituciÃ³n, empresa o centro de trabajo, y podrÃ¡ exigirse judicialmente su cumplimiento o, en su caso, el pago de las indemnizaciones de daÃ±os y perjuicios por su incumplimiento, tanto a favor de las personas trabajadoras afectadas, como de las organizaciones sindicales perjudicadas, segÃºn se trate.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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ArtÃculo 713.-Â Lo dispuesto en una convenciÃ³n colectiva firmada con arreglo a las normas de este tÃtulo solamente podrÃ¡ ser anulado cuando en vÃa judicial se declare una nulidad evidente y manifiesta, de acuerdo con la Ley N.Â° 6227, Ley General de la AdministraciÃ³n PÃºblica, de 2 de mayo de 1978, o por medio del proceso de lesividad, atendido a cuestiones de forma en la formaciÃ³n de la voluntad de las partes o cuando se hubieran violado normas legales o reglamentarias de carÃ¡cter prohibitivo.

(AsÃ adicionado por el artÃculo 2Â° de la ley NÂ° 9343 del 25 de enero de 2016, «Reforma Procesal Laboral».)

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